EDICIÓN DEL LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • Control del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión
  • Propuesta de Reforma: COM/2017/085 final (Propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión)
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 21 al 27 de febrero de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Marca de la Unión
  • Club de lectura: El Corredor Mediterráneo (Eloïse Libourel)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN

La comitología

Art. 17.1 TUE: La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.

PUNTOS ESENCIALES DEL REGLAMENTO

Objeto (art. 1)

El presente Reglamento establece las normas y principios generales que regulan los mecanismos aplicables en los casos en que un acto jurídicamente vinculante de la Unión (denominado en lo sucesivo «acto de base») determine la necesidad de condiciones uniformes de ejecución y requiera que la adopción de actos de ejecución por la Comisión esté sometida al control de los Estados miembros.

Selección del procedimiento (art. 2)

1. Un acto de base podrá disponer que se aplique el procedimiento consultivo o el procedimiento de examen, atendiendo a la naturaleza o a las repercusiones de los actos de ejecución cuya adopción se requiera.

2. El procedimiento de examen se aplicará, en particular, a la adopción de:

  • a) actos de ejecución de alcance general;
  • b) otros actos de ejecución relacionados con:
    • i) programas con implicaciones importantes,
    • ii) la política agrícola común y la política pesquera común,
    • iii) el medio ambiente, la seguridad o la protección de la salud o la seguridad de las personas, los animales y las plantas,
    • iv) la política comercial común,
  • v) la fiscalidad.

3. El procedimiento consultivo se aplicará, como regla general, a la adopción de actos de ejecución que no estén incluidos en el ámbito del apartado 2. No obstante, el procedimiento consultivo podrá aplicarse, asimismo, a la adopción de los actos de ejecución contemplados en el apartado 2, en casos debidamente justificados.

Disposiciones comunes (art. 3)

1. Las disposiciones comunes establecidas en el presente artículo se aplicarán a todos los procedimientos mencionados en los artículos 4 a 8.

2. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros. El comité estará presidido por un representante de la Comisión. El presidente no participará en las votaciones del comité.

3. El presidente presentará al comité el proyecto de acto de ejecución que la Comisión deba adoptar.

Salvo en casos debidamente justificados, el presidente convocará una reunión en un plazo no inferior a 14 días a partir de la presentación al comité del proyecto de acto de ejecución y del proyecto de orden del día. El comité emitirá su dictamen sobre el proyecto de acto de ejecución en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto. Los plazos deberán ser proporcionados y brindar a los miembros del comité la oportunidad de examinar con la suficiente antelación y de forma efectiva el proyecto de acto de ejecución y de expresar sus opiniones.

4. Hasta que el comité emita un dictamen, cualquiera de sus miembros podrá sugerir modificaciones, y el presidente podrá presentar versiones modificadas del proyecto de acto de ejecución.

El presidente procurará hallar soluciones que reciban el apoyo más amplio posible en el comité. El presidente informará al comité de la forma en que se han tenido en cuenta los debates y las sugerencias de modificación, en particular en lo que se refiere a las sugerencias que han contado con un amplio apoyo en el comité.

5. En casos debidamente justificados, el presidente podrá obtener el dictamen del comité mediante un procedimiento escrito. El presidente enviará a los miembros del comité el proyecto de acto de ejecución y fijará el plazo para la emisión del dictamen en función de la urgencia del asunto. Se considerará que los miembros del comité que no se hayan opuesto al proyecto de acto de ejecución ni abstenido expresamente de votarlo antes de la expiración de dicho plazo han otorgado su acuerdo tácito al proyecto de acto de ejecución.

Salvo disposición en contrario del acto de base, se pondrá fin al procedimiento escrito sin resultado cuando, en el plazo contemplado en el párrafo primero, el presidente así lo decida o un miembro del comité así lo solicite. En tal caso, el presidente convocará una reunión del comité en un plazo razonable.

6. El dictamen del comité se hará constar en el acta. Cualquier miembro del comité tendrá derecho a solicitar que su posición se haga constar en el acta. El presidente transmitirá el acta sin demora a los miembros del comité.

7. Cuando sea aplicable, el mecanismo de control incluirá la remisión a un comité de apelación.

El comité de apelación adoptará su propio reglamento interno por mayoría simple de los miembros que lo componen, a partir de una propuesta de la Comisión.

