Competencia: anulación de una multa de 1 060 millones de euros a Intel (T-286/09 RENV)

by Redacción Juri-Dileyc

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Ene 26, 2022

El Tribunal General anula parcialmente la decisión de la Comisión que impuso a Intel una multa de 1 060 millones de euros.
El análisis de la Comisión es incompleto y no permite demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos condicionales concedidos por Intel podían o podrían producir efectos contrarios a la competencia.

Tribunal General, Intel Corporation/Comisión, 26 de enero de 2022, as. T-286/09 RENV

Competencia, Abuso de posición dominante, Mercado de microprocesadores

Mediante Decisión de 13 de mayo de 2009, la Comisión Europea impuso al fabricante de microprocesadores Intel una multa de 1 060 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado mundial de los procesadores x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al haber aplicado una estrategia destinada a excluir a los competidores del mercado.

Según la Comisión, ese abuso se caracterizaba por dos tipos de conductas comerciales adoptadas por Intel respecto a sus socios comerciales: las restricciones manifiestas y los descuentos condicionales. Por lo que se refiere, en particular, a estos últimos, Intel supuestamente concedió descuentos a cuatro fabricantes estratégicos de equipos informáticos originales [Dell, Lenovo, Hewlett-Packard (HP) y NEC], a condición de que le compraran a ella la totalidad o la casi totalidad de los procesadores x86. Asimismo, se imputaba a Intel haber efectuado pagos a un distribuidor europeo de aparatos microelectrónicos (Media-Saturn-Holding) a condición de que este vendiera exclusivamente ordenadores equipados con procesadores x86 de Intel. Estos descuentos y pagos («descuentos controvertidos») presuntamente garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes de equipos y de Media-Saturn y, de este modo, redujeron notablemente la capacidad de los competidores para ejercer una competencia basada en los méritos de sus propios procesadores x86. Por tanto, la Comisión consideró que la conducta contraria a la competencia de Intel había contribuido a reducir la oferta para los consumidores y los incentivos a la innovación.

El recurso interpuesto por Intel contra esa Decisión fue desestimado en su totalidad por el Tribunal General mediante sentencia de 12 de junio de 2014. Mediante sentencia de 6 de septiembre de 2017, a raíz del recurso de casación interpuesto por Intel, el Tribunal de Justicia anuló la primera sentencia y devolvió el asunto al Tribunal General.

En apoyo de sus pretensiones de anulación de la sentencia inicial, Intel reprochaba en particular al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del caso. A este respecto, el Tribunal de Justicia estimó que el Tribunal General, al igual que la Comisión, se había basado en la premisa de que los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tenían, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que resultaba innecesario analizar la totalidad de las circunstancias del caso y, en particular, realizar un test AEC (denominado en inglés «as efficient competitor test»). No obstante, la Comisión llevó a cabo en su Decisión un examen en profundidad de esas circunstancias, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de los descuentos controvertidos podía tener un efecto de expulsión del mercado de ese competidor. El Tribunal de Justicia dedujo de ello que el test AEC tuvo auténtica importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de los descuentos controvertidos para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores, por lo que el Tribunal General estaba obligado a examinar la totalidad de las alegaciones formuladas por Intel sobre dicho test y su aplicación por parte de la Comisión. Dado que el Tribunal General se había abstenido de realizar ese examen, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia inicial y devolvió el asunto al Tribunal General para que este examinase, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Mediante su sentencia de 26 de enero de 2022, el Tribunal General, resolviendo tras la devolución del asunto, anula parcialmente la Decisión impugnada en cuanto esta calificaba los descuentos controvertidos de abuso, en el sentido del artículo 102 TFUE, e imponía a Intel una multa por la totalidad de sus comportamientos calificados de abusivos.

