ACTUALIDAD EUROPEA
N.° 11

N.° 11, LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2016

  • Derecho de la UE Práctico (I): la nueva Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita
  • Derecho de la UE Práctico (II): el Derecho a la asistencia de letrado
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 1 al 7 de noviembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Cooperación civil; Cooperación penal; Servicios públicos; Trabajadores migrantes
  • Lectura: Justice climatique (Coord: Agnès Michelot)


Abogados

OBJETIVOS: garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención; reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.

Objeto

La Directiva establece una serie de normas mínimas comunes sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de:

  • los sospechosos y acusados en los procesos penales, y
  • las personas objeto de un procedimiento de orden europea de detención.

Ámbito de aplicación

La Directiva se aplicará a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado y que:

  • estén privados de libertad;
  • deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o
  • deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas, incluidos, como mínimo, los siguientes:
    • ruedas de reconocimiento,
    • careos,
    • reconstrucciones de los hechos.

La presente Directiva se aplicará también, desde el momento de su detención en el Estado miembro de ejecución, a las personas buscadas que tengan derecho a la asistencia de letrado.

La presente Directiva se aplicará también a las personas que inicialmente no fueran sospechosos ni acusados pero que pasen a serlo en el curso de un interrogatorio de la policía u otra autoridad con funciones policiales.

Sin perjuicio del derecho a un juicio justo con respecto a las infracciones leves:

  • cuando el Derecho de un Estado miembro contemple la imposición de una sanción por parte de una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional con competencia en materia penal, y la imposición de tal sanción pueda ser objeto de recurso ante ese tipo de órgano jurisdiccional o ser remitida a él, o
  • cuando no pueda imponerse una sanción de privación de libertad,

la presente Directiva se aplicará únicamente a los procedimientos ante un órgano jurisdiccional con competencia en materia penal.

En cualquier caso, la Directiva se aplicará cuando se vaya a adoptar una decisión sobe la detención, y durante la detención, en cualquier fase del proceso hasta su conclusión.

Asistencia jurídica gratuita: definición

Se entenderá por «asistencia jurídica gratuita» la financiación por un Estado miembro de la asistencia de un letrado, que permita el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado.

Asistencia jurídica gratuita en los procesos penales

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados que no dispongan de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando el interés de la justicia así lo requiera.

Los Estados podrán aplicar una evaluación de medios económicos, de méritos o de ambas cosas, para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita.

Cuando un Estado aplique una evaluación de medios económicos, tomará en consideración todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del interesado, así como el coste de la asistencia de un letrado y el nivel de vida de dicho Estado, con el fin de determinar si, de conformidad con los criterios aplicables en dicho Estado, los sospechosos o acusados carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado.

Cuando un Estado aplique una evaluación de méritos, tomará en cuenta la gravedad de la infracción penal, la complejidad de la causa y la severidad de la posible sanción, con el fin de determinar si los intereses de la justicia exigen la concesión de la asistencia jurídica gratuita.

En cualquier caso, se considerará que la evaluación de méritos es positiva en las siguientes situaciones:

  • cuando se ponga a un sospechoso o acusado a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y
  • durante la detención.

Los Estados miembros velarán por que la asistencia jurídica gratuita se conceda sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas.

La asistencia jurídica gratuita se concederá únicamente para los fines de los procesos penales en los que el interesado sea sospechoso o esté acusado de haber cometido una infracción penal.

Asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de orden europea de detención

El Estado miembro de ejecución velará por que las personas buscadas tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento de su detención en virtud de una orden europea de detención y hasta su entrega, o hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme.

El Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas en virtud de una orden europea de detención con miras a su persecución penal y que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro emisor para los fines de dicho procedimiento de orden europea de detención en el Estado miembro de ejecución, en la medida en que la asistencia jurídica gratuita sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá supeditarse a una evaluación de medios económicos, que se aplicará mutatis mutandis.

Decisiones relativas a la concesión de la asistencia jurídica gratuita

Las decisiones sobre la concesión o la denegación de la asistencia jurídica gratuita y sobre la designación de letrados serán adoptadas sin demora injustificada por una autoridad competente. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que la autoridad competente adopte sus decisiones de forma diligente respetando los derechos de defensa.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los sospechosos, los acusados y la personas buscadas sean informados por escrito en el caso de que su solicitud de asistencia jurídica gratuita sea denegada total o parcialmente.

Calidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita y formación

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, también en materia de financiación, para asegurarse de que:

  • existe un sistema eficaz de asistencia jurídica gratuita de calidad adecuada, y
  • los servicios de asistencia jurídica gratuita son de una calidad adecuada para garantizar la equidad de los procesos, con el debido respeto a la independencia de la profesión jurídica.