Cuando se remita una cuestión al comité de apelación, este se reunirá a los 14 días como muy pronto, salvo casos debidamente justificados, y a las seis semanas como muy tarde de la fecha de la remisión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el comité de apelación emitirá su dictamen en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la remisión.

Un representante de la Comisión presidirá el comité de apelación.

El presidente fijará la fecha de la reunión del comité de apelación en estrecha cooperación con los miembros del comité, con el fin de permitir a los Estados miembros y a la Comisión garantizar el nivel adecuado de representación. La Comisión convocará la primera reunión del comité de apelación a más tardar el 1 de abril de 2011, con el fin de adoptar su reglamento interno.

Procedimiento consultivo (art. 4)

1. Cuando se aplique el procedimiento consultivo, el comité emitirá su dictamen, procediendo, cuando sea necesario, a una votación. Si se procede a una votación, el dictamen se adoptará por mayoría simple de los miembros que lo componen.

2. La Comisión decidirá sobre el proyecto de acto de ejecución que deberá adoptarse teniendo en cuenta en la mayor medida posible las conclusiones de los debates del comité y el dictamen emitido.

Procedimiento de examen (art. 5)

1. Cuando se aplique el procedimiento de examen, el comité emitirá su dictamen por la mayoría prevista en el artículo 16, apartados 4 y 5, del Tratado de la Unión Europea y, cuando proceda, en el artículo 238, apartado 3, del TFUE, para los actos que deban adoptarse a partir de una propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité se ponderarán del modo establecido en dichos artículos.

2. Cuando el comité emita un dictamen favorable, la Comisión adoptará el proyecto de acto de ejecución.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, si el comité emite un dictamen no favorable, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución. Cuando se considere necesario un acto de ejecución, el presidente podrá, bien presentar al mismo comité una versión modificada del proyecto de acto de ejecución en el plazo de dos meses a partir de la emisión del dictamen no favorable, bien presentar al comité de apelación para una nueva deliberación el proyecto de acto de ejecución en el plazo de un mes a partir de dicha emisión.

4. En ausencia de dictamen, la Comisión podrá adoptar el proyecto de acto de ejecución, salvo en los casos contemplados en el párrafo segundo. Si la Comisión no adopta el proyecto de acto de ejecución, el presidente podrá presentar al comité una versión modificada del mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución cuando:

  • a) dicho acto se refiera a la fiscalidad, los servicios financieros, la protección de la salud o la seguridad de las personas, los animales o las plantas, o medidas de salvaguardia multilaterales definitivas;
  • b) el acto de base establezca que el proyecto de acto de ejecución no podrá ser adoptado si no se ha emitido un dictamen, o
  • c) se oponga a ello una mayoría simple de los miembros que componen el comité.

En cualquiera de los casos mencionados en el párrafo segundo, cuando se considere necesario un acto de ejecución, el presidente podrá, bien presentar al mismo comité una versión modificada del mismo en el plazo de dos meses a partir de la votación, bien presentar al comité de apelación para una nueva deliberación el proyecto de acto de ejecución en el plazo de un mes a partir de la votación.

5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 4, se aplicará el siguiente procedimiento para la adopción de proyectos de medidas antidumping o compensatorias definitivas en los casos en que el comité no haya emitido un dictamen y una mayoría simple de los miembros que lo componen se oponga al proyecto de acto de ejecución.

La Comisión realizará consultas con los Estados miembros. A los 14 días como muy pronto y al mes como muy tarde de la reunión del comité, la Comisión informará a los miembros de los resultados de esas consultas y presentará un proyecto de acto de ejecución al comité de apelación. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 7, el comité de apelación se reunirá a los 14 días como muy pronto y al mes como muy tarde de la presentación del proyecto de acto de ejecución. El comité de apelación emitirá su dictamen con arreglo al artículo 6. Los plazos establecidos en el presente apartado se entenderán sin perjuicio de la obligación de respetar los plazos fijados en los actos de base pertinentes.

Remisión al comité de apelación (art. 6)

1. El comité de apelación emitirá su dictamen por la mayoría prevista en el artículo 5, apartado 1.

2. Hasta que se emita un dictamen, cualquier miembro del comité de apelación podrá sugerir modificaciones al proyecto de acto de ejecución y el presidente podrá decidir si lo modifica o no.

