EDICIÓN DEL LUNES 22 DE MAYO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • Comercio internacional: Minerales en conflicto
  • Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
  • 2018: Año europeo del patrimonio cultural
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 16 al 22 de mayo de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: Acuerdo internacional; Agentes comerciales independientes; Ayudas de Estado; Derechos fundamentales; Fiscalidad; Libre prestación de servicios; Política económica; Propiedad intelectual o industrial; Régimen del tránsito comunitario externo
  • Lectura: Construcción del derecho privado en la Unión Europea (Roberto Cippitani)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

COMERCIO INTERNACIONAL: MINERALES DE CONFLICTO

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

1. El presente Reglamento establece un sistema de la Unión para la diligencia debida en la cadena de suministro (en lo sucesivo, «sistema de la Unión»), a fin de que los grupos armados y fuerzas de seguridad tengan menos oportunidades de comerciar con estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro. El propósito del presente Reglamento es aportar transparencia y seguridad jurídica por lo que se refiere a las prácticas de suministro de los importadores de la Unión, las fundiciones y las refinerías que se abastecen en zonas de conflicto o de alto riesgo.

2. El presente Reglamento establece las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de minerales o metales que contengan o estén compuestos de estaño, tantalio, wolframio u oro, tal como los recoge el anexo I.

3. El presente Reglamento no será de aplicación a los importadores de la Unión de minerales o metales cuando el volumen anual de sus importaciones de cada uno de los minerales o metales de que se trate sea inferior al mínimo respectivo establecido en el anexo I.

Todos los volúmenes mínimos se fijan en un nivel que garantiza que para la gran mayoría, sin bajar del 95 %, de los volúmenes totales importados a la Unión de cada mineral o metal bajo el código de la nomenclatura combinada se hayan de cumplir las obligaciones impuestas a los importadores de la Unión en virtud del presente Reglamento.

4. La Comisión adoptará un acto delegado, de conformidad con los artículos 18 y 19, a ser posible antes del 1 de abril de 2020 pero no más tarde del 1 de julio de 2020, para modificar el anexo I, que establezca los volúmenes mínimos aplicables a los minerales de tantalio o niobio y sus concentrados, minerales de oro y sus concentrados, óxidos e hidróxidos de estaño, tantalios y carburos de tantalio.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con los artículos 18 y 19 con el fin de modificar los volúmenes mínimos existentes recogidos en el anexo I cada tres años después del 1 de enero de 2021.

6. A excepción del artículo 7, apartado 4, el presente Reglamento no será de aplicación a los metales reciclados.

7. El presente Reglamento no será de aplicación a las existencias cuando el importador de la Unión demuestre que dichas existencias en su forma actual se crearon en una fecha verificable anterior al 1 de febrero de 2013.

8. El presente Reglamento será de aplicación a los minerales y metales a que se refiere el anexo I que se hayan obtenido como subproductos tal y como estos se definen en el artículo 2, letra t).

Cumplimiento por parte de los importadores de la Unión de las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro (art. 3)

1. Los importadores de la Unión de minerales o metales cumplirán las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro que establece el presente Reglamento y conservarán documentación que demuestre su respectivo cumplimiento de dichas obligaciones, incluidos los resultados de las auditorías externas independientes.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros serán responsables de llevar a cabo los adecuados controles posteriores de conformidad con el artículo 11.

3. De conformidad con el artículo 8, apartado 1, las partes interesadas podrán presentar programas de diligencia debida en la cadena de suministro para ser reconocidos por la Comisión con el fin de facilitar el cumplimiento por parte de los importadores de la Unión de los requisitos aplicables establecidos en los artículos 4 a 7.

Obligaciones relativas al sistema de gestión (art. 4)

Los importadores de la Unión de minerales o metales estarán obligados a:

a) adoptar su política de cadena de suministro de los minerales y metales que puedan ser originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo y comunicar claramente a los proveedores y al público información actualizada al respecto;

b) incorporar a su política de cadena de suministro las normas que rijan su observancia de la diligencia debida en la cadena de suministro de manera coherente con las normas establecidas en el modelo de política de cadena de suministro establecido en el anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE;

c) estructurar sus respectivos sistemas de gestión interna para apoyar la diligencia debida en la cadena de suministro asignando a los altos directivos, en caso de que el importador de la Unión no sea una persona física, la responsabilidad de supervisar la observancia de la diligencia debida y de mantener registros de esos sistemas durante un mínimo de cinco años;

d) reforzar su compromiso con los proveedores mediante la incorporación de su política de cadena de suministro en los contratos y acuerdos con proveedores en coherencia con el anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE;

e) establecer un mecanismo de reclamaciones como un sistema de alerta rápida sobre posibles riesgos o hacer posible tal mecanismo mediante acuerdos de colaboración con otros agentes económicos u organizaciones, o facilitando el recurso a un experto u organismo externo, como, por ejemplo, un mediador;

f) en lo que respecta a los minerales, aplicar una cadena de custodia o un sistema de trazabilidad de la cadena de suministro que aporte la siguiente información y la apoye con documentación:

  • i) descripción del mineral, incluidos su nombre comercial y tipo,
  • ii) nombre y dirección del proveedor del importador de la Unión,
  • iii) país de origen de los minerales,
  • iv) cantidades, expresadas en volumen o peso, y fechas de extracción, si se dispone de ellas,
  • v) cuando los minerales o metales sean originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo, o cuando el importador de la Unión haya constatado otros riesgos relacionados con la cadena de suministro de los que se enumeran en la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, información adicional de acuerdo con las recomendaciones específicas para los agentes económicos de las fases iniciales que se recogen en la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, como la mina de origen de los minerales, los lugares en los que los recursos se consolidan, comercializan y procesan, y los impuestos, tasas y cánones pagados;

g) en lo que respecta a los metales, aplicar una cadena de custodia o un sistema de trazabilidad de la cadena de suministro que aporte la siguiente información y la apoye con documentación:

  • i) descripción del metal, incluidos su nombre comercial y tipo,
  • ii) nombre y dirección del proveedor del importador de la Unión,
  • iii) nombre y dirección de las fundiciones y refinerías de la cadena de suministro del importador de la Unión,
  • iv) si se dispone de ellos, registros de los informes de auditoría externa sobre las fundiciones o refinerías, o pruebas de la conformidad con los programas de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos por la Comisión de conformidad con el artículo 8,
  • v) si no se dispone de los registros mencionados en el inciso iv):
    • países de origen de los minerales de la cadena de suministro de las fundiciones y refinerías,
    • cuando los metales procedan de minerales originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo, o cuando el importador de la Unión haya constatado otros riesgos relacionados con la cadena de suministro de los que se enumeran en la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, información adicional de acuerdo con las recomendaciones específicas para los agentes económicos de las fases finales que se recogen en dicha Guía;

h) por lo que se refiere a los subproductos, facilitar información respaldada con documentación a partir del punto de origen de dichos subproductos, a saber, el punto en que el subproducto sea separado por primera vez de su mineral o metal primario excluido del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Obligaciones en materia de gestión de riesgos (art. 5)

1. Los importadores de la Unión de minerales estarán obligados a:

a) detectar y evaluar los riesgos de efectos negativos en su cadena de suministro de minerales sobre la base de la información proporcionada con arreglo al artículo 4, conforme a las normas de su política de cadena de suministro, de manera coherente con el anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE y las recomendaciones de diligencia debida que se establecen en dicha Guía;

b) aplicar una estrategia para afrontar los riesgos detectados, diseñada de manera que impida o reduzca efectos negativos:

