LUNES 9 DE ENERO DE 2017

Juridi-News

SUMARIO

  • Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión para 2017
  • Apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y gobernanza de las infraestructuras ferroviarias
  • Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Nuestra selección del DOUE (del 20 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Nuevas normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados; Ayuda de Estado; Cláusulas suelo; Comunicaciones electrónicas; Despidos colectivos.
  • Rincón del Libro: Gobernanza económica e integración fiscal en la Unión Europea (García Prats, F. Alfredo)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA


PRIORIDADES LEGISLATIVAS PARA 2017

PRIORIDADES:

  • Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión;
  • Abordar la dimensión social de la Unión;
  • Proteger mejor la seguridad de los ciudadanos;
  • Reformar y desarrollar la política migratoria con un espíritu de responsabilidad y solidaridad;
  • Poner en marcha un Mercado Único Digital conectado;
  • Cumplir el objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con perspectiva de futuro.

TRANSPORTE DE VIAJEROS POR FERROCARRIL

Independencia del administrador de infraestructuras (art. 7 Dir. 2012/34/UE)

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que el administrador de infraestructuras es responsable de la explotación, el mantenimiento y la renovación de una red y de que se le confía el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de dicha red, de conformidad con el Derecho nacional.

Los Estados miembros velarán por que ninguna de las demás entidades jurídicas que formen parte de la empresa integrada verticalmente tenga una influencia decisiva en las decisiones tomadas por el administrador de infraestructuras en relación con las funciones esenciales.

Los Estados miembros velarán por que los miembros del consejo de supervisión y del consejo de administración del administrador de infraestructuras y los administradores que le rindan cuentas directamente actúen de modo no discriminatorio y que su imparcialidad no se vea afectada por ningún conflicto de interés.

2.   Los Estados miembros se asegurarán de que el administrador de infraestructuras se organice como una entidad jurídicamente distinta de cualquier empresa ferroviaria y, en el caso de las empresas integradas verticalmente, de cualquier otra entidad jurídica encuadrada en ellas.

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que las mismas personas no puedan ser contratadas o nombradas al mismo tiempo:

  • a) como miembros del consejo de administración de un administrador de infraestructuras ferroviarias y del consejo de administración de una empresa ferroviaria;
  • b) como personas responsables de la toma de decisiones sobre las funciones esenciales y como miembros del consejo de administración de una empresa ferroviaria;
  • c) cuando exista un consejo supervisor, como miembros del consejo de supervisión de un administrador de infraestructuras ferroviarias y como miembros del consejo de supervisión de una empresa ferroviaria;
  • d) como miembros del consejo de supervisión de una empresa que forme parte de una empresa integrada verticalmente y que controle a la vez a una empresa ferroviaria y a un administrador de infraestructuras y como miembros del consejo de administración de dicho administrador de infraestructuras.

4.   En el caso de empresas integradas verticalmente, los miembros del consejo de administración del administrador de infraestructuras ferroviarias y las personas responsables de la toma de decisiones sobre las funciones esenciales no deben recibir ninguna remuneración basada en los resultados de la empresa de ninguna otra entidad jurídica que forme parte de la empresa integrada verticalmente ni deben recibir primas relacionadas principalmente con los resultados financieros de empresas ferroviarias en particular. Sin embargo, pueden ofrecérseles incentivos relacionados con los resultados globales del sistema ferroviario.

5.   En el caso de que los sistemas de información sean comunes a diferentes entidades dentro de una empresa integrada verticalmente, el acceso a información sensible relacionada con funciones esenciales se restringirá al personal autorizado del administrador de infraestructuras ferroviarias. La información sensible no podrá ser transmitida a otras entidades que formen parte de una empresa integrada verticalmente.

6.   Lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos de toma de decisiones de los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo y la financiación de las infraestructuras ferroviarias y de las competencias de los Estados miembros en lo que respecta a la financiación de las infraestructuras y a la fijación de cánones para su uso, así como de adjudicación de la capacidad, tal y como se define en el artículo 4, apartado 2, y en los artículos 8, 29 y 39.

Independencia de las funciones esenciales (art. 7 bis Dir. 2012/34/UE)

1.   Los Estados miembros deberán asegurarse de que el administrador de infraestructuras ferroviarias es independiente desde el punto de vista organizativo y de toma de decisiones en lo que respecta a las funciones esenciales dentro de los límites establecidos en el artículo 4, apartado 2, y en los artículos 29 y 39.

