EDICIÓN DEL LUNES 16 DE ENERO DE 2017

Juridi-News

SUMARIO

  • La Estrategia Marina: Explicaciones
  • Celebramos 30 años de Erasmus
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 10 al 16 de enero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Acceso a los documentos de las instituciones; Competencia; Cooperación judicial en materia penal; Procedimiento.
  • Rincón del Libro: Droit des déchets de l’UE (Nicolas De Sadeleer)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA


ESTRATEGIA MARINA

Objeto de la Directiva marco (art. 1)

1. La presente Directiva establece un marco en el que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020.

2. Con tal propósito se elaborarán y aplicarán estrategias marinas a fin de:

  • a) proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro o, en la medida de lo posible, recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente;
  • b) prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación según se define en el artículo 3, apartado 8, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos legítimos del mar.

3. Las estrategias marinas aplicarán un enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas, garantizándose que la presión conjunta de dichas actividades se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado medioambiental y que no se comprometa la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por el hombre, permitiéndose a la vez el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por las actuales y las futuras generaciones.

4. La presente Directiva contribuirá a la coherencia entre las diferentes políticas, acuerdos y medidas legislativas que inciden en el medio marino y tratará de garantizar la integración de las preocupaciones medioambientales en ellos.

Regiones y subregiones marinas (art. 4)

1. Al cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta que las aguas marinas bajo su soberanía o jurisdicción se integran en las siguientes regiones marinas:

  • a) el Mar Báltico;
  • b) el Océano Atlántico Nororiental;
  • c) el Mar Mediterráneo;
  • d) el Mar Negro.

2. Para tener en cuenta las especificidades de una zona determinada, los Estados miembros podrán aplicar la presente Directiva basándose en subdivisiones en el nivel oportuno de las aguas marinas mencionadas en el apartado 1, siempre que esas subdivisiones se definan de una forma compatible con las siguientes subregiones marinas:

a) en el Atlántico Nororiental:

  • i) el Mar del Norte en sentido amplio, incluidos el Kattegat y el Canal de la Mancha,
  • ii) el Mar Céltico,
  • iii) el Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas,
  • iv) en el Océano Atlántico, la región biogeográfica macaronésica, definida por las aguas que circundan las Azores, Madeira y las Islas Canarias;

b) en el Mediterráneo:

  • i) el Mediterráneo Occidental,
  • ii) el Mar Adriático,
  • iii) el Mar Jónico y el Mediterráneo Central,
  • iv) el Mar Egeo Oriental.

Los Estados miembros notificarán todas las subdivisiones a la Comisión a más tardar en la fecha indicada en el artículo 26, apartado 1, párrafo primero, aunque podrán revisarlas una vez concluida la evaluación inicial mencionada en el artículo 5, apartado 2, letra a), inciso i).

Estrategias marinas (art. 5)

1. Cada Estado miembro elaborará, para cada región o subregión marina afectada, una estrategia marina aplicable a sus aguas marinas de acuerdo con el plan de acción que se expone en el apartado 2, letras a) y b).

2. Los Estados miembros que compartan una región o subregión marina cooperarán para garantizar que, en cada región o subregión marina, las medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la presente Directiva, en particular los distintos elementos de las estrategias marinas mencionados en las letras a) y b), sean coherentes y se coordinen en toda la región o subregión marina de que se trate, con arreglo al siguiente plan de acción, para el cual los Estados miembros afectados se esforzarán en adoptar un enfoque común:

a) elaboración:

  • i) evaluación inicial, que deberá concluir a más tardar el 15 de julio de 2012, del estado medioambiental actual de las aguas afectadas y del impacto medioambiental de las actividades humanas en dichas aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,
  • ii) definición, establecida a más tardar el 15 de julio de 2012, del buen estado medioambiental de esas aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1,
  • iii) establecimiento, a más tardar el 15 de julio de 2012, de una serie de objetivos medioambientales e indicadores asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1,
  • iv) elaboración y aplicación, a más tardar el 15 de julio de 2014, salvo disposición contraria de la legislación comunitaria vigente, de un programa de seguimiento para la evaluación permanente y la actualización periódica de los objetivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1;

b) programas de medidas:

  • i) elaboración, a más tardar en el año 2015, de un programa de medidas destinado a alcanzar o a mantener un buen estado medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartados 1, 2 y 3,
  • ii) inicio, a más tardar en el año 2016, del programa previsto en el inciso i), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 10.