  • i) informando de los resultados de la evaluación de riesgos en la cadena de suministro a los altos directivos designados a tal fin, en caso de que el importador de la Unión no sea una persona física,
  • ii) adoptando medidas de gestión de riesgos coherentes con el anexo II y las recomendaciones de diligencia debida de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, habida cuenta de su capacidad de influir y actuar, en su caso, para ejercer presión sobre los proveedores que más eficazmente pueden impedir o reducir el riesgo detectado, de manera que:
    • continúe el comercio con la implantación simultánea de esfuerzos cuantificables de reducción de riesgos,
    • se suspenda temporalmente el comercio mientras prosigan los esfuerzos cuantificables de reducción de riesgos, o
    • se rompa la relación con un proveedor tras intentos fallidos de reducción de riesgos,
  • iii) aplicando el plan de gestión de riesgos; supervisando y registrando la eficacia de los esfuerzos de reducción de riesgos; informando a los altos directivos designados a ese fin, en caso de que el importador de la Unión no sea una persona física, y considerando la posibilidad de suspender o romper la relación con un proveedor tras intentos fallidos de reducción de riesgos,
  • iv) llevando a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y riesgos en relación con los riesgos que deban reducirse, o a raíz de un cambio de circunstancias.

2. Si un importador de la Unión de minerales prosigue los esfuerzos de reducción de riesgos mientras continúa el comercio o lo suspende temporalmente, consultará con los proveedores y con los interesados correspondientes, incluidas las autoridades de la administración local y central, las organizaciones internacionales o de la sociedad civil y los terceros afectados, y llegará a un acuerdo sobre una estrategia de reducción de riesgos cuantificable en el plan de gestión de riesgos.

3. Al diseñar estrategias de reducción sensibles a las situaciones de conflicto o de alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, los importadores de la Unión de minerales se basarán en las medidas e indicadores a que se refiere el anexo III de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, y medirán las mejoras progresivas.

4. Los importadores de la Unión de metales detectarán y evaluarán, de conformidad con el anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE y las recomendaciones específicas de diligencia debida recogidas en ella, los riesgos en su cadena de suministro sobre la base de los informes de auditoría externa disponibles relativos a fundiciones y refinerías de dicha cadena, y evaluando, cuando proceda, las prácticas de diligencia debida de esas fundiciones y refinerías. Dichos informes de auditoría se elaborarán de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del presente Reglamento. A falta de dichos informes de auditoría externa procedentes de las fundiciones y refinerías en su cadena de suministro, los importadores de la Unión de metales detectarán y evaluarán los riesgos en su cadena de suministro como parte de su propio sistema de gestión de riesgos. En tales casos, los importadores de la Unión de metales llevarán a cabo auditorías de la diligencia debida de su propia cadena de suministro a través de un tercero independiente de conformidad con el artículo 6 del presente Reglamento.

5. Los importadores de la Unión de metales que no sean personas físicas informarán de los resultados de la evaluación de riesgos a que se refiere el apartado 4 a los altos directivos designados a ese fin y aplicarán una estrategia de respuesta destinada a evitar o reducir los efectos negativos, de manera coherente con el anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE y las recomendaciones específicas recogidas en dicha Guía.

Obligaciones en materia de auditoría externa (art. 6)

1. Los importadores de la Unión de minerales o metales llevarán a cabo auditorías por medio de terceros independientes (en lo sucesivo, «auditoría externa»).

La auditoría externa deberá:

a) tener por objeto el conjunto de las actividades, procesos y sistemas del importador de la Unión utilizados para observar la diligencia debida en la cadena de suministro respecto de los minerales o metales, incluido el sistema de gestión del importador de la Unión, la gestión de riesgos y la comunicación de información de conformidad con los artículos 4, 5 y 7, respectivamente;

b) tener como objetivo la comprobación de la conformidad con los artículos 4, 5 y 7 de las prácticas de diligencia debida en la cadena de suministro del importador de la Unión;

c) hacer recomendaciones al importador de la Unión sobre la manera de mejorar sus prácticas de diligencia debida en la cadena de suministro, y

d) respetar los principios de independencia, competencia y rendición de cuentas conforme a lo establecido en la Guía de Diligencia Debida de la OCDE.

2. Los importadores de la Unión de metales estarán exentos de la obligación de efectuar auditorías externas con arreglo al apartado 1, siempre que faciliten pruebas sustanciales, incluidos informes de auditoría externa, de que todas las fundiciones y refinerías de su cadena de suministro cumplen el presente Reglamento.

El requisito de las pruebas sustanciales se considerará cumplido cuando los importadores de la Unión de metales demuestren que se abastecen exclusivamente de las fundiciones y refinerías incluidas por la Comisión en una lista de conformidad con el artículo 9.

Obligaciones de comunicación (art. 7)

1. Los importadores de la Unión de minerales o metales pondrán a disposición de las autoridades competentes de los Estados miembros las auditorías externas realizadas de conformidad con el artículo 6 o pruebas de la conformidad con los programas de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos por la Comisión de conformidad con el artículo 8.

2. Los importadores de la Unión de minerales o metales pondrán a disposición de sus compradores inmediatos de las fases finales toda la información obtenida y conservada en el ejercicio de la diligencia debida de su cadena de suministro, con la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia de mercado.

3. Los importadores de la Unión de minerales o metales informarán anualmente al público con la mayor amplitud posible, también por internet, sobre sus políticas de diligencia debida en la cadena de suministro y sus prácticas para el abastecimiento responsable. Esa información incluirá las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones relativas a su sistema de gestión de conformidad con el artículo 4 y a su gestión de riesgos de conformidad con el artículo 5, así como un resumen de las auditorías externas, incluido el nombre del auditor, con la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia de mercado.

4. Cuando un importador de la Unión pueda deducir razonablemente la conclusión de que los metales únicamente se derivan de material reciclado o desechos, deberá, con la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia de mercado:

  • a) hacer pública su conclusión, y
  • b) describir de forma detallada, dentro de lo razonable, las medidas de diligencia debida de la cadena de suministro adoptadas para llegar a esa conclusión.

Reconocimiento de los programas de diligencia debida de la cadena de suministro (art. 8)

1. Los gobiernos, las organizaciones sectoriales y las agrupaciones de organizaciones interesadas que dispongan de programas de diligencia debida (en lo sucesivo, «titulares») podrán solicitar a la Comisión que esta reconozca los programas de diligencia debida de la cadena de suministro desarrollados y supervisados por ellos. Dichas solicitudes deberán estar fundamentadas en pruebas e información adecuadas.

2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 19, destinados a completar el presente Reglamento mediante la determinación de la metodología y los criterios que permitan a la Comisión evaluar si los programas de diligencia debida de la cadena de suministro facilitan el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento por parte de los agentes económicos y que permitan a la Comisión conceder el reconocimiento a los programas.

3. Cuando, sobre la base de las pruebas y la información proporcionadas de conformidad con el apartado 1 y de conformidad con la metodología y los criterios de reconocimiento establecidos en el apartado 2, la Comisión decida que el programa de diligencia debida de la cadena de suministro, cuando es aplicado efectivamente por un importador de la Unión de minerales o metales, permite que el importador cumpla lo establecido en el presente Reglamento, adoptará un acto de ejecución por el que concederá a dicho programa un reconocimiento de equivalencia con los requisitos del presente Reglamento. Si procede, se consultará a la Secretaría de la OCDE antes de adoptar esos actos de ejecución.