2.   Para la aplicación del apartado 1, los Estados miembros deberán en particular asegurarse de que:

  • a) ninguna empresa ferroviaria ni ninguna otra entidad jurídica ejerce una influencia decisiva sobre el administrador de infraestructuras en relación con las funciones esenciales, sin perjuicio del papel de los Estados miembros en lo que respecta a la definición del marco de fijación de los cánones y del marco de adjudicación de la capacidad y de las normas específicas de fijación de cánones de conformidad con los artículos 29 y 39;
  • b) ninguna empresa ferroviaria ni ninguna otra entidad jurídica que forme parte de una empresa integrada verticalmente tiene una influencia decisiva en los nombramientos y destituciones de personas responsables de la toma de decisiones sobre funciones esenciales;
  • c) la movilidad de las personas responsables de las funciones esenciales no crea conflictos de intereses.

3.   Los Estados miembros podrán decidir que la fijación de cánones por el uso de las infraestructuras y la adjudicación de surcos ferroviarios sean ejecutadas por un órgano responsable de la fijación de cánones y/o por un órgano responsable de la adjudicación de surcos ferroviarios que tengan forma jurídica, organización y toma de decisiones independiente de cualquier empresa ferroviaria. En este caso, los Estados miembros podrán decidir no aplicar lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 7, apartado 3, letras c) y d).

El artículo 7, apartado 3, letra a), y el artículo 7, apartado 4, se aplicarán mutatis mutandis a los responsables de departamento encargados de la administración de las infraestructuras y de la prestación de servicios ferroviarios.

4.   Las disposiciones de la presente Directiva referidas a las funciones esenciales de un administrador de infraestructuras ferroviarias se aplicarán al órgano independiente de fijación de cánones y/o de adjudicación.

Imparcialidad del administrador de infraestructuras ferroviarias respecto a la gestión del tráfico y a la planificación del mantenimiento (art. 7 ter Dir. 2012/34/UE)

1.   Los Estados miembros velarán por que las funciones de gestión del tráfico y planificación del mantenimiento se ejerzan de manera transparente y no discriminatoria y de que las personas responsables de la toma de decisiones con respecto a dichas funciones no se vean afectadas por ningún conflicto de intereses.

2.   En lo que respecta a la gestión del tráfico, los Estados miembros deberán asegurarse de que las empresas ferroviarias, en casos de interrupciones que les afecten, disponen de un acceso pleno y puntual a la información pertinente. Cuando el administrador de infraestructuras ferroviarias conceda un acceso más avanzado al proceso de gestión del tráfico, deberá hacerlo para las empresas ferroviarias afectadas de forma transparente y no discriminatoria.

3.   En lo que respecta a la planificación a largo plazo de mantenimiento y/o renovación de gran calado de las infraestructuras ferroviarias, el administrador de infraestructuras ferroviarias consultará a los candidatos y tendrá en cuenta, en la mayor medida posible, las preocupaciones manifestadas.

El administrador de infraestructuras llevará a cabo la programación de los trabajos de mantenimiento de manera no discriminatoria.

Externalización y compartición de las funciones del administrador de infraestructuras ferroviarias (art. 7 quater Dir. 2012/34/UE)

1.   Siempre que no genere conflictos de intereses y que se garantice la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá:

  • a) externalizar funciones a una entidad diferente, a condición de que esta última no sea una empresa ferroviaria, no controle a una empresa ferroviaria ni esté controlada por una empresa ferroviaria. Dentro de una empresa integrada verticalmente, las funciones esenciales no se externalizarán a ninguna otra entidad de la empresa integrada verticalmente, a menos que dicha entidad realice exclusivamente funciones esenciales;
  • b) externalizar la ejecución de trabajos y tareas relacionadas en relación con el desarrollo, el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras ferroviarias a empresas ferroviarias o sociedades que controlen la empresa ferroviaria o estén controladas por la empresa ferroviaria.

El administrador de infraestructuras ferroviarias mantendrá el poder de supervisión y será responsable en última instancia del ejercicio de las funciones descritas en el artículo 3, apartado 2. Cualquier entidad que asuma funciones esenciales deberá respetar los artículos 7, 7 bis, 7 ter y 7 quinquies.