El presidente procurará hallar soluciones que reciban el apoyo más amplio posible en el comité de apelación.

El presidente informará al comité de apelación de la forma en que se han tenido en cuenta los debates y las sugerencias de modificación, en particular en lo que se refiere a las sugerencias de modificación que han contado con un amplio apoyo en el comité de apelación.

3. Cuando el comité de apelación emita un dictamen favorable, la Comisión adoptará el proyecto de acto de ejecución.

En ausencia de dictamen, la Comisión podrá adoptar el proyecto de acto de ejecución.

Cuando el comité de apelación emita un dictamen no favorable, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, para la adopción de medidas de salvaguardia multilaterales definitivas, en ausencia de un dictamen favorable votado por la mayoría que se establece en el artículo 5, apartado 1, la Comisión no adoptará el proyecto de medidas.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, hasta el 1 de septiembre de 2012 el comité de apelación emitirá su dictamen sobre proyectos de medidas antidumping o de compensación definitivas por mayoría simple de los miembros que lo componen.

Adopción de actos de ejecución en casos excepcionales (art. 7)

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3 y apartado 4, párrafo segundo, la Comisión podrá adoptar un proyecto de acto de ejecución cuando deba adoptarse sin demora con el fin de evitar perturbaciones significativas en los mercados en el sector de la agricultura o un riesgo para los intereses financieros de la Unión en el sentido del artículo 325 del TFUE.

En tal caso, la Comisión presentará inmediatamente al comité de apelación el acto de ejecución adoptado. Cuando el comité de apelación emita un dictamen no favorable sobre el acto adoptado, la Comisión revocará ese acto de inmediato. Cuando el comité de apelación emita un dictamen favorable o no emita ningún dictamen, el acto de ejecución seguirá en vigor.

Actos de ejecución inmediatamente aplicables (art. 8)

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 4 y 5, un acto de base podrá disponer que, por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, el presente artículo sea de aplicación.

2. La Comisión adoptará un acto de ejecución que será aplicable inmediatamente, sin previa presentación al comité, y permanecerá en vigor por un plazo no superior a seis meses, salvo disposición en contrario en el acto de base.

3. A más tardar 14 días después de su adopción, el presidente presentará al comité competente el acto mencionado en el apartado 2 a fin de obtener su dictamen.

4. Cuando se aplique el procedimiento de examen, en caso de que el comité emita un dictamen no favorable, la Comisión revocará de inmediato los actos adoptados de conformidad con el apartado 2.

5. Cuando la Comisión adopte medidas antidumping o de compensación provisionales, se aplicará el procedimiento contemplado en el presente artículo. La Comisión adoptará dichas medidas previa consulta o, en caso de extrema urgencia, tras informar a los Estados miembros. En este último caso, se celebrarán consultas a más tardar diez días después de que la Comisión notifique a los Estados miembros las medidas que haya adoptado.

Reglamento interno (art. 9)

1. Cada comité aprobará su reglamento interno, por mayoría simple de sus miembros y a propuesta de su presidente, basándose en las normas estándar que la Comisión elaborará previa consulta con los Estados miembros. La Comisión publicará estas normas estándar en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los comités existentes adaptarán sus reglamentos internos a las normas estándar en la medida en que sea necesario.

2. Serán aplicables a los comités los principios y las condiciones referentes al acceso público a los documentos y las normas sobre protección de datos aplicables a la Comisión.

Información sobre las deliberaciones de los comités (art. 10)

1. La Comisión llevará un registro de las deliberaciones de los comités, que contendrá:

  • a) una lista de los comités;
  • b) los órdenes del día de las reuniones de los comités;
  • c) las actas resumidas, junto con las listas de las autoridades y organizaciones a las que pertenezcan las personas designadas por los Estados miembros para representarlos;
  • d) los proyectos de actos de ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités;
  • e) los resultados de las votaciones;
  • f) los proyectos finales de los actos de ejecución conforme al dictamen de los comités;
  • g) información sobre la adopción por la Comisión de los proyectos finales de los actos de ejecución, y
  • h) datos estadísticos sobre el trabajo de los comités.

2. La Comisión publicará también un informe anual sobre el trabajo de los comités.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a la información mencionada en el apartado 1 de conformidad con las normas aplicables.