Cuando tome una decisión sobre el reconocimiento de un programa de diligencia debida, la Comisión tendrá en cuenta las diferentes prácticas sectoriales cubiertas por ese programa, así como el enfoque y método basados en los riesgos, utilizados por el programa para determinar las zonas de conflicto o de alto riesgo, al igual que los resultados manifestados. Dichos resultados serán divulgados por el titular.

Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

4. La Comisión verificará asimismo periódicamente, según proceda, si los programas reconocidos de diligencia debida de la cadena de suministro siguen cumpliendo los criterios que dieron lugar a la decisión de reconocimiento de equivalencia adoptada de conformidad con el apartado 3.

5. El titular de un programa de diligencia debida de la cadena de suministro al que se haya concedido el reconocimiento de equivalencia con arreglo al apartado 3 informará sin demora a la Comisión de todo cambio o actualización que se realice en el programa.

6. En caso de que haya pruebas de casos reiterados o significativos en los que los agentes económicos que apliquen un programa reconocido de conformidad con el apartado 3 no hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Comisión, previa consulta al titular del programa reconocido, examinará si esos casos ponen de manifiesto deficiencias en el programa.

7. Cuando la Comisión constate un incumplimiento del presente Reglamento o deficiencias en un programa reconocido de diligencia debida de la cadena de suministro, podrá conceder al titular un plazo de tiempo adecuado para que adopte medidas correctoras.

Cuando el titular no tome o se niegue a tomar las medidas correctoras necesarias, y cuando la Comisión haya determinado que el incumplimiento o las deficiencias mencionadas en el párrafo primero del presente apartado comprometen la capacidad del importador de la Unión que aplique un programa para cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento, o cuando los casos reiterados o significativos de incumplimiento por parte de los agentes económicos que apliquen un programa se deban a deficiencias en este, la Comisión adoptará un acto de ejecución de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2, por el que se retirará el reconocimiento del programa.

8. La Comisión establecerá y mantendrá actualizado un registro de los programas reconocidos de diligencia debida de la cadena de suministro. Dicho registro se pondrá a disposición del público en internet.

Lista de fundiciones y refinerías a escala mundial responsables (art. 9)

1. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezca o modifique la lista de los nombres y direcciones de las fundiciones y refinerías a escala mundial responsables.

Dicha lista se elaborará teniendo en cuenta las fundiciones y refinerías a escala mundial responsables que estén incluidas en los programas de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos por la Comisión de conformidad con el artículo 8 y la información presentada por los Estados miembros en virtud del artículo 17, apartado 1.

2. La Comisión se esforzará todo lo posible por determinar cuáles de aquellas fundiciones y refinerías de la lista mencionada en el apartado 1 del presente artículo se abastecen, al menos parcialmente, a partir de zonas de conflicto o de alto riesgo, basándose en particular en información facilitada por los titulares de programas de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos conforme al artículo 8.

3. La Comisión establecerá o modificará la lista utilizando el modelo que figura en el anexo II y de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2. Si procede, se consultará a la Secretaría de la OCDE antes de adoptar la lista.

4. La Comisión suprimirá de la lista, mediante un acto de ejecución, los nombres y direcciones de las fundiciones y refinerías que ya no sean reconocidas como responsables sobre la base de la información recibida con arreglo al artículo 8 y al artículo 17, apartado 1. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

5. De manera oportuna, la Comisión actualizará y pondrá a disposición del público, también en internet, la información incluida en la lista de fundiciones y refinerías a escala mundial responsables.

FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS ACCIONISTAS

Sociedades

Identificación de los accionistas

1. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades tengan derecho a identificar a sus accionistas. Los Estados miembros podrán disponer que las sociedades que tengan el domicilio social en su territorio solo estén autorizadas a solicitar la identificación de los accionistas que posean más de un determinado porcentaje de acciones o de derechos de voto. Dicho porcentaje no excederá del 0,5 %.

2. Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la sociedad o de un tercero nombrado por la sociedad, los intermediarios comuniquen sin demora a la sociedad la información sobre la identidad de los accionistas.

3. Cuando la cadena de intermediarios conste de más de un intermediario, los Estados miembros garantizarán que los intermediarios se transmitan entre sí sin demora la solicitud de la sociedad, o de un tercero nombrado por la sociedad, y que el intermediario que posea la información solicitada transmita directamente y sin demora a la sociedad, o al tercero nombrado por la sociedad, la información sobre la identidad del accionista. Los Estados miembros garantizarán que la sociedad pueda obtener información sobre la identidad del accionista de cualquier intermediario de la cadena que posea la información.

Los Estados miembros podrán disponer que se permita a la sociedad que solicite a los depositarios centrales de valores, o a otro intermediario o prestador de servicios, que recaben información sobre la identidad de los accionistas, incluso de los intermediarios de la cadena de intermediarios, y que la remitan a la sociedad.

Los Estados miembros podrán disponer además que, a petición de la sociedad, o de un tercero nombrado por la sociedad, el intermediario comunique sin demora a la sociedad los datos del siguiente intermediario de la cadena de intermediarios.

4. Los datos personales de los accionistas se tratarán con arreglo al presente artículo para que la sociedad pueda identificar a sus accionistas con el fin de comunicarse directamente con ellos con vistas a facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad.

Sin perjuicio de que en un acto legislativo sectorial de la Unión se establezca un período de conservación más largo, los Estados miembros garantizarán que las sociedades y los intermediarios no conserven los datos personales de los accionistas que les hayan sido transmitidos de conformidad con el presente artículo para los fines especificados en este durante un período superior a doce meses a partir de la fecha en que hayan tenido conocimiento de que el interesado ha dejado de ser accionista.

Los Estados miembros podrán disponer en su legislación el tratamiento de los datos personales de los accionistas para otros fines.

5. Los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas tengan el derecho de rectificar la información incompleta o inexacta sobre la identidad de los accionistas.

6. Los Estados miembros garantizarán que no se considere que los intermediarios que revelen información sobre la identidad de los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo incumplen las restricciones sobre revelación de información impuestas contractualmente o por cualquier disposición legislativa, reglamentaria o administrativa.

7.   A más tardar el 10 de junio de 2019, los Estados miembros comunicarán a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), establecida por el Reglamento (UE) n.° 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo si han limitado la identificación de los accionistas a los accionistas que posean más de un determinado porcentaje de acciones o de derechos de voto de conformidad con el apartado 1 y, en tal caso, el porcentaje aplicable. La AEVM publicará esa información en su sitio web.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución por los que se especifiquen los requisitos mínimos para transmitir la información contemplada en el apartado 2, en particular por lo que respecta al formato de la información que debe transmitirse, el formato de la solicitud, incluidas su seguridad e interoperabilidad, y los plazos que han de respetarse. Dichos actos de ejecución se adoptarán a más tardar el 10 de septiembre de 2018 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 2.

Transmisión de información

1. Los Estados miembros garantizarán que se exija a los intermediarios que transmitan sin demora la siguiente información de la sociedad a los accionistas o a un tercero nombrado por un accionista:

  • a) la información que la sociedad debe facilitar al accionista para permitirle ejercer los derechos derivados de sus acciones y que vaya dirigida a todos los accionistas titulares de acciones de esa categoría, o
  • b) cuando la información contemplada en la letra a) esté a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad, un aviso que indique dónde se puede encontrar esa información en el sitio web de la sociedad.

