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El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa como instrumento esencial para la aplicación práctica del derecho a una buena Administración

The European Code Of Good Administrative Behaviour As An Essential Instrument For The Practical Application Of The Right To Good Administration

Le code européen de bonne conduite administrative en tant qu’instrument essentiel pour l’application pratique du droit à la bonne administration

Palabras clave: Unión Europea, derecho a una buena administración, buena conducta administrativa

Keywords: European Union, right to good administration, good administrative behaviour

Mots clés: Union européenne, droit à une bonne administration, bonne conduite administrative

Citar este artículo

Molina del Pozo, Carlos Francisco (2018). El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa como instrumento esencial para la aplicación práctica del derecho a una buena Administración. Derecho y Economía de la Integración n. 6, pp. 111-121. https://juri-dileyc.com/el-codigo-europeo-de-buena-conducta-administrativa-como-instrumento-esencial-para-la-aplicacion-practica-del-derecho-a-una-buena-administracion/

Resumen

El Derecho a una buena administración ha pasado de ser un principio rector a convertirse en la actualidad en un derecho fundamental indiscutible del ciudadano y así es recogido desde el año 2000 por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando fue proclamada en Niza, dentro del Título correspondiente a los derechos de ciudadanía.

Abstract

The right to good administration has gone from being a guiding principle to becoming an indisputable fundamental right of the citizen right now and it has been inserted since 2000 by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, when it was proclaimed in Nice, within the Title corresponding to citizenship rights.

Résumé

Le droit à une bonne administration est devenu un principe fondamental incontestable du citoyen. Il est inséré, depuis l’an 2000, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le titre correspondant aux droits de citoyenneté.

Carlos F. Molina del Pozo

Cátedratico Jean Monnet de Derecho Comunitario | Cátedratico de Derecho Administrativo
Universidad de Alcalá

España

El Autor quiere dejar constancia de su agradecimiento a Aurora Vaquero, colaboradora de mi Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario, por su inestimable apoyo en la preparación del presente trabajo.

Este trabajo fue presentado como Ponencia durante el XXII Congreso del CLAD (Madrid, 2017).

El Derecho a una buena administración ha pasado de ser un principio rector a convertirse en la actualidad en un derecho fundamental indiscutible del ciudadano y así es recogido desde el año 2000 por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando fue proclamada en Niza, dentro del Título correspondiente a los derechos de ciudadanía. En todo caso, cabe hacer una diferenciación previa dado que, en cuestión de derechos fundamentales podemos decir que, nos encontramos, por un lado, con aquellos que describiríamos como esenciales o inherentes a la persona desde que nace, como la vida o la integridad física, por otro lado, existen derechos que nos acompañan desde el mismo momento de nuestro nacimiento y que se prolongan y extinguirán con la muerte y, finalmente, hay otros que podríamos llamar derivados, que serían aquellos que van surgiendo a medida que la persona se desarrolla intelectual y físicamente, siendo precisamente aquí donde nos encontramos con el derecho a una buena administración. Además, este derecho está íntimamente conexionado con el derecho a la información, el derecho a un proceso judicial justo, el derecho a un trato igual ante la ley y el reconocimiento de todos nuestros derechos como persona en las relaciones con los organismos públicos nacionales, internacionales o supranacionales como es el caso de la Unión Europea.

Si bien actualmente no se concibe un Estado democrático sin el reconocimiento expreso del derecho a una buena administración, no siempre ha sido así, ni siquiera en el ámbito europeo cuya creación inicial se debió más a planteamientos de carácter económico que a motivaciones fundamentalistas en cuestión de derechos de la persona, aunque parece evidente que, mal se puede concebir un buen funcionamiento económico sin la interrelación del ciudadano con los organismos correspondientes, haciéndose necesaria la regulación jurídica de semejantes interrelaciones. Pues bien, cabe afirmar que, mediante el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa se llega a establecer la mencionada regulación, constituyendo, en la actualidad, un elemento imprescindible para todos los Estados miembros a la hora de llevar a cabo el desarrollo interno legislativo en materia de Derecho Administrativo ya que, al desarrollarse esencialmente mediante normas de tipo reglamentario, hace que estos queden constreñidos a su observancia y su obligatoriedad de manera uniforme.

