Ayuda de Estado – Ferronickel (C-51/20)

by Redacción Juri-Dileyc

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Ene 20, 2022

Se condena a Grecia a pagar una cantidad a tanto alzado de 5,5 millones de euros y una multa coercitiva de más de 4 millones de euros por cada semestre de retraso al no haber recuperado las ayudas de Estado concedidas a Larco.
El Tribunal de Justicia había declarado una primera vez el incumplimiento de Grecia en una sentencia dictada en 2017.

TJUE, Comisión/Grecia, 20 de enero de 2022, as. C-51/20

Ayuda de Estado, Ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, Obligación de recuperación

Larco General Mining & Metallurgical Company SA («Larco») es una empresa minera y metalúrgica griega especializada en la extracción y el tratamiento del mineral de laterita, la extracción de lignito y la producción de ferro-níquel.

En marzo de 2013, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en relación con diversas ayudas concedidas por Grecia en favor de Larco, en particular, las garantías de Estado concedidas respecto de los años 2008, 2010 y 2011, y una ampliación de capital en 2009. En marzo de 2014, decidió que esas ayudas eran ilegales e incompatibles con el mercado interior y que debían recuperarse.

Mientras tanto, Grecia había informado a la Comisión de su propósito de vender determinados activos de Larco mediante dos licitaciones distintas. Al término de los dos procedimientos de licitación, y con independencia de sus resultados, Larco sería declarada en quiebra conforme a la legislación nacional y sus activos restantes se venderían en el marco del procedimiento de liquidación. La Comisión consideró, por una parte, que esa venta no constituía una ayuda de Estado y, por otra parte, que la recuperación de esas ayudas no se transmitiría a los nuevos propietarios de esos activos.

Al considerar que Grecia no había cumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Decisión de 2014, la Comisión interpuso en 2016 un primer recurso por incumplimiento contra ese Estado miembro ante el Tribunal de Justicia. Mediante sentencia de 9 de noviembre de 2017, el Tribunal de Justicia determinó que Grecia había incumplido sus obligaciones de recuperar las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior.

Al considerar que Grecia aún no había dado cumplimiento a esa sentencia, la Comisión interpuso el 29 de enero de 2020 el presente recurso por incumplimiento. En el marco de este segundo recurso, solicitó al Tribunal de Justicia que condenara a dicho Estado miembro al pago de una cantidad a tanto alzado y de una multa coercitiva.

En febrero de 2020, Grecia colocó seguidamente a Larco, a causa de sus dificultades económicas, en un régimen de administración especial. Según la Comisión, Grecia no adoptó medida alguna para recuperar las ayudas de que se trata hasta después del 29 de enero de 2020, fecha en la que la Comisión interpuso el segundo recurso por incumplimiento. Además, según esta, el incumplimiento perduró hasta la fecha en que el Tribunal de Justicia examinó los hechos.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia determina, por una parte, que Grecia incumplió su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de 2017 en la fecha del 25 de marzo de 2019 (vencimiento del plazo dado por la Comisión en su escrito de requerimiento) y, por otra parte, que el incumplimiento perduró hasta el examen de los hechos por parte del Tribunal de Justicia.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual el Estado miembro destinatario de una decisión de la Comisión por la que se le obliga a recuperar las ayudas ilegales declaradas incompatibles con el mercado interior debe adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar dicha decisión. Debe conseguir la recuperación efectiva de las cantidades adeudadas para eliminar la distorsión de la competencia causada por la ventaja competitiva proporcionada por tales ayudas. El hecho de que una empresa se halle en dificultades o sometida a un procedimiento concursal no afecta a la obligación de recuperar las ayudas abonadas ilegalmente. La eliminación de la distorsión de la competencia resultante de tales ayudas puede lograrse, en principio, en el marco del procedimiento concursal, mediante la inclusión en la relación de créditos del crédito relativo a la restitución de las ayudas de que se trate. No obstante, en caso de que las autoridades estatales no pudieran recuperar la totalidad del importe de las ayudas, esa inclusión solo permite cumplir la obligación de recuperación si el procedimiento concursal lleva al cese definitivo de la actividad de la empresa beneficiaria de las ayudas. En consecuencia, el cese definitivo de las actividades de la empresa beneficiaria de una ayuda de Estado solo es necesario en aquellos casos en los que la recuperación del importe íntegro de la ayuda es imposible a través del procedimiento concursal.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia señala que Grecia no adoptó medidas para recuperar las ayudas de que se trata hasta después del 29 de enero de 2020, fecha de interposición del presente recurso. El sometimiento de Larco al régimen de administración especial se llevó a cabo en febrero de 2020, es decir, casi un año después del vencimiento del plazo dado por la Comisión. Por otro lado, , esta instó a Larco a pagar el importe de las ayudas de que se trata en marzo de 2020 y ordenó la recuperación del importe total de esas ayudas en mayo de 2020. Además, el Tribunal de Justicia observa que el incumplimiento perduró hasta la fecha en que examinó los hechos.

En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera adecuado imponer a Grecia sanciones pecuniarias en forma de una multa coercitiva semestral para garantizar la ejecución completa de la sentencia de 2017 y permitir a la Comisión apreciar la evolución de las medidas de ejecución de esa sentencia. Además, considera necesario imponer una cantidad a tanto alzado como medida disuasoria con el fin de evitar la reiteración futura de infracciones análogas al Derecho de la Unión.

Para fijar el importe de las sanciones, el Tribunal de Justicia toma en consideración la gravedad de la infracción, su duración y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trata. Por lo que respecta a la gravedad de la infracción, el Tribunal de Justicia destaca el carácter fundamental de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado y el carácter sustancial del importe de la ayuda no recuperada (que ascendía, el 14 de mayo de 2020, a 160 millones de euros) y el hecho de que el mercado del ferro-níquel es transfronterizo. El Tribunal de Justicia señala asimismo el carácter reiterado del comportamiento infractor de Grecia en el ámbito de las ayudas de Estado. Por lo que atañe a la duración de la infracción, esta es considerable: más de cuatro años desde la primera sentencia del Tribunal de Justicia. A efectos de la apreciación de la capacidad de pago de Grecia, el Tribunal de Justicia se basa en su producto interior bruto (PIB) como factor predominante. Además, el Tribunal de Justicia considera que no procede tener en cuenta el peso institucional expresado por el número de votos de que dicho Estado miembro dispone en el Parlamento Europeo para fijar sanciones suficientemente disuasorias y proporcionadas.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia condena a Grecia a abonar al presupuesto de la Unión una cantidad a tanto alzado de 5 500 000 euros y una multa coercitiva de 4 368 000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2017, a partir de este día.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 8/2022

Texto completo de la sentencia (francés)

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