EDICIÓN DEL LUNES 8 DE MAYO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Pilar europeo de Derechos sociales
  • Crisis de los refugiados: Informe especial del Tribunal de Cuentas
  • Nuestra selección del DOUE (del 25 de abril al 8 de mayo de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Arancel Aduanero Común; Complementos alimenticios; Contratos públicos; Cooperación judicial en materia civil; Datos; Derechos de autor; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Fiscalidad; Función pública; IVA; Publicidad; Seguros; Sustancias y preparados químicos; Trabajadores; Transporte
  • Lectura: La liberalización de la asistencia sanitaria transfronteriza en Europa – retos y desafíos para el Sistema nacional de Salud (Josefa Cantero Martínez)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

Capítulo I
Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo

Educación, formación y aprendizaje permanente

Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral.

Igualdad de género

a. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe garantizarse y fomentarse en todos los ámbitos, también en relación con la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la progresión de la carrera.

b. Las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor.

Igualdad de oportunidades

Con independencia de su género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Deberá fomentarse la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados.

Apoyo activo para el empleo

a. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o de trabajar por cuenta propia. Esto incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje. Toda persona tiene derecho a la transferencia de la protección social y el derecho a la formación durante las transiciones profesionales.

b. Los jóvenes tienen derecho a educación continua, una formación como aprendices, un período de prácticas o una oferta de empleo de buena calidad en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios.

c. Las personas desempleadas tienen derecho a recibir una ayuda personalizada, continuada y adecuada. Los desempleados de larga duración tienen derecho a una evaluación individual detallada a más tardar a los dieciocho meses de desempleo.

Capítulo II
Condiciones de trabajo justas

Empleo seguro y adaptable

a. Con independencia del tipo y la duración de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo y el acceso a la protección social y a la formación. Deberá fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido.

b. De conformidad con la legislación y los convenios colectivos, deberá garantizarse la flexibilidad necesaria para que los empresarios puedan adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico.

c. Deberán promoverse formas innovadoras de trabajo que garanticen condiciones de trabajo de calidad. Deberán fomentarse el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta propia y facilitarse la movilidad profesional.

d. Deberán evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, en particular prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos. Los períodos de prueba deben tener una duración razonable.

Salarios

a. Los trabajadores tienen derecho a salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno.

b. Deberá garantizarse un salario mínimo adecuado que permita satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia en función de las condiciones económicas y sociales, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos para buscar trabajo. Deberá evitarse la pobreza de los ocupados.

c. Todos los salarios deberán fijarse de manera transparente y predecible, con arreglo a las prácticas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales.

Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido

a. Los trabajadores tienen derecho a ser informados por escrito al comienzo del empleo sobre sus derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, incluso en período de prueba.

b. Antes de proceder a un despido, los trabajadores tienen derecho a ser informados de los motivos de este y a que se les conceda un plazo razonable de preaviso. Tienen derecho a acceder a una resolución de litigios efectiva e imparcial y, en caso de despido injustificado, tienen derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada.

Diálogo social y participación de los trabajadores

a. Se deberá consultar a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de políticas sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales. Deberá animárseles a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su autonomía y su derecho a la acción colectiva. En su caso, los acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales deberán aplicarse a nivel de la Unión y de sus Estados miembros.

b. Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a ser informados y consultados oportunamente sobre asuntos de interés para ellos, en particular sobre la transferencia, reestructuración y fusión de empresas y sobre despidos colectivos.

c. Deberá fomentarse el apoyo para aumentar la capacidad de los interlocutores sociales para promover el diálogo social.

Equilibrio entre vida profesional y vida privada

Los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia. Las mujeres y los hombres deberán tener igualdad de acceso permisos especiales para cumplir con sus responsabilidades asistenciales y deberá animárseles a utilizarlos de forma equilibrada.

Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos

a. Los trabajadores tienen derecho a un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

b. Los trabajadores tienen derecho a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades profesionales y que les permita prolongar su participación en el mercado laboral.

c. Los trabajadores tienen derecho a la protección de sus datos personales en el contexto del empleo.

Capítulo III
Protección e inclusión social

Asistencia y apoyo a los niños

a. Los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad.

b. Los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza. Los niños procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades.

Protección social

Con independencia del tipo y la duración de su relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y, en condiciones comparables, los trabajadores por cuenta propia, tienen derecho a una protección social adecuada.