En los últimos años se observa un cambio en la legislación de los Estados, un deseo de acercar la Administración Pública a la ciudadanía y, posiblemente, en los Estados miembros de la Unión Europea, dicha tendencia se constata debido a la influencia de un Derecho Europeo cambiante y orientado hacia el reconocimiento y la preservación de los derechos fundamentales de la persona, bien sea ésta física o jurídica, reconocimiento que se ha logrado tras un largo camino jurisprudencial a golpe de sentencias en las que, poco a poco, en el ámbito de la Unión Europea se han ido conformando, reforzando y reconociendo los derechos fundamentales, ofreciendo y otorgando, en todo momento al ciudadano, un verdadero carácter de epicentro legislativo.

Difícilmente un Estado puede vanagloriarse de ser defensor de los derechos de los ciudadanos si cuenta con una Administración Pública que no los reconozca, garantice y proteja suficientemente, o que los pueda, incluso, llegar a vulnerar, aunque dicha vulneración no se produzca de una manera directa, sino que se lleve a cabo a través de una mala gestión o una gestión nula de los asuntos de interés social. En la práctica diaria, cabría plantearse ¿qué reconocimiento puede esperarse habitualmente de una mala actuación de la burocracia, por ejemplo, si nos encontramos frente a un muro de indefensión, confusión, ambigüedad o desidia por parte del funcionariado que desarrolla su actividad en el contexto de alguna de las Administraciones nacionales?

La respuesta más simple a la pregunta planteada consistiría en afirmar que ninguna, porque nos hallaríamos frente a lo que Söderman definió, en el año 1997, como «mala administración». En este mismo sentido, el referido autor señala que: «La mala administración se produce cuando una entidad pública no actúa de acuerdo con una norma o principio vinculante para ella». De semejante definición podemos deducir dos cuestiones, en primer lugar, la obligación que existe, en todo momento, de que la actuación de la Administración se lleve a cabo continuamente de conformidad con la Ley y el Derecho y, en segundo término, que dicha actuación se produzca siempre en concordancia con los Principios Generales del Derecho, los cuales, si bien no son reconocidos mayoritariamente como fuente obligatoria del Derecho, a nivel jurisprudencial sí que son tenidos muy en cuenta por los distintos tribunales en tanto que fuente secundaria y vinculante a la hora de motivar sus diferentes resoluciones y sentencias.

Pues bien, la anteriormente mencionada definición cobra cuerpo y forma 11 años después mediante la redacción por parte del Defensor del Pueblo Europeo y aprobación por Resolución del Parlamento Europeo de fecha 6 de septiembre de 2001, del actualmente en vigor, Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. El Código, que resultará una herramienta esencial para la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y los organismos públicos, se estructura en seis apartados más el prólogo o prefacio y la introducción.

En este mismo orden de ideas, cabría mantener lo siguiente: en el primer apartado, se establecen los principios generales de la buena administración; en el segundo, quedan reflejadas las directrices para la buena conducta administrativa, que vendrá a ser como el «abc» del personal que trabaja para la Administración; en el tercero, se ponen de manifiesto al tiempo que se informa acerca de los derechos de las partes; en un cuarto, se especifica todo lo referente a la tramitación de solicitudes a los organismos; en el quinto apartado, se aborda el tema esencial de la confidencialidad de datos; y, finalmente, en el  sexto, se procede a  recoger todo lo concerniente a las reclamaciones y recursos.

Sobre la base de los diferentes apartados que acabamos de reseñar más arriba, podemos afirmar que, el Código recoge, tanto los principios rectores de la buena administración «ad intra» como también los «ad extra», dado que, en su contenido encontramos toda la amplia regulación acerca, tanto de su funcionamiento interno como del externo. Además, todo ello se encuadra, ya sea tanto en el ámbito relacional de la propia Administración con la ciudadanía, como en el de sus órganos dependientes y las relaciones de las personas jurídicas, tanto con la Administración pública como con empresas vinculadas a las mismas mediante un Código de Conducta basado en los principios de legalidad, no discriminación, igualdad de trato, proporcionalidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, información, efectividad y eficacia.

