EDICIÓN DEL LUNES 23 DE ENERO DE 2017

Juridi-News

SUMARIO

  • El Mecanismo de Protección Civil de la Unión: Informe Especial del Tribunal de Cuentas.
  • Derecho de la UE Práctico: Entender el MPCU.
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 17 al 23 de enero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Competencia; Imposición de los productos energéticos y de la electricidad; IVA; Libre prestación de servicios; Medio Ambiente; Propiedad industrial; Unión aduanera.
  • Rincón del Libro: Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI (Marta Ortega Gómez)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA


MECANISMO DE PROTECCIÓN CIVIL

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECOMIENDA QUE LA COMISIÓN:

  • identifique formas de ganar tiempo adicional durante la fase de prealerta y durante la selección y el envío de los equipos de PCUE (Coordinación y evaluación de la protección civil de la Unión);
  • desarrolle las características del SCCIE (Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia) a fin de favorecer una visión general de la ayuda proporcionada y solicitada, permitir un seguimiento más estrecho de las prioridades y aumentar la facilidad de uso;
  • refuerce la coordinación sobre el terreno mejorando el envío de informes de los equipos de PCUE, aprovechando la presencia de los expertos de la red de la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas sobre el terreno e implicando en mayor medida a las delegaciones de la UE;
  • evalúe, junto con el CEPCE (Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades), los posibles cambios que se necesitan para reforzar las disposiciones sobre el despliegue de los expertos del CEPCE fuera del territorio de la UE a través del MPCU (Mecanismo de Protección Civil de la Unión);
  • mejore la presentación de informes automatizando la elaboración de estadísticas e indicadores y con ello refuerce la rendición de cuentas.

DERECHO DE LA UE PRÁCTICO: ENTENDER EL MCPU

Objetivo general y objeto (art. 1)

1.   El Mecanismo de Protección Civil de la Unión (en lo sucesivo, el «Mecanismo de la Unión») tendrá por objetivo reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y facilitar la coordinación en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales o de origen humano.

2.   La protección que debe asegurar el Mecanismo de la Unión cubrirá sobre todo a las personas, pero también al medio ambiente y los bienes, incluido el patrimonio cultural, frente a todo tipo de catástrofes naturales y de origen humano, incluidas las consecuencias de los actos de terrorismo, las catástrofes de carácter tecnológico, radiológico o medioambiental, la contaminación marina y las emergencias sanitarias graves que se produzcan dentro o fuera de la Unión. En el caso de las consecuencias de los actos de terrorismo o las catástrofes de carácter radiológico, el Mecanismo de la Unión solamente podrá cubrir las actuaciones de preparación y respuesta.

3.   El Mecanismo de la Unión fomentará la solidaridad entre los Estados miembros mediante la cooperación y la coordinación prácticas, sin perjuicio de la responsabilidad primordial de los Estados miembros de proteger en su territorio a la población, el medio ambiente y los bienes, incluido el patrimonio cultural, frente a las catástrofes, y de proporcionar a sus sistemas de gestión de catástrofes la capacidad suficiente que les permita hacer frente adecuadamente y de modo coherente a las catástrofes de una naturaleza y magnitud que quepa razonablemente esperar y para las que pueda prepararse.

4.   La presente Decisión establece las normas generales aplicables al Mecanismo de la Unión y las normas que regulan la concesión de asistencia financiera con arreglo a dicho Mecanismo.

5.   El Mecanismo de la Unión no afectará a las obligaciones contraídas en virtud de los actos jurídicos pertinentes de la Unión, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica o de los acuerdos internacionales vigentes.

6.   La presente Decisión no se aplicará a las actuaciones realizadas en virtud del Reglamento (CE) n° 1257/96, del Reglamento (CE) n° 1406/2002, del Reglamento (CE) n° 1717/2006, de la Decisión n° 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo o de la legislación de la Unión relativa a programas de acción en materia de salud, asuntos de interior y justicia.

