EDICIÓN DEL LUNES 6 DE MARZO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • Debate: El futuro de Europa
  • Presentación de los 5 escenarios propuestos por la Comisión
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Aproximación de legislación; Cooperación judicial en materia civil y mercantil; Derechos de autor; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Intereses financieros de la Unión; Libre circulación de trabajadores; Medio ambiente; Transportes por carretera
  • Lectura: Derecho Europeo de la Competencia (Dir: Ruiz Peris, Juan Ingnacio; Estevan de Quesada, Carmen)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

DEBATE: EL FUTURO DE EUROPA

Conclusiones del Libro Blanco: La UE es un proyecto único en el que se han combinado las prioridades nacionales y se ha compartido voluntariamente la soberanía nacional para servir mejor a los intereses nacionales y colectivos. No siempre ha sido una tarea fácil, ni tampoco perfecta, pero la UE ha demostrado su capacidad de adaptarse y su valor a lo largo del tiempo. De acuerdo con el lema de «unidad en la diversidad», la UE y sus Estados miembros han sido capaces de aprovechar las fortalezas y riquezas únicas de sus naciones para lograr avances sin precedentes.

En un mundo incierto, la fascinación por el aislamiento puede resultar tentadora para algunos, pero las consecuencias de la división y la fragmentación serían de gran calado. Expondría a los países europeos y a sus ciudadanos al fantasma de un pasado de división y les convertiría en presa de los intereses de poderes más fuertes.

Ahora Europa debe elegir. Hay tantas oportunidades como desafíos. Puede ser la hora de Europa, pero solo podrá aprovecharse si los 27 Estados miembros actúan al unísono con una determinación común.

Escenario 1: Seguir igual

La Unión Europea se centra en cumplir su programa de reformas positivas

En un escenario en el que la EU-27 mantiene su rumbo, esta se centra en la aplicación y mejora de su actual programa de reformas. Este esfuerzo se lleva a cabo de acuerdo con el espíritu del programa de la Comisión de 2014, «Un nuevo comienzo para Europa», y de la Declaración de Bratislava, aprobada por los 27 Estados miembros en 2016. Las prioridades se actualizan periódicamente, se abordan los problemas a medida que van surgiendo y se va desarrollando legislación en consecuencia.

Los veintisiete Estados miembros y las instituciones de la UE aplican un programa de acción conjunta. La velocidad de la toma de decisiones depende de la superación de las diferencias de puntos de vista para conseguir resultados en materia de prioridades colectivas a largo plazo. La legislación de la UE se analiza periódicamente para comprobar su idoneidad y se retira la legislación obsoleta.

Escenario 2: Solo el mercado único

La Unión Europea se vuelve a centrar gradualmente en el mercado único

En un escenario en el que la EU-27 no logra ponerse de acuerdo en hacer más en muchos ámbitos políticos, se va centrando cada vez más en la profundización de determinados aspectos clave del mercado único. No hay voluntad común de colaborar más estrechamente en ámbitos como la migración, la seguridad o la defensa.

Como consecuencia de ello, la EU-27 no intensifica su trabajo en la mayoría de ámbitos políticos. La cooperación en nuevas cuestiones de interés común se gestiona a menudo de forma bilateral.

Asimismo, la EU-27 reduce considerablemente la carga normativa retirando dos actos legislativos vigentes por cada nueva iniciativa propuesta.

Escenario 3: Los que desean hacer más, hacen más

La Unión Europea permite a los Estados miembros que lo deseen una mayor colaboración en ámbitos específicos

En un escenario en el que la EU-27 sigue funcionando como en la actualidad, pero en el que algunos Estados miembros quieren hacer más cosas en común, surgen una o varias «coaliciones de voluntades» para colaborar en determinados ámbitos políticos, como la defensa, la seguridad interior, la fiscalidad o las cuestiones sociales.

Como consecuencia de ello, nuevos grupos de Estados miembros se ponen de acuerdo sobre disposiciones legales y presupuestarias específicas para intensificar su cooperación en determinados ámbitos. Tal como sucedió en el caso del espacio Schengen o del euro, esto puede hacerse a partir del marco común de la EU-27 y requiere una clarificación de los derechos y responsabilidades. Se mantiene la situación de los demás Estados miembros, que conservan la posibilidad de unirse a la larga a aquellos que han reforzado su colaboración.

Escenario 4: Hacer menos pero de forma más eficiente

La Unión Europea se centra en aumentar y acelerar los logros en determinados ámbitos, interviniendo menos en los demás

En un escenario en el que existe consenso sobre la necesidad de afrontar mejor determinadas prioridades conjuntamente, la EU-27 decide centrar su atención y sus recursos limitados en un número reducido de ámbitos.

Como consecuencia de ello, la EU-27 está más centrada y es capaz de actuar con mayor rapidez y de forma más decisiva en los ámbitos prioritarios que ha elegido. En estos ámbitos, se le otorgan instrumentos más potentes a fin de aplicar directamente y ejecutar las decisiones colectivas, como sucede hoy en día con la política de competencia o la supervisión bancaria. En los demás ámbitos, la EU-27 deja de actuar o interviene poco.

