EDICIÓN DEL LUNES 13 DE MARZO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • Especial Declaración UE-Turquía (18 de marzo de 2016)
  • 1 año de aplicación de la Declaración: Quinto Informe sobre los progresos realizados – COM (2017) 204 final, 2 de marzo de 2017
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 7 al 13 de marzo de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Agricultura y Pesca; Competencia; Derecho al olvido; Derechos fundamentales; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Fiscalidad; IVA; Libre prestación de servicios por los abogados; Medio ambiente; Política social; Unión aduanera
  • Lectura: Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union (Carlos Closa, Dimitry Kochenov)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN UE-TURQUÍA

La Declaración del 18 de marzo de 2016

1) Todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía. Los migrantes que lleguen a las islas griegas serán debidamente registrados y las autoridades griegas tramitarán toda solicitud de asilo individualmente, de acuerdo con la Directiva sobre procedimientos de asilo, en cooperación con el ACNUR. Los migrantes que no soliciten asilo o cuya solicitud se haya considerado infundada o inadmisible de conformidad con la citada Directiva serán retornados a Turquía. Turquía y Grecia, con la ayuda de las instituciones y organismos de la UE, tomarán las medidas necesarias y acordarán los mecanismos bilaterales necesarios, entre ellos la presencia de funcionarios turcos en las islas griegas y de funcionarios griegos en Turquía a partir del 20 de marzo de 2016, para garantizar los contactos y facilitar así el funcionamiento fluido de estos mecanismos. Los gastos de las operaciones de retorno de migrantes irregulares correrán a cargo de la UE.

2) Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas. Se establecerá un mecanismo, con la asistencia de la Comisión, los organismos de la UE y otros Estados miembros, así como el ACNUR, para garantizar que este principio se aplique desde el mismo día en que comiencen los retornos. Se dará prioridad a los migrantes que no hayan entrado o intentado entrar previamente de manera irregular a la UE. Por parte de la UE, el reasentamiento según este mecanismo se llevará a cabo, en un primer momento, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados miembros en las Conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 20 de julio de 2015, en virtud de los cuales quedan 18 000 plazas de reasentamiento. Toda necesidad adicional de reasentamiento se abordará a través de un acuerdo voluntario similar hasta alcanzar un límite máximo de 54 000 personas más.

3) Turquía tomará todas las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a la UE y cooperará a tal efecto con los estados vecinos, así como con la UE.

4) En cuanto esté cesando el paso irregular entre Turquía y la UE, o al menos se haya reducido de manera sustancial y duradera, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria. Los Estados miembros de la UE contribuirán a este régimen de manera voluntaria.

5) Se acelerará con respecto a todos los Estados miembros participantes el cumplimiento de la hoja de ruta de liberalización de visados con vistas a suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos a más tardar al final de junio de 2016, siempre que se hayan satisfecho todos los criterios de referencia. Para ello, Turquía tomará las medidas necesarias para cumplir los requisitos restantes a fin de que la Comisión, una vez hecha la necesaria evaluación de cumplimiento de los criterios de referencia, pueda presentar antes del final de abril una propuesta apropiada, sobre cuya base el Parlamento Europeo y el Consejo podrán tomar una decisión definitiva.

6) La UE, en estrecha cooperación con Turquía, acelerará más el desembolso de los 3000 millones de euros inicialmente asignados en virtud del Mecanismo para los refugiados en Turquía y garantizará la financiación de más proyectos destinados a personas bajo protección temporal que se determinarán gracias a la pronta información que proporcione Turquía antes del final de marzo. Se especificará conjuntamente en el plazo de una semana una primera lista de proyectos concretos destinados a los refugiados, en particular en el ámbito de la salud, la educación, las infraestructuras, la alimentación y otros costes de sustento, que podrán ser financiados rápidamente con cargo al Mecanismo. Cuando estos recursos estén a punto de ser utilizados en su totalidad, y siempre que se cumplan los compromisos antedichos, la UE movilizará una financiación adicional para el Mecanismo por un importe de 3000 millones de euros adicionales hasta el final de 2018.

Asilo

7) La UE y Turquía han acogido favorablemente los trabajos en curso relativos al perfeccionamiento de la Unión Aduanera.