Ámbito de aplicación (art. 2)

1. La presente Decisión se aplicará a la cooperación en el ámbito de la protección civil. Dicha cooperación incluirá:

  • a) las acciones de prevención y preparación dentro de la Unión y, por lo que respecta al artículo 5, apartado 2, al artículo 13, apartado 3, y al artículo 28, también fuera de la Unión; y
  • b) las acciones destinadas a ayudar a hacer frente a las consecuencias adversas inmediatas de una catástrofe, dentro o fuera de la Unión, inclusive en los países a que se refiere el artículo 28, apartado 1, previa solicitud de ayuda a través del Mecanismo de la Unión.

2. La presente Decisión tendrá en cuenta las necesidades particulares de las regiones aisladas, ultraperiféricas y otras regiones e islas de la Unión en cuanto a prevención, preparación y respuesta ante catástrofes, así como las necesidades especiales de los países y territorios de ultramar en cuanto a respuesta ante catástrofes.

Objetivos específicos (art. 3)

1. El Mecanismo de la Unión apoyará, complementará y facilitará la coordinación de la acción de los Estados miembros para la consecución de los objetivos específicos comunes siguientes:

  • a) lograr un elevado nivel de protección frente a las catástrofes mediante la prevención o la reducción de sus posibles efectos, el fomento de una cultura de prevención y la mejora de la cooperación entre los servicios de protección civil y otros servicios competentes;
  • b) mejorar la preparación a nivel de los Estados miembros y de la Unión para reaccionar ante las catástrofes;
  • c) facilitar una respuesta rápida y eficaz en caso de catástrofe, ya sea o no inminente; y
  • d) aumentar la sensibilización y la preparación de los ciudadanos ante las catástrofes.

2. Los indicadores se utilizarán para supervisar, evaluar y revisar según corresponda la aplicación de la presente Decisión. Dichos indicadores serán:

  • a) los progresos en la aplicación del marco de prevención de catástrofes, medidos en número de Estados miembros que hayan presentado a la Comisión un resumen de sus evaluaciones de riesgos y una evaluación de su capacidad de gestión de riesgos según se menciona en el artículo 6;
  • b) los progresos en el aumento del nivel de preparación frente a las catástrofes, medidos en cantidad de capacidades de respuesta incluidas en la reserva común voluntaria con respecto a los objetivos de capacidad a que hace referencia el artículo 11 y el número de módulos registrados en el Sistema de Comunicación e Información;
  • c) los progresos en la mejora de la capacidad de respuesta ante las catástrofes, medidos por la velocidad de las intervenciones en el marco del Mecanismo de la Unión y el grado de contribución de la asistencia a las necesidades sobre el terreno; y
  • d) los progresos en el aumento de la sensibilización y la preparación de los ciudadanos ante las catástrofes, medidos por el nivel de sensibilización de los ciudadanos de la Unión sobre los riesgos en su región.