Los Estados miembros velarán por que se proporcione formación adecuada al personal que intervenga en la toma de decisiones sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales y en los procedimientos de orden europea de detención.

Con el debido respeto por la independencia de la profesión jurídica y la función de los responsables de la formación de los abogados, los Estados miembros adoptarán medidas adecuadas para promover que los letrados que presten asistencia jurídica gratuita reciban una formación apropiada.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los sospechosos, acusados y las personas buscadas tengan derecho a que, si lo solicitan, se sustituya al letrado que les haya sido asignado para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, cuando así lo justifiquen las circunstancias específicas.

Vías de recurso

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos, los acusados y las personas buscadas dispongan de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la presente Directiva.

ENTRADA EN VIGOR: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
PLAZO PARA SU TRANSPOSICIÓN: HASTA EL 25 DE MAYO DE 2019

Objeto

La Directiva establece normas mínimas relativas a los derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y de las personas que sean objeto de procedimientos en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI («procedimientos de la orden de detención europea») a ser asistidos por un letrado, a que se informe de su privación de libertad a un tercero y a comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Ámbito de aplicación

La Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en procesos penales desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan puesto en su conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio, que son sospechosos o que se les acusa de haber cometido una infracción penal, y con independencia de si están privados de libertad.

Se aplica hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracción, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.

La Directiva se aplica a las personas que sean objeto de los procedimientos relativos a la orden de detención europea (personas reclamadas) a partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución.

La presente Directiva se aplica asimismo a las personas que no sean sospechosas ni acusadas y que pasen a serlo en el curso de un interrogatorio por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad.

Sin perjuicio del derecho a un juicio justo, con respecto a las infracciones leves:

  • para las que la normativa de un Estado miembro disponga la imposición de sanciones por parte de una autoridad distinta de un tribunal competente en materia penal, y la sanción pueda ser objeto de recurso o remitirse a este tipo de tribunal, o
  • para las que no pueda imponerse como sanción la privación de libertad,

la presente Directiva se aplicará únicamente a los procedimientos ante un tribunal competente en materia penal.

En cualquier caso, la Directiva será de plena aplicación cuando se haya privado de libertad al sospechoso o acusado, independientemente de la fase en que se encuentre el proceso penal.

Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.

El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a continuación:

  • antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
  • en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas;
  • sin demora injustificada tras la privación de libertad;
  • con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal.

El derecho a la asistencia de letrado implicará lo siguiente:

  • los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
  • los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa nacional;
  • los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho al menos a que su letrado esté presente en las siguientes actuaciones de investigación o de obtención de pruebas, si dichas actuaciones están previstas en la normativa nacional y se exige o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:
    • ruedas de reconocimiento,
    • careos,
    • reconstrucciones de los hechos.

Los Estados miembros se esforzarán por difundir información general con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados la designación de un letrado.

No obstante lo dispuesto en la normativa nacional en relación con la presencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistidos por un letrado, a menos que hayan renunciado a ese derecho.

En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente lo dispuesto en el apartado 2, letra c) (Nota: “sin demora injustificada tras la privación de libertad”), en caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad.

En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el apartado 3 (Nota: ” El derecho a la asistencia de letrado implicará…”) en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas siguientes:

  • una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
  • una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

Confidencialidad

Los Estados miembros respetarán la confidencialidad de las comunicaciones entre los sospechosos o acusados y sus letrados, en el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado previsto en la presente Directiva.

Dichas comunicaciones incluirán las reuniones, la correspondencia, las conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación permitidas de conformidad con la normativa nacional.

Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero

Los Estados miembros se asegurarán de que todo sospechoso o acusado que se vea privado de libertad tenga derecho a que se informe al menos a una persona que él mismo designe, como un familiar o un empleador, de su privación de libertad sin demora injustificada, si así lo desea.

Cuando el sospechoso o acusado sea un menor, los Estados miembros se asegurarán de que la persona en quien recae la responsabilidad parental del menor sea informada lo antes posible de su privación de libertad y de los motivos de tal situación, salvo que ello resulte contrario a los intereses del menor, en cuyo caso se informará a otro adulto que se considere apropiado. Se considerará menor a toda persona de menos de 18 años.

Los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en los apartados anteriores cuando, en vista de las circunstancias específicas del caso, así se justifique con base en alguna de las razones imperiosas siguientes:

  • una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
  • una necesidad urgente de prevenir una situación en la que pueda comprometerse de modo grave el proceso penal.

En caso de que los Estados miembros establezcan una excepción temporal a la aplicación del derecho previsto en el apartado 2, se asegurarán de que una autoridad responsable de la protección o el bienestar de los menores sea informada, sin demora injustificada, de la privación de libertad del menor.