Por lo tanto, el mencionado Código no hace sino desarrollar, de manera explícita, lo establecido en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reza como «El derecho a una buena administración», formando parte del Título V, consagrado a los Derechos de «ciudadanía», inserto en la mencionada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual, como es bien sabido, fue proclamada en Niza el 7 de diciembre del año 2000, e insertada con idéntico valor al de los Tratados, en el vigente art. 6 del TUE, y que sirvió de base para la elaboración del mencionado Código. En el mismo sentido, y tras el reconocimiento en la Carta Europea de Derechos Fundamentales del derecho de la ciudadanía a tener y disfrutar una buena administración, se hacía necesaria la incorporación clara y concisa de una regulación del aludido derecho, así como la elaboración y desarrollo de la misma, mediante la fijación de unas pautas de conducta que permitieran llevar a cabo un uso normal del contenido de las disposiciones reseñadas, por parte del funcionariado y demás personal que trabaja en las Administraciones Públicas, así como la determinación y reconocimiento expreso para los ciudadanos de los derechos reiterados y, lo que es más importante aún, cómo y ante quién ejercerlos en cada momento por parte de la ciudadanía.

La cuestión que cabría plantearse ahora no es otra que aclarar porqué el referido Código resulta un elemento esencial para la aplicación práctica de una buena administración.

Ya, en el año 1995 se constituyó un Comité de Expertos para proponer unas normas de conducta en la vida pública. El objetivo del mencionado Comité, presidido por el juez Nolan, ofreció como resultado el comúnmente denominado Informe Nolan y sus siete principios rectores para el logro de una efectiva buena administración. De entre el conjunto de postulados que recogía, había uno que se manifestaba esencial y en el que se destacó la necesidad de llevar a cabo la redacción y adopción, por parte de los países miembros de la Unión, de una serie de códigos de conducta que tuvieran como objetivo básico la regulación de las funciones, obligaciones y relaciones de las instituciones públicas con la sociedad, así como la necesidad de que en los mencionados códigos quedasen incorporados todo el grupo de principios recogidos en el reseñado Informe Nolan.

Pues bien, siguiendo el tenor de lo que se acaba de exponer, pueden ofrecerse como causas que motivan tales determinaciones, las siguientes:

En primer lugar, porque al establecer una regulación uniforme se constata el principio de seguridad jurídica que ampara a todos los ciudadanos de los Estados que lo adopten. Este principio queda fuertemente reforzado al ser el Defensor del Pueblo de la Unión Europea, de conformidad con el art. 43 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el encargado de velar por su cumplimiento, realizando investigaciones, tanto de oficio como a instancia de parte, debido a su carácter de órgano independiente e imparcial, ya que no se rige por el ordenamiento o instrucciones de ningún Estado, siendo de relevante importancia destacar el acceso de carácter inmediato y directo que tienen los ciudadanos de la Unión a esta institución, la cual actúa como garante de los derechos frente a los diferentes órganos institucionales de la Unión Europea.

En segundo lugar, porque posteriormente el Código fue aprobado por medio de una Resolución y vino a establecer los límites de acceso a la información a través del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y que sirvió para vincular de manera directa a los Estados miembros, que si bien es cierto que únicamente se puede invocar frente a instituciones de la Unión, blinda de manera directa la legislación interna estatal, no pudiendo ningún Estado obligado a su cumplimiento aprobar y promulgar normativa que fuese contraria a lo expresado en éste.

En tercer lugar que, al quedar establecidos los límites a la información y al acceso a los documentos públicos mediante un Reglamento comunitario, ello implica que no se podrán denegar de manera sistemática las solicitudes, o restringir, o ampliar los motivos de denegación a no ser que existan causas y motivos que se encuentren recogidos en el reiterado Reglamento de la Unión.

Difícilmente parece que se puedan reclamar derechos si el ordenamiento jurídico no los reconoce y, bastante más improbable se hace formular dicha reclamación si el ciudadano no conoce cuáles son estos derechos que le asisten y cómo puede ejercitarlos. Desde el momento en que un Estado miembro de la Unión Europea adopta el Código, integrado en el ordenamiento jurídico de la Unión, dada la existencia y vinculatoriedad del  principio de primacía, arraigado en el contexto de la Unión desde la importantísima y famosa sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Costa c. Enel y consolidado jurisprudencialmente en el orden jurídico de la Unión hasta el punto de haber sido incorporado y adoptado mediante los Tratados, puede decirse que constituye una herramienta jurídica para el poder legislativo nacional de cada Estado miembro, el cual habrá de tenerlo muy en cuenta como base sólida y fundamental a la hora de desarrollar su Derecho interno en todas aquellas materias que afecten al respectivo Derecho público.

En cuarto lugar, se dota de publicidad, es decir, se hace accesible al ciudadano de manera obligatoria, poniendo a disposición de la ciudadanía no solo mediante las publicaciones correspondientes en los diferentes boletines oficiales, sino también mediante el reparto de folletos informativos e incluso por vía electrónica o telemática facilitando su difusión.