Prevención

Artículo 5
Medidas de prevención

1. Para cumplir los objetivos y realizar actuaciones en materia de prevención, la Comisión:

  • a) tomará medidas para mejorar la base de conocimientos sobre riesgos de catástrofe y facilitará la puesta en común de conocimientos, mejores prácticas e información, inclusive entre Estados miembros que comparten riesgos comunes;
  • b) apoyará y fomentará la actividad de evaluación y cartografía de riesgos de los Estados miembros mediante la puesta en común de buenas prácticas, y facilitará el acceso a conocimientos teóricos y prácticos específicos sobre asuntos de interés común;
  • c) elaborará y actualizará periódicamente un inventario y un mapa intersectoriales de los riesgos de catástrofes naturales y de origen humano a los que podría enfrentarse la Unión, adoptando un enfoque coherente aplicado a distintos ámbitos de las políticas que puedan abordar o afectar a la prevención de catástrofes y teniendo debidamente en cuenta los posibles efectos del cambio climático;
  • d) favorecerá un intercambio de buenas prácticas sobre la preparación de los sistemas de protección civil nacionales para hacer frente a los efectos del cambio climático;
  • e) fomentará y apoyará el desarrollo y aplicación de la actividad de gestión de riesgos de los Estados miembros, mediante la puesta en común de buenas prácticas, y facilitará el acceso a conocimientos teóricos y prácticos específicos sobre asuntos de interés común;
  • f) recopilará y difundirá la información que proporcionen los Estados miembros, organizará un intercambio de experiencias sobre la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos, elaborará, junto con los Estados miembros y a más tardar el 22 de diciembre de 2014, unas directrices sobre el contenido, la metodología y la estructura de dichas evaluaciones, y facilitará la puesta en común de buenas prácticas en materia de planificación de la prevención y la preparación, por medios como las evaluaciones voluntarias por homólogos;
  • g) informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo, dentro de los plazos establecidos en el artículo 6, letra c), de los avances realizados en la aplicación del artículo 6;
  • h) promoverá el uso de los diversos fondos de la Unión con los que se pueda apoyar la prevención sostenible de catástrofes y animará a los Estados miembros y las regiones a aprovechar estas oportunidades de financiación;
  • i) pondrá de relieve la importancia de la prevención de riesgos y apoyará a los Estados miembros en las actividades de sensibilización, información y educación públicas;
  • j) fomentará las medidas de prevención en los Estados miembros y en los terceros países contemplados en el artículo 28 mediante la puesta en común de buenas prácticas, y facilitará el acceso a conocimientos teóricos y prácticos específicos sobre asuntos de interés común; y
  • k) en estrecha consulta con los Estados miembros, adoptará las medidas de prevención adicionales, complementarias y de apoyo, que resulten necesarias para alcanzar el objetivo especificado en el artículo 3, apartado 1, letra a).

2. A petición de un Estado miembro, de un tercer país, de las Naciones Unidas o de sus organismos, la Comisión podrá desplegar un equipo de expertos sobre el terreno a fin de prestar asesoramiento sobre medidas de prevención.

Artículo 6
Gestión del riesgo

A fin de fomentar un enfoque efectivo y coherente de la prevención y la preparación ante catástrofes mediante la puesta en común de información que no sea delicada, en concreto información cuya revelación no sería contraria a los intereses esenciales de la seguridad de los Estados miembros, y de mejores prácticas en el marco del Mecanismo de la Unión, los Estados miembros:

  • a) elaborarán evaluaciones de riesgos a nivel nacional o en el nivel subnacional adecuado y facilitarán a la Comisión un resumen de los elementos destacables de los mismos a más tardar el 22 de diciembre de 2015, y posteriormente cada tres años;
  • b) elaborarán y perfeccionarán su planificación de la gestión de riesgos de catástrofe a nivel nacional o en el nivel subnacional adecuado;
  • c) facilitarán a la Comisión la evaluación de su capacidad de gestión de riesgos, a nivel nacional o en el nivel subnacional adecuado, cada tres años, una vez establecidas las correspondientes directrices a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra f), y siempre que se produzcan cambios importantes; y
  • d) participarán, con carácter voluntario, en las evaluaciones por homólogos de la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos.

Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias (art. 11)

1. Se creará una Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias (CERE). Constará de una reserva común voluntaria de capacidades comprometidas previamente por los Estados miembros y comprenderá módulos, otras capacidades de respuesta y expertos.

2. Basándose en los riesgos detectados, la Comisión determinará los tipos y el número de capacidades clave de reacción necesarias para la CERE (en lo sucesivo, «objetivos de capacidad»).

3. La Comisión definirá requisitos de calidad para las capacidades de respuesta que los Estados miembros comprometan a la CERE. Los requisitos de calidad se basarán en normas internacionales establecidas, cuando estas ya existan. Los Estados miembros serán responsables de garantizar la calidad de sus capacidades de reacción.

4. La Comisión establecerá y gestionará un proceso para la certificación y registro de las capacidades de respuesta que los Estados miembros pongan a disposición de la CERE.

5. Los Estados miembros identificarán y registrarán de forma voluntaria las capacidades de respuesta que asignen a la CERE. El registro de los módulos multinacionales proporcionados por dos o más Estados miembros será realizado conjuntamente por todos los Estados miembros interesados.

6. Las capacidades de respuesta que los Estados miembros pongan a disposición de la CERE permanecerán disponibles en todo momento para fines nacionales.