2.   No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, las funciones de gestión de las infraestructuras podrán ser llevadas a cabo por diferentes administradores de infraestructuras ferroviarias, incluidos los que son parte en acuerdos de asociación público-privada, siempre y cuando todos ellos cumplan los requisitos del artículo 7, apartados 2 a 6, y los artículos 7 bis, 7 ter y 7 quinquies y asuman la plena responsabilidad por el ejercicio de las funciones en cuestión.

3.   Cuando las funciones esenciales no se asignen a una compañía eléctrica, esta estará exenta de las normas aplicables a los administradores de infraestructuras, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las disposiciones pertinentes relativas al desarrollo de la red, en particular del artículo 8.

4.   Sujeto a la supervisión del organismo regulador o a cualquier otro organismo competente independiente determinado por el Estado miembro, un administrador de infraestructuras ferroviarias podrá celebrar acuerdos de cooperación con una o más empresas ferroviarias de forma no discriminatoria y con vistas a ofrecer ventajas a los clientes, como precios reducidos o una mejora del funcionamiento en la parte de la red cubierta por el acuerdo.

Dicho organismo supervisará la ejecución de los acuerdos en cuestión y podrá, en casos debidamente justificados, aconsejar su rescisión.

Transparencia financiera (art. 7 quinquies Dir. 2012/34/UE)

1.   Respetando los procedimientos nacionales aplicables en cada Estado miembro, el administrador de infraestructuras ferroviarias solo podrá emplear los ingresos procedentes de las actividades de gestión de la red de infraestructuras, incluidos los fondos públicos, para financiar su propia actividad, incluidos los pagos de sus créditos. El administrador de infraestructuras ferroviarias también podrá usar estos ingresos para pagar dividendos a los propietarios de la sociedad, que pueden incluir a cualquier accionista privado, pero que excluyen a las empresas que formen parte de una empresa integrada verticalmente y que controlen tanto a una empresa ferroviaria como a dicho administrador de infraestructuras ferroviarias.

2.   Los administradores de infraestructuras ferroviarias no concederán préstamos a empresas ferroviarias, ya sea de forma directa o indirecta.

3.   Las empresas ferroviarias no concederán préstamos a administradores de infraestructuras ferroviarias, ya sea de forma directa o indirecta.

4.   Los préstamos entre entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente solo se concederán, desembolsarán y reembolsarán a los tipos y condiciones de mercado que reflejen el perfil de riesgo individual de la entidad en cuestión.

5.   Los préstamos entre entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente concedidos antes del 24 de diciembre de 2016 se mantendrán hasta su vencimiento, siempre y cuando fueran pactados a tipos de mercado y de que realmente sean desembolsados y reembolsados.

6.   Cualquier servicio ofrecido por otras entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente al administrador de infraestructuras ferroviarias se basará en contratos y se pagará o bien a precios de mercado o bien a precios que reflejen el coste de producción, más un margen de beneficio razonable.

7.   Las deudas atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias se separarán claramente de las atribuidas a las otras entidades jurídicas de las empresas integradas verticalmente. Estas deudas se reembolsarán por separado. Esto no impide que el pago final de las deudas se realice a través de una empresa que forme parte de una empresa integrada verticalmente y que controle a la vez a una empresa ferroviaria y a un administrador de infraestructuras y como miembros del consejo de administración de dicho administrador de infraestructuras, o a través de otra entidad dentro de la empresa.

8.   La contabilidad del administrador de infraestructuras ferroviarias y la de las otras entidades jurídicas dentro de una empresa integrada verticalmente se llevarán de forma que se garantice el cumplimiento del presente artículo y permita una contabilidad separada y un circuito financiero transparente dentro de la empresa.

9.   Dentro de las empresas integradas verticalmente, el administrador de infraestructuras ferroviarias mantendrá registros detallados de cualquier relación comercial o financiera con las otras entidades jurídicas dentro de dicha empresa.

10.   Cuando las funciones esenciales sean llevadas a cabo por un órgano independiente de fijación de cánones y/o de adjudicación, de conformidad con el artículo 7 bis, apartado 3, y los Estados miembros no estén aplicando el artículo 7, apartado 2, las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis. Las referencias al administrador de infraestructuras ferroviarias, la empresa ferroviaria y otras entidades jurídicas de una empresa integrada verticalmente en el presente artículo se entenderán como referencias a las respectivas unidades de negocio de la empresa. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo se demostrará en la contabilidad separada de las respectivas unidades de negocio de la empresa.