Por último, y sin embargo no menos importante, señalar que, el reiterado Código recoge una manera interna procedimental de revisión del cumplimiento, obligando, para cumplimentar dicha exigencia, a las instituciones a revisar en periodos bianuales de su efectivo cumplimiento mediante la emisión de los correspondientes Informes dirigidos al Defensor del Pueblo de la Unión, de forma que pueda lograrse un efectivo control, el cual presenta un carácter doble ya que, de manera interna, afecta a las instituciones que deberán proceder a la elaboración de los referidos informes, siendo que, al mismo tiempo, al estar obligadas a esa remisión al Defensor del Pueblo, éste actuará como órgano externo independiente.

El Código toma como base de protección a la persona, al ciudadano, quedando latente la evolución del ordenamiento europeo hacia un sistema jurídico encaminado a la protección de los derechos fundamentales del ser humano. Asimismo, puede manifestarse que el texto en cuestión llega a vertebrar la estructura de un mecanismo de defensa frente a las actuaciones irregulares de las organizaciones y la indefensión de la ciudadanía, constituyendo una auténtica herramienta para la construcción de unas relaciones transparentes, así como también del acceso a la información en el ámbito de los asuntos que resulten de interés para la referida ciudadanía europea, siendo que, todo ello lo hace de una manera sencilla, directa y clara, consolidando los principios que resultan propios y fundamentales del Derecho Administrativo y, consecuentemente, que inciden de una manera precisa y contundente en la vida y desarrollo normal de las sociedades democráticas instaladas necesariamente en la Unión Europea ya en el siglo XXI.

Las líneas maestras sobre las cuales se establecen las bases que se encuentran al dar lectura a los 27 artículos que conforman el reiterado Código, no son otras que los principios de eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y participación. Pues bien, del estudio de todos ellos puede extraerse que, los tres primeros, otorgan al ciudadano la seguridad jurídica y la eliminación de un sentimiento de indefensión ante los organismos públicos que habitualmente se halla presente en relación a la ciudadanía, mientras que, de los dos siguientes, transparencia y participación, se deduce la efectiva participación de la ciudadanía en la organización, así como también, la regulación de sus relaciones con ella y el acceso a esa interrelación, es decir, en una frase, la mejora en las relaciones jurídico administrativas que son la base de la misma definición de la Administración pública y que llegan a fundamentar incluso, en nuestra opinión, el concepto actual de la rama específica del Derecho que ocupa nuestra actividad intelectual, el Derecho Administrativo en el contexto de la organización supranacional que resulta ser la Unión Europea.

En una sociedad tan globalizada como la sociedad actual, en la que la apertura de las fronteras ha permitido una expansión de la actividad económica y cultural, tanto pública como privada, y en la cual el ciudadano, las empresas y las organizaciones tienen mayor participación activa, se hace necesario una concreción práctica de las diferentes relaciones con las Administraciones Públicas nacionales y europeas, siendo, precisamente, en este punto, donde más relevancia cobra y patentiza la aprobación y utilización práctica del reiterado Código de Conducta de la Buena Administración, puesto que, el mismo constituye una guía de actuaciones esencial para las instituciones, al tiempo que también recoge, de manera expresa, los derechos de los entes económicos, sociales y del ciudadano en sus relaciones con ellas. Como ya hemos expresado anteriormente, en el articulado del texto se especifica, de manera clara, el concepto de buena administración, tanto de manera positiva explicitando cuales son los principios que deben tenerse en cuenta a la hora de comunicarse con el ciudadano, como de manera negativa recogiendo la definición del Defensor del Pueblo Europeo, en su Informe Anual correspondiente al año 1997, en el que se especifica lo que debe entenderse por mala administración, definiéndola como aquella que siga y lleve a cabo prácticas contrarias a los principios y normas descritos y recogidos en el Código.

En este mismo orden de ideas y tomando como fundamento los derechos de la persona, una vez más, el Derecho de la Unión Europea manifiesta su voluntad de acercarse a la ciudadanía y de preservar los derechos de los ciudadanos europeos en todos los ámbitos, inclusive frente a los organismos públicos. En consecuencia, podemos apreciar que, ya desde su parte inicial o prólogo, alude al derecho de las personas a tener información, reconoce el derecho a ser informado sobre los asuntos en los que tengan interés o se vean afectados y, no solo reconoce este derecho, sino que obliga a la Administración a responder y a hacerlo de manera motivada, estableciendo un plazo razonable para que se realice la actuación perseguida, pretendiendo, de esta manera, evitar el silencio administrativo y la prolongación en el tiempo de asuntos de interés individual.