8) La UE y Turquía han vuelto a confirmar su compromiso de revigorizar el proceso de adhesión, según se indicó en su declaración conjunta de 29 de noviembre de 2015. Acogieron con satisfacción la apertura del capítulo 17 el 14 de diciembre de 2015 y han decidido, como paso siguiente, abrir el capítulo 33 durante la Presidencia neerlandesa.

9) La UE y sus Estados miembros colaborarán con Turquía en toda común empresa destinada a mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria, en particular en determinadas zonas próximas a la frontera con Turquía, lo que permitiría a la población local y a los refugiados vivir en zonas que sean más seguras.

Conclusión del Quinto Informe

A falta de poco tiempo para que se cumpla un año desde la entrada en vigor de la Declaración UE-Turquía, sus resultados se han consolidado y se ha confirmado la tendencia a la reducción sustancial de las travesías irregulares y peligrosas y la pérdida de vidas humanas en el mar Egeo.

Se ha avanzado en todos los elementos de la Declaración, aunque su aplicación requiere un compromiso continuo y esfuerzos constantes. El éxito de la aplicación depende principalmente de la voluntad política de todas las Partes para adoptar las medidas necesarias.

El impacto de los proyectos de apoyo a los refugiados sirios y las comunidades de acogida en el marco del Mecanismo para los Refugiados en Turquía ya se está dejando sentir sobre el terreno. No obstante, el ritmo de contratación y de ejecución de los proyectos aún puede ser mayor. También los actuales reasentamientos en Europa de refugiados sirios procedentes de Turquía pueden recibir un mayor impulso si se llega rápidamente a un acuerdo sobre los procedimientos del régimen voluntario de admisión humanitaria y se decide proceder a su activación.

Se deberán proseguir los esfuerzos que realizan la UE y los Estados miembros en apoyo de la gestión de los flujos migratorios y la capacidad de tramitación de solicitudes de asilo de la administración griega, en particular para garantizar que las operaciones diarias de retorno efectivo se lleven a cabo íntegramente y en plena conformidad con las normas internacionales y de la UE, y que el ritmo de los retornos se intensifique. Ello exige un compromiso continuo por parte de las autoridades griegas, las agencias de la UE y los Estados miembros para que la situación en las islas griegas mejore urgentemente. El Plan de Acción Conjunto acordado entre la Comisión y las autoridades griegas y corroborado por el Consejo Europeo sienta las bases para esta labor.

Turquía debe adoptar las medidas necesarias para satisfacer lo antes posible los parámetros de referencia pendientes para la liberalización del régimen de visados, de manera que la UE pueda suprimir la obligación de visado para los ciudadanos turcos.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Mercado financiero

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Paquetes

COMPETENCIA. El Tribunal General de la UE anula, por un vicio de procedimiento, la decisión por la que la Comisión rechazó la concentración entre UPS y TNT en el sector de la entrega urgente de paquetes pequeños (Tribunal General, United Parcel Service/Comisión, 7 de marzo de 2017, T-194/13).

Televisores

COMPETENCIA. El Tribunal de Justicia mantiene las multas impuestas a Samsung SDI y Samsung SDI (Malasia) por su participación en un cártel de tubos para pantallas de televisor y de ordenador (TJUE, Samsung SDI y otros/Comisión, 9 de marzo de 2017, C-615/15 P).

Sociedades

DERECHO AL OLVIDO. El Tribunal de Justicia considera que no existe derecho al olvido en relación con los datos personales recogidos en el registro de sociedades (TJUE, Manni, 9 de marzo de 2017, C-398/15).

refugiados

DERECHOS FUNDAMENTALES. Los Estados miembros no están obligados, en virtud del Derecho de la Unión, a expedir un visado humanitario a las personas que deseen entrar en su territorio con la intención de pedir asilo, pero son libres de hacerlo sobre la base de su Derecho nacional (TJUE, X y X, 7 de marzo de 2017, C-638/16, PPU).

Notario

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Los notarios en Croacia no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», ni a efectos del Reglamento relativo al título ejecutivo europeo ni de la aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico» (TJUE, Zulfikarpašić, 9 de marzo de 2017, C-484/15,C-551/15).