Mecanismos de coordinación (art. 7 sexies Dir. 2012/34/UE)

Los Estados miembros se asegurarán de que se establecen mecanismos de coordinación adecuados para garantizar la coordinación entre sus principales administradores de infraestructuras ferroviarias y todas las empresas ferroviarias interesadas, así como los candidatos a que se refiere el artículo 8, apartado 3. Cuando proceda, se invitará a participar a representantes de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros y a las autoridades nacionales, regionales o locales. El organismo regulador podrá participar como observador. La coordinación se referirá, entre otros aspectos, a:

  • a) las necesidades de los candidatos en relación con el mantenimiento y desarrollo de la capacidad de las infraestructuras;
  • b) el contenido de los objetivos de rendimiento orientados al usuario que establezcan los acuerdos contractuales previstos en el artículo 30 y el contenido y aplicación de los incentivos mencionados en el apartado 1 del mismo artículo;
  • c) el contenido y aplicación de la declaración sobre la red que dispone el artículo 27;
  • d) cuestiones de intermodalidad e interoperabilidad;
  • e) cualquier otra cuestión relacionada con las condiciones de acceso a las infraestructuras y la utilización de las mismas y con la calidad de los servicios prestados por el administrador de infraestructuras ferroviarias.

El administrador de infraestructuras ferroviarias elaborará y publicará directrices para la coordinación en consulta con las partes interesadas. La coordinación se llevará a cabo al menos una vez al año y el administrador de infraestructuras ferroviarias publicará en su sitio web un informe recapitulativo de las actividades emprendidas con arreglo al presente artículo.

La coordinación en virtud del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de los solicitantes de apelar al organismo regulador y de las facultades del organismo regulador contempladas en el artículo 56.

Red Europea de Administradores de Infraestructuras (art. 7 septies Dir. 2012/34/UE)

1.   Con vistas a facilitar la prestación de servicios ferroviarios eficaces y eficientes en la Unión, los Estados miembros se asegurarán de que sus principales administradores de infraestructuras ferroviarias participen y cooperen en una red, que celebre reuniones a intervalos regulares para:

  • a) desarrollar las infraestructuras ferroviarias de la Unión;
  • b) apoyar la ejecución puntual y eficaz del espacio ferroviario europeo único;
  • c) intercambiar buenas prácticas;
  • d) supervisar y comparar resultados;
  • e) contribuir a las actividades de supervisión del mercado a que hace referencia el artículo 15;
  • f) combatir los cuellos de botella transfronterizos, y
  • g) debatir la aplicación de los artículos 37 y 40.

A los efectos de la letra d), la red identificará principios y prácticas comunes para la supervisión y la comparación de los resultados de una manera coherente.

La coordinación con arreglo al presente apartado se entenderá sin perjuicio del derecho de los solicitantes de apelar al organismo regulador y de las facultades del organismo regulador contempladas en el artículo 56.

2.   La Comisión será miembro de la red. Apoyará el trabajo de la red y facilitará la coordinación.

CÓDIGO DE CONDUCTA TJUE

Principios (art. 2)

1.   Los miembros se dedicarán plenamente al cumplimiento de su mandato.

2.   Los miembros desempeñarán su mandato con total independencia, integridad, dignidad e imparcialidad y con lealtad y discreción, observando las normas que se indican a continuación.

Independencia, integridad y dignidad (art. 3)

1.   Los miembros ejercerán sus funciones con total independencia e integridad, sin tomar en consideración ningún interés personal o nacional. No solicitarán ni seguirán instrucción alguna de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros o de organismos públicos o privados.

2.   Los miembros no aceptarán obsequios, sea cual sea su naturaleza, que puedan poner en entredicho su independencia.

3.   Los miembros respetarán la dignidad de sus funciones.

4.   Los miembros prestarán especial atención a no comportarse ni expresarse, sea cual sea el medio utilizado, de un modo que menoscabe la percepción de su independencia, de su integridad y de la dignidad de sus funciones por parte del público.

Imparcialidad (art. 4)

1.   Los miembros evitarán cualquier situación que pueda suscitar un conflicto de intereses o de la que quepa razonablemente pensar que puede suscitarlo. No participarán en la tramitación de ningún asunto en el que tengan un interés personal.