Como ya hemos indicado, lo que se desprende de todo cuanto acabamos de expresar es la existencia de una relevante atención al acercamiento o aproximación de la ciudadanía a las Administraciones Públicas, las cuales han venido ostentando un derecho de supremacía histórico, de manera que, terminando con esa apariencia de sometimiento a ellas, se refuerza el pensamiento de que las Administraciones tienen que estar al servicio por, de y para el ciudadano y no para constreñirlo fomentando el sentimiento de estar éste obligadamente sometido a los designios institucionales. En este sentido, y para lograr la finalidad descrita, se prohíbe el abuso de poder y la utilización de los poderes públicos otorgados en beneficio de la ciudadanía, para los casos concretos de los que se trate limitando la actuación funcionarial.

Asimismo, el texto reconoce un derecho a ser resarcido económicamente por los perjuicios que decisiones adoptadas, tanto por empresas públicas como por organismos o, incluso, empresas privadas que tengan un nexo contractual con éstas, puedan ocasionar a las personas tanto físicas como jurídicas. En la elaboración del Código se ha tomado en consideración que, en ocasiones, estas relaciones pueden producir daños a terceros ocasionando, no ya únicamente daños materiales, sino también llegando a limitar derechos constitucionales reconocidos por las sociedades democráticas, en cuyos supuestos se ha regulado la necesidad de paliar, en alguna medida a modo de compensación, las actuaciones que los pudiesen haber provocado.

En un mundo como el actual donde se constata una diversidad interracial y cultural y en el que la mayoría de los Estados desarrollados dan cabida a multitud de nacionalidades, es fundamental que se tengan en cuenta tanto la diversidad de lenguas como el respeto mutuo hacia las diferentes culturas. Pues bien, puede decirse que, todo ello fue tenido en cuenta a la hora de establecer la obligación de trato igualitario, independientemente de la raza, la creencia religiosa, la condición sexual y que este trato fuese no discriminatorio, además, en caso de existir diferencias y que las mismas fuesen objetivas, las disposiciones se hallan orientadas a servir de ayuda y a establecer una igualdad material más allá de la reconocida igualdad formal.

De otra parte y tal como hemos avanzado más atrás, el derecho a expresarse en la propia lengua y ser contestado, en la medida de lo posible, en la misma lengua, habida cuenta de la gran diversidad lingüística existente en el ámbito de la Unión Europea, está previsto que se realice de una manera sencilla, clara y precisa, pretendiendo, en todo caso, eliminar tecnicismos innecesarios que en ocasiones pueden producir que el ciudadano sienta indefensión o que crea que se encuentra en una posición inferior frente al funcionariado, bien sea por este tipo de lenguaje técnico que ha caracterizado a las instituciones por ser el utilizado en el ámbito profesional, como también por la situación de conformidad obligada a la que históricamente se ha sometido a la población, que ha llevado a la aparición en la ciudadanía de un cierto sentimiento de temor en sus relaciones con la Administración. En este sentido, resultó fundamental el establecimiento de una obligación funcionarial mediante un protocolo ético de conducta que fomentase el respeto, la corrección lingüística y, el trato en términos adecuados, con los interesados en los procedimientos administrativos, todo lo cual se nos antoja como sumamente importante para que se produzca el sentimiento de trato igual frente a iguales y para el cumplimiento de uno de los objetivos de la redacción del Código, el acercamiento a la sociedad de la Administración.

Dentro del mismo contexto, aunque en un orden de cosas diferente, otra cuestión que se pretende construir es aquella que implica la creación de una organización pública imparcial e independiente. Para ello, se incluye como medida restrictiva al personal al servicio de la red pública, la obligación de no formar parte en asuntos en los que tenga un interés directo, bien sea por relación personal o por vínculo político, esto es de especial relevancia sobre todo en el ámbito contractual del sector público, de manera que se llegue a conseguir garantizar la imparcialidad y la igualdad para los licitadores públicos, fomentando la libre competencia y eliminando el riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora, no como medida de sanción sino como medida preventiva de la posibilidad de una actuación subjetiva de los poderes públicos, evitando un posible conflicto de intereses entre los suyos propios y el interés general y complementando las incompatibilidades del funcionariado del Estado.