4. Al mismo tiempo que se envían a los miembros de los comités, la Comisión pondrá a disposición del Parlamento Europeo y al Consejo los documentos a que se refiere el apartado 1, letras b), d) y f), y les informará, asimismo, de la disponibilidad de dichos documentos.

5. Se harán públicas en el registro las referencias de todos los documentos mencionados en el apartado 1, letras a) a g), así como la información mencionada en el apartado 1, letra h).

Derecho de control del Parlamento Europeo y del Consejo (art. 11)

Cuando el acto de base se adopte con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán indicar en todo momento a la Comisión que, en su opinión, un proyecto de acto de ejecución excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base. En tal caso, la Comisión revisará el proyecto de acto correspondiente, teniendo en cuenta las posiciones expresadas, e informará al Parlamento Europeo y al Consejo de si se propone mantener, modificar o retirar el proyecto de acto de ejecución.

PROPUESTA DE REFORMA

La Propuesta

La iniciativa responde a una declaración del presidente de la Comisión en su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2016, en la que afirmaba: «No es justo que, cuando los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre si se debe prohibir el uso del glifosato en los herbicidas, el Parlamento y el Consejo obliguen a la Comisión a tomar una decisión. Así que cambiaremos esas normas, ya que eso no es democracia».

Aspectos jurídicos de la Propuesta:

  • Modificación de las normas de votación del comité de apelación
  • Nueva remisión al comité de apelación a nivel ministerial
  • Publicidad de los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del comité de apelación
  • Posibilidad de remitir la cuestión al Consejo para dictamen

Modificación de las normas de votación del comité de apelación

En el marco del procedimiento de examen, los comités, incluido el comité de apelación, emiten sus dictámenes de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 182/2011 por la mayoría prevista en el artículo 16, apartados 4 y 5, del Tratado UE, y en su caso en el artículo 238, apartado 3, del TFUE. El artículo 16, apartado 4, del TUE y el artículo 238, apartado 3, del TFUE establecen una doble mayoría. De conformidad con estos artículos, se alcanza la mayoría cualificada si la mayoría:

1) abarca al menos el 55 % de los Estados miembros; esto significa que la mayoría cualificada debe abarcar al menos a 16 Estados miembros;

2) representa a Estados miembros que reúnen como mínimo al 65 % de la población de la Unión.

En los casos en que no todos los Estados miembros participan en la votación, el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE fija la mayoría cualificada en un mínimo del 55 % de los Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de dichos Estados. En tales casos, una minoría de bloqueo debe incluir al menos un número mínimo de Estados miembros que representen más del 35 % de la población de los Estados miembros participantes, más un Estado miembro, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

Con arreglo a las normas actuales, las abstenciones o los Estados miembros que no están presentes o representados no se tienen en cuenta para alcanzar una mayoría cualificada a favor o en contra de un proyecto, pero no se deducen de las cifras globales sobre cuya base se calcula el 55 % de los Estados miembros y el 65 % de la población de la Unión. En la práctica, esto significa que las abstenciones expresadas en las votaciones y las ausencias de los Estados miembros que decidan no estar presentes o representados aumentan la probabilidad de que se produzca una ausencia de dictamen y la decisión vuelva a la Comisión. Las normas actuales no animan a los Estados miembros a votar a favor o en contra del proyecto de acto de ejecución, y por lo tanto no permiten que el comité de apelación desempeñe su papel.

Por esta razón, se propone modificar las normas de votación del comité de apelación para reducir el riesgo de ausencia de dictamen y aclarar las posiciones de los Estados miembros, de forma que los Estados miembros ausentes o que se abstengan sean considerados «Estados miembros no participantes» para el cálculo de la mayoría cualificada. Esto significa que la doble mayoría (55 % de los Estados miembros que representen el 65 % de la población) se calculará únicamente sobre la base de los Estados miembros que participen en la votación, es decir, que voten a favor o en contra del proyecto, de conformidad con el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE. La minoría de bloqueo también se calculará conforme a esta disposición del Tratado.

A fin de garantizar que la votación sea representativa, es conveniente introducir en el Reglamento de comitología un quórum que prevea que una votación solo puede considerarse válida si una mayoría simple de los Estados miembros participa en la votación a nivel del comité de apelación. Los cambios en cuestión se introducirán en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Como ya ocurre actualmente, para evitar que el proceso se bloquee por falta de quórum, cuando expira el plazo de que dispone el comité de apelación para emitir un dictamen, se considera que el comité de apelación no ha emitido ningún dictamen.