Libro electrónico

FISCALIDAD. El principio de igualdad de trato no se opone a que el suministro de libros, periódicos y revistas digitales por vía electrónica se excluya de la aplicación de un tipo reducido de IVA (TJUE, RPO, 7 de marzo de 2017, C-390/15).

Agricultura y Pesca

El artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 173/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, debe interpretarse en el sentido de que los pollos congelados o ultracongelados cuyo contenido de agua supere los límites establecidos por el Reglamento n.º 543/2008, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.º 1239/2012, no son comercializables en condiciones normales en el territorio de la Unión Europea y no cumplen el requisito de calidad sana, cabal y comercial, aun cuando estén provistos de un certificado sanitario expedido por la autoridad competente.

Puesto que los anexos VI y VII del Reglamento n.º 543/2008, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.º 1239/2012, son suficientemente precisos para realizar los controles de los pollos congelados y ultracongelados destinados a exportarse con restitución por exportación, la circunstancia de que un Estado miembro no haya establecido las modalidades prácticas cuya adopción se prevé en el artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento no hace que dichos controles no sean oponibles a las empresas afectadas.

El exportador de pollos congelados o ultracongelados puede, conforme al artículo 118, apartado 2, y al artículo 119, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código aduanero comunitario (Código aduanero modernizado), por una parte, estar presente o representado en el momento en que las mercancías sean examinadas y en el momento en que se tomen las muestras y, por otra, solicitar un nuevo examen o extracción de muestras de las mercancías si considera que los resultados obtenidos por las autoridades competentes no son válidos (TJUE, Doux, 9 de marzo de 2017, C‑141/15).

Fiscalidad

En la medida en que el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, no lleva a cabo una armonización exhaustiva, el Derecho de la Unión permite examinar la compatibilidad de una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal a la luz del Derecho primario, cuando dicha normativa ha sido adoptada para transponer en Derecho interno la facultad que brinda la referida disposición.

El artículo 49 TFUE y el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operación de fusión transfronteriza, supedita la concesión de las ventajas fiscales aplicables a tal operación en virtud de dicha Directiva —en el presente asunto, la tributación diferida de las plusvalías correspondientes a los bienes aportados por una sociedad francesa a una sociedad establecida en otro Estado miembro— a un procedimiento de aprobación previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobación, el contribuyente debe acreditar que la operación en cuestión está justificada por un motivo económico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasión fiscales y que su mecánica permite garantizar el gravamen futuro de las plusvalías que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operación de fusión interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente esté sujeto a tal procedimiento (TJUE, Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil contra Ministre des finances et des comptes publics, 8 de marzo de 2017, C‑14/16).

La Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que su artículo 5, apartado 1, no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retención sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una institución de inversión colectiva de carácter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero bajo la condición de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios, puesto que tal institución no constituye una «sociedad de un Estado miembro» en el sentido de esta Directiva (TJUE, Belgische Staat contra Wereldhave Belgium Comm. VA y otros, 8 de marzo de 2017, C‑448/15).

IVA

El artículo 98, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el anexo III, puntos 3 y 4, de esta Directiva, interpretados a la luz del principio de neutralidad fiscal, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que aplica el tipo normal del impuesto sobre el valor añadido a la entrega o alquiler de concentradores de oxígeno, mientras que aplica un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a la entrega de botellas de oxígeno (TJUE, Oxycure Belgium, 9 de marzo de 2017, C‑573/15).

Libre prestación de servicios por los abogados

El artículo 1, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 77/249/CE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que reserva a los notarios la legitimación de las firmas que consten en los documentos necesarios para la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios y excluye, por consiguiente, la posibilidad de que en ese Estado miembro se reconozca tal legitimación cuando la haya efectuado un abogado establecido en otro Estado miembro.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que reserva a los notarios la legitimación de las firmas que consten en los documentos necesarios para la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios y excluye, por consiguiente, la posibilidad de que en ese Estado miembro se reconozca tal legitimación cuando la haya efectuado, con arreglo a su Derecho nacional, un abogado establecido en otro Estado miembro (TJUE, Piringer, 9 de marzo de 2017, C‑342/15).