2. Los Estados miembros exigirán a las sociedades que faciliten y entreguen a los intermediarios, de manera normalizada y en tiempo oportuno, la información mencionada en el apartado 1, letra a), o el aviso mencionado en el apartado 1, letra b).

3. No obstante, los Estados miembros no exigirán a las sociedades que faciliten y entreguen a los intermediarios la información mencionada en el apartado 1, letra a), o el aviso mencionado en el apartado 1, letra b), cuando las sociedades transmitan esa información o ese aviso a todos sus accionistas directamente o a terceros nombrados por los accionistas.

4. Los Estados miembros obligarán a los intermediarios a transmitir sin dilación a la sociedad, de conformidad con las instrucciones recibidas de los accionistas, la información recibida de los accionistas relacionada con el ejercicio de los derechos derivados de sus acciones.

5. Cuando una cadena de intermediarios conste de más de un intermediario, los intermediarios se trasmitirán entre sí sin demora la información mencionada en los apartados 1 y 4, salvo que la información pueda ser transmitida directamente por el intermediario a la sociedad o al accionista o a un tercero nombrado por el accionista.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución por los que se especifiquen los requisitos mínimos para transmitir información establecidos en los apartados 1 a 5 del presente artículo por lo que respecta a los tipos y al formato de la información que debe transmitirse, incluidas su seguridad e interoperabilidad, así como los plazos que deben cumplirse. Dichos actos de ejecución se adoptarán a más tardar el 10 de septiembre de 2018 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 2.

Facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas

1. Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios faciliten el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluido el derecho a participar y a votar en las juntas generales, que incluirá, por lo menos, una de las actuaciones siguientes:

  • a) el intermediario adopta las disposiciones necesarias para que el accionista o un tercero nombrado por él pueda ejercer por sí mismo los derechos;
  • b) el intermediario ejerce los derechos derivados de las acciones según la autorización y las instrucciones expresas del accionista y en beneficio de este.

2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando la votación se realice de forma electrónica, se envíe una confirmación electrónica de la recepción del voto a la persona que emite el voto.

Los Estados miembros garantizarán que después de la junta general el accionista o un tercero nombrado por el accionista pueda obtener, por lo menos cuando lo solicite, una confirmación de que sus votos han sido registrados y contabilizados válidamente por la sociedad, salvo que ya dispongan de esta información. Los Estados miembros podrán establecer un plazo para solicitar dicha confirmación. Ese plazo no será superior a tres meses a partir de la fecha de la votación.

Cuando un intermediario reciba la confirmación a que se refiere el párrafo primero o el párrafo segundo, la transmitirá sin demora al accionista o a un tercero nombrado por el accionista. Cuando la cadena de intermediarios conste de más de un intermediario, los intermediarios se trasmitirán entre sí sin demora dicha confirmación, salvo que esta pueda transmitirse directamente al accionista o al tercero nombrado por el accionista.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución por los que se especifiquen los requisitos mínimos para facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo por lo que respecta a los tipos de facilitación, el formato de la confirmación electrónica de la recepción de los votos, el formato para la transmisión de la confirmación de que los votos han sido válidamente registrados y contabilizados a través de la cadena de intermediarios, incluidas sus seguridad e interoperabilidad, y los plazos que han de respetarse. Dichos actos de ejecución se adoptarán a más tardar el 10 de septiembre de 2018 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 2.

No discriminación, proporcionalidad y transparencia de los costes

1. Los Estados miembros requerirán a los intermediarios que revelen públicamente todas las tarifas aplicables por los servicios prestados en virtud del presente capítulo por separado para cada uno de los servicios.

2. Los Estados miembros garantizarán que las tarifas que cobre un intermediario a los accionistas, las sociedades y otros intermediarios no sean discriminatorias y sean proporcionadas en relación con los costes reales en que se haya incurrido para la prestación de los servicios. Toda diferencia entre las tarifas cobradas por el ejercicio de derechos a nivel nacional y con carácter transfronterizo será autorizada únicamente si está debidamente justificada y refleja la variación de los costes reales en que se haya incurrido para la prestación de los servicios.

3. Los Estados miembros podrán prohibir a los intermediarios que cobren honorarios por los servicios prestados con arreglo al presente capítulo.

Política de implicación

1. Los Estados miembros garantizarán que los inversores institucionales y los gestores de activos cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y b) o publiquen una explicación clara y motivada sobre las razones por las que han decidido no cumplir uno o más de dichos requisitos:

  • a) los inversores institucionales y los gestores de activos desarrollarán y pondrán en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo integran la implicación de los accionistas en su política de inversión. Esta política describirá cómo hacen el seguimiento de las sociedades en las que invierten en lo referente a cuestiones pertinentes, incluidos la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo, desarrollan diálogos con las sociedades en las que invierten, ejercen los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones, cooperan con otros accionistas, se comunican con accionistas importantes de las sociedades en las que invierten y gestionan conflictos de interés reales y potenciales en relación con su implicación;
  • b) los inversores institucionales y los gestores de activos revelarán públicamente con carácter anual cómo se ha aplicado su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y el recurso a los servicios de asesores de voto. Publicarán el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen acciones. Dicha publicación podrá excluir los votos que son insignificantes debido al objeto de la votación o a la dimensión de la participación en la sociedad.

2. La información mencionada en el apartado 1 estará disponible públicamente de forma gratuita en el sitio web del inversor institucional o del gestor de activos. Los Estados miembros podrán requerir que la información se publique, de forma gratuita, mediante otros medios que sean fácilmente accesibles en línea.

Cuando un gestor de activos aplique la política de implicación, también por lo que respecta a la votación, en nombre de un inversor institucional, este deberá indicar el lugar en que el gestor de activos ha publicado dicha información sobre la votación.

3. Las normas relativas a los conflictos de intereses aplicables a los inversores institucionales y los gestores de activos, incluidos el artículo 14 de la Directiva 2011/61/UE, el artículo 12, apartado 1, letra b), y el artículo 14, apartado 1, letra d), de la Directiva 2009/65/CE y las correspondientes normas de ejecución y el artículo 23 de la Directiva 2014/65/UE, serán asimismo aplicables a las actividades de implicación.

Estrategia de inversión de los inversores institucionales y acuerdos con los gestores de activos

1. Los Estados miembros garantizarán que los inversores institucionales revelen públicamente la manera en que los elementos principales de su estrategia de inversión en valores son coherentes con el perfil y la duración de sus pasivos, en particular sus pasivos a largo plazo, y la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos.

2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando un gestor de activos invierta en nombre de un inversor institucional, bien de manera discrecional cliente por cliente, o bien a través de un organismo de inversión colectiva, el inversor institucional ponga en conocimiento del público la información siguiente relativa a su acuerdo con el gestor de activos:

  • a) cómo el acuerdo con el gestor de activos incentiva al gestor de activos a adaptar su estrategia y sus decisiones de inversión al perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional, en particular de los pasivos a largo plazo;
  • b) cómo ese acuerdo incentiva al gestor de activos a adoptar sus decisiones de inversión basándose en evaluaciones del rendimiento financiero y no financiero a medio y largo plazo de la sociedad en la que se invierte y a implicarse en las sociedades en las que se invierte con objeto de mejorar su rendimiento a medio y largo plazo;
  • c) cómo el método y el horizonte temporal de la evaluación del rendimiento del gestor de activos y la remuneración por los servicios de gestión de activos son conformes con el perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional, en particular los pasivos a largo plazo, y tienen en cuenta el rendimiento absoluto a largo plazo;
  • d) cómo el inversor institucional controla los costes de rotación de la cartera en que ha incurrido el gestor de activos y la manera en que define y controla la rotación o el intervalo de rotación de una cartera específica;
  • e) la duración del acuerdo con el gestor de activos.

