EDICIÓN DEL LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017

Juridi-News

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

Sumario

  • Derecho de la UE Práctico: la iniciativa ciudadana europea
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 7 al 13 de febrero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Arancel Aduanero Común ; Azúcar ; Cooperación en materia de obligaciones de alimentos ; Derechos fundamentales ; Espacio de libertad, seguridad y justicia ; Impuesto sobre la renta ; IVA ; Publicidad.
  • Club de lectura: Justicia Civil en la Unión Europea (dir: Carmen Otero García-Castrillón)
Parlamento Europeo

Articulo 11.4 Tratado de la Unión: Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

Requisitos exigidos a los organizadores y a los firmantes (art. 3)

1. Los organizadores deberán ser ciudadanos de la Unión y tener edad suficiente para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo.

2. Los organizadores constituirán un comité de ciudadanos compuesto por, al menos, siete personas que sean residentes en, al menos, siete Estados miembros.

Los organizadores designarán a un representante y a un sustituto («las personas de contacto»), que desempeñarán un papel de enlace entre el comité de ciudadanos y las instituciones de la Unión Europea a lo largo de todo el proceso y estarán habilitadas para hablar y actuar en nombre del comité de ciudadanos.

Los organizadores que sean diputados al Parlamento Europeo no se tendrán en cuenta para alcanzar el número mínimo necesario para constituir un comité de ciudadanos.

A efectos del registro de una iniciativa ciudadana propuesta de conformidad con el artículo 4, la Comisión solo tendrá en cuenta la información relativa a los siete miembros del comité de ciudadanos necesarios para cumplir los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

3. La Comisión podrá solicitar a los organizadores que faciliten pruebas suficientes de que se cumplen los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2.

4. Para poder apoyar una iniciativa ciudadana propuesta, los firmantes deben ser ciudadanos de la Unión y tener edad suficiente para votar en las elecciones al Parlamento Europeo.

Registro de una iniciativa ciudadana propuesta (art. 4)

1. Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una iniciativa ciudadana propuesta, los organizadores deben registrarla ante la Comisión y proporcionar la información contemplada en el anexo II, en particular sobre el objeto y objetivos de la iniciativa ciudadana propuesta.

La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en línea que la Comisión pondrá a disposición para este fin («el registro»).

Los organizadores deberán proporcionar, para el registro, y, si procede, en su página web, información actualizada periódicamente sobre las fuentes de apoyo y financiación de la iniciativa ciudadana propuesta.

Una vez confirmado el registro de conformidad con el apartado 2, los organizadores podrán facilitar la iniciativa ciudadana propuesta en otras lenguas oficiales de la Unión para su inclusión en el registro. La traducción de una iniciativa ciudadana propuesta a otras lenguas oficiales de la Unión será responsabilidad de los organizadores.

La Comisión establecerá un punto de contacto que proporcionará información y asistencia.

2. En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la información contemplada en el anexo II, la Comisión registrará sin demora la iniciativa ciudadana propuesta con un número de registro único y remitirá una confirmación al organizador, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

  • a) se haya constituido un comité de ciudadanos y se haya nombrado a las personas de contacto de conformidad con el artículo 3, apartado 2;
  • b) la iniciativa ciudadana propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados;
  • c) la iniciativa ciudadana propuesta no sea manifiestamente abusiva, frívola o temeraria, y
  • d) la iniciativa ciudadana propuesta no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 del TUE.

3.  La Comisión rechazará el registro en caso de incumplimiento de las condiciones recogidas en el apartado 2.

En caso de que rechace el registro de una iniciativa ciudadana propuesta, la Comisión informará a los organizadores de las razones de dicho rechazo y de todos los posibles recursos judiciales y extrajudiciales a su disposición.

4. Las iniciativas ciudadanas propuestas que se registren se harán públicas en el registro. Sin perjuicio de los derechos de las personas cuyos datos se tratan de conformidad con el Reglamento (CE) n° 45/2001, las personas interesadas tendrán el derecho de solicitar la retirada de sus datos personales del registro tras la expiración del período de dos años a partir de la fecha de registro de una iniciativa ciudadana propuesta.

5. Los organizadores podrán retirar una iniciativa ciudadana propuesta registrada en cualquier momento antes de la presentación de las declaraciones de apoyo con arreglo al artículo 8. En tal caso, se introducirá una mención en este sentido en el registro.