Derecho de la persona en situación de privación de libertad a comunicarse con terceros

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados que estén privados de libertad tengan derecho a comunicarse sin demora injustificada con, al menos, un tercero de su elección, por ejemplo un familiar.

Los Estados miembros podrán limitar o aplazar el ejercicio de este derecho por razones imperiosas o necesidades prácticas de carácter proporcionado.

Derecho a comunicarse con las autoridades consulares

Cada Estado miembro velará por que todo sospechoso o acusado que no sea nacional suyo y se vea privado de libertad goce del derecho a que se informe, sin demora injustificada, a las autoridades consulares del Estado del que sea nacional de que se encuentra privado de libertad, y a comunicarse con dichas autoridades, si así lo desea. No obstante, en caso de que el sospechoso o acusado tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse, en su caso, de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

Todo sospechoso o acusado tendrá asimismo derecho a que lo visiten sus autoridades consulares, a conversar y mantener correspondencia con ellas, y a que estas le faciliten representación legal, siempre que dichas autoridades estén de acuerdo y si así lo desea el sospechoso o acusado de que se trate.

El ejercicio de esos derechos podrá regularse en la normativa o los procedimientos nacionales, siempre que se permita que se alcancen plenamente los fines para los que se han previsto estos derechos.

Condiciones generales para aplicar excepciones temporales

Las excepciones temporales:

  • deberán ser proporcionadas y limitarse a lo estrictamente necesario;
  • estarán rigurosamente limitadas en el tiempo;
  • no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción, y
  • no podrán menoscabar las garantías generales de un juicio justo.

Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6 (Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales), solo podrán autorizarse en virtud de una resolución debidamente motivada e individual adoptada por una autoridad judicial o por otra autoridad competente, siempre que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional. La resolución debidamente motivada se hará constar de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa del Estado miembro de que se trate.

Las excepciones temporales previstas en el artículo 5, apartado 3 (Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero), solo podrá autorizarlas, de forma individual, una autoridad judicial u otra autoridad competente, a condición de que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional.

Renuncia

Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un derecho contemplado en los artículos 3 (Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales) y 10 (Derecho a ser asistido por un letrado en los procedimientos de la orden de detención europea ):

  • se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él, y
  • la renuncia sea voluntaria e inequívoca.

La renuncia, que podrá hacerse por escrito u oralmente, se hará constar, así como las circunstancias de la misma, con arreglo al procedimiento previsto para ello por la normativa del Estado miembro de que se trate.

Los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cualquier momento del proceso penal y que el sospechoso o acusado haya sido informado de tal posibilidad. La revocación de una renuncia surtirá efectos desde el momento en que se efectúa.

Derecho a ser asistido por un letrado en los procedimientos de la orden de detención europea

Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona reclamada tenga derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución tan pronto como se produzca su detención en virtud de una orden de detención europea.

En cuanto al contenido del derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución, la persona reclamada gozará en dicho Estado de los derechos siguientes:

  • el derecho a ser asistida por un letrado en el momento y del modo que permitan ejercer a la persona reclamada sus derechos efectivamente, y en cualquier caso sin demora injustificada tras la privación de libertad;
  • el derecho a comunicarse y reunirse con el letrado que la represente;
  • el derecho a que el letrado esté presente e intervenga, con arreglo a los procedimientos de la normativa nacional, durante la toma de declaración de la persona reclamada por parte de la autoridad judicial de ejecución. Cuando un letrado intervenga durante una toma de declaración, se hará constar así de conformidad con el procedimiento pertinente de la normativa nacional del Estado miembro de que se trate.

Los derechos previstos en los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y, cuando se aplique una excepción temporal a tenor del artículo 5, apartado 3, en el artículo 8, se aplicarán, mutatis mutandis, a los procedimientos de la orden de detención europea en el Estado miembro de ejecución.

La autoridad competente del Estado miembro de ejecución informará a la persona reclamada, sin demora injustificada tras su privación de libertad, de que tiene derecho a designar a un letrado en el Estado miembro emisor. La función de dicho letrado en el Estado miembro emisor consistirá en prestar asistencia al letrado del Estado miembro de ejecución facilitándole información y asesoramiento con vistas a que la persona reclamada pueda ejercer efectivamente los derechos que le confiere la Decisión Marco 2002/584/JAI.

En caso de que la persona reclamada desee ejercer el derecho a designar a un letrado en el Estado miembro emisor y no disponga ya del mismo, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución informará de ello con prontitud a la autoridad competente del Estado miembro emisor. La autoridad competente de dicho Estado miembro suministrará a la persona reclamada, sin demora injustificada, información que le facilite la designación de un letrado en ese Estado.