Cuando el acuerdo con el gestor de activos no contenga uno o varios de dichos elementos, el inversor institucional deberá justificarlo mediante una explicación clara y razonada.

3. La información a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo estará disponible públicamente, de forma gratuita, en el sitio web del inversor institucional y se actualizará anualmente, salvo si no se produce ningún cambio significativo. Los Estados miembros podrán disponer que dicha información esté disponible públicamente, de forma gratuita, en otros medios fácilmente accesibles en línea.

Los Estados miembros garantizarán que los inversores institucionales regulados por la Directiva 2009/138/CE estén autorizados a incluir esta información en su informe sobre la situación financiera y de solvencia a que se refiere el artículo 51 de la mencionada Directiva.

Transparencia de los gestores de activos

1. Los Estados miembros garantizarán que los gestores de activos pongan anualmente en conocimiento del inversor institucional con el que hayan concluido los acuerdos mencionados en el artículo 3 nonies la forma en que su estrategia de inversión y su aplicación se ajustan a dicho acuerdo y contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de los activos del inversor institucional o del fondo. Al revelarse dicha información, se incluirá información sobre los principales riesgos a medio y largo plazo asociados a las inversiones, la composición de la cartera, la rotación y los costes de rotación, el uso de asesores de voto para fines de actividades de implicación y su política de préstamo de valores y el modo en que se aplica para cumplir sus actividades de implicación si procede, en particular en la junta general de las sociedades en las que se invierte. Al revelarse dicha información, se incluirá asimismo información sobre si adoptaron, y en tal caso cómo, decisiones sobre inversiones basadas en la evaluación del rendimiento a medio y largo plazo de las sociedades en las que se invierte, incluido el rendimiento no financiero, y sobre si se han producido conflictos de intereses en relación con las actividades de implicación y, en tal caso, qué conflictos y cómo los han resuelto los gestores de activos.

2. Los Estados miembros podrán disponer que la información mencionada en el apartado 1 se publique junto con el informe anual a que se refiere el artículo 68 de la Directiva 2009/65/CE o en el artículo 22 de la Directiva 2011/61/UE o las comunicaciones periódicas contempladas en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2014/65/UE.

Cuando la información comunicada con arreglo al apartado 1 ya esté a disposición del público, no se exigirá al gestor de activos que facilite directamente la información al inversor institucional.

3. Los Estados miembros podrán exigir que, cuando el gestor de activos no gestione los activos de manera discrecional cliente por cliente, la información revelada con arreglo al apartado 1 también se facilite a otros inversores del mismo fondo, por lo menos cuando la soliciten.

Transparencia de los asesores de voto

1. Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto hagan referencia pública al código de conducta que apliquen e informen sobre su aplicación.

Cuando los asesores de voto no apliquen ningún código de conducta, explicarán el motivo de manera clara y razonada. Cuando los asesores de voto apliquen un código de conducta pero se aparten de alguna de sus recomendaciones, harán constar qué partes no están siguiendo, darán explicaciones sobre los motivos e indicarán, en su caso, las medidas alternativas adoptadas.

La información a que se refiere el presente apartado se hará pública de forma gratuita en los sitios web de los asesores de voto y será actualizada anualmente.

2. Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto, a fin de que sus clientes estén debidamente informados de la exactitud y fiabilidad de sus actividades, publiquen cada año como mínimo toda la información que figura a continuación sobre la preparación de sus investigaciones, asesoramientos y recomendaciones de voto:

  • a) las características esenciales de los métodos y los modelos aplicados;
  • b) las principales fuentes de información utilizadas;
  • c) los procedimientos implantados para garantizar la calidad de las investigaciones, asesoramientos y recomendaciones de voto y la cualificación del personal destinado a esa función;
  • d) si, y en tal caso cómo, tienen en cuenta las condiciones del mercado, jurídicas, normativas y específicas de la sociedad nacionales;
  • e) las características esenciales de las políticas de voto que aplican a cada mercado;
  • f) si mantienen diálogos con las sociedades que son objeto de sus investigaciones, asesoramientos o recomendaciones de voto y con los interesados de la sociedad, y, en tal caso, su alcance y su naturaleza;
  • g) la política relativa a la prevención y a la gestión de conflictos de intereses potenciales.

La información a que se refiere el presente apartado se pondrá a disposición del público en los sitios web de los asesores de voto y permanecerá disponible de forma gratuita durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de publicación. No será necesario presentar esa información por separado cuando ya se halle disponible por haber sido revelada en virtud del apartado 1.

3. Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto determinen y comuniquen sin demora a sus clientes cualquier conflicto de intereses real o potencial o cualquier relación empresarial que puedan influir en la preparación de sus investigaciones, asesoramientos o recomendaciones de voto y las medidas adoptadas para eliminar, reducir o gestionar los conflictos de intereses reales o potenciales.

4. El presente artículo se aplica asimismo a los asesores de voto que no tienen su domicilio social ni su establecimiento principal en la Unión y realizan sus actividades a través de un establecimiento situado en la Unión.

Derecho de voto sobre la política de remuneración

1. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades establezcan una política de remuneración de los administradores y que los accionistas tengan derecho a votar sobre dicha política en la junta general.

2. Los Estados miembros garantizarán que el resultado de la votación de los accionistas en la junta general sobre la política de remuneración sea vinculante. Las sociedades remunerarán a sus administradores únicamente de acuerdo con una política de remuneración aprobada por los accionistas en la junta general.

Cuando no se haya aprobado una política de remuneración y la junta general no apruebe la que se le haya propuesto, la sociedad podrá seguir remunerando a sus administradores de conformidad con las prácticas existentes y someterá a la aprobación de la siguiente junta general una política revisada.

Cuando ya se haya aprobado una política de remuneración y la junta general no apruebe la nueva propuesta, la sociedad seguirá remunerando a sus administradores de conformidad con la política ya aprobada y someterá a la aprobación de la siguiente junta general una política revisada.

3. No obstante, los Estados miembros podrán disponer que la votación en una junta general sobre la política de remuneración sea consultiva. En tal caso, las sociedades únicamente remunerarán a sus administradores de acuerdo con una política de remuneración que haya sido sometida a votación en la junta general. Si la junta general rechaza la política de remuneración propuesta, la sociedad someterá a votación una política revisada en la siguiente junta general.

4. Los Estados miembros podrán, en circunstancias excepcionales, permitir que las sociedades apliquen excepciones temporales a la política de remuneración, siempre que en dicha política consten las condiciones de procedimiento en las que se puede recurrir a esas excepciones y se especifiquen los componentes de la política que puedan ser objeto de excepción.

Las circunstancias excepcionales mencionadas en el párrafo primero solo cubrirán situaciones en las que la excepción de la política de remuneración sea necesaria para servir a los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto o para asegurar su viabilidad.

5. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades sometan la política de remuneración a votación de la junta general cada vez que se introduzcan cambios importantes y, en cualquier caso, como mínimo cada cuatro años.

6. La política de remuneración deberá contribuir a la estrategia empresarial y a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad y explicar de qué modo lo hace. Resultará clara y comprensible y describirá los distintos componentes de la remuneración fija y variable, incluidas todas las bonificaciones y otras prestaciones en cualquiera de sus formas, que pueden ser concedidos a los administradores, indicando su proporción relativa.