Prestaciones por desempleo

Los desempleados tienen derecho a ayudas adecuadas a la activación por parte de los servicios públicos de empleo para (re)integrarse en el mercado laboral y a prestaciones de desempleo adecuadas de duración razonable, en consonancia con sus propias contribuciones y los criterios de concesión nacionales. Estas prestaciones no deberán desincentivar un retorno rápido al trabajo.

Renta mínima

Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral.

Pensiones y prestaciones de vejez

a. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia tienen derecho a recibir una pensión de jubilación acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada. Las mujeres y los hombres deberán tener las mismas oportunidades para adquirir derechos de pensión.

b. Toda persona en la vejez tiene derecho a los recursos que garanticen una vida digna.

Sanidad

Toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de buena calidad.

Inclusión de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades.

Cuidados de larga duración

Toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios.

Vivienda y asistencia para las personas sin hogar

a. Deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad.

b. Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo forzoso.

c. Deberán facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social.

Acceso a los servicios esenciales

Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidos el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. Deberá prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios.

CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Refugiados

Comunicado de prensa: Según los auditores, aunque los puntos críticos de inmigración funcionan, siguen existiendo problemas cruciales. Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que el llamado enfoque de «puntos críticos» de la UE para los migrantes irregulares que llegan a Grecia y a Italia ha contribuido significativamente a la mejora del registro, la identificación y los controles de seguridad de los migrantes. No obstante, todavía que da mucho por hacer, puesto que miles de migrantes siguen retenidos en las islas griegas tras su llegada.

Conclusiones del Informe

En mayo de 2015, la Comisión introdujo el enfoque de «puntos críticos» a fin de ayudar a Grecia y a Italia a afrontar el repentino y drástico incremento de migrantes irregulares que llegaban a sus fronteras exteriores. En este informe, el Tribunal concluye que el enfoque de puntos críticos garantizó, en 2016, la identificación, el registro y la toma de impresiones dactilares de la mayoría de los migrantes y el cotejo de sus datos con las correspondientes bases de datos de seguridad. Sin embargo, a pesar de la considerable ayuda de la UE, a finales de 2016 las instalaciones de acogida existentes en ambos países todavía no eran apropiadas. Además, todavía faltaban instalaciones apropiadas para alojar a los menores no acompañados y efectuar sus trámites de conformidad con las normas internacionales. Por otro lado, el enfoque de puntos críticos requiere que los migrantes pasen por los procedimientos de seguimiento pertinentes, como una solicitud de asilo nacional, la reubicación, cuando proceda, en otro Estado miembro o el retorno al país de origen. La ejecución de estos procedimientos de seguimiento a menudo es lenta y pasa por diversos tipos de obstrucciones, lo que puede repercutir en el funcionamiento de los puntos críticos.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Política comercial / industrial

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Derechos de autor

DERECHOS DE AUTOR. La venta de un reproductor multimedia que permite ver gratuita y fácilmente, en una pantalla de televisión, películas disponibles ilegalmente en Internet puede constituir una vulneración de los derechos de autor (TJUE, Stichting Brein, 26 de abril de 2017, C-527/15).

Aeropuerto

TRANSPORTE. La colisión entre una aeronave y un ave constituye una circunstancia extraordinaria que puede eximir al transportista aéreo de su obligación de compensar a los pasajeros si se produce un gran retraso del vuelo (TJUE, Pešková y Peška, 4 de mayo de 2017, C-315/15).

Billetes

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. La obligación de declarar cualquier importe en efectivo superior a 10 000 euros se aplica en las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea (TJUE, El Dakkak y Intercontinental, 4 de mayo de 2017, C-17/16).

Fiscalidad / IVA

FISCALIDAD. Luxemburgo ha transpuesto de forma demasiado extensiva las normas de la Directiva sobre el IVA relativas a las agrupaciones autónomas de personas (TJUE, Comisión/Luxemburgo, 4 de mayo de 2017, C-274/15).

Tratamientos bucales y dentales

PUBLICIDAD. Es incompatible con el Derecho de la Unión prohibir de manera general y absoluta la publicidad de las prestaciones de tratamientos bucales y dentales (TJUE, Vanderborght, 4 de mayo de 2017, C-339/15).

Arancel Aduanero Común

La partida 9021 de la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidos en esa partida los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal, en la medida en que dichos productos presentan características que los diferencian de los productos ordinarios por su acabado y su gran precisión, así como por su modo de fabricación y la especificidad de su función. En particular, el hecho de que los tornillos para implantes sanitarios como los controvertidos en el litigio principal únicamente pueden ser implantados en el cuerpo mediante instrumentos médicos específicos, y no con instrumentos ordinarios, constituye una característica que ha de tenerse en cuenta a los efectos de distinguir esos tornillos para implantes sanitarios de los productos ordinarios (TJUE, Stryker EMEA Supply Chain Services BV contra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond, 26 de abril de 2017, C‑51/16).

