EDICIÓN DEL LUNES 20 DE MARZO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • La UE en 2016 – Informe General
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 14 al 20 de marzo de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Comunicaciones electrónicas; Derechos conferidos a los particulares; Discriminación por motivos de religión o convicciones; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Impuesto sobre el valor añadido; Principios de Derecho de la UE; Propiedad intelectual; Protección internacional; Unión aduanera
  • Lectura: El Derecho de Asilo: en aras de un complejo equilibrio (Zulima Sánchez Sánchez)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

LA UE EN 2016 - INFORME GENERAL

Puntos esenciales:

  • Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión
  • Un mercado único digital conectado
  • Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva
  • Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial fortalecida
  • Una unión económica y monetaria más justa y más profunda
  • Un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos
  • Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua
  • Hacia una nueva política migratoria
  • Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial
  • Una Unión de cambio democrático

La UE en 2016 — Informe General sobre la actividad de la Unión Europea fue adoptado por la Comisión Europea el 24 de febrero de 2017 con el número COM(2017) 1289
© Unión Europea, 2017

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Telefono

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. El consentimiento de un abonado telefónico a la publicación de sus datos abarca también su utilización en otro Estado miembro (TJUE, Tele2 (Netherlands) y otros, 15 de marzo de 2017, C-536/15).

Defensa

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Las actividades de fuerzas armadas en período de conflicto armado, en el sentido del Derecho internacional humanitario, pueden constituir «actos terroristas» (TJUE, A y otros, 14 de marzo de 2017, C-158/14).

Velo

PRINCIPIOS DE DERECHO DE LA UNIÓN. Una norma interna de una empresa que prohíbe el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso no constituye una discriminación directa (TJUE, G4S Secure Solutions, 14 de marzo de 2017, C-157/15).

Derechos conferidos a los particulares

El artículo 267 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno no puede ser considerado como un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia cuando el recurso de casación interpuesto contra una decisión de dicho órgano jurisdiccional no ha sido examinado a causa del desistimiento de la parte recurrente.

El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia puede abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando un recurso de casación es rechazado por causas de inadmisibilidad propias del procedimiento ante ese órgano jurisdiccional, siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y de efectividad (TJUE, Lucio Cesare Aquino contra Belgische Staat, 15 de marzo de 2017, C‑3/16).

Discriminación por motivos de religión o convicciones

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que la voluntad de un empresario de tener en cuenta los deseos de un cliente de que los servicios de dicho empresario no sigan siendo prestados por una trabajadora que lleva un pañuelo islámico no puede considerarse un requisito profesional esencial y determinante en el sentido de esta disposición (TJUE, Asma Bougnaoui y Association de défense des droits de l’homme (ADDH) contra Micropole SA, 14 de marzo de 2017, C‑188/15).

Impuesto sobre el valor añadido

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, así como las normas en materia de ayudas de Estado, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que unas deudas del impuesto sobre el valor añadido sean declaradas inexigibles con arreglo a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un procedimiento de liberación de las deudas en virtud del cual un órgano jurisdiccional puede, bajo determinadas condiciones, declarar inexigibles las deudas de una persona física que no se han satisfecho al término del procedimiento concursal del que ha sido objeto dicha persona (TJUE, Agenzia delle Entrate contra Marco Identi, 16 de marzo de 2017, C‑493/15).

Propiedad intelectual

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 11 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, en su versión resultante del Acta de París de 24 de julio de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, conforme a la cual no está sujeta a la obligación de obtener la autorización del autor en virtud del derecho exclusivo de comunicación al público la transmisión simultánea, completa y sin cambios de programas del organismo nacional de radiodifusión mediante cable en el territorio nacional, en la medida en que constituya una simple modalidad técnica de comunicación y haya sido tenida en cuenta por el autor de la obra al autorizar la comunicación inicial de la misma, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 5 de la Directiva 2001/29 y, en particular, su apartado 3, letra o), deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, conforme a la cual no está sujeta a la obligación de obtener la autorización del autor en virtud del derecho exclusivo de comunicación al público la radiodifusión mediante una antena colectiva si el número de abonados conectados no supera los quinientos, de modo que dicha normativa debe aplicarse de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) contra Zürs.net Betriebs GmbH, 16 de marzo de 2017, C‑138/16).