2.   Los miembros prestarán especial atención a no comportarse ni expresarse, sea cual sea el medio utilizado, de un modo que menoscabe la percepción de su imparcialidad por parte del público.

Información y declaración relativas a los intereses personales (art. 5)

1.   Los miembros informarán al presidente del órgano jurisdiccional del que formen parte cuando les corresponda conocer de un asunto en el que tengan algún interés que pueda suscitar un conflicto de intereses.

2.   En el momento de su entrada en funciones, los miembros remitirán al presidente del órgano jurisdiccional del que formen parte una declaración sobre sus intereses económicos en el sentido del apartado 3.

3.   La declaración recogerá la identificación de cada entidad en la que el miembro tenga intereses económicos directos de los que quepa razonablemente pensar que, por su magnitud, podrían suscitar un conflicto de intereses si al miembro le correspondiera conocer de un asunto que afecte a esa entidad. El miembro identificará en su declaración cada entidad en la que tenga intereses económicos, en forma de participación económica individualizada en el capital, en particular acciones, o en cualquier otra forma de participación, por ejemplo obligaciones o certificados de inversión. Esta declaración no incluirá las entidades en las que el miembro tenga participaciones que sean gestionadas discrecionalmente por un tercero.

4.   En el caso de modificación de la identificación de las entidades a que se refiere la declaración mencionada en el apartado 3, el miembro deberá presentar una nueva declaración con la mayor rapidez posible, como máximo dos meses después de la modificación.

5.   La declaración mencionada en el apartado 3 se remitirá utilizando el formulario anexo al presente código de conducta.

6.   Las informaciones y las declaraciones contempladas en los apartados 1 a 3 estarán destinadas a permitir que el presidente del órgano jurisdiccional de que se trate verifique si algún miembro tiene un interés personal en la solución del litigio en un asunto específico.

Lealtad (art. 6)

1.   Los miembros estarán obligados a actuar con lealtad para con la institución.

2.   Los miembros recurrirán de modo respetuoso a los servicios de los funcionarios y demás agentes de la institución, en particular de los destinados a su gabinete.

3.   Los miembros gestionarán los recursos materiales de la institución de manera responsable.

4.   Los miembros se abstendrán de formular, fuera de la institución, cualquier comentario que pueda perjudicar la reputación de esta.

Discreción (art. 7)

1.   Los miembros respetarán el secreto de las deliberaciones.

2.   Los miembros respetarán el deber de discreción en la tramitación de los asuntos judiciales y administrativos.

3.   Los miembros mantendrán, en su actitud y en sus comentarios, la reserva exigida por sus funciones.

Actividades externas (art. 8)

1.   Los miembros se comprometerán a cumplir en todas las circunstancias su obligación de disponibilidad, a fin de dedicarse plenamente al cumplimiento de su mandato.

2.   Los miembros solo podrán desarrollar actividades externas cuando sean compatibles con los deberes que les imponen los artículos 2 a 4, 6 y 7 del presente código de conducta. Será incompatible con estos deberes el ejercicio de cualquier actividad profesional distinta de la derivada del ejercicio de su mandato, sin perjuicio de la autorización excepcional contemplada en el artículo 4, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.   Los miembros podrán ser autorizados a ejercer actividades estrechamente vinculadas con el ejercicio de su mandato. En este contexto:


podrán ser autorizados a representar a la institución o al órgano jurisdiccional del que formen parte en acontecimientos o actos protocolarios u oficiales,

podrán ser autorizados a participar en actividades de interés europeo relacionadas, en particular, con la difusión del Derecho de la Unión y el diálogo con los tribunales nacionales e internacionales. En este ámbito, los miembros podrán ser autorizados a intervenir en actividades de enseñanza, conferencias, seminarios o coloquios.
Únicamente las intervenciones en actividades de enseñanza podrán ser retribuidas, con arreglo a la normativa del establecimiento de enseñanza de que se trate.

Las actividades de los miembros, autorizadas por el órgano jurisdiccional del que formen parte, se publicarán en el sitio web de la institución una vez que se haya desarrollado la actividad.