Complementos alimenticios

Las disposiciones de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no establece un procedimiento relativo a la comercialización en ese Estado miembro de complementos alimenticios cuyo contenido en nutrientes excede de las cantidades diarias máximas fijadas por esa normativa y que se fabrican o comercializan legalmente en otro Estado miembro.

Las disposiciones de la Directiva 2002/46 y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que las cantidades máximas a que se refiere el artículo 5 de esta Directiva deben fijarse caso por caso y teniendo en cuenta todos los factores que figuran en dicho artículo 5, apartados 1 y 2, en particular los niveles máximos de seguridad para los nutrientes de que se trate, tal como se hayan establecido mediante la evaluación científica detallada del riesgo para la salud pública a partir de datos científicos pertinentes y no de consideraciones generales o hipotéticas. Incumbe al tribunal remitente determinar si el método de fijación de dichas cantidades controvertido en el litigio principal cumple estos requisitos.

Las disposiciones de la Directiva 2002/46 y las del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la evaluación científica del riesgo prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de esta Directiva, que ha de preceder al establecimiento de los niveles máximos de seguridad que deben especialmente tenerse en cuenta para fijar las cantidades máximas a que se refiere dicho artículo 5, se lleve a cabo únicamente sobre la base de dictámenes científicos nacionales cuando en la fecha en que se adopte la medida de que se trate también estén disponibles dictámenes científicos internacionales fiables y recientes en los que se concluye que existe la posibilidad de fijar niveles más elevados (TJUE, Noria Distribution, 27 de abril de 2017, C‑672/15).

Contratos públicos

El artículo 51 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en relación con el artículo 2 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, una vez concluido el plazo concedido para la presentación de candidaturas para un contrato público, un operador económico transmita al poder adjudicador, para probar que cumple los requisitos para participar en un procedimiento de contratación pública, documentos que no figuraban en su oferta inicial, como un contrato ejecutado por otra entidad y el compromiso de esta última de poner a disposición de este operador las capacidades y recursos necesarios para la ejecución del contrato de que se trata.

El artículo 44 de la Directiva 2004/18, en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), de esta Directiva y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos, recogido en el artículo 2 de ésta, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un operador económico basarse en las capacidades de otra entidad, a efectos del artículo 48, apartado 3, de la mencionada Directiva, sumando los conocimientos y la experiencia de dos entidades que, individualmente, no disponen de las capacidades solicitadas para la ejecución de un determinado contrato, en caso de que el poder adjudicador considerase que el contrato de que se trata es indivisible y que dicha exclusión de la posibilidad de basarse en las experiencias de distintos operadores económicos esté relacionada y sea proporcionada al objeto del contrato en cuestión, que debe por tanto ser realizado por un único operador.

El artículo 44 de la Directiva 2004/18, en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), de esta Directiva y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos, recogido en el artículo 2 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un operador económico, que participa individualmente en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, basarse en la experiencia de una agrupación de empresas, de la que formó parte en el marco de otro contrato público, si no participó de forma efectiva y concreta en la realización de este último.

El artículo 45, apartado 2, letra g), de la Directiva 2004/18, que permite excluir a un operador económico de la participación en un contrato público si se le considera «gravemente culpable» de falsas declaraciones al proporcionar la información solicitada por el poder adjudicador, debe interpretarse en el sentido de que puede ser aplicado cuando el operador de que se trata sea considerado responsable de una negligencia de una cierta gravedad, a saber, una negligencia que pueda tener una influencia determinante sobre las decisiones de exclusión, de selección o de adjudicación de un contrato público, y ello con independencia de la apreciación de una conducta dolosa por parte de este operador.

El artículo 44 de la Directiva 2004/18, en relación con el artículo 48, apartado 2, letra a), de esta Directiva, y con el principio de igualdad de trato de los operadores económicos que figura en su artículo 2, debe interpretarse en el sentido de que permite a un operador económico acreditar su experiencia invocando simultáneamente dos o más contratos como una única licitación, salvo que el poder adjudicador haya excluido esa posibilidad en virtud de requisitos relacionados y proporcionados al objeto y a las finalidades del contrato público de que se trate (TJUE, Esaprojekt sp. z o.o. contra Województwo Łódzkie, 4 de mayo de 2017, C‑387/14).