La política de remuneración expondrá de qué forma se han tenido en cuenta las condiciones de retribución y empleo de los trabajadores de la sociedad al fijar la política de remuneración.

Cuando una sociedad conceda remuneración variable, la política de remuneración establecerá criterios claros, completos y variados para esa concesión. Señalará los criterios de rendimiento financiero y no financiero, incluidos, en su caso, los relativos a la responsabilidad social de las empresas, explicando la forma en que contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos en el párrafo primero, y los métodos que deben aplicarse para determinar en qué medida se han cumplido los criterios de rendimiento. Informará sobre cualquier período de diferimiento y sobre la posibilidad que tenga la sociedad de exigir la devolución de la remuneración variable.

Cuando la sociedad conceda remuneración basada en acciones, la política especificará los períodos de devengo, así como, en su caso, la retención de las acciones tras la consolidación, y explicará la forma en que dicha remuneración contribuye a la consecución de los objetivos establecidos en el párrafo primero.

La política de remuneración señalará la duración de los contratos o acuerdos con los administradores, los plazos de preaviso aplicables, las principales características de los sistemas de pensión complementaria o jubilación anticipada, las condiciones de terminación y los pagos vinculados a esta.

La política de remuneración explicará el proceso de toma de decisiones que se ha seguido para su determinación, revisión y aplicación, incluidas las medidas destinadas a evitar o gestionar los conflictos de intereses y, en su caso, la función del comité de remuneraciones o de los otros comités de que se trate. En caso de revisión de la política, se describirán y explicarán todos los cambios significativos y cómo se tienen en cuenta las votaciones y los puntos de vista de los accionistas sobre la política y los informes a partir de la votación más reciente sobre la política de remuneración en la junta general de accionistas.

7. Los Estados miembros garantizarán que, una vez votada en la junta general la política de remuneración, esta, así como la fecha y el resultado de la votación, se haga pública sin demora en la página web de la sociedad y siga siendo de acceso público de forma gratuita al menos mientras sea aplicable.

Información que se debe facilitar y derecho a votar sobre el informe sobre remuneraciones

1. Los Estados miembros garantizarán que la sociedad elabore un informe sobre remuneraciones claro y comprensible, que ofrezca una descripción global completa de la remuneración —incluidas todas las prestaciones en cualquiera de sus formas— abonada o por abonar durante el ejercicio más reciente a cada administrador, incluidos los antiguos administradores y los contratados recientemente, con arreglo a la política de remuneración a que se refiere el artículo 9 bis.

Cuando sea de aplicación, el informe sobre remuneraciones contendrá la siguiente información sobre la remuneración de cada administrador:

  • a) la remuneración total desglosada en sus componentes, la proporción relativa de la remuneración fija y variable, una explicación de la forma en que la remuneración total cumple la política de remuneración adoptada, en particular cómo contribuye al rendimiento a largo plazo de la sociedad, e información sobre la manera en que se han aplicado los criterios de rendimiento;
  • b) la variación anual de la remuneración, de la evolución del rendimiento de la sociedad y de la remuneración media sobre una base equivalente a tiempo completo de los trabajadores de la sociedad distintos de los administradores durante al menos los cinco ejercicios más recientes, presentadas de manera conjunta de modo que resulte posible establecer comparaciones;
  • c) toda remuneración procedente de cualquier empresa perteneciente al mismo grupo según se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;
  • d) el número de acciones y de opciones sobre acciones concedidas u ofrecidas y las principales condiciones para el ejercicio de los derechos, incluidos el precio y la fecha de ejercicio, así como cualquier modificación de las mismas;
  • e) información sobre el uso de la posibilidad de exigir la devolución de la remuneración variable;
  • f) información sobre toda desviación del procedimiento para la aplicación de la política de remuneración a que se refiere el artículo 9 bis, apartado 6, y toda excepción que se aplique de conformidad con el artículo 9 bis, apartado 4, incluida la explicación del carácter de las circunstancias excepcionales y la indicación de los componentes específicos que son objeto de excepción.

2. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades no incluyan en el informe sobre remuneraciones, por lo que respecta a cada administrador, categorías especiales de datos personales en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (*12), ni datos personales relativos a su situación familiar.

3. Las sociedades tratarán los datos personales de los administradores incluidos en el informe sobre remuneraciones con arreglo al presente artículo con el fin de aumentar la transparencia de las sociedades en lo que respecta a la remuneración de los administradores, con miras a reforzar la rendición de cuentas de estos y la supervisión de los accionistas sobre dicha remuneración.

Sin perjuicio de que un acto legislativo sectorial de la Unión establezca un período superior de tiempo, los Estados miembros garantizarán que las sociedades dejen de dar acceso público con arreglo al apartado 5 del presente artículo a los datos personales de administradores incluidos en dicho informe de conformidad con el presente artículo pasados 10 años a partir de la publicación del informe sobre remuneraciones.

Los Estados miembros podrán disponer en su Derecho interno el tratamiento de los datos personales de los administradores para otros fines.

4. Los Estados miembros garantizarán que la junta general anual tenga derecho a someter a una votación consultiva el informe sobre remuneraciones del ejercicio más reciente. La sociedad deberá explicar en el siguiente informe sobre remuneraciones de qué manera se ha tenido en cuenta la votación de la junta general.

No obstante, en el caso de las pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/34/UE, los Estados miembros podrán disponer, como alternativa a la votación, que el informe sobre remuneraciones del ejercicio más reciente se presente para su debate en la junta general anual como punto independiente del orden del día. La sociedad explicará en el siguiente informe sobre remuneraciones cómo se ha tenido en cuenta dicho debate en la junta general.

5. Sin perjuicio del artículo 5, apartado 4, después de la junta general las sociedades harán público el informe sobre remuneraciones en su sitio web de forma gratuita durante un período de diez años, y podrán optar por hacerlo durante más tiempo siempre que dicho informe ya no contenga datos personales de los administradores. El auditor legal o la entidad auditora se asegurará de que se haya facilitado la información exigida en virtud del presente artículo.

Los Estados miembros se asegurarán de que los administradores de la sociedad, actuando dentro del ámbito de su competencia que le confiere el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que el informe sobre remuneraciones se elabora y se publica de conformidad con los requisitos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán que sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de responsabilidad, como mínimo respecto de la sociedad considerada, se apliquen a los administradores de la sociedad por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente apartado.

6. A fin de asegurar la armonización en relación con el presente artículo, la Comisión adoptará directrices en las que se especifique la presentación normalizada de la información contemplada en el apartado 1.

Transparencia y aprobación de las operaciones con partes vinculadas

1. A los efectos del presente artículo, los Estados miembros definirán las operaciones importantes teniendo en cuenta:

  • a) la influencia que la información sobre la operación pueda tener en las decisiones económicas de los accionistas de la sociedad;
  • b) el riesgo que la operación entraña para la sociedad y sus accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios.

A la hora de definir las operaciones importantes, los Estados miembros fijarán uno o varios indicadores cuantitativos basados en el impacto de la operación en la situación financiera, los ingresos, los activos, la capitalización, incluidos las acciones, o el volumen de negocios de la sociedad, o tener en cuenta la naturaleza de la operación y la posición de la parte vinculada.

Los Estados miembros podrán adoptar distintas definiciones de importancia para la aplicación del apartado 4 de las adoptadas para la aplicación de los apartados 2 y 3, así como diferenciar las definiciones según la dimensión de la sociedad.

2. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades anuncien públicamente, a más tardar en el momento de su celebración, las operaciones significativas con partes vinculadas. El anuncio deberá incluir como mínimo información sobre la naturaleza de la relación con la parte vinculada, el nombre de la parte vinculada, la fecha y el valor de la operación y otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, en particular los minoritarios.

3. Los Estados miembros podrán disponer que el anuncio público mencionado en el apartado 2 vaya acompañado de un informe que evalúe si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, y que explique los supuestos en que se basa junto con los métodos utilizados.

El informe será elaborado por uno de los siguientes:

  • a) un tercero independiente;
  • b) el órgano de administración o de supervisión de la sociedad;
  • c) el comité de auditoría u otro comité que se componga en su mayoría de administradores independientes.

Los Estados miembros garantizarán que las partes vinculadas no participen en la elaboración del informe.

4. Los Estados miembros garantizarán que las operaciones importantes con partes vinculadas cuenten con la aprobación de la junta general o del órgano de administración o de supervisión de la sociedad con arreglo a procedimientos que eviten que una parte vinculada se aproveche de su posición y proporcionen una protección adecuada de los intereses de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios.

Los Estados miembros podrán disponer que los accionistas tengan derecho a votar en la junta general las operaciones importantes con partes vinculadas que hayan sido aprobadas por el órgano de administración o de supervisión de la sociedad.

Cuando en las operaciones con partes vinculadas participe un administrador o un accionista, este no participará en la aprobación o la votación.

Los Estados miembros podrán permitir a los accionistas que sean partes vinculadas participar en la votación, siempre que el Derecho nacional garantice unas salvaguardias adecuadas que se apliquen antes del proceso de votación o durante este para proteger los intereses de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, impidiendo que la parte vinculada apruebe la operación a pesar de la opinión contraria de la mayoría de los accionistas que no sean partes vinculadas o pese a la opinión contraria de la mayoría de los administradores independientes.

5. Los apartados 2, 3 y 4 no se aplicarán a las operaciones celebradas en el curso ordinario de la actividad empresarial y concluidas en condiciones normales de mercado. En lo que a tales operaciones respecta, el órgano de administración o de supervisión de la sociedad implantará un procedimiento interno para la evaluación periódica del cumplimiento de estas condiciones. Las partes vinculadas no participarán en dicha evaluación.

No obstante, los Estados miembros podrán disponer que las sociedades apliquen los requisitos contenidos en los apartados 2, 3 o 4 a las operaciones celebradas en el curso ordinario de la actividad empresarial y concluidas en condiciones normales de mercado.

6. Los Estados miembros podrán no aplicar o permitir que las sociedades no apliquen los requisitos contenidos en los apartados 2, 3 y 4 a:

  • a) las operaciones celebradas entre la sociedad y sus filiales, siempre que estas sean íntegramente de su propiedad, que ninguna otra parte vinculada de la sociedad tenga intereses en la empresa filial, o que el Derecho nacional prevea una protección adecuada de los intereses de la sociedad, de la filial y de sus accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, en dichas operaciones;
  • b) tipos claramente definidos de operaciones para las que el Derecho nacional exige la aprobación de la junta general, siempre que la normativa de que se trate aborde de manera concreta y ampare adecuadamente el trato justo a todos los accionistas y los intereses de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios;
  • c) las operaciones relativas a la remuneración de los administradores, o a determinados componentes de esta, abonada o por abonar de conformidad con el artículo 9 bis;
  • d) las operaciones celebradas por entidades de crédito basándose en medidas destinadas a la salvaguardia de su estabilidad, adoptadas por la autoridad competente responsable de la supervisión prudencial en el sentido del Derecho de la Unión;
  • e) las operaciones ofrecidas con las mismas condiciones a todos los accionistas en las que queden garantizadas la igualdad de trato a estos y la protección de los intereses de la sociedad.

7. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades anuncien públicamente las operaciones importantes celebradas entre sus partes vinculadas y sus filiales. Los Estados miembros podrán asimismo disponer que este anuncio vaya acompañado de un informe que valore si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, y que explique los supuestos en que se basa junto con los métodos utilizados. Las exenciones previstas en los apartados 5 y 6 se aplicarán asimismo a las operaciones descritas en el presente apartado.

8. Los Estados miembros garantizarán que las operaciones con la misma parte vinculada que hayan sido celebradas en cualquier período de doce meses o en el mismo ejercicio y no hayan estado sujetas a las obligaciones enumeradas en los apartados 2, 3 y 4 se agreguen a efectos de la aplicación de dichos apartados.

9. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas sobre difusión pública de la información privilegiada establecidas en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Varsovia

Objetivos generales

Los objetivos generales del Año Europeo serán fomentar y apoyar la labor realizada por la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, en colaboración con el sector del patrimonio cultural y con la sociedad civil en sentido amplio, para proteger, salvaguardar, reutilizar, realzar, valorar y promover el patrimonio cultural de Europa. En particular, el Año Europeo deberá:

  • a) contribuir a promover el papel del patrimonio cultural de Europa como elemento fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. Con respeto pleno de las competencias de los Estados miembros, debe poner de relieve los mejores medios para garantizar la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Europa, así como su disfrute por parte de un público más amplio y diversificado, incluidas medidas para llegar a un público más amplio y acciones educativas en materia de patrimonio, promoviendo así la inclusión y la integración sociales;
  • b) potenciar la contribución del patrimonio cultural europeo a la sociedad y a la economía merced a su potencial económico directo e indirecto, que comprende la capacidad para apoyar a los sectores culturales y creativos, incluidas las pequeñas y medianas empresas, e inspirar la creación y la innovación, así como para fomentar el desarrollo y el turismo sostenibles, mejorar la cohesión social y generar empleo a largo plazo;
  • c) contribuir a promover el patrimonio cultural como elemento importante de las relaciones entre la Unión y terceros países, partiendo del interés y de las necesidades de los países socios y de la experiencia de Europa en materia de patrimonio cultural.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Singapur

ACUERDO INTERNACIONAL. En su forma actual, el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur no puede ser celebrado exclusivamente por la Unión Europea (Dictamen 2/15, 16 de mayo de 2017).

Fiscalidad / IVA

DERECHOS FUNDAMENTALES. Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro (TJUE, Berlioz Investment Fund, 16 de mayo de 2017, C-682/15).

BCE

POLÍTICA ECONÓMICA. El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE (Tribunal General, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, 16 de mayo de 2017, T-122/15).

Agentes comerciales independientes

El artículo 11, apartado 1, primer guion, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, debe interpretarse en el sentido de que no sólo contempla los supuestos de inejecución total del contrato celebrado entre el empresario y el tercero, sino también los de inejecución parcial de este contrato, como que no se alcancen el volumen de operaciones o la duración previstos en el contrato.

El artículo 11, apartados 2 y 3, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que la cláusula de un contrato de agencia comercial según la cual el agente está obligado a reembolsar una parte proporcional de su comisión en caso de inejecución parcial del contrato celebrado entre el empresario y el tercero no constituye una excepción «en detrimento del agente comercial», en el sentido del artículo 11, apartado 3, si la parte de la comisión sujeta a la obligación de reembolso es proporcional al alcance de la inejecución de dicho contrato y a condición de que tal inejecución no se deba a circunstancias atribuibles al empresario.

El artículo 11, apartado 1, segundo guion, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias atribuibles al empresario» no sólo hace referencia a las causas jurídicas que hayan conducido directamente a la ruptura del contrato celebrado entre el empresario y el tercero, sino a todas las circunstancias fácticas y jurídicas atribuibles al empresario que hubieran dado lugar a la inejecución del contrato (TJUE, ERGO Poist’ovňa, a.s. contra Alžbeta Barlíková, 17 de mayo de 2017, C‑48/16).