Medio ambiente

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que permite a la autoridad competente exigir la entrega total o parcial, sin mediar indemnización, de los derechos de emisión no utilizados, que fueron indebidamente asignados a un titular al haber incumplido éste la obligación de informar a su debido tiempo a la referida autoridad del cese de la explotación de una instalación.

Los derechos de emisión asignados después de que un titular ha puesto fin a las actividades realizadas en una instalación afectada por tales derechos, sin informar de ello con carácter previo a la autoridad competente, no pueden calificarse de «derechos de emisión» en el sentido del artículo 3, letra a), de la Directiva 2003/87, en su versión modificada por el Reglamento n.º 219/2009 (TJUE, ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contra État du Grand-duché de Luxembourg, 8 de marzo de 2017, C‑321/15).

Política social

El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, y atendiendo al principio general de igualdad de trato, consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que permite una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los trabajadores por cuenta ajena con determinados tipos de discapacidad una protección especial ex ante frente al despido, sin conferir tal protección a los funcionarios con discapacidades del mismo tipo, a menos que se compruebe una vulneración del principio de igualdad de trato, lo cual ha de ser verificado por el órgano jurisdiccional remitente. A efectos de dicha verificación, la comparación de las situaciones debe basarse en un análisis centrado en el conjunto de las normas de Derecho nacional pertinentes que regulan la posición de los trabajadores por cuenta ajena con una determinada discapacidad, por un lado, y de los funcionarios con la misma discapacidad, por otro, teniendo particularmente en cuenta el objetivo de la protección frente al despido controvertida en el litigio principal.

En el supuesto de que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2000/78, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y atendiendo al principio general de igualdad de trato, se oponga a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, la obligación de respetar el Derecho de la Unión exigirá extender el ámbito de aplicación de las normas nacionales que protegen a los trabajadores por cuenta ajena con un determinado tipo de discapacidad, con el fin de que dichas normas de protección cubran igualmente a los funcionarios con una discapacidad del mismo tipo (TJUE, Milkova, 9 de marzo de 2017, C‑406/15).

Unión aduanera

El artículo 32, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, no exige, para que los cánones o derechos de licencia sean relativos a las mercancías objeto de valoración, que se determine su importe en el momento de la celebración del contrato de licencia o en el momento de originarse la deuda aduanera, y que, por otro, permite que esos cánones o derechos de licencia sean «relativos a las mercancías objeto de valoración» aunque se refieran a estas mercancías sólo en parte.

El artículo 32, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1791/2006, y el artículo 160 del Reglamento n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 2913//92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1875/2006 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que los cánones o los derechos de licencia constituyen una «condición de la venta» de las mercancías objeto de valoración cuando el pago de dichos cánones o derechos de licencia lo reclama una empresa que está vinculada tanto al vendedor como al comprador, dentro de un mismo grupo de sociedades, y es a esa misma empresa a quien se hace el pago.

El artículo 32, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1791/2006, y el artículo 158, apartado 3, del Reglamento n.º 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1875/2006, deben interpretarse en el sentido de que las medidas de ajuste y de reparto que contemplan respectivamente ambas disposiciones pueden efectuarse cuando el valor en aduana de las mercancías de que se trate se haya determinado no con arreglo al artículo 29 del antedicho Reglamento n.º 2913/92 modificado, sino conforme al método subsidiario del artículo 31 de ese Reglamento (TJUE, GE Healthcare GmbH, 9 de marzo de 2017, C‑173/15).

LECTURA

Resumen del libro: This book provides the definitive reference point on all the issues pertaining to dealing with the ‘crisis of the rule of law’ in the European Union. Both Member State and EU levels are considered. Particular attention is paid to the analysis of the concrete legal bases and instruments that the EU may avail itself of for enforcing rule of law, and the volume clearly demonstrates that a number of legally sound ways of rule of law oversight are available. Contributors are leading scholars who assess the potential role to be played by the various bodies in the context of dealing with the EU’s rule of law imperfections.

Cambridge University Press, 2017, 339 p., 92 €
ISBN: 9781107108882

DERECHO Y ECONOMÍA DE LA INTEGRACIÓN