Al elegir sus nuevas prioridades, la EU-27 pretende una mayor correspondencia entre las promesas, las expectativas y los resultados. Un ejemplo típico de desajuste reciente es el escándalo de las emisiones de automóviles, en el que muchos esperan que la UE proteja a los consumidores frente al engaño de los fabricantes, pero esta no tiene competencias o instrumentos para hacerlo de una manera directa y visible.

Escenario 5: Hacer mucho más conjuntamente

La Unión Europea decide hacer mucho más conjuntamente en todos los ámbitos políticos

En un escenario en el que existe consenso sobre el hecho de que ni la EU-27 en su estado actual ni los países europeos por su cuenta disponen de medios suficientes para hacer frente a los retos actuales, los Estados miembros deciden compartir más competencias, recursos y tomas de decisiones en todos los ámbitos.

Como consecuencia de ello, la cooperación entre todos los Estados miembros va más lejos que nunca en todos los ámbitos. Del mismo modo, la zona del euro se consolida teniendo claro que lo que es beneficioso para los países que comparten la moneda común también es beneficioso para todos. Las decisiones se toman rápidamente a escala europea y se acelera su ejecución.

¿Qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra Unión?

¡Participa en el debate!

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Telefono

APROXIMACIÓN DE LEGISLACIÓN. El coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante (TJUE, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, 2 de marzo de 2017, C-568/15)

Asilo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. El Tribunal General de la UE se declara carente de competencia para resolver los recursos de tres solicitantes de asilo contra la Declaración UE-Turquía que pretende resolver la crisis migratoria (Tribunal General, Auto, NF/Consejo Europeo, 28 de febrero de 2017, T-192/16,T-193/16,T-257/16)

Cooperación judicial en materia civil y mercantil

El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual, en el supuesto de que un documento judicial notificado a un demandado residente en el territorio de otro Estado miembro no esté redactado ni vaya acompañado de una traducción bien en una lengua que el propio demandado entienda, o bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido, o en la lengua oficial o una de la lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, la omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del citado Reglamento llevará aparejada la nulidad de la notificación o del traslado, aunque tal nulidad deba ser alegada por ese mismo demandado dentro de un plazo determinado o a partir del inicio del procedimiento y antes de llevar a cabo cualquier actuación en cuanto al fondo.

El mismo Reglamento n.º 1393/2007 exige, en cambio, que tal omisión sea subsanada, de conformidad con las disposiciones que el propio Reglamento establece, mediante la comunicación al interesado del formulario normalizado que figura en el anexo II del mismo.

El Reglamento n.º 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que la notificación o el traslado por correo de un escrito de demanda o documento equivalente serán válidos incluso en los siguientes casos:

  • cuando el acuse de recibo de la carta certificada que contenga el documento que deba notificarse o trasladarse al destinatario haya sido sustituido por otro documento, siempre que este último ofrezca garantías equivalentes en materia de la información facilitada y de prueba. Incumbe al tribunal que conozca del asunto en el Estado miembro de origen comprobar que el destinatario ha recibido el documento de que se trate en condiciones en que se haya respetado su derecho de defensa;
  • cuando el documento que deba notificarse o trasladarse no haya sido entregado personalmente a su destinatario, siempre que lo haya sido a una persona adulta que se encuentre en la residencia habitual del destinatario, ya sea como miembro de la familia de éste o como persona empleada a su servicio. Incumbirá en su caso al destinatario acreditar, por todos los medios de prueba admisibles ante el tribunal que conozca del asunto en el Estado miembro de origen, que no pudo tener conocimiento efectivo del hecho de que se hubiera incoado contra él un procedimiento judicial en otro Estado miembro, o identificar el objeto y la causa de la demanda, o disponer de tiempo suficiente para preparar su defensa (TJUE, Andrew Marcus Henderson contra Novo Banco SA, 2 de marzo de 2017, C‑354/15).

Derechos de autor

El artículo 9 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y más concretamente el concepto de «acceso al cable por parte de los servicios de radiodifusión», debe interpretarse en el sentido de que esta disposición no incluye en su ámbito de aplicación ni autoriza una normativa nacional que excluye la existencia de violación de los derechos de autor en caso de retransmisión inmediata por cable, y eventualmente también a través de Internet, en la zona de radiodifusión inicial, de obras emitidas en cadenas de televisión sujetas a obligaciones de servicio público (TJUE, ITV Broadcasting Limited y otros contra TVCatchup Limited y otros, 1 de marzo de 2017, C‑275/15).