7. Las capacidades de respuesta que los Estados miembros pongan a deposición de la Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias estarán disponibles para las operaciones de respuesta en el marco del Mecanismo de la Unión, previa solicitud de ayuda a través del Centro de Coordinación. Los Estados miembros que hayan registrado la capacidad de respuesta de que se trate serán los que decidan su despliegue en última instancia. Cuando emergencias internas, casos de fuerza mayor o, excepcionalmente, motivos graves impidan a un Estado miembro proporcionar esas capacidades de respuesta frente a una catástrofe específica, dicho Estado miembro informará lo antes posible a la Comisión en remisión al presente artículo.

8. En caso de despliegue, las capacidades de respuesta de los Estados miembros seguirán bajo su mando y control y podrán retirarse cuando emergencias internas, casos de fuerza mayor o, excepcionalmente, motivos graves impidan a un Estado miembro seguir poniendo a disposición sus capacidades de respuesta, en consulta con la Comisión. De conformidad con los artículos 15 y 16, la Comisión realizará, cuando proceda, la coordinación entre las diferentes capacidades de respuesta a través del Centro de Coordinación.

9. Los Estados miembros y la Comisión garantizarán la adecuada sensibilización de los ciudadanos acerca de las intervenciones en que participe la CERE.

Notificación de catástrofes en la Unión (art. 14)

1. En caso de catástrofe o de una catástrofe inminente, en la Unión, que conlleve o pueda conllevar repercusiones transfronterizas o que afecte o pueda afectar a otros Estados miembros, el Estado miembro en el que la catástrofe se haya producido, o sea probable que se produzca, lo notificará sin demora a los Estados miembros que puedan verse afectados y, si los efectos son potencialmente importantes, a la Comisión.

El párrafo primero no se aplicará cuando la obligación de notificación ya se haya cumplido en virtud de otra legislación de la Unión, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica o de los convenios internacionales vigentes.

2. En caso de que sea probable que una catástrofe, o una catástrofe inminente, en la Unión, dé lugar a una solicitud de ayuda de uno o varios Estados miembros, el Estado miembro en el que la catástrofe se haya producido, o sea probable que se produzca, lo notificará sin demora a la Comisión, cuando pueda preverse una posible solicitud de ayuda a través del Centro de Coordinación, con el fin de que la Comisión informe, según proceda, a los demás Estados miembros y haga intervenir a sus servicios competentes.

3. Las notificaciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se efectuarán, cuando proceda, a través del Sistema de Comunicación e Información.

Respuesta ante catástrofes en la Unión (art. 15)

1. En caso de catástrofe, o de una catástrofe inminente, en la Unión, el Estado miembro afectado podrá solicitar ayuda a través del Centro de Coordinación. La solicitud será lo más concreta posible.

2. En situaciones excepcionales de incremento de los riesgos, un Estado miembro también podrá solicitar ayuda en forma de posicionamiento previo temporal de capacidades de respuesta.

3. Cuando se reciba una solicitud de ayuda, la Comisión procederá, sin demora y de acuerdo con la situación, a:

  • a) transmitir la solicitud a los puntos de contacto de otros Estados miembros;
  • b) recabar, junto con el Estado miembro afectado, información validada sobre la situación y difundirla a los Estados miembros;
  • c) formular, en consulta con el Estado miembro solicitante, recomendaciones para la prestación de ayuda mediante el Mecanismo de la Unión, basadas en las necesidades sobre el terreno y en los planes pertinentes que se hayan desarrollado con anterioridad, según se contempla en el artículo 10, apartado 1, invitar a los Estados miembros a desplegar capacidades específicas y facilitar la coordinación de la ayuda solicitada; y
  • d) tomar otras medidas para facilitar la coordinación de la respuesta.

4. El Estado miembro al que se haya enviado una solicitud de ayuda mediante el mecanismo de la Unión determinará lo antes posible si está en condiciones de prestar la ayuda solicitada e informará de su decisión al Estado miembro solicitante a través del Sistema de Comunicación e Información, con indicación del alcance, las condiciones y, cuando sea aplicable, los costes de la ayuda que podría proporcionar. El Centro de Coordinación mantendrá informados a los Estados miembros.