3. Los Estados miembros que tengan fronteras en una misma región o subregión marina regulada por la presente Directiva, en la cual el estado del mar sea crítico hasta el punto de que sea preciso adoptar medidas urgentes, deben elaborar un plan de acción con arreglo al apartado 1 que disponga el adelantamiento de la ejecución de los programas de medidas, así como posibles medidas de protección más estrictas, siempre y cuando ello no impida la consecución o mantenimiento de un buen estado medioambiental en otra región o subregión marina. En tales casos:

  • a) los Estados miembros de que se trate informarán a la Comisión de su calendario revisado y actuarán en consecuencia;
  • b) se invitará a la Comisión a que considere la posibilidad de prestar respaldo a los Estados miembros, en la intensificación de sus esfuerzos por mejorar el medio marino, dando a la región de que se trate la consideración de proyecto piloto.

Cooperación regional (art. 6)

1. Con objeto de conseguir la coordinación a que se refiere el artículo 5, apartado 2, si resulta factible y oportuno, los Estados miembros utilizarán las estructuras institucionales de cooperación regional existentes, incluidas las instituidas en virtud de los convenios marinos regionales, relativas a la región o subregión marina de que se trate.

2. A efectos de crear y aplicar estrategias marinas, los Estados miembros, en cada región o subregión marina, harán todo lo posible, recurriendo a los foros internacionales correspondientes, incluidos los mecanismos y estructuras de los convenios marinos regionales, por coordinar sus acciones con los terceros países bajo cuya soberanía o jurisdicción estén las aguas de la misma región o subregión.

En ese contexto, los Estados miembros se basarán, en lo posible, en los programas y actividades existentes que corresponda, elaborados en el marco de estructuras derivadas de acuerdos internacionales, como los convenios marinos regionales.

La coordinación y la cooperación se harán extensivas, si procede, a todos los Estados miembros en las cuencas de una región o subregión marina, incluidos los países sin litoral, con objeto de que los Estados miembros de dicha región o subregión marina puedan cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, sirviéndose para ello de las estructuras de cooperación estipuladas en la presente Directiva o en la Directiva 2000/60/CE.

Definición del buen estado medioambiental (art. 9)

1. Tomando como referencia la evaluación inicial realizada con arreglo al artículo 8, apartado 1, los Estados miembros definirán, respecto de cada región o subregión marina afectada, para las aguas marinas, un conjunto de características correspondientes a un buen estado medioambiental, basándose en los descriptores cualitativos enumerados en el anexo I.

Los Estados miembros tendrán en cuenta las listas indicativas de elementos enumeradas en el cuadro 1 del anexo III y, en particular, los indicadores fisicoquímicos, tipos de hábitats, indicadores biológicos y la hidromorfología.

Asimismo, los Estados miembros tendrán en cuenta las presiones y los impactos de las actividades humanas en cada una de las regiones o subregiones marinas, atendiendo a las listas indicativas recogidas en el cuadro 2 del anexo III.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la evaluación realizada con arreglo al artículo 8, apartado 1, y la definición establecida en virtud del apartado 1 del presente artículo, en un plazo de tres meses tras establecer dicha definición.

3. Los criterios y normas metodológicas que deberán utilizar los Estados miembros y que están destinados a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25, apartado 3, y sobre la base de los anexos I y III, antes del 15 de julio de 2010, de forma que se garantice la coherencia y sea posible una comparación entre las regiones y subregiones marinas respecto del grado en que se esté logrando el buen estado medioambiental. Antes de proponer dichos criterios y normas, la Comisión consultará a todas las partes interesadas, incluidos los convenios marinos regionales.