Intereses financieros de la Unión

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción establecido en esa disposición es aplicable al cobro de deudas de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, devengadas sobre la base del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.º 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 495/97 de la Comisión, de 18 de marzo de 1997, y del artículo 5 bis del Reglamento (CEE) n.º 3002/92 de la Comisión, de 16 de octubre de 1992, por el que se establecen las disposiciones comunes de control de la utilización o el destino de los productos procedentes de la intervención, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 770/96 de la Comisión, de 26 de abril de 1996.

El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un agente económico tenga deudas de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, no constituye una «irregularidad continua o reiterada» en el sentido de esa disposición. Tales deudas deben considerarse resultantes de la misma irregularidad, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95, que la que ha dado lugar a la recuperación de las ayudas y cantidades percibidas indebidamente, constitutivas de las deudas principales.

El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a las diligencias que lleven a la adopción de medidas administrativas dirigidas al cobro de deudas de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, el plazo de prescripción establecido en el citado artículo 3, apartado 1, párrafo primero, se contará a partir del día en que se cometió la irregularidad que dé lugar a la recuperación de las ayudas y cantidades indebidas en las que se base el cálculo de tales intereses, es decir, en la fecha del elemento constitutivo de esta irregularidad que se produzca en último lugar, a saber, bien desde el acto u omisión, bien desde el perjuicio.

El artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento n.º 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a las diligencias que lleven a la adopción de medidas administrativas dirigidas al cobro de intereses, como las controvertidas en el litigio principal, la prescripción se produce al expirar el plazo previsto en dicho artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, cuando, en ese plazo, la autoridad competente, pese a haber exigido el reembolso de las ayudas o cantidades percibidas indebidamente por el agente económico de que se trate, no haya adoptado ninguna decisión en lo que respecta a esos intereses.

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que un plazo de prescripción establecido en el Derecho nacional más largo que el establecido en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento puede aplicarse, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en lo que respecta al cobro de intereses devengados antes de la fecha de entrada en vigor de dicho plazo y no prescritos todavía con arreglo a esta última disposición (TJUE, Glencore Céréales France contra Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), 2 de marzo de 2017, C‑584/15).

Libre circulación de trabajadores

El artículo 45 TFUE y el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el importe de la indemnización por insolvencia, concedida por un Estado miembro a un trabajador fronterizo que no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta en dicho Estado ni debe tributar por dicha indemnización por insolvencia, se determine deduciendo de la remuneración que sirve de base para calcular dicha indemnización el impuesto sobre la renta, tal como se aplica en dicho Estado, con el resultado de que ese trabajador fronterizo no reciba, contrariamente a las personas que residen y trabajan en ese mismo Estado, una indemnización que corresponda a su remuneración neta anterior. El hecho de que ese trabajador no posea frente al empresario un crédito correspondiente a la parte de su salario bruto anterior que no ha cobrado debido a esa deducción carece de relevancia a este respecto (TJUE, Alphonse Eschenbrenner contra Bundesagentur für Arbeit, 2 de marzo de 2017, C‑496/15).

Medio ambiente

El concepto de «energía procedente de fuentes renovables» que figura en el artículo 2, párrafo segundo, letra a), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, debe interpretarse en el sentido de que comprende la energía generada por una pequeña central hidroeléctrica, que no es una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo ni una central hidroeléctrica reversible, y que se encuentra en el lugar de vertido de las aguas residuales industriales procedentes de otra instalación que previamente ha extraído el agua para sus propios fines (TJUE, J. D. contra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 2 de marzo de 2017, C‑4/16).

Transportes por carretera

El artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, así como el artículo 2, punto 3, del Reglamento n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006, deben interpretarse en el sentido de que el servicio de transporte de trabajadores entre el domicilio y el lugar de trabajo, organizado por su empleador y cuyo trayecto del servicio no supere 50 km, está comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 561/2006, según la cual este último Reglamento no se aplica a tal servicio de transporte (TJUE, SC Casa Noastră SA contra Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR, 2 de marzo de 2017, C‑245/15).

LECTURA

Resumen del libro: Derecho Europeo de la Competencia es fruto del Seminario de formación de jueces europeos en Derecho de la Competencia Training of National Judges in EU Competition Law, desarrollado en los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015 en la Universitat de València. En él se abordaron cuestiones esenciales que caracterizan al Derecho de la Competencia como rama del ordenamiento jurídico, y resultan, en ocasiones, extrañas, incluso esotéricas, para un jurista clásico, como la delimitación del mercado relevante o de referencia, los problemas vinculados al abuso de posición de dominio, o la figura del amicus curiae. Entre los autores encontramos magistrados del Tribunal Supremo, y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Audiencias territoriales, miembros de la Comisión Europea y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, así como a reputados especialistas académicos con dilatada experiencia práctica en el Derecho de la Competencia. La obra está especialmente indicada para aquellos juristas sin conocimientos en el Derecho de la Competencia que quieren introducirse en este ámbito, en particular para aquellos que desean incluir en su práctica acciones de indemnización por daños en materia de competencia, para los que constituye una excelente base.

Editorial Tirant lo Blanch, 2017, 293 p., 33,90€
ISBN: 9788491198369