4.   Por otra parte, los miembros podrán ser autorizados a ejercer funciones no retribuidas en fundaciones u organismos análogos en los ámbitos jurídico, cultural, artístico, social, deportivo o caritativo y en establecimientos de enseñanza o de investigación. A estos efectos, los miembros se comprometerán a no ejercer actividades de gestión que puedan poner en peligro su independencia o su disponibilidad o suscitar un conflicto de intereses. Se entenderá que constituyen fundaciones u organismos análogos los establecimientos o asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de utilidad pública en los mencionados ámbitos.

5.   Cuando deseen participar en alguna de las actividades contempladas en los apartados 3 y 4, los miembros solicitarán la autorización previa del órgano jurisdiccional del que formen parte, mediante un formulario específico.

6.   Se admitirán sin necesidad de autorización previa las publicaciones y los ingresos en concepto de derechos de autor a que den lugar.

Obligaciones de los miembros tras cesar en sus funciones (art. 9)

1.   Tras cesar en sus funciones, los miembros seguirán estando sometidos a los deberes de integridad, de dignidad, de lealtad y de discreción.

2.   Los miembros se comprometerán a no participar de ninguna manera, tras cesar en sus funciones,

  • en asuntos que estuvieran pendientes ante el órgano jurisdiccional al que pertenecían al cesar en sus funciones,
  • en asuntos relacionados de un modo directo y evidente con otros en los que hubieran intervenido como juez o como abogado general, aunque estos últimos estuvieran concluidos,
  • y a no participar como representantes de las partes, ni por escrito ni formulando alegaciones orales, durante los tres años siguientes a la fecha de su cese en asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.   En los asuntos no contemplados en los tres guiones del apartado 2, los antiguos miembros podrán intervenir como agente, asesor o abogado, emitir dictámenes jurídicos o desempeñar la función de árbitro, a condición de cumplir las obligaciones que se derivan del apartado 1.

4.   En caso de duda sobre la aplicación del presente artículo, el antiguo miembro podrá dirigirse al presidente del Tribunal de Justicia, que decidirá tras recabar la opinión del Comité establecido en el artículo 10.

Aplicación del código (art. 10)

1.   El presidente del Tribunal de Justicia, asistido por un comité consultivo, velará por la correcta aplicación del presente código de conducta.

Compondrán este comité los tres miembros del Tribunal de Justicia con mayor antigüedad en sus funciones y el vicepresidente del Tribunal de Justicia, si no fuera uno de esos tres miembros.

En el supuesto de que se examine la situación de un miembro o de un antiguo miembro del Tribunal General, participarán en las deliberaciones del comité el vicepresidente del Tribunal General y otro miembro de dicho Tribunal.

El secretario del Tribunal de Justicia asistirá al comité en sus funciones.

2.   En los casos individuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el comité podrá comunicar su opinión al miembro o al antiguo miembro de que se trate tras haberle dado dar audiencia.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

ÍNDICE TEMÁTICO: Acuerdos internacionales; Agricultura; Aviación; Ayuda estatal; Banco Central; Comercio; Comercio exterior; Consejo; Cooperación militar; Cuentas; Embarcación; Empleo; Energía; Fondos de pensiones de empleo; Pesca; Residuos; Salud; Seguridad y Defensa; Servicios financieros; Transporte ferroviario; Transporte terrestre.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sociedades

AYUDA DE ESTADO. El Tribunal General de la UE incurrió en error de Derecho al anular las Decisiones de la Comisión por la que se declaraba un régimen fiscal español incompatible con el mercado interior. El Tribunal General no aplicó correctamente el requisito del carácter selectivo de las ayudas de Estado, que le obligaba a comprobar si la Comisión había demostrado el carácter discriminatorio del régimen español de deducción de las adquisiciones de participaciones en sociedades extranjeras (TJUE, Comisión/World Duty Free Group, 21 de diciembre de 2016, As. C-20/15 P, C-21/15 P).

Transporte aéreo

AYUDA DE ESTADO. El Tribunal de Justicia confirma que Irlanda debe recuperar el importe de 8 euros por pasajero de las compañías aéreas beneficiarias de una ayuda de Estado ilegal. La diferencia entre la tarifa normal y la tarifa reducida del impuesto irlandés sobre el transporte aéreo constituye una ayuda ilegal que debe recuperarse con independencia del beneficio que las compañías aéreas hayan obtenido efectivamente de la ayuda (TJUE, Comisión/Aer Lingus, 21 de diciembre de 2016, As. C-164/15 P, C-165/15 P).