Definición de objetivos medioambientales (art. 10)

1. Sobre la base de la evaluación inicial realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, los Estados miembros definirán, respecto de cada región o subregión marina, una serie exhaustiva de objetivos medioambientales e indicadores asociados para sus aguas marinas con objeto de orientar el proceso hacia la consecución del buen estado medioambiental en el medio marino, teniendo en cuenta las listas indicativas de las presiones y los impactos recogidas en el cuadro 2 del anexo III, y las listas de características expuestas en el anexo IV.

Al establecer dichos objetivos e indicadores, los Estados miembros tendrán en cuenta que los objetivos medioambientales vigentes a escala nacional, comunitaria o internacional seguirán aplicándose a esas mismas aguas, asegurándose de la compatibilidad de dichos objetivos entre sí y de que se tengan en cuenta los impactos transfronterizos y los rasgos transfronterizos, en la medida de lo posible.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los objetivos medioambientales en un plazo de tres meses después de su definición.

Programas de medidas (art. 13)

1. En cada región o subregión marina afectada, los Estados miembros determinarán las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental, según se define con arreglo al artículo 9, apartado 1, en sus aguas marinas.

Esas medidas se elaborarán en función de la evaluación inicial realizada con arreglo al artículo 8, apartado 1, por referencia a los objetivos medioambientales definidos con arreglo al artículo 10, apartado 1, y teniendo en cuenta los tipos de medidas mencionados en el anexo VI.

2. Los Estados miembros integrarán las medidas elaboradas en virtud del apartado 1 en un programa de medidas, teniendo en cuenta las medidas pertinentes exigidas en virtud de la legislación comunitaria, en particular de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, así como la futura legislación comunitaria sobre normas de calidad medioambiental en el ámbito de la política de aguas, o en virtud de acuerdos internacionales.

3. Al establecer el programa de medidas a que se refiere el apartado 2, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta el desarrollo sostenible y, en particular, el impacto social y económico de las medidas contempladas. Para ayudar a la autoridad o las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 7 a perseguir sus objetivos de forma integrada, los Estados miembros podrán determinar o establecer marcos administrativos para beneficiarse de dicha interacción.

Los Estados miembros velarán por que las medidas sean rentables y viables desde el punto de vista técnico y, antes de introducir nuevas medidas, procederán a evaluaciones de impacto, incluido un análisis de costes y beneficios.

4. Los programas de medidas establecidos con arreglo al presente artículo incluirán medidas de protección espacial que contribuyan a la constitución de redes coherentes y representativas de zonas marinas protegidas que cubran adecuadamente la diversidad de los ecosistemas que las componen, como son las zonas especiales de conservación con arreglo a la Directiva sobre hábitats, las zonas de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves, y las zonas marinas protegidas acordadas por la Comunidad o los Estados miembros interesados en el marco de los acuerdos internacionales o regionales de que sean Partes.

5. Cuando los Estados miembros consideren que la gestión de una actividad humana a nivel comunitario o internacional es susceptible de repercutir significativamente sobre el medio marino, en especial en las zonas a las que se refiere el apartado 4, se dirigirán a la autoridad competente u organización internacional interesada, individual o conjuntamente, con miras al examen y posible adopción de las medidas que puedan ser necesarias para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, para permitir el mantenimiento o, cuando proceda, la recuperación de la integridad, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.

6. A más tardar en 2013, los Estados miembros publicarán, para cada región o subregión marina, la información pertinente sobre las zonas a las que se refieren los apartados 4 y 5.

7.  Los Estados miembros indicarán en sus programas de medidas las disposiciones de aplicación de las mismas y su contribución a la consecución de los objetivos medioambientales definidos con arreglo al artículo 10, apartado 1.

8. Los Estados miembros tomarán en consideración las implicaciones de sus programas de medidas sobre las aguas situadas más allá de sus aguas marinas, a fin de minimizar los riesgos de daños y, en la medida de lo posible, generar un impacto positivo sobre dichas aguas.

9. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a cualquier otro Estado miembro interesado sus programas de medidas en un plazo de tres meses a partir de su establecimiento.