Cooperación judicial en materia civil

El artículo 27, apartado 1, y el artículo 30, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de litispendencia, la fecha en la que se ha iniciado un procedimiento dirigido a obtener una diligencia de prueba antes de cualquier proceso no puede constituir la fecha en la que «se considerará que conoce de un litigio», en el sentido del referido artículo 30, punto 1, un órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse sobre una demanda en cuanto al fondo presentada en ese mismo Estado miembro con posterioridad al resultado de dicha diligencia (TJUE, HanseYachts AG contra Port D’Hiver Yachting SARL y otros, 4 de mayo de 2017, C‑29/16).

Datos

El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a comunicar datos personales a un tercero para que éste pueda interponer una demanda indemnizatoria en vía civil por los daños que haya causado el interesado en la protección de dichos datos. Sin embargo, el artículo 7, letra f), de esta Directiva no obsta a que, al amparo del Derecho nacional, se produzca tal comunicación (TJUE, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde contra Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, 4 de mayo de 2017, C‑13/16).

Función pública

Dado que, contrariamente a lo que ocurre en materia disciplinaria, el Estatuto no contiene ninguna disposición específica en cuanto al plazo en el que la administración debe tramitar una investigación administrativa, en particular en supuestos de acoso psicológico, el que una investigación administrativa, abierta en respuesta a la solicitud de asistencia en un plazo de cuatro meses posterior a la presentación de esta solicitud, esté aún en curso más allá de ese plazo no permite imputar a la administración la adopción de una decisión implícita mediante la que la AFCC (autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo del Parlamento Europeo) haya negado la realidad de los hechos alegados en la solicitud de asistencia o haya considerado que éstos no constituyen acoso psicológico, en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto (Tribunal General, 24 de abril de 2017, T‑570/16).

IVA

El artículo 199, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la entrega de un bien inmueble vendido por el deudor judicial en un procedimiento obligatorio de liquidación.

Las disposiciones de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2010/45, y los principios de neutralidad fiscal, de efectividad y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, el adquirente de un bien se vea privado del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido que abonó indebidamente al vendedor conforme a una factura expedida según las normas del régimen ordinario del impuesto sobre el valor añadido, mientras que a la operación pertinente le era aplicable el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, aun cuando el vendedor ingresó dicho impuesto en la Hacienda Pública. No obstante, dichos principios exigen, en la medida en que el reembolso, por parte del vendedor al adquirente, del impuesto sobre el valor añadido indebidamente facturado resulte imposible o excesivamente difícil, en particular en caso de insolvencia del vendedor, que el adquirente pueda solicitar la devolución directamente a la autoridad tributaria.

El principio de proporcionalidad debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, las autoridades tributarias nacionales impongan a un sujeto pasivo que ha adquirido un bien a cuya entrega le es aplicable el régimen de inversión del sujeto pasivo una sanción del 50 % del importe del impuesto sobre el valor añadido que está obligado a pagar a la Administración tributaria, aun cuando esta última no ha sufrido una pérdida de ingresos fiscales y no existen indicios de fraude fiscal, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Tibor Farkas contra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága, 26 de abril de 2017, C‑564/15).

El artículo 148, letra d), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los servicios de carga y descarga de un buque son servicios efectuados para las necesidades directas del cargamento de los buques marítimos contemplados en el artículo 148, letra a), de esta Directiva.

El artículo 148, letra d), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, no sólo pueden estar exentas las prestaciones de servicios de carga y descarga de los buques marítimos contemplados en el artículo 148, letra a), de esta Directiva efectuadas en la fase final de comercialización de tales servicios, sino igualmente las prestaciones realizadas en una fase anterior, como la prestación efectuada por un subcontratista a un operador económico que la refactura posteriormente a una empresa transitaria o a una empresa de transporte, y de que, por otra parte, también pueden estar exentas las prestaciones de servicios de carga y descarga efectuadas al tenedor del cargamento, es decir, el exportador o el importador del mismo (TJUE, A Oy, 4 de mayo de 2017, C‑33/16).

El artículo 132, apartado 1, letra i), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que pueden calificarse como prestaciones «directamente relacionadas» con la prestación principal de enseñanza y, por lo tanto, exentas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) las actividades, ejercidas en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, consistentes en que los estudiantes de un centro de enseñanza superior presten, en el marco de su formación y a título oneroso, servicios de restauración y de entretenimiento a terceros, cuando esos servicios son indispensables para su formación y no están destinados a procurar a dicho centro ingresos suplementarios por la realización de operaciones efectuadas en competencia directa con las de las empresas comerciales sujetas al IVA, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional (TJUE, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs contra Brockenhurst College, 4 de mayo de 2017, C‑699/15).