5. La dirección de las intervenciones de ayuda será competencia del Estado miembro solicitante. Las autoridades del Estado miembro solicitante determinarán las directrices y, si fuera necesario, los límites de las tareas confiadas a los módulos u otras capacidades de respuesta. Los detalles de la ejecución de estas tareas correrán a cargo del responsable nombrado por el Estado miembro que preste la ayuda. El Estado miembro solicitante podrá solicitar también el despliegue de un equipo de expertos para apoyarlo en su evaluación, facilitar la coordinación in situ entre equipos de los Estados miembros o proporcionar asesoramiento técnico.

6. El Estado miembro solicitante adoptará las medidas adecuadas para facilitar el apoyo del país anfitrión a la ayuda recibida.

7. La función de la Comisión a que se hace referencia en el presente artículo no afectará a las competencias ni a la responsabilidad de los Estados miembros sobre sus equipos, módulos y otras capacidades de apoyo, incluidas las capacidades militares. En particular, el apoyo ofrecido por la Comisión no implicará el mando ni el control sobre los equipos, módulos u otros apoyos de los Estados miembros, que se desplegarán voluntariamente de acuerdo con la coordinación a nivel del cuartel general y sobre el terreno.

Fomento de la coherencia en la respuesta ante catástrofes fuera de la Unión (art. 16)

1. En caso de catástrofe, o de una catástrofe inminente, fuera de la Unión, el país afectado podrá solicitar ayuda a través del Centro de Coordinación. Esta ayuda también podrá ser solicitada a través o por parte de las Naciones Unidas y sus organismos o de una organización internacional competente.

2. Las intervenciones en virtud del presente artículo podrán realizarse como intervenciones de ayuda autónomas o como contribución a una intervención dirigida por una organización internacional. La coordinación de la Unión estará plenamente integrada con la coordinación global proporcionada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas, y respetará la función de dirección de la misma.

3. La Comisión contribuirá a la coherencia de la prestación de ayuda mediante las siguientes actuaciones:

a) manteniendo un diálogo con los puntos de contacto de los Estados miembros para garantizar una contribución efectiva y coherente en materia de respuesta ante catástrofes de la Unión, mediante el Mecanismo de la Unión, al esfuerzo de asistencia global, en particular:

  • i) informando de forma inmediata a los Estados miembros de todas las solicitudes de ayuda;
  • ii) apoyando una evaluación común de la situación y las necesidades, proporcionando asesoramiento técnico y/o facilitando la coordinación sobre el terreno de la ayuda mediante la presencia de un equipo de expertos de protección civil sobre el terreno;
  • iii) compartiendo las evaluaciones y análisis pertinentes con todas las partes interesadas;
  • iv) dando una descripción general de la ayuda ofrecida por los Estados miembros y otras fuentes;
  • v) asesorando sobre el tipo de ayuda necesaria para garantizar que la ayuda que se preste corresponda a las evaluaciones de necesidades; y
  • vi) ayudando a superar cualquier dificultad práctica de la prestación de ayuda en sectores como las zonas de tránsito y las aduanas;

b) formulando de inmediato recomendaciones, cuando sea posible en cooperación con el país afectado, basadas en las necesidades sobre el terreno y en los planes pertinentes que se hayan desarrollado con anterioridad, invitando a los Estados miembros a desplegar capacidades específicas y facilitando la coordinación de la ayuda solicitada;

c) actuando de enlace con el país afectado para detalles técnicos como las necesidades concretas de ayuda, la aceptación de ofertas y los procedimientos prácticos para la recepción y distribución de la ayuda sobre el terreno;

d) actuando de enlace con la OCAH, o prestándole apoyo, y cooperando con otros agentes pertinentes que contribuyan al esfuerzo de asistencia global, para conseguir las máximas sinergias, buscar la complementariedad y evitar duplicidades y carencias; y

e) actuando de enlace con todas las partes interesadas, en particular en la fase final de la intervención de ayuda de acuerdo con el Mecanismo de la Unión, para facilitar una entrega sin obstáculos.