Procedimientos y requisitos para la recogida de las declaraciones de apoyo (art. 5)

1. Los organizadores serán responsables de la recogida de las declaraciones de apoyo a una iniciativa ciudadana propuesta que se hubiere registrado conforme al artículo 4.

Para la recogida de declaraciones de apoyo, solamente podrán utilizarse formularios que se ajusten a los modelos que figuran en el anexo III y que estén redactadas en una de las versiones lingüísticas incluidas en el registro para dicha iniciativa ciudadana propuesta. Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo, los organizadores cumplimentarán los formularios de acuerdo con las indicaciones del anexo III. La información recogida en los formularios coincidirá con la información contenida en el registro.

2. Los organizadores podrán recabar declaraciones de apoyo en papel o electrónicamente. En los casos en que las declaraciones de apoyo se recojan a través de páginas web, será de aplicación el artículo 6.

A efectos del presente Reglamento, las declaraciones de apoyo que se hayan firmado electrónicamente utilizando una firma electrónica avanzada, en el sentido de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, serán tratadas de la misma manera que las declaraciones de apoyo en papel.

3.  Los firmantes deberán cumplimentar la declaración de apoyo en el formulario suministrado por los organizadores. Indicarán únicamente los datos personales requeridos para su verificación por los Estados miembros, como se establece en el anexo III.

Los ciudadanos no podrán firmar más de una vez una determinada iniciativa ciudadana propuesta.

4. Los Estados miembros enviarán a la Comisión las modificaciones de la información establecida en el anexo III. Teniendo en cuenta dichas modificaciones, la Comisión podrá adoptar, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 17 y en las condiciones establecidas en los artículos 18 y 19, modificaciones del anexo III.

5. Las declaraciones de apoyo se recabarán tras la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta y en un plazo no superior a 12 meses.

Al finalizar dicho plazo, se indicará en el registro que el plazo ha expirado y, si procede, que no se ha recogido el número requerido de declaraciones de apoyo.

Sistemas de recogida a través de páginas web (art. 6)

1. En los casos en que las declaraciones de apoyo se recojan a través de páginas web, los datos obtenidos a través del sistema de recogida a través de páginas web se almacenarán en el territorio de un Estado miembro.

El sistema de recogida a través de páginas web se acreditará de conformidad con el apartado 3 en el Estado miembro en que se almacenen los datos recogidos a través de ese sistema. Los organizadores podrán utilizar un único sistema de recogida a través de páginas web con el fin de recoger declaraciones de apoyo en varios o en todos los Estados miembros.

Los modelos de formularios de declaración de apoyo podrán adaptarse a los fines de recogida a través de páginas web.

2. Los organizadores garantizarán que el sistema de recogida de declaraciones de apoyo a través de páginas web es conforme al apartado 4.

Antes de proceder a la recogida de declaraciones de apoyo, los organizadores pedirán a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate que acredite que el sistema de recogida a través de páginas web utilizado para ello es conforme con el apartado 4.

Los organizadores solamente podrán empezar a recoger declaraciones de apoyo mediante el sistema de recogida a través de páginas web cuando hayan obtenido el certificado mencionado en el apartado 3. Los organizadores publicarán una copia de ese certificado en el sitio Internet utilizado para el sistema de recogida a través de páginas web.

A más tardar el 1 de enero de 2012, la Comisión establecerá y mantendrá programas informáticos de código abierto que incorporen las características técnicas y de seguridad necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento en relación con los sistemas de recogida a través de páginas web. Los programas informáticos se pondrán a disposición de manera gratuita.

3. En el caso de que el sistema de recogida a través de páginas web sea conforme al apartado 4, la autoridad competente correspondiente expedirá un certificado a tal efecto en el plazo de un mes según el modelo del anexo IV.

Los Estados miembros reconocerán los certificados expedidos por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

4. Los sistemas de recogida a través de páginas web dispondrán in situ de características técnicas y de medios de seguridad adecuados que garanticen que:

  • a) a través de dichas páginas web solo las personas físicas puedan presentar un formulario de declaración de apoyo;
  • b) los datos facilitados electrónicamente sean recogidos y almacenados con seguridad, para garantizar, entre otras cosas, que no puedan modificarse o utilizarse para fines distintos del referido apoyo a una iniciativa ciudadana, así como que los datos personales estén protegidos contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración o la difusión o acceso sin autorización;
  • c) el sistema pueda generar declaraciones de apoyo en un formulario que se ajuste a los modelos del anexo III, al objeto de permitir la verificación por parte de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 8, apartado 2.