Apreciación del Tribunal General

Con carácter preliminar, el Tribunal General precisa el alcance del litigio tras la devolución del asunto. A este respecto, señala que la anulación de la sentencia inicial se basó en un único error, relativo a la falta de examen, en la sentencia inicial, de la argumentación de Intel dirigida a impugnar el análisis AEC presentado por la Comisión. En estas circunstancias, el Tribunal General estima que, en el marco de su examen, puede reproducir todas las consideraciones que no adolecen del error señalado por el Tribunal de Justicia. En el caso de autos se trata, por un lado, de las declaraciones de la sentencia inicial relativas a las restricciones manifiestas y su carácter ilegal a la luz del artículo 102 TFUE. En efecto, según el Tribunal General, el Tribunal de Justicia no invalidó, por principio, la distinción establecida en la Decisión impugnada entre las prácticas que constituían tales restricciones y las demás actuaciones de Intel a las que se refería únicamente el análisis AEC en cuestión. Por otro lado, el Tribunal General reproduce las declaraciones de la sentencia inicial según las cuales la Comisión, en la Decisión impugnada, acreditó la existencia de los descuentos controvertidos.

Habiendo precisado lo anterior, el Tribunal General aborda, en primer lugar, el examen de las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada mediante una presentación del método definido por el Tribunal de Justicia para apreciar la capacidad de un sistema de descuentos para restringir la competencia. A este respecto recuerda que, si bien un sistema de descuentos por exclusividad establecido por una empresa que ocupa una posición dominante en el mercado puede calificarse de restricción de la competencia, dado que, habida cuenta de su naturaleza, cabe presumir sus efectos restrictivos de la competencia, en el caso de autos se trata únicamente de una presunción iuris tantum que no dispensa a la Comisión, en cualquier caso, de examinar sus efectos contarios a la competencia. Así pues, en el supuesto de que una empresa que ocupa una posición dominante mantenga durante el procedimiento administrativo, aportando pruebas al respecto, que su conducta no tuvo la capacidad de restringir la competencia ni, en particular, de producir los efectos de expulsión del mercado que se le imputan, la Comisión debe analizar la capacidad de expulsión del mercado del sistema de descuentos. En el contexto de ese análisis, corresponde a esta no solo analizar, por un lado, la importancia de la posición dominante de la empresa en el mercado de referencia y, por otro lado, el porcentaje del mercado cubierto por la práctica criticada, así como las condiciones y modalidades de concesión de los descuentos controvertidos, su duración y su importe, sino también apreciar la eventual existencia de una estrategia destinada a expulsar del mercado a competidores al menos igualmente eficientes. Además, cuando la Comisión ha efectuado un test AEC, este forma parte de los elementos que debe tener en cuenta a efectos de apreciar la capacidad del sistema de descuentos para restringir la competencia.

En segundo lugar, el Tribunal General verifica, primeramente, si la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia se basa en el método descrito. A este respecto, señala inmediatamente que la Comisión incurrió en un error de Derecho, en la Decisión impugnada, al considerar que el test AEC ―que, no obstante, llevó a cabo― no era necesario para permitirle acreditar el carácter abusivo de los descuentos controvertidos de Intel. Dicho esto, el Tribunal General estima no poder atenerse a esta constatación. Dado que la sentencia de casación indica que el test AEC tuvo una auténtica importancia en la apreciación, por parte de la Comisión, de la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado, el Tribunal General estaba obligado a examinar las alegaciones formuladas por Intel respecto a dicho test.

En tercer lugar, puesto que el análisis de la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia se inscribe en el marco de la demostración de la existencia de una infracción del Derecho de la competencia, concretamente un abuso de posición dominante, el Tribunal General recuerda las normas sobre la carga de la prueba, así como sobre el nivel de prueba exigido. Así, el principio de presunción de inocencia, aplicable también en la materia, obliga a la Comisión a acreditar la existencia de la infracción, en caso necesario mediante un conjunto de indicios precisos y concordantes, de manera que no subsista ninguna duda al respecto. Cuando la Comisión sostiene que los hechos demostrados solo pueden explicarse por un comportamiento contrario a la competencia, la existencia de la infracción en cuestión debe considerarse insuficientemente probada si las empresas afectadas consiguen ofrecer otra explicación plausible de los hechos. En cambio, cuando la Comisión se basa en pruebas que, en principio, son aptas para demostrar la existencia de la infracción, corresponde a las empresas afectadas demostrar la insuficiencia de su valor probatorio.

