EDICIÓN DEL LUNES 30 DE ENERO DE 2017

Juridi-News

UNA PUBLICACIÓN JURI-DILEYC
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SUMARIO

  • Especial Informe sobre la Ciudadanía de la UE 2017
  • Ciudadanía europea: prioridades 2017-2019
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 24 al 30 de enero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Código aduanero comunitario; Competencia; Consumo; Cooperación policial y judicial en materia penal; Derecho institucional; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Propiedad intelectual e industrial; Servicios de pago en el mercado interior.
  • Club de lectura: Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo (María Dolores Bollo Arocena)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

PRIORIDADES:

  • Promover los derechos de la ciudadanía de la Unión y los valores comunes de la UE
  • Promover y aumentar la participación ciudadana en la vida democrática de la UE
  • Simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión
  • Aumentar la seguridad y promover la igualdad
Ciudadanos

PRIORIDADES 2017-2019

Promover los derechos de la ciudadanía de la Unión y los valores comunes de la UE

La Comisión:

1. En 2017 y 2018 llevará a cabo en toda Europa una campaña de sensibilización e información sobre los derechos que confiere la ciudadanía de la Unión, entre otros el derecho de protección consular y los derechos electorales de cara a las elecciones europeas que se celebrarán en 2019.

2.   Actuará para intensificar el Servicio Voluntario Europeo y promover las ventajas y la integración del voluntariado en la educación. Para 2020, invitará a los primeros 100 000 jóvenes europeos a que participen como voluntarios en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, lo que les ofrecerá la oportunidad de adquirir nuevas competencias y vivir experiencias significativas, de realizar una importante contribución a la sociedad en toda la UE y de adquirir una experiencia de valor incalculable y conocimientos útiles al inicio de su carrera profesional.

3. Protegerá la esencia de la ciudadanía de la Unión, así como sus valores inherentes; en 2017/2018 presentará un informe sobre iniciativas nacionales que otorguen la ciudadanía de la Unión a inversores, en el que describirá su actuación en este ámbito, las prácticas y la legislación nacional en vigor, y ofrecerá a los Estados miembros ciertas pautas.

Promover y aumentar la participación ciudadana en la vida democrática de la UE

La Comisión:

1. Intensificará los Diálogos con los ciudadanos y fomentará debates públicos para mejorar el conocimiento del público respecto a la incidencia de la Unión en la vida diaria de los ciudadanos y para fomentar un intercambio de opiniones con estos.

2. Informará en 2017 sobre la aplicación del Derecho de la Unión relativo a las elecciones locales a fin de garantizar que los ciudadanos de la UE puedan ejercer sus derechos de voto de manera efectiva en el ámbito local.

3. En 2018, promoverá prácticas recomendadas que ayuden a los ciudadanos a ejercer sus derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, por ejemplo que se mantenga el derecho de sufragio activo al trasladarse a otro Estado miembro y el acceso transfronterizo a noticias políticas, para respaldar la implicación del electorado y una amplia participación democrática de cara a las elecciones europeas de 2019.

Elección

Simplificar los viajes, la residencia y el trabajo de los ciudadanos en toda la UE

La Comisión:

1. Presentará una propuesta para desarrollar un «portal digital único» que proporcione a los ciudadanos un fácil acceso en línea a información y a servicios de asistencia y solución de problemas, así como la posibilidad de realizar procedimientos administrativos a través de internet en situaciones transfronterizas, enlazando con los servicios y contenidos nacionales y europeos pertinentes de manera sencilla y eficiente para el usuario, sin que este encuentre dificultad alguna. Además, valorará la reducción de los trámites administrativos en las administraciones nacionales, exigiendo que los ciudadanos faciliten sus datos solo una vez.

2. Simplificará y promoverá en mayor medida los viajes multimodales en toda la UE, con el fin de que la movilidad de los ciudadanos europeos resulte más eficaz y sencilla, mediante la especificación de servicios de información sobre viajes multimodales a nivel de la Unión y mejoras en la interoperabilidad y la compatibilidad de los sistemas y los servicios.

Transporte

Aumentar la seguridad y promover la igualdad

La Comisión:

1. Durante el primer trimestre de 2017, finalizará el estudio sobre las opciones políticas de la UE para mejorar la seguridad de los documentos de residencia y los carnés de identidad de los ciudadanos de la UE que residen en otro Estado miembro y de los familiares de estos, nacionales de terceros países. La Comisión evaluará los siguientes pasos, las opciones y su repercusión de cara a una posible iniciativa legislativa antes de finales de 2017.

2. En 2017, valorará cómo modernizar la normativa sobre los documentos provisionales de viaje para ciudadanos de la Unión no representados, incluidas las medidas de seguridad del DPV con el formato uniforme de la UE, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la protección consular de manera efectiva.

3. En 2017, llevará a cabo una campaña sobre la violencia contra la mujer y respaldará activamente la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul junto con los Estados miembros, además de presentar propuestas para abordar los retos del equilibrio entre vida familiar y laboral a que se enfrentan las familias trabajadoras.

4. Actuará con el fin de mejorar la aceptación social de las personas LGBTI en toda la UE, mediante la ejecución de la lista de actuaciones destinadas a avanzar en la igualdad de este colectivo, además de respaldar activamente la conclusión de las negociaciones sobre la Directiva horizontal relativa a la lucha contra la discriminación propuesta.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Bancos

DERECHO INSTITUCIONAL. El BCE no está obligado a reparar el perjuicio supuestamente sufrido en 2012 por los bancos comerciales que tenían títulos de deuda griegos en el marco de la reestructuración de la deuda griega (Tribunal General, Nausicaa Anadyomène y Banque d’Escompte/BCE, 24 de enero de 2017, As. T-749/15).