4. Sin perjuicio de la función de la Comisión, tal como se define en el apartado 3, y respetando el imperativo de proporcionar una respuesta operativa inmediata a través del Mecanismo de la Unión, la Comisión, una vez activado este, informará al Servicio Europeo de Acción Exterior para posibilitar la coherencia entre la operación de protección civil y las relaciones generales de la Unión con el país afectado. La Comisión mantendrá plenamente informados a los Estados miembros, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.

5. Sobre el terreno, se garantizará el enlace, según proceda, con la delegación de la Unión para que esta facilite los contactos con el Gobierno del país afectado. En caso necesario, la delegación de la Unión proporcionará apoyo logístico a los equipos de expertos de protección civil mencionados en el apartado 3, letra a), inciso ii).

6. El Estado miembro al que se haya enviado una solicitud de ayuda a través del mecanismo de la Unión determinará lo antes posible si está en condiciones de prestar la ayuda solicitada e informará de su decisión al Centro de Coordinación a través del Sistema de Comunicación e Información, indicando el alcance y las condiciones de la ayuda que podría proporcionar. El Centro de Coordinación mantendrá informados a los Estados miembros.

7. El Mecanismo de la Unión podrá también utilizarse para proporcionar apoyo de protección civil a la asistencia consular para los ciudadanos de la Unión en catástrofes en terceros países en caso de que lo soliciten las autoridades consulares de los Estados miembros afectados.

8. Partiendo de una solicitud de ayuda, la Comisión podrá adoptar las medidas complementarias y de apoyo adicionales que resulten necesarias para garantizar la coherencia de la prestación de la ayuda.

9. La coordinación realizada a través del Mecanismo de la Unión no afectará a los contactos bilaterales entre los Estados miembros y el país afectado, ni a la cooperación entre los Estados miembros y las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes. Podrán utilizarse también esos contactos bilaterales para contribuir a la coordinación realizada a través del Mecanismo de la Unión.

10. La función de la Comisión a que se hace referencia en el presente artículo no afectará a las competencias ni a la responsabilidad de los Estados miembros sobre sus equipos, módulos u otro apoyo, incluidos los medios militares. En particular, el apoyo ofrecido por la Comisión no implicará el mando y control sobre los equipos, módulos u otros apoyos de los Estados miembros, que se desplegarán voluntariamente de acuerdo con la coordinación a nivel del cuartel general y sobre el terreno.

11. Deben buscarse sinergias con los demás instrumentos de la Unión, en particular, con las actuaciones financiadas en virtud del Reglamento (CE) n° 1257/96. La Comisión se hará cargo de la coordinación entre los instrumentos y, en su caso, garantizará que las actuaciones de protección civil de los Estados miembros que contribuyan a una respuesta humanitaria más amplia, sean financiadas en la medida de lo posible con arreglo a la presente Decisión.

12. Siempre que se active el Mecanismo de la Unión, los Estados miembros que faciliten ayuda en caso de catástrofe mantendrán al Centro de Coordinación plenamente informado de sus actividades.

13. Los equipos y módulos de los Estados miembros que participen sobre el terreno en la intervención a través del Mecanismo de la Unión mantendrán un enlace directo con el Centro de Coordinación y los equipos de expertos sobre el terreno a que se refiere el apartado 3, letra a), inciso ii).

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Televisores

COMPETENCIA. El Tribunal de Justicia confirma la multa de 82 millones de euros impuesta solidariamente a Toshiba y a Panasonic/MTPD por su participación en la práctica colusoria de los tubos para televisores (TJUE, Toshiba/Comisión, 18 de enero de 2017, C-623/15 P).

Gibraltar

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Según el Abogado General Szpunar, el Reino Unido y Gibraltar son un solo Estado miembro a efectos de la libre prestación de servicios (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-591/15, 19 de enero de 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited y The Queen).