Nueva remisión al comité de apelación a nivel ministerial

El comité de apelación no ha conseguido hasta la fecha, generalmente, impedir que se produzcan situaciones de ausencia de dictamen, ni contribuir a aclarar la posición de los Estados miembros. El Reglamento (UE) n.º 182/2011 hace referencia a un nivel adecuado de representación 17 y el Reglamento interno del comité de apelación, adoptado por los Estados miembros, precisa que, como norma general, la representación en el seno del comité no debe estar por debajo del nivel de miembros del Comité de Representantes Permanentes. La experiencia muestra que, hasta la fecha, los Estados miembros han estado representados por sus Representaciones Permanentes en la mayoría de los casos.

A fin de reforzar el papel del comité de apelación en casos especialmente sensibles, se propone prever la posibilidad de una nueva consulta del comité de apelación cuando no se haya emitido un dictamen. Esto permitirá examinar las cuestiones problemáticas de nuevo al nivel político adecuado. Con este propósito, se propone que el presidente podrá decidir organizar una nueva reunión del comité de apelación indicando que el nivel de representación más adecuado para esta reunión es el nivel ministerial. Para permitir la organización de esta reunión adicional, el plazo total de que dispone el comité de apelación para emitir un dictamen debe prorrogarse un mes, quedando así fijado en tres meses a partir de la consulta inicial. Los cambios en cuestión se introducirán en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Publicidad de los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del comité de apelación

Los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación están protegidos actualmente por las normas de confidencialidad establecidas en el Reglamento interno del comité de apelación, al igual que las votaciones de los comités de examen y los comités consultivos. El artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 regula la información sobre las deliberaciones de los comités que puede hacerse pública, y por lo que respecta a las votaciones, hace referencia a los «resultados de la votaciones», es decir, únicamente a los resultados globales y no a los votos de los distintos Estados miembros. La Comisión considera que es necesaria una mayor transparencia en lo que respecta a las posiciones de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación. La propuesta de hacer públicos los votos de los representantes de los Estados miembros pretende aumentar la claridad sobre la posición de los Estados miembros. La disposición correspondiente para hacer públicos los votos de los representantes de los Estados miembros en el comité de apelación se incluirá en el artículo 10, apartado 1, letra e), y en el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Posibilidad de remitir la cuestión al Consejo para dictamen

En virtud del artículo 291 del TFUE, la Comisión está facultada por el legislador para adoptar actos de ejecución bajo el control de los Estados miembros. Por lo tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo no participan en modo alguno en el proceso de toma de decisiones y su papel se limita al ejercicio del derecho de control previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

De conformidad con el artículo 291, apartado 1, del TFUE, los Estados miembros son responsables de aplicar los actos de la Unión y de controlar a la Comisión con respecto a las competencias de ejecución que se le atribuyen. En los casos en que los Estados miembros no consiguen emitir un dictamen claro en el marco de este proceso de control, debe existir la posibilidad de someter la cuestión al Consejo, que es la institución de la Unión en la que los Gobiernos de los Estados miembros están representados a nivel ministerial y que tiene una visión de conjunto de todas las políticas de la Unión. Por consiguiente, se propone que la Comisión pueda remitir formalmente al Consejo aquellos casos específicos en que se haya producido una ausencia de dictamen en el comité de apelación, para que este emita un dictamen no vinculante, a fin de recabar su apreciación política sobre las consecuencias de la ausencia de dictamen, incluidas las implicaciones institucionales, jurídicas, políticas e internacionales. La Comisión deberá tener en cuenta la posición expresada por el Consejo dentro de los tres meses siguientes a la remisión. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá fijar un plazo más corto.

CAMBIOS PROPUESTOS

Art. 3 (nuevo)

1. Las disposiciones comunes establecidas en el presente artículo se aplicarán a todos los procedimientos mencionados en los artículos 4 a 8.

2. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros. El comité estará presidido por un representante de la Comisión. El presidente no participará en las votaciones del comité.