5. A más tardar el 1 de enero de 2012, la Comisión aprobará especificaciones técnicas para la aplicación del apartado 4, de conformidad con el procedimiento reglamentario contemplado en el artículo 20, apartado 2.

Número mínimo de firmas por Estado miembro (art. 7)

1. Los firmantes de una iniciativa ciudadana habrán de proceder de, al menos, un cuarto de los Estados miembros.

2. En un cuarto, como mínimo, de los Estados miembros, los firmantes deberán representar, al menos, el número mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I en el momento del registro de la iniciativa ciudadana propuesta. Dicho número mínimo corresponderá al número de diputados al Parlamento Europeo elegido en cada Estado miembro y multiplicado por 750.

3. La Comisión adoptará, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 17 y en las condiciones establecidas en los artículos 18 y 19, adaptaciones adecuadas del anexo I para reflejar cualquier modificación relativa a la composición del Parlamento Europeo.

4. Los firmantes se considerarán procedentes del Estado miembro que sea responsable de la verificación de su declaración de apoyo de conformidad con el artículo 8, apartado 1, párrafo segundo.

Verificación y certificación por parte de los Estados miembros de las declaraciones de apoyo (art. 8)

1. Tras recoger las declaraciones de apoyo necesarias conforme a los artículos 5 y 7, los organizadores las presentarán en papel o en formato electrónico, a las correspondientes autoridades competentes a que se refiere el artículo 15 a efectos de verificación y certificación. A tal fin los organizadores utilizarán el formulario que se recoge en el anexo V y separarán las declaraciones de apoyo recogidas en papel, las que se hayan firmado electrónicamente utilizando la firma electrónica avanzada y las recogidas mediante el sistema de recogida a través de páginas web.

Los organizadores presentarán las declaraciones de apoyo al Estado miembro de que se trate del siguiente modo:

  • a) al Estado miembro de residencia o de nacionalidad del firmante, tal como se especifica en el anexo III, parte C, punto 1, o
  • b) al Estado miembro que haya expedido el número de identificación personal o el documento de identificación personal facilitado en la declaración de apoyo, tal como se especifica en el anexo III, parte C, punto 2.

2. Las autoridades competentes, en un plazo no superior a tres meses desde la recepción de la solicitud, verificarán mediante controles apropiados las declaraciones de apoyo presentadas, de conformidad con la legislación y prácticas nacionales, según proceda. Sobre esa base entregarán a los organizadores un certificado, según el modelo recogido en el anexo VI, en el que se acredite el número de declaraciones de apoyo válidas en el Estado miembro de que se trate.

Para la verificación de las declaraciones de apoyo no se requerirá la autenticación de firmas.

3. La expedición del certificado a que se refiere el apartado 2 será gratuita.

Presentación de una iniciativa ciudadana a la Comisión (art. 9)

Tras haber obtenido los certificados a que se refiere el artículo 8, apartado 2, y siempre y cuando se hubieren cumplido todos los correspondientes procedimientos y requisitos establecidos en el presente Reglamento, los organizadores podrán presentar la iniciativa ciudadana a la Comisión, conjuntamente con la información relativa a las ayudas y la financiación que se hayan recibido en relación con dicha iniciativa. Dicha información se publicará en el registro.

El importe de los apoyos y la financiación recibidos de cualquier fuente que supere el nivel a partir del cual deben facilitarse informaciones será idéntico al establecido en el Reglamento (CE) no 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea.

A efectos del presente artículo, los organizadores utilizarán el formulario que figura en el anexo VII y lo presentarán cumplimentado adjuntando copia, en papel o en formato electrónico, de los certificados a que se refiere el artículo 8, apartado 2.