Imposición de los productos energéticos y de la electricidad

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en el concepto de «reducciones impositivas» las ventajas otorgadas por el Derecho nacional a las empresas de elevado consumo energético, definidas por esa disposición, en cuanto a unos importes exigidos para cubrir los costes generales del sistema eléctrico italiano, como los que se discuten en el litigio principal, bajo la reserva de que el órgano jurisdiccional remitente verifique los datos de hecho y las normas de Derecho nacional en que se basa esta respuesta del Tribunal de Justicia.

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/96 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece reducciones impositivas sobre el consumo de electricidad en favor de las empresas de elevado consumo energético, en el sentido de esta disposición, del sector manufacturero únicamente (TJUE, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia, 18 de enero de 2017, C‑189/15).

IVA

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, debe interpretarse en el sentido de que los titulares de derechos de reproducción no realizan una prestación de servicios, a efectos de aquella Directiva, a los productores e importadores de soportes vírgenes y de aparatos de grabación y de reproducción de los que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor perciben, por cuenta de esos titulares, pero en su propio nombre, el canon por la venta de tales aparatos y soportes (TJUE, Minister Finansów, 18 de enero de 2017, C‑37/16).

El artículo 311, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las piezas usadas, que proceden de vehículos automóviles al final de su vida útil, adquiridas a un particular por una empresa de reciclaje de automóviles y que se destinan a ser vendidas como piezas de recambio, constituyen «bienes de ocasión», en el sentido de dicha disposición, con la consecuencia de que las entregas de dichas piezas, efectuadas por un sujeto pasivo revendedor, están sujetas a la aplicación del régimen del margen de beneficio (TJUE, Sjelle Autogenbrug, 18 de enero de 2017, C‑471/15).

El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que un organismo de Derecho público que realice una actividad consistente en proporcionar acceso a una carretera a cambio del pago de un peaje entre en competencia con los operadores privados que perciben peajes en otras vías de peaje con arreglo a un acuerdo con el organismo de Derecho público de que se trata en virtud de disposiciones legislativas nacionales (TJUE, National Roads Authority, 19 de enero de 2017, C‑344/15).

Medio Ambiente

El artículo 49, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el punto 10, parte B, del anexo IV de dicho Reglamento son nulos, en la medida en que incluyen sistemáticamente en las emisiones de la instalación de calcinación de cal el dióxido de carbono (CO2) transferido a otra instalación para producir carbonato de calcio precipitado, al margen de que ese dióxido de carbono se libere o no a la atmósfera (TJUE, Schaefer Kalk, 19 de enero de 2017, C‑460/15).

Propiedad intelectual

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho (TJUE, New Wave, 18 de enero de 2017, C‑427/15).

Unión aduanera

Cuando se devuelven derechos de importación, incluidos derechos antidumping, debido a que han sido recaudados de modo contrario al Derecho de la Unión, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, existe una obligación de los Estados miembros, derivada del Derecho de la Unión, de pagar a los justiciables que tengan derecho a dicha devolución los correspondientes intereses, que deben calcularse desde la fecha de pago por esos justiciables de los derechos devueltos (TJUE, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, 18 de enero de 2017, C‑365/15).

LECTURA

Resumen del libro: La presente obra está dedicada al estudio de las principales políticas económicas de la Unión Europea. Permite al lector adentrarse en el conocimiento de la actividad de la Unión Europea, en concreto, en la actividad que la Unión Europea lleva a cabo en el ejercicio de las competencias que los Tratados de la Unión Europea le atribuyen para el desarrollo de sus políticas. La obra parte de considerar los objetivos que el Tratado de la Unión asigna a la Unión y de la consideración de las políticas como objetivo de la misma. Tras examinar las competencias de la Unión, la obra estudia en capítulos sucesivos las políticas de la Unión de acuerdo con el orden que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sigue en su regulación. En ella se abordan los siguientes ámbitos de actuación de la Unión: agricultura, pesca, transportes, competencia, ayudas de estado, unión económica y monetaria, política social y empleo, protección de los consumidores, política industrial, medio ambiente, cohesión, energía, política comercial común y cooperación al desarrollo.

Jose María Bosch Editor, S.A., 2017, 647 p., 75 €
ISBN: 9788494607790

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