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, los Estados miembros velarán por que sus programas sean operativos en un plazo de un año a partir de su establecimiento.

Excepciones (art. 14)

1. Un Estado miembro puede identificar en sus aguas marinas casos en los que, por cualquiera de los motivos enumerados en las letras a) a d), los objetivos medioambientales o un buen estado medioambiental no puedan alcanzarse en todos los aspectos por medio de las medidas que haya adoptado, o no puedan alcanzarse dentro del plazo previsto por motivos de los mencionados en la letra e):

  • a) acción u omisión de la cual no es responsable el Estado miembro de que se trate;
  • b) causas naturales;
  • c) fuerza mayor;
  • d) modificaciones o alteraciones en las características físicas de las aguas marinas como consecuencia de medidas adoptadas por razones de interés general prevalente que primen sobre el impacto negativo para el medio ambiente, incluidos los impactos transfronterizos;
  • e) condiciones naturales que no permiten mejorar a su debido tiempo la situación de las aguas marinas de que se trate.

El Estado miembro de que se trate identificará claramente esos casos en su programa de medidas y proporcionará a la Comisión una justificación para avalar su opinión. Al identificar los casos, los Estados miembros tendrán en cuenta las consecuencias que de ello se deriven para los Estados miembros de la región o subregión marina de que se trate.

No obstante, el Estado miembro de que se trate deberá adoptar las oportunas medidas ad hoc con la finalidad de seguir persiguiendo los objetivos medioambientales, evitar nuevos deterioros del estado de las aguas marinas afectadas por las razones definidas en las letras b), c) o d), y mitigar el impacto perjudicial a escala de la región o subregión marina de que se trate o en las aguas marinas de otros Estados miembros.

2. En la situación contemplada en el apartado 1, letra d), los Estados miembros velarán por que las modificaciones o alteraciones no excluyan o comprometan de forma definitiva la consecución de un buen estado medioambiental a nivel de la región o subregión marina de que se trate o en las aguas marinas de otros Estados miembros.

3. Las medidas ad hoc mencionadas en el apartado 1, tercer párrafo, se integrarán en la medida de lo posible en los programas de medidas.

4. Los Estados miembros elaborarán y aplicarán todos los elementos de las estrategias marinas mencionadas en el artículo 5, apartado 2, si bien, al hacerlo, no se les exigirá que tomen medidas específicas —excepto en lo relativo a la evaluación inicial descrita en el artículo 8— cuando no existan riesgos significativos para el medio marino o cuando los costes sean desproporcionados en relación con los riesgos para el medio marino, y siempre y cuando no se produzca un ulterior deterioro.

Cuando por uno de esos dos motivos un Estado miembro no tome ninguna medida, facilitará a la Comisión la necesaria justificación para avalar su decisión, evitando al mismo tiempo que se comprometa permanentemente la consecución del buen estado medioambiental.

Conclusiones del Informe

El análisis de los programas de seguimiento iniciados durante el primer ciclo de ejecución de la DMEM muestra que, aunque se hayan realizado o vayan a realizarse esfuerzos considerables en un futuro próximo, en la mayoría de los Estados miembros se necesitan medidas adicionales para garantizar una cobertura adecuada y a tiempo de los programas de seguimiento. Es preciso avanzar más para garantizar que los enfoques de los Estados miembros sean comparables y para asegurar la mejora de los programas de seguimiento de modo que constituyan un marco adecuado para el cumplimiento de los requisitos de la DMEM.

La Comisión considera que los Estados miembros deberían:

  • abordar lo antes posible las deficiencias identificadas,
  • intensificar los esfuerzos,
  • garantizar que los programas cubran adecuadamente el ámbito espacial de aplicación de la DMEM,
  • adaptar los programas para tomar en consideración futuras obligaciones de la DMEM,
  • buscar una mayor coherencia a nivel regional y subregional mediante una mayor coordinación de los programas de seguimiento,
  • tener en cuenta sus programas de medidas al actualizar estos programas de seguimiento.