3. El presidente presentará al comité el proyecto de acto de ejecución que la Comisión deba adoptar.

Salvo en casos debidamente justificados, el presidente convocará una reunión en un plazo no inferior a 14 días a partir de la presentación al comité del proyecto de acto de ejecución y del proyecto de orden del día. El comité emitirá su dictamen sobre el proyecto de acto de ejecución en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto. Los plazos deberán ser proporcionados y brindar a los miembros del comité la oportunidad de examinar con la suficiente antelación y de forma efectiva el proyecto de acto de ejecución y de expresar sus opiniones.

4. Hasta que el comité emita un dictamen, cualquiera de sus miembros podrá sugerir modificaciones, y el presidente podrá presentar versiones modificadas del proyecto de acto de ejecución.

El presidente procurará hallar soluciones que reciban el apoyo más amplio posible en el comité. El presidente informará al comité de la forma en que se han tenido en cuenta los debates y las sugerencias de modificación, en particular en lo que se refiere a las sugerencias que han contado con un amplio apoyo en el comité.

5. En casos debidamente justificados, el presidente podrá obtener el dictamen del comité mediante un procedimiento escrito. El presidente enviará a los miembros del comité el proyecto de acto de ejecución y fijará el plazo para la emisión del dictamen en función de la urgencia del asunto. Se considerará que los miembros del comité que no se hayan opuesto al proyecto de acto de ejecución ni abstenido expresamente de votarlo antes de la expiración de dicho plazo han otorgado su acuerdo tácito al proyecto de acto de ejecución.

Salvo disposición en contrario del acto de base, se pondrá fin al procedimiento escrito sin resultado cuando, en el plazo contemplado en el párrafo primero, el presidente así lo decida o un miembro del comité así lo solicite. En tal caso, el presidente convocará una reunión del comité en un plazo razonable.

6. El dictamen del comité se hará constar en el acta. Cualquier miembro del comité tendrá derecho a solicitar que su posición se haga constar en el acta. El presidente transmitirá el acta sin demora a los miembros del comité.

7. Cuando sea aplicable, el mecanismo de control incluirá la remisión a un comité de apelación.

El comité de apelación adoptará su propio reglamento interno por mayoría simple de los miembros que lo componen, a partir de una propuesta de la Comisión.

Cuando se remita una cuestión al comité de apelación, este se reunirá a los 14 días como muy pronto, salvo casos debidamente justificados, y a las seis semanas como muy tarde de la fecha de la remisión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el comité de apelación emitirá su dictamen en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la remisión.

Un representante de la Comisión presidirá el comité de apelación.

El presidente fijará la fecha de la reunión del comité de apelación en estrecha cooperación con los miembros del comité, con el fin de permitir a los Estados miembros y a la Comisión garantizar el nivel adecuado de representación. La Comisión convocará la primera reunión del comité de apelación a más tardar el 1 de abril de 2011, con el fin de adoptar su reglamento interno.

Cuando el comité de apelación no emita ningún dictamen con arreglo al artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, el presidente podrá decidir que se convoque una nueva reunión del mismo a nivel ministerial. En tal caso, el comité de apelación emitirá su dictamen en un plazo de tres meses a partir de la fecha inicial de la remisión.

Art. 6 (nuevo)

1. El comité de apelación emitirá su dictamen por la mayoría prevista en el artículo 5, apartado 1.

No obstante, únicamente los miembros del comité de apelación que estén presentes o representados en la votación y que no se abstengan de votar se considerarán miembros participantes del comité de apelación. La mayoría contemplada en el artículo 5, apartado 1, será la mayoría cualificada contemplada en el artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE. Una votación solo se considerará válida si los miembros participantes constituyen una mayoría simple de los Estados miembros.

2. Hasta que se emita un dictamen, cualquier miembro del comité de apelación podrá sugerir modificaciones al proyecto de acto de ejecución y el presidente podrá decidir si lo modifica o no.

El presidente procurará hallar soluciones que reciban el apoyo más amplio posible en el comité de apelación.

El presidente informará al comité de apelación de la forma en que se han tenido en cuenta los debates y las sugerencias de modificación, en particular en lo que se refiere a las sugerencias de modificación que han contado con un amplio apoyo en el comité de apelación.

3. Cuando el comité de apelación emita un dictamen favorable, la Comisión adoptará el proyecto de acto de ejecución.

En ausencia de dictamen, la Comisión podrá adoptar el proyecto de acto de ejecución.

Cuando el comité de apelación emita un dictamen no favorable, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución.