Procedimiento de examen de una iniciativa ciudadana por la Comisión (art. 10)

1.  Tras la recepción de una iniciativa ciudadana de conformidad con el artículo 9, la Comisión:

  • a) la publicará sin demora en su registro;
  • b) recibirá a todos los organizadores a un nivel adecuado para que puedan explicar en detalle las cuestiones que plantea la iniciativa ciudadana;
  • c) en el plazo de tres meses, recogerá en una comunicación sus conclusiones finales de carácter jurídico y político sobre la misma, las medidas que en su caso se proponga adoptar y las razones para actuar así o para no hacerlo.

2. La comunicación mencionada en el apartado 1, letra c), será notificada a los organizadores, así como al Parlamento Europeo y al Consejo y se hará pública.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Asilo

DERECHOS FUNDAMENTALES. Según el Abogado General Mengozzi, los Estados miembros están obligados a expedir un visado humanitario si existen razones serias y fundadas para creer que la denegación de tal visado expondrá a las personas que buscan protección internacional a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-638/16, 7 de febrero de 2017, X y X).

Supermercado

PUBLICIDAD. La publicidad comparativa de precios entre establecimientos de formatos y tamaños diferentes no es lícita en determinadas circunstancias. Esta publicidad puede ser también engañosa si no se informa claramente al consumidor en la propia publicidad de la diferencia de formato y tamaño de los establecimientos comparados (TJUE, Carrefour Hypermarchés SAS contra ITM Alimentaire International SASU, 8 de febrero de 2017, C-562/15).

Arancel Aduanero Común

La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la redacción que le da el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, debe interpretarse en el sentido de que un producto utilizado para la fabricación de comprimidos de calcio en forma de comprimidos sencillos, comprimidos efervescentes y comprimidos masticables, compuesto de carbonato de calcio en polvo de constitución química definida y de almidón modificado, añadido para facilitar la obtención de los comprimidos, cuyo contenido de almidón es inferior, en peso, al 5 %, debe clasificarse en la partida 2106 de esta Nomenclatura (TJUE, Madaus GmbH contra Hauptzollamt Bremen, 9 de febrero de 2017, C‑441/15).

Azúcar

El artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2038/1999 del Consejo, de 13 de septiembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo de la pérdida media, es preciso dividir el importe total de los gastos reales vinculados a las restituciones a la exportación de los productos comprendidos dentro del ámbito de dicha disposición entre la totalidad de las cantidades de dichos productos exportadas, con independencia de que se hayan pagado o no efectivamente restituciones en relación con esas últimas cantidades.

El artículo 33, apartado 2, del antedicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo global de las cotizaciones por producción, ha de tenerse en cuenta la pérdida media calculada dividiendo el importe total de los gastos reales vinculados a las restituciones a la exportación de los productos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la referida disposición entre la totalidad de las cantidades de dichos productos exportadas, con independencia de que se hayan pagado o no efectivamente restituciones en relación con esas últimas cantidades.

Los Reglamentos (CE) n.º 2267/2000 de la Comisión, de 12 de octubre de 2000, que fija, para la campaña de comercialización 1999/2000, los importes de las cotizaciones a la producción así como el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar, y (CE) n.º 1993/2001 de la Comisión, de 11 de octubre de 2001, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2000/01, los importes de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar, son inválidos (TJUE, Raffinerie Tirlemontoise SA contra État belge, 9 de febrero de 2017, C‑585/15).

Cooperación en materia de obligaciones de alimentos

Las disposiciones del capítulo IV del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en particular el artículo 41, apartado 1, de este Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y que desea ejecutarla en otro Estado miembro, puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente, como un tribunal especializado, de este último Estado miembro, y no puede estar obligado a presentar su solicitud a tal autoridad a través de la autoridad central del Estado miembro de ejecución.

Los Estados miembros han de garantizar la plena eficacia del derecho previsto en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 4/2009 modificando eventualmente sus normas procedimentales. En cualquier caso, incumbe al juez nacional aplicar las disposiciones del citado artículo 41, apartado 1, dejando inaplicadas en caso de necesidad las disposiciones contrarias del Derecho nacional, y, por consiguiente, permitir a un acreedor de alimentos presentar su solicitud directamente ante la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, incluso si el Derecho nacional no lo prevé (TJUE, M. S. contra P. S., 9 de febrero de 2017, C‑283/16).