En cuarto lugar, el Tribunal General examina a la luz de estas normas las alegaciones relativas a los errores supuestamente cometidos por la Comisión en su análisis AEC. A este respecto, estima que la Comisión no ha demostrado de modo jurídicamente suficiente la capacidad de cada uno de los descuentos controvertidos para producir un efecto de expulsión del mercado, en vista de las alegaciones formuladas por Intel en cuanto a la evaluación por la Comisión de los criterios de análisis pertinentes.

En efecto, en primer término, en lo que atañe a la aplicación del test AEC a Dell, el Tribunal General considera que, en las circunstancias del caso, la Comisión podía ciertamente basarse, a efectos de la evaluación de la «parte abierta a la competencia», en datos conocidos de otros operadores económicos distintos de la empresa dominante. Sin embargo, tras examinar los elementos presentados por Intel a este respecto, el Tribunal General concluye que estos pueden generar dudas en el juez en cuanto al resultado de la evaluación, por lo que estima insuficientes los elementos considerados por la Comisión a efectos de constatar la capacidad de los descuentos concedidos a Dell para producir un efecto de expulsión del mercado durante todo el período pertinente. En segundo término, el Tribunal General llega a la misma conclusión respecto al análisis del descuento concedido a HP, pues no considera demostrado el efecto de expulsión del mercado durante todo el período de infracción. En tercer término, respecto a los descuentos concedidos, bajo diferentes condiciones, a sociedades integradas en el grupo NEC, el Tribunal General aprecia dos errores que vician el análisis de la Comisión: uno afecta al valor de los descuentos condicionales; el otro se refiere a la extrapolación insuficientemente justificada de resultados válidos para un solo trimestre a todo el período de infracción. En cuarto término, el Tribunal General aprecia asimismo una insuficiencia de prueba en relación con la capacidad de los descuentos concedidos a Lenovo para producir un efecto de expulsión del mercado, debido a errores cometidos por la Comisión en su cuantificación de las ventajas en especie de que se trata. En quinto término, el Tribunal General llega a la misma conclusión en cuanto al análisis AEC relativo a Media-Saturn, al estimar, en particular, que la Comisión no ha ofrecido en absoluto explicaciones sobre los motivos que la llevaron a extrapolar a todo el período de infracción, en el análisis de los pagos concedidos a ese distribuidor, los resultados obtenidos para un trimestre a efectos del análisis de los descuentos concedidos a NEC.

En quinto lugar, el Tribunal verifica si la Decisión impugnada tuvo debidamente en cuenta todos los criterios que permiten acreditar la capacidad de las prácticas tarifarias para producir un efecto de expulsión del mercado, con arreglo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pues bien, a este respecto, estima que la Comisión no examinó debidamente el criterio relativo al porcentaje del mercado cubierto por la práctica criticada ni procedió tampoco a un correcto análisis de la duración de los descuentos.

En consecuencia, de todas las consideraciones que preceden se desprende que el análisis realizado por la Comisión es incompleto y, en cualquier caso, no permite demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos controvertidos podían o podrían tener efectos contrarios a la competencia, por lo que el Tribunal General anula la Decisión en la medida en que esta considera que dichas prácticas constituyen un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE.

Por último, en cuanto a la incidencia de esta anulación parcial de la Decisión impugnada sobre el importe de la multa impuesta por la Comisión a Intel, el Tribunal General estima que no puede identificar el importe de la multa correspondiente únicamente a las restricciones manifiestas. En consecuencia, anula en su totalidad el artículo de la Decisión impugnada que impone a Intel una multa de 1 060 millones de euros por la infracción constatada.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 16/2022

Texto completo de la sentencia (EN/FR)

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