Cláusulas suelo

CLÁUSULAS SUELO. El Derecho de la UE se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión (TJUE, Gutiérrez Naranjo, 21 de diciembre de 2016, As. C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15) .

Internet

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. El Derecho de la UE se opone a una normativa nacional que establece, con la finalidad de luchar contra la delincuencia, la conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica (TJUE, Tele2 Sverige, 21 de diciembre de 2016, As. C‑203/15 y C‑698/15).

Internet

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. El Derecho de la UE se opone a una normativa nacional que regula la protección y la seguridad de los datos de tráfico y de localización, en particular el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados, sin limitar dicho acceso, en el marco de la lucha contra la delincuencia, a los casos de delincuencia grave, sin supeditar dicho acceso a un control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente, y sin exigir que los datos de que se trata se conserven en el territorio de la Unión (TJUE, Tele2 Sverige, 21 de diciembre de 2016, As. C‑203/15 y C‑698/15).

Trabajador

DESPIDOS COLECTIVOS. El Derecho de la UE no se opone, en principio, a una normativa nacional en virtud de la cual, a falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre un proyecto de despido colectivo, un empresario únicamente podrá efectuar dicho despido si la autoridad pública nacional competente a la que debe notificarse el proyecto no adopta, dentro del plazo previsto por la normativa y después de examinar el expediente y valorar las condiciones del mercado de trabajo, la situación de la empresa y el interés de la economía nacional, una resolución motivada por la que se deniegue la autorización para realizar la totalidad o una parte de los despidos programados (TJUE, AGET Iraklis, 21 de diciembre de 2016, As. C‑201/15).

LECTURA

Resumen del libro: El proceso de integración política y económica que vive la Unión Europea se ha ralentizado por la crisis económica y financiera. Sin embargo, los retos y necesidades financieras de los Estados miembros exigen un análisis y un replanteamiento de las actuales políticas monetaria, económica y fiscal de la Unión Europea, a partir del necesario reforzamiento de la legitimidad y respaldo democrático de las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea. En la presente monografía, destacados especialistas en Derecho y Economía de la Unión Europea analizan con perspectiva crítica las oportunidades de mayor integración politica como respuesta a la actual crisis financiera, económica y política.

Editorial Tirant lo Blanch, 2016, 237 p., 29,90 €
ISBN: 978-84-9119-842-0

EDICIONES ANTERIORES

N.° 17, LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2016

  • Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y la República de Cuba
  • Calidad del aire:  nueva Directiva relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosférico
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 13 al 19 de diciembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Competencia; Consumidores; Libre circulación de personas; Propiedad industrial.
  • Rincón del Libro: Migración y asilo – Nuevos retos y oportunidades para Europa

N.° 16, LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016

  • Derecho de la UE Práctico: Derechos de los pasajeros aéreos (II)
  • Relaciones UE-Cuba
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 6 al 12 de diciembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Aguas; Competencia; Consumidores; Contratos públicos; IVA
  • Rincón del Libro: Buenas practicas de empleo en Europa (Antonio Ojeda Avilés, Miguel Gutiérrez Pérez)

N.° 15, LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2016

  • Derecho de la UE Práctico: Derechos de los pasajeros aéreos (I)
  • IVA / Comercio electrónico: nuevas normas fiscales para apoyar el comercio electrónico y en línea en la UE
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Ayudas de Estado; Igualdad de trato en el empleo
  • Rincón del Libro: La Orden Europea de Investigación (Elena Martínez García)

N.° 14, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

  • Derecho de la UE Práctico: La cuestión prejudicial
  • Debate – Libertad Vs. Seguridad: Propuesta de Reglamento por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 22 al 28 de noviembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Discriminación; Medio ambiente; Política social
  • Rincón del Libro: El sistema interparlamentario europeo (José Joaquín Fernández Alles)

N.° 13, LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2016

  • Derecho de la UE Práctico: La marca de la UE (II)
  • Extranjería: Establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. 
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 15 al 21 de noviembre de 2016)
  • Jurisprudencia TJUE: Libertad de establecimiento; Proceso selectivo; Propiedad intelectual
  • Rincón del Libro: Film Copyright in the European Union (Pascal Kamina)

No dude en enviarnos sus opiniones y comentarios para su publicación