Seguros

La Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) y, en particular, su artículo 40, apartado 6, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades de supervisión de un Estado miembro adopten con carácter urgente frente a una empresa dedicada al seguro directo distinto del seguro de vida que opere en el territorio de dicho Estado miembro en régimen de libre prestación de servicios, medidas como la prohibición de celebrar nuevos contratos en su territorio con motivo del incumplimiento, originario o sobrevenido y valorado de forma discrecional, de un requisito subjetivo previsto a efectos de la expedición de la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad aseguradora, como el requisito relativo a la reputación, con el fin de proteger los intereses de los asegurados y de otras personas que puedan ser beneficiarias de las coberturas de los seguros suscritos. En cambio, dicha Directiva no se opone a que ese Estado miembro, en el ejercicio de las prerrogativas que le han sido conferidas para los casos de urgencia, determine si las condiciones de honorabilidad de los directivos de la empresa aseguradora de que se trate resultan tan insuficientes o son tan dudosas que comportan un riesgo real e inminente de que se produzcan irregularidades en perjuicio de los intereses de los asegurados o de las otras personas que puedan ser beneficiarias de las coberturas de los seguros suscritos, ni a que, si fuera necesario, adopte de modo inmediato las medidas adecuadas, tales como, en su caso, la prohibición de celebrar nuevos contratos en su territorio (TJUE, Onix Asigurări SA contra Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS), 27 de abril de 2017, C‑559/15).

Sustancias y preparados químicos

El artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, en relación con el artículo 3, punto 12, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que las sustancias que no hubiesen sido registradas cuando fueron importadas en el territorio de la Unión Europea de conformidad con el referido Reglamento pueden exportarse fuera de ese territorio (TJUE, Freie und Hansestadt Hamburg contra Jost Pinckernelle, 27 de abril de 2017, C‑535/15).

Trabajadores

El artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisión] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, en relación con el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de transmisión del centro de actividad, el mantenimiento de los derechos y obligaciones que para el cedente se derivan de un contrato de trabajo se extiende a la cláusula, pactada por el cedente y el trabajador en virtud del principio de autonomía de la voluntad, con arreglo a la cual su relación laboral está regulada no sólo por el convenio colectivo en vigor en la fecha de la transmisión, sino también por convenios posteriores a dicha transmisión que lo completan, modifican o sustituyen, cuando el Derecho nacional prevé, en favor del cesionario, posibilidades de adaptación tanto de común acuerdo como unilaterales (TJUE, Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH y Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH contra Ivan Felja y Vittoria Graf, 27 de abril de 2017, C‑680/15 y C‑681/15).

El artículo 12 bis, punto 1 bis, del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificada por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el sentido de que el certificado E 101 expedido por la institución designada por la autoridad competente de un Estado miembro, con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.º 118/97, tal como fue modificada por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, vincula tanto a las instituciones de seguridad social del Estado miembro en el que se efectúe el trabajo como a los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, aun cuando éstos comprueben que las condiciones en que se desarrolla la actividad del trabajador de que se trate quedan manifiestamente fuera del ámbito de aplicación material de dicha disposición del Reglamento n.º 1408/71 (TJUE, A-Rosa Flussschiff GmbH contra Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf) y Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, 27 de abril de 2017, C‑620/15).

Transporte

La Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, en particular su artículo 13, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, adoptada para la transposición de dicha Directiva al Derecho interno, que pone fin a la autorización de conducción de ciclomotores sin ser titular de un permiso de conducción, cuya expedición está supeditada a la superación de pruebas o exámenes similares a los exigidos para la conducción de otros vehículos de motor (TJUE, Costin Popescu contra Guvernul României y otros, 26 de abril de 2017, C‑632/15).

LECTURA

Resumen del libro: Analiza algunos de los puntos más sobresalientes del nuevo derecho a “la libre opción sanitaria transfronteriza”, que ha surgido como consecuencia del proceso de liberalización de los servicios sanitarios que se ha producido en los últimos años en Europa. No se trata de un mero fenómeno de “turismo sanitario” si no de un sistema complejo sobre el que se da respuesta en esta obra.

Editorial Aranzadi, S.A., 565 p. 2017, 75 €
ISBN:9788491521099