Espacio de libertad, seguridad y justicia

El derecho a ser oído, tal como se aplica en el marco de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, no exige en principio que, cuando una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece sendos procedimientos distintos y sucesivos para examinar la solicitud que tiene por objeto la obtención del estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria, el solicitante de protección subsidiaria tenga derecho a una audiencia oral relativa a su solicitud ni a designar o a repreguntar a testigos con ocasión de dicha audiencia.

No obstante, deberá celebrarse una audiencia oral cuando concurran circunstancias concretas, relativas a los elementos de que dispone la autoridad competente o a la situación personal o general en la que se inscribe la solicitud de protección subsidiaria, que la hagan necesaria para examinar dicha solicitud con pleno conocimiento de causa, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, M contra Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, 9 de febrero de 2017, C‑560/14).

Impuesto sobre la renta

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que prohíbe que un Estado miembro cuya legislación tributaria permite la deducción de «rendimientos negativos» correspondientes a una vivienda deniegue esta deducción a un trabajador por cuenta propia no residente cuando éste percibe en el territorio de este Estado miembro el 60 % de sus ingresos totales y no percibe en el territorio del Estado miembro donde se encuentra su vivienda ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente.

La prohibición derivada de la respuesta a la primera cuestión se aplica a todo Estado miembro de actividad en cuyo territorio perciba el trabajador por cuenta propia ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente, en proporción a la parte de estos ingresos percibida en el territorio de cada uno de los Estados miembros de actividad. A este respecto, es un «Estado miembro de actividad» todo Estado miembro que sea competente para gravar los rendimientos de la actividad de un no residente percibidos en su territorio, con independencia del lugar donde se ejerza concretamente esta actividad.

El hecho de que el contribuyente no residente de que se trate perciba parte de sus ingresos imponibles, no en el territorio de un Estado miembro, sino en el de un Estado tercero, no afecta a la respuesta que se ha dado a la segunda cuestión (TJUE, X contra Staatssecretaris van Financiën, 9 de febrero de 2017, C‑283/15).

IVA

El artículo 131 y el artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la Administración tributaria de un Estado miembro deniegue la exención del impuesto sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria por el único motivo de que, en el momento de dicha entrega, el adquirente, domiciliado en el territorio del Estado miembro de destino y titular de un número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido válido para las operaciones en dicho Estado, no se encuentre registrado en el sistema de intercambio de información sobre el IVA ni esté sujeto a un régimen de tributación de las adquisiciones intracomunitarias, aun cuando no exista ningún indicio serio de fraude y se haya acreditado que concurren los requisitos materiales exigibles para la exención. En este caso, el artículo 138, apartado 1, de la Directiva sobre el IVA, interpretado a la luz del principio de proporcionalidad, también se opone a que se deniegue tal exención en el supuesto de que el vendedor conozca las circunstancias de la aplicación del IVA que caracterizan la situación del adquirente y tenga la expectativa de que, en un momento posterior, éste obtenga el registro como operador intracomunitario con efectos retroactivos (TJUE, Euro Tyre BV contra Autoridade Tributária e Aduaneira, 9 de febrero de 2017, C‑21/16).

LECTURA

Resumen del libro: Esta obra surge con motivo del seminario sobre “Justicia Civil en la Unión Europea: Evaluación de la experiencia española y perspectivas de futuro” celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 2 de junio de 2016 en el marco el proyecto de investigación Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union -EUPILLAR-, financiado por la Comisión Europea. EUPILLAR es un proyecto de investigación en el que participan siete Universidades de seis Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de analizar la puesta en práctica en cada uno de estos países de los instrumentos comunitarios más clásicos de Derecho internacional privado, así como el papel que juegan las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la construcción del sistema de solución de diferencias para el tráfico jurídico intracomunitario. Junto a los resultados y conclusiones del trabajo de campo realizado sobre la práctica en nuestro país, este volumen recoge la amplia mayoría de las ponencias presentadas en el seminario celebrado el 2 de junio de 2016. En ellas se abordan cuestiones específicas que, cubriendo todos los ámbitos materiales que alcanza el proyecto, combinan el análisis académico y práctico con el fin de detectar y profundizar mejor en las fortalezas y debilidades del sistema en nuestro país así como, de esta forma, proyectar la continuación de nuestro esfuerzo en pro de la mejora de la justicia civil transfronteriza intracomunitaria.

Dykinson, S.L., 2017, 294 p., 18,75 € (ebook)
ISBN: 978-84-9148-083-9