Protección internacional

El artículo 2, letra n), y el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, analizados conjuntamente, deben interpretarse en el sentido de que exigen a los Estados miembros establecer, en una disposición obligatoria de alcance general, los criterios objetivos en los que se basan las razones que permitan pensar que el solicitante de protección internacional que es objeto de un procedimiento de traslado pueda fugarse. La falta de tal disposición determina la imposibilidad de aplicar el artículo 28, apartado 2, de ese Reglamento (TJUE, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie contra Salah Al Chodor y otros, 15 de marzo de 2017, C‑528/15).

Unión aduanera

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, debe interpretarse en el sentido de que un importador no puede invocar una confianza legítima, con arreglo a esta disposición, para oponerse a una contracción a posteriori de derechos de importación, alegando su buena fe, salvo que se cumplan tres requisitos acumulativos. Ante todo, es necesario que estos derechos no se hayan percibido como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes, a continuación, que este error sea de tal naturaleza que razonablemente no pudiera ser descubierto por un sujeto pasivo de buena fe y, por último, que éste haya observado todas las disposiciones en vigor en lo que atañe a su declaración en aduana. Esta confianza legítima es inexistente, en particular, cuando, aun habiendo razones manifiestas para dudar de la exactitud de un certificado de origen modelo A, un importador se ha abstenido de examinar, en toda la medida de sus posibilidades, las circunstancias de la expedición de dicho certificado para comprobar si estas dudas estaban justificadas. No obstante, esta obligación no implica que, con carácter general, un importador deba comprobar sistemáticamente las circunstancias en las que tuvo lugar la expedición, por parte de las autoridades aduaneras del Estado de exportación, de un certificado de origen modelo A. Incumbe al tribunal remitente apreciar, habida cuenta de todos los elementos concretos del litigio principal, si en el caso de autos se cumplen estos tres requisitos.

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el que se examina en el litigio principal, puede deducirse de la información contenida en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que un importador carece de fundamento para invocar una confianza legítima, en virtud de esta disposición, a efectos de oponerse a una recaudación a posteriori de los derechos de importación. Sin embargo, en la medida en que tal informe no contenga sino una descripción general de la situación controvertida, lo que incumbe comprobar al tribunal nacional, no podrá bastar, por sí solo, para acreditar de manera suficiente con arreglo a Derecho que estos requisitos se cumplen efectivamente en todos sus aspectos, en particular en lo que atañe al comportamiento pertinente del exportador. En estas circunstancias, incumbe en principio a las autoridades aduaneras del Estado de importación aportar prueba, mediante elementos suplementarios, de que la expedición, por parte de las autoridades aduaneras del Estado de exportación, de un certificado de origen modelo A incorrecto es imputable a la presentación incorrecta de los hechos por el exportador. No obstante, cuando las autoridades aduaneras del Estado de importación no puedan aportar dicha prueba, incumbirá, en su caso, al importador demostrar que el mencionado certificado se ha basado en la presentación exacta de los hechos por el exportador (TJUE, Valsts ieņēmumu dienests contra “Veloserviss” SIA, 16 de marzo de 2017, C‑47/16).

LECTURA

Resumen del libro: Este libro es el resultado de la investigación realizada por Zulima Sánchez Sánchez en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Malta en la segunda mitad del año 2016. Malta es la sede de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y por ese motivo la Universidad dedica buena parte de su labor investigadora a esta materia. La autora es Doctora y Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca y realiza un estudio de las ultimas modificaciones que se han propuesto desde la Unión Europea y las implicaciones que tendrán en el procedimiento de asilo, la protección de los derechos de los solicitantes de refugio, sus obligaciones y los cambios que implicarán en la tramitación actual en la materia. Dichos cambios se van analizando de forma crítica y de ellos algunos se proponen como modelo de buenas prácticas que deberían ser ya implementados en España. Muchas de las propuestas de reforma tienen su razón de ser en la Jurisprudencia Europea o Española o en informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo o el Defensor del Pueblo de España. El contenido encuadra el Derecho de asilo en el momento actual, teniendo en cuenta las últimas reformas y también las tendencias que la Unión Europea pretende implementar en un futuro.

Ratio Legis, 2017, 170 p.
ISBN: 9788416324460