CELEBRAMOS 30 AÑOS DE ERASMUS

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Acuerdos internacionales

Ayuda al desarrollo

Informe Especial n.° 30/2016 — «Eficacia de la ayuda de la UE a sectores prioritarios en Honduras» (DOUE C 10, 13 de enero de 2017)

El Tribunal llegó a la conclusión de que la ayuda de la UE al desarrollo destinada a sectores prioritarios en Honduras ha sido parcialmente eficaz, pues propició una serie de avances en dichos sectores, pero las circunstancias difíciles que atravesaba el país y una serie de insuficiencias en la gestión frenaron su impacto. La situación general del país sigue siendo preocupante. El nivel de pobreza ha crecido, la superficie forestal ha disminuido y persiste la violencia generalizada y un elevado índice de homicidios.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Competencia

COMPETENCIA. El Tribunal de Justicia confirma la multa de casi 60 millones de euros impuesta al grupo Roullier en relación con el cártel de los fosfatos (TJUE, Timab Industries y CFPR/Comisión, 12 de enero de 2017, C-411/15 P). Hechos: En el año 2010, la Comisión impuso varias multas por importe de 175 647 000 euros a seis grupos de fabricantes que habían participado en un cártel sobre los precios y se habían repartido el mercado de los fosfatos destinados a la alimentación animal durante más de 30 años. En el ámbito de este cártel, las empresas en cuestión se repartieron cuotas de venta por región y por cliente, y coordinaron entre sí los precios y, en algunos casos, las condiciones de venta.

TJUE

PROCEDIMIENTO. Se condena a la Unión Europea a abonar más de 50 000 euros como indemnización de daños y perjuicios a las sociedades Gascogne Sack Deutschland y Gascogne a causa de la duración excesiva del procedimiento ante el Tribunal General de la UE. La excesiva duración del procedimiento causó a la vez un perjuicio material (el pago de los gastos de la garantía bancaria) y un perjuicio moral (la situación de incertidumbre en que se encontraron ambas sociedades) (Tribunal General, Gascogne Sack Deutschland y Gascogne/Union, 10 de enero de 2017, As. T-577/14).

Acceso a los documentos de las instituciones

El Tribunal General no incurrió en error al declarar que las operaciones que supondría la programación de nuevas consultas SQL no pueden asimilarse a una búsqueda normal o rutinaria en la base de datos concernida, efectuada mediante dispositivos de búsqueda que se encuentran a disposición de la Comisión para esa base de datos, y que, por tanto, la información reclamada habría requerido la creación de un documento nuevo (TJUE, Typke/Comisión, 11 de enero de 2017, As. C‑491/15 P).

Cooperación judicial en materia penal

El artículo 7, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que el requisito de la doble tipificación ha de considerarse satisfecho en una situación como la del asunto principal, toda vez que los hechos que dieron lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad competente del Estado de emisión, también estarían, en cuanto tales, sujetos a sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio (TJUE, Grundza, 11 de enero de 2017, As. C‑289/15).

LECTURA

Resumen del libro: Alors qu’il y a peu la majorité des déchets était éliminée, ils sont devenus, dans le cadre d’une économie circulaire, un enjeu économique primordial. Aussi les réglementations internationales et de l’Union européenne applicables à la gestion des déchets ont constamment évolué en vue d’accentuer la valeur économique des objets et des substances dont on se défait. L’interprétation et l’application de ces règles ne sont pas pour autant aisées. Le droit de l’Union européenne applicable à la gestion des déchets revêt en effet des contours mouvants car il se trouve tiraillé entre la politique de l’environnement et celle du marché intérieur. Animé d’un souci constant de systématisation et de clarification, l’ouvrage décrit les incidences du droit primaire et du droit dérivé sur les pouvoirs de police des États membres en matière de gestion des déchets. Au-delà d’une analyse descriptive des textes en vigueur, on tente, dans une perspective critique, de mettre en exergue les virtualités et les faiblesses d’un pan important du droit de l’Union européenne.

Bruylant, 2016, 714 p., 105 €
ISBN: 978-28-0275-111-3

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