Presos

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. En caso de que se acredite un supuesto de fuerza mayor, las autoridades encargadas de ejecutar una orden de detención europea deberán fijar una tercera fecha de entrega cuando los dos primeros intentos de entrega hayan fracasado debido a la resistencia opuesta por la persona buscada (TJUE, Vilkas, 25 de enero de 2017, As. C-640/15).

Código aduanero comunitario

El artículo 202, apartado 3, primer guion, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, uno de cuyos empleados, que no es su representante legal, ocasiona la introducción irregular de una mercancía en el territorio aduanero de la Unión, puede ser considerada deudora de la deuda aduanera generada por dicha introducción cuando dicho empleado ha introducido la mercancía de que se trata respetando el marco de la misión que su empresario le confió y ejecutando las órdenes que le dio, a tal fin, otro empleado de éste, facultado al efecto en el ejercicio de sus propias funciones, y ha actuado así dentro de sus atribuciones, en nombre y por cuenta de su empresario.

El artículo 212 bis del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1791/2006, debe interpretarse en el sentido de que, para caracterizar respecto de un empresario, persona jurídica, una maniobra fraudulenta o una negligencia manifiesta a efectos de dicho artículo, no ha de atenderse exclusivamente al propio empresario, sino que procede imputar también a éste el comportamiento del empleado o empleados que, respetando el marco de la misión que su empresario les confió de modo que actuaron dentro de sus respectivas atribuciones en nombre y por cuenta de su empresario, causaron la introducción irregular de mercancías (TJUE, Ultra-Brag AG contra Hauptzollamt Lörrach, 25 de enero de 2017, As. C‑679/15).

Competencia

El Tribunal de Justicia desestima la mayor parte de los recursos de casación interpuestos por las sociedades que participaron en el cartel del mercado de productos y accesorios para cuartos de baño (TJUE, Aloys F. Dornbracht/Comisión, 26 de enero de 2017, As. C-604/13 P, C-609/13, C-611/13, C-613/13, C-619/13, C-625/13, C-626/13, C-636/13, C-637/13, C-638/13, C-642/13, C-644/13).

Consumo

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que supedita el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria que no ha concluido antes de la entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición, de su derecho a formular oposición a este procedimiento de ejecución basándose en el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, a la observancia de un plazo preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 1/2013 y posteriormente por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada.

Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

El artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que:

  • El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión, y todas las circunstancias que concurran en su celebración.
  • En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que una cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. En el marco de este examen, el órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado.
  • Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-ley 7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional (TJUE, Banco Primus SA contra Jesús Gutiérrez García, 26 de enero de 2017, As. C‑421/14).

Cooperación policial y judicial en materia penal

El artículo 28, apartado 2, primera frase, de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a las sentencias que hayan adquirido firmeza antes de la fecha especificada por el Estado miembro de que se trate (TJUE, Openbaar Ministerie contra Gerrit van Vemde, 25 de enero de 2017, As. C‑582/15).

Propiedad intelectual e industrial

El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la reparación del perjuicio sufrido, tomando en consideración todos los aspectos pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada (TJUE, Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie contra Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie, 25 de enero de 2017, As. C‑367/15).

Servicios de pago en el mercado interior

El artículo 41, apartado 1, y el artículo 44, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en relación con el artículo 4, punto 25, de aquella Directiva, deben interpretarse en el sentido de que las modificaciones de la información y de las condiciones previstas en el artículo 42 de aquella Directiva, así como las modificaciones del contrato marco, que se transmiten por el proveedor de servicios de pago al usuario de estos servicios mediante un buzón de correo electrónico integrado en un sitio de Internet de banca electrónica, sólo pueden considerarse facilitadas en un soporte duradero, en el sentido de tales disposiciones, si se cumplen los dos requisitos:

  • ese sitio de Internet permite al usuario almacenar la información que se le envía personalmente de manera que pueda acceder a ella y reproducirla sin cambios, durante un período de tiempo adecuado, sin que sea posible ninguna modificación unilateral de su contenido por el proveedor o por cualquier otro profesional, y
  • si el usuario de servicios de pago está obligado a consultar ese sitio de Internet para tener conocimiento de dicha información, la transmisión de esta información se ve acompañada de un comportamiento activo del proveedor de servicios de pago destinado a poner en conocimiento del usuario la existencia y disponibilidad de la información en ese sitio de Internet.

En el supuesto de que el usuario de servicios de pago esté obligado a consultar un sitio de estas características para tener conocimiento de la información considerada, ésta se pone simplemente a disposición del usuario, en el sentido del artículo 36, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2007/64, en su versión modificada por la Directiva 2009/111, cuando la transmisión de dicha información no se ve acompañada de tal comportamiento activo del proveedor de servicios de pago (TJUE, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contra Verein für Konsumenteninformation, 25 de enero de 2017, As. C‑375/15).

LECTURA

Resumen del libro: Todo Estado tiene derecho a regular las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros en su territorio, y de proceder a su expulsión en caso de su incumplimiento; sin embargo, el Estado carece de una libertad absoluta para hacerlo, sino que se encuentra obligado a respetar toda una serie de derechos y garantías derivadas del derecho internacional y del derecho europeo. Ese es precisamente el objeto y la perspectiva de estudio. La obra aborda desde una perspectiva ius internacional publicista el estudio de los límites que debe respetar el estado que pretende expulsar a un extranjero. La obra aborda el objeto de estudio analizando la normativa internacional y europea, también la española, tomando como referente la Jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los órganos de control como el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos, así como la bibliografía más relevante sobre el tema.

Editorial Aranzadi, S.A., 2017, 242 p., 30 €
ISBN: 978-84-9152-074-0

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