El derecho de una persona reclamada a designar a un letrado en el Estado miembro emisor se entenderá sin perjuicio de los plazos establecidos en la Decisión Marco 2002/584/JAI ni de la obligación de la autoridad judicial de ejecución de decidir acerca de la entrega de la persona, en los plazos y condiciones definidos en dicha Decisión Marco.

Asistencia jurídica gratuita

La Directiva se entiende sin perjuicio de la normativa relativa a la asistencia jurídica gratuita.

Vías de recurso

Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados en procesos penales y las personas reclamadas en el marco de procedimientos relativos a la orden judicial europea dispongan de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la presente Directiva.

Sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales sobre admisibilidad de pruebas, los Estados miembros garantizarán que en los procesos penales se respeten los derechos de la defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que el artículo 3, apartado 6, autorice que se establezca una excepción a este derecho.

ENTRADA EN VIGOR: 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
PLAZO PARA SU TRANSPOSICIÓN: HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Menor

COOPERACIÓN CIVIL. Para poder estimar que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación especial está mejor situado, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro debe cerciorarse de que la remisión del asunto a dicho órgano jurisdiccional puede aportar un valor añadido real y concreto al examen del asunto, habida cuenta, en particular, de las normas de procedimiento aplicables en ese otro Estado miembro (TJUE, 27 de octubre de 2016, Child and Family Agency, As. C‑428/15).

Cooperación penal

COOPERACIÓN PENAL. A partir de la fecha de entrada en vigor de una directiva, las autoridades de los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales deberán abstenerse en la medida de lo posible de interpretar su Derecho nacional de un modo que pueda comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta (TJUE, 27 de octubre de 2016, Emil Milev, As. C‑439/16 PPU).

Autobus

SERVICIOS PÚBLICOS. El Derecho de la UE no se opone a que el poder adjudicador pueda fijar en un 70 % la parte de prestación autónoma que debe realizar el operador al que se haya encomendado la administración y prestación de un servicio público de transporte de viajeros en autobús (TJUE, 27 de octubre de 2016, Hörmann Reisen GmbH, As. C‑292/15).

Barco

TRABAJADORES MIGRANTES. El Derecho de la UE no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador del mar que formó parte durante un período determinado de la tripulación de un buque cuyo puerto de amarre estaba situado en el territorio de dicho Estado miembro y que residía a bordo de ese buque, está excluido del beneficio del seguro de vejez con respecto a ese período por no ser nacional de un Estado miembro durante dicho período. (TJUE, 27 de octubre de 2016, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, As. C‑465/14).

LECTURA

justice-climatiqueDes revendications s’élèvent de par le monde pour dénoncer les conséquences des changements climatiques supportées de manière inégale par les populations sur les plans économique, social et environnemental. Pourtant, l’approche éthique des enjeux climatiques n’apparaît guère dans les débats scientifiques et politiques internationaux. La question climatique, souvent abordée sous l’angle des modèles économiques, des évolutions technologiques ou encore des choix de gouvernance environnementale, mérite cependant également d’être envisagée sous l’angle des valeurs et de la justice. Le concept de justice climatique, s’il donne lieu à de nombreuses interprétations, présente le grand intérêt de mobiliser les scientifiques sur les questions éthiques liées au défi que représente le phénomène unique et sans précédent du réchauffement planétaire. Il permet de dégager une réflexion sur les enjeux de la COP 21 pour déterminer comment agir de façon éthique et légitime dans un contexte de changement global. Cet ouvrage est issu du colloque de l’Association européenne de droit de l’environnement accueilli à l’Université de La Rochelle les 2 et 3 octobre 2015 qui a réuni plus d’une vingtaine de spécialistes venus débattre du sujet en amont de la COP 21. Il est préfacé par Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, membre du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), qui a été vice-président du groupe scientifique du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat) de 2002 à 2015. L’ouvrage est coordonné par Agnès Michelot, enseignant-chercheur de l’Université de La Rochelle, directrice du Centre d’Études Juridiques et Politiques (EA 3170), présidente de la Société française pour le droit de l’environnement et personnalité associée du CESE.

Bruylant, 2016, 390 p., 85 €
ISBN: 978-28-0275-573-9

AGENDA

Presentación del Monitor de educación y formación (informe anual que evalúa la situación de los servicios de enseñanza en la UE – Bruselas, 7 de noviembre de 2016).

Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP22 (Marrakech, del 7 al 18 de noviembre de 2016).

Publicación de las Previsiones Económicas de Otoño (Bruselas, 9 de noviembre de 2016)

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