3 bis. Cuando el comité de apelación no emita ningún dictamen, la Comisión podrá remitir el asunto al Consejo para dictamen, con vistas a recabar su opinión y apreciación sobre las consecuencias más generales de una ausencia de dictamen, incluidas las implicaciones institucionales, jurídicas, políticas e internacionales. La Comisión tendrá en cuenta las posiciones expresadas por el Consejo dentro de los tres meses siguientes a la remisión. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá fijar un plazo más corto.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, para la adopción de medidas de salvaguardia multilaterales definitivas, en ausencia de un dictamen favorable votado por la mayoría que se establece en el artículo 5, apartado 1, la Comisión no adoptará el proyecto de medidas.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, hasta el 1 de septiembre de 2012 el comité de apelación emitirá su dictamen sobre proyectos de medidas antidumping o de compensación definitivas por mayoría simple de los miembros que lo componen.

Art. 10 (nuevo)

1. La Comisión llevará un registro de las deliberaciones de los comités, que contendrá:

  • a) una lista de los comités;
  • b) los órdenes del día de las reuniones de los comités;
  • c) las actas resumidas, junto con las listas de las autoridades y organizaciones a las que pertenezcan las personas designadas por los Estados miembros para representarlos;
  • d) los proyectos de actos de ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités;
  • e) los resultados de las votaciones, incluidos, en el caso del comité de apelación, los votos emitidos por el representante de cada Estado miembro;
  • f) los proyectos finales de los actos de ejecución conforme al dictamen de los comités;
  • g) información sobre la adopción por la Comisión de los proyectos finales de los actos de ejecución, y
  • h) datos estadísticos sobre el trabajo de los comités.
    2. La Comisión publicará también un informe anual sobre el trabajo de los comités.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a la información mencionada en el apartado 1 de conformidad con las normas aplicables.

4. Al mismo tiempo que se envían a los miembros de los comités, la Comisión pondrá a disposición del Parlamento Europeo y al Consejo los documentos a que se refiere el apartado 1, letras b), d) y f), y les informará, asimismo, de la disponibilidad de dichos documentos.

5. Se harán públicas en el registro las referencias de todos los documentos mencionados en el apartado 1, letras a) a d), f) y g), así como la información mencionada en el apartado 1, letras e) y h).

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Scooter

MARCA DE LA UNIÓN. Al declarar en el apartado 35 de la sentencia recurrida que, según el punto de vista plasmado en el punto V de la Comunicación n.º 2/12, procedía interpretar el concepto «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», correspondiente a los productos mencionados en el título de la clase 12 del Arreglo de Niza, que figuraba en la solicitud de marca LAMBRETTA en el sentido de que pretendía proteger esa marca para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética de esa clase 12, el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho que pueda justificar la anulación de la sentencia recurrida (TJUE, Brandconcern BV contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Scooters India Ltd, 16 de febrero de 2017, C‑577/14 P).

Radiadores

MARCA DE LA UNIÓN. Por razones de seguridad jurídica y, precisamente, de buena administración, el examen de toda solicitud de registro debe ser estricto y completo, a fin de evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión incurre en alguno de los motivos de denegación (Tribunal General, Antrax It Srl contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 16 de febrero de 2017, T‑828/14 y T‑829/14).

LECTURA

Resumen del libro: El Corredor Mediterráneo, como proyecto de eje ferroviario, constituye un elemento clave de la planificación española y europea. Además de tener un papel de infraestructura de transporte, también cristaliza en cuestiones económicas y políticas a distintos niveles territoriales. Representa un cambio en la lógica de ordenación del territorio, al reforzar el eje litoral en detrimento de los enlaces radiales con la capital. En este libro se propone entender cómo el Corredor viene a ser un patente factor que incita a revisar el papel de los distintos actores implicados -políticos, económicos, institucionales…-, así como a reinterpretar los paradigmas de la ordenación del territorio e interrogar la dialéctica entre las cuestiones propias de las distintas escalas territoriales. El Corredor Mediterráneo, además de tener un papel de infraestructura de transporte, también cristaliza en cuestiones económicas y políticas a distintos niveles territoriales. En este libro se propone entender cómo el Corredor viene a ser un patente factor que incita a revisar el papel de los distintos actores implicados – así como a reinterpretar los paradigmas de la ordenación del territorio.