Ayudas de Estado

En circunstancias como las del litigio principal, el acuerdo de una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro de aceptar, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y de pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, cuando:

  • ese acuerdo constituya una ventaja conferida directa o indirectamente mediante fondos estatales y es imputable al Estado;
  • la empresa beneficiaria no habría obtenido facilidades comparables de un acreedor privado, y
  • dicha decisión pueda afectar los intercambios entre los Estados miembros y falsear la competencia.

Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si concurren tales requisitos.

Si un órgano jurisdiccional nacional califica de ayuda de Estado el acuerdo de una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro de aceptar, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y de pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito, las autoridades de tal Estado miembro están obligadas a notificar tal ayuda a la Comisión antes de su ejecución, en aplicación del artículo 108 TFUE, apartado 3 (TJUE, Fondul Proprietatea SA contra Complexul Energetic Oltenia SA, 18 de mayo de 2017, C‑150/16).

Fiscalidad

El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida fiscal establecida por el Estado miembro de una sociedad matriz, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la percepción de un impuesto con ocasión de la distribución de dividendos por la sociedad matriz y cuya base imponible está constituida por los importes de los dividendos distribuidos, incluidos los procedentes de filiales no residentes de esta sociedad (TJUE, Association française des entreprises privées (AFEP) y otros contra Ministre des finances et des comptes publics, 17 de mayo de 2017, C‑365/16).

La libertad de establecimiento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual tanto una sociedad no residente que ejerza una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente como una sociedad residente, incluida la filial residente de una sociedad no residente, están sujetas a un impuesto con las características del fairness tax cuando dichas sociedades distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo, a condición de que el método de determinación de la base imponible de dicho impuesto no lleve, de hecho, a tratar a esa sociedad no residente de manera menos ventajosa que a una sociedad residente, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 5 de la Directiva 2011/96/UE, del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que establece un impuesto con las características del fairness tax, al que están sujetas las sociedades no residentes que ejerzan una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente y las sociedades residentes, incluida la filial residente de una sociedad no residente, cuando distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo.

El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96, puesto en relación con el apartado 3 de dicho artículo, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que esa normativa tiene como consecuencia, en el supuesto de que los beneficios percibidos de su filial por una sociedad matriz sean distribuidos por esa sociedad matriz con posterioridad al ejercicio en el que los percibió, someter esos beneficios a un gravamen que rebasa el límite máximo del 5 % fijado en la referida disposición (TJUE, X contra Ministerraad, 17 de mayo de 2017, C‑68/15).

El artículo 314 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro denieguen a un sujeto pasivo, que ha recibido una factura en la que figuran unas menciones relativas tanto al régimen del margen de beneficio como a la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el derecho a aplicar el régimen del margen de beneficio, aun cuando de una inspección posterior llevada a cabo por dichas autoridades resulte que el sujeto pasivo revendedor que suministró los bienes de ocasión no había aplicado efectivamente dicho régimen a la entrega de esos bienes, a menos que las autoridades competentes acrediten que el sujeto pasivo no actuó de buena fe o no adoptó todas las medidas razonables en su poder para asegurarse de que la operación que efectuaba no le conducía a participar en un fraude fiscal, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente (TJUE, UAB „Litdana“ contra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 18 de mayo de 2017, C‑624/15).

Libre prestación de servicios

La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos (TJUE, Jean-Philippe Lahorgue contra Ordre des avocats du barreau de Lyon y otros, 18 de mayo de 2017, C‑99/16).

Propiedad intelectual o industrial

El artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un «establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición, siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz (TJUE, Hummel Holding A/S contra Nike Inc. y Nike Retail B.V., 18 de mayo de 2017, C‑617/15).

Régimen del tránsito comunitario externo

El artículo 203, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el sentido de que este precepto no se aplica en caso de que no se haya presentado el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo ante la aduana de destino establecida con arreglo a ese régimen debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente.

El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo no se ha presentado en la aduana de destino establecida con arreglo a dicho régimen, debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente, tal situación, que constituye un incumplimiento de una de las obligaciones vinculadas al referido régimen, concretamente, la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino, origina, en principio, una deuda aduanera de importación por la parte de la mercancía que no se ha presentado en esa aduana. Corresponde al tribunal nacional comprobar si una circunstancia como el deterioro de un dispositivo de descarga cumple, en este caso, los criterios que caracterizan los conceptos de «fuerza mayor» y «caso fortuito», a efectos del artículo 206, apartado 1, del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, esto es, si tal circunstancia resulta anormal en el caso de un operador que ejerce su actividad en el ámbito del transporte de sustancias líquidas y si es ajena a éste, y si sus consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada. Al realizar esta comprobación, el tribunal nacional debe, en particular, tener en cuenta la observancia, por parte de operadores como el obligado principal y el transportista, de las normas y los requisitos vigentes en lo que respecta al estado técnico de las cisternas y la seguridad del transporte de sustancias líquidas, como es el caso de un disolvente.

El artículo 2, apartado 1, letra d), y los artículos 70 y 71 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que este impuesto no se devenga por la parte totalmente destruida o irremediablemente perdida de una mercancía que se encuentra en régimen de tránsito comunitario externo.

Lo dispuesto en el artículo 96, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que el obligado principal es responsable del pago de la deuda aduanera originada por una mercancía en régimen de tránsito comunitario externo, aun cuando el transportista no haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 96, apartado 2, de este Reglamento, en particular la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino dentro del plazo establecido.

El artículo 96, apartados 1, letra a), y 2, el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, y el artículo 213 del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene obligación de exigir la responsabilidad solidaria del transportista que, junto al obligado principal, debe considerarse responsable de la deuda aduanera (TJUE, „Latvijas dzelzceļš” VAS contra Valsts ieņēmumu dienests, 18 de mayo de 2017, C‑154/16).

LECTURA

Resumen del libro:  La tesis del presente libro es que la integración jurídica comunitaria está modificando las nociones y la sistemática del derecho privado en Europa. Por tanto se estudia la influencia que tiene la integración jurídica europea en los derechos y estatus de las personas, en el ámbito del derecho de familia, de la disciplina de los bienes, en la reglamentación de los contratos y de las obligaciones. Además se consideran las consecuencias del derecho comunitario en los temas «bioéticos», que están fuera del sistema tradicional del derecho privado y que hoy en día representan uno de los asuntos de mayor interés para los iusprivatistas, que cada vez más se ocupan de derechos fundamentales y de derechos personales. Por otro lado, se quiere comprender qué papel tienen estos cambios en la construcción no sólo del derecho civil, si no también del sistema jurídico comunitario en su conjunto. De hecho, los conceptos e instrumentos de derecho privado demuestran toda su fuerza y flexibilidad, simplemente desempeñando su función antigua que es la de proporcionar las herramientas lógicas para reglar las relaciones interindividuales, cualquier sea el tipo de sujeto involucrado (privados y también ente públicos o Estados). El derecho privado, disciplina antigua y por algunos aspectos inmutable, es capaz de superar el tiempo y de adaptarse a las exigencias de la sociedad y de la economía moderna. Hoy en día, en Europa, el derecho privado realiza la construcción del ordenamiento jurídico supranacional.

Juruá Editorial, 2017, 261 p., 33,28 €
ISBN: 9789897124167