Al reconocer implícitamente el derecho a ser oído en un procedimiento lo que se está haciendo no es otra cosa que conseguir reforzar la seguridad jurídica, es decir, el ciudadano es tenido en cuenta y valorado no como un mero contribuyente o un simple peón del sector público estatal, sino que se le considera como un verdadero elemento que resulta ser indispensable para el normal funcionamiento del Estado, reconociéndosele un auténtico derecho de información y de participación activa. Tal como ya expresábamos con anterioridad, la ciudadanía debe ser informada y asesorada de manera fehaciente, tanto de los asuntos en los que tenga interés como de los procedimientos en los que puede verse afectado en calidad de tercero. Además, dicha comunicación debe hacerse de manera prioritaria y con anterioridad al inicio de cualquier procedimiento u acto administrativo al objeto de que se pueda ejercer el derecho de defensa de manera efectiva, así como hacerse parte del procedimiento para el que ostente legitimidad procesal, realizando las alegaciones, observaciones o la presentación de pruebas que considere necesarias para salvaguardar la defensa de sus intereses personales y patrimoniales. En este mismo sentido, debemos advertir y hacer énfasis sobre el hecho de la gran importancia que presenta acerca de estos aspectos concretos el Reglamento 1049/2001, relativo al acceso público de los expedientes, el cual vino a desarrollar los diferentes puntos de acceso a la información que se contienen en el Código, al tiempo que establece los límites. De esta manera, el Reglamento faculta a cualquier ciudadano de la Unión así como a cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión, a solicitar los expedientes completos de aquellos asuntos en los que tenga interés legítimo, bien como interesado bien como tercero afectado, eliminando las negativas sistematizadas mediante el establecimiento de unos límites claros y precisos basados en la reiteración de solicitudes y encaminados a una correcta y efectiva asignación de los recursos públicos, fomentando y nuclearizando el principio de transparencia administrativa, siempre con la observancia del respeto a la protección de datos de carácter personal. Para llevar a cabo el mencionado objetivo se hace indispensable la creación de un fichero, elemento éste que va a suponer el punto álgido en donde cobrarán máxima importancia las nuevas tecnologías, facilitando la intercomunicación entre los diferentes órganos de la Administración, evitando duplicidades y dilaciones temporales en los trámites que se produzcan a todo lo largo y ancho del correspondiente procedimiento administrativo que sea necesario llevar a término.

Por otro lado, para reforzar y complementar el derecho de defensa se van a articular una serie de acciones jurídicas, que son recogidas en el art. 265 del TFUE. El mencionado precepto recoge la posibilidad de presentar recurso en el plazo de dos meses ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que apreciar que dicho recurso no es otro que el directo de anulación, el cual, bajo determinadas circunstancias concretas, puede ser interpuesto por las instituciones y los particulares, y consiste en el control de la legalidad de los actos dispositivos europeos emanados de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, pudiéndose llegar a la indicada anulación del acto en cuestión, tanto por motivos de incompetencia, como por quebrantamiento sustancial de forma (inclusive, con anterioridad a que se hubiese adoptado el acto), o debido, finalmente, a algún quebrantamiento de lo dispuesto en los Tratados o cualquier otra norma relativa a su aplicación e, incluso, por desviación de poder. 

Otra acción de defensa consiste en la interposición de una reclamación ante el Defensor del Pueblo, órgano este como ya es sabido, elegido por el Parlamento Europeo y regulado en el art. 228 del TFUE. El procedimiento consiste en la iniciación de unas actuaciones típicas y propias de investigación, a través de la reclamación recibida. La indicada reclamación puede interponerse directamente por los interesados, quienes, además, tienen a su disposición una dirección de correo electrónico facilitada a través de un portal de internet en la página oficial del Defensor del Pueblo Europeo. Dicho procedimiento concluirá en un Informe del Defensor del Pueblo que presentará ante el Parlamento Europeo y también al organismo interesado previamente, otorgándole un plazo de tres meses para la presentación de alegaciones. Al poner a la disposición del interesado toda esta información, tanto del tipo de recurso como de la forma y plazo y ante quién puede ejercer ese derecho en caso de disconformidad, el correspondiente funcionario que instruya el mencionado procedimiento, está obligado por el Código de Buena Conducta, a mostrar al ciudadano implicado en el expediente las variadas opciones y posibilidades que éste tiene disponibles para poder actuarlas dentro del contexto del procedimiento administrativo incoado, y todo ello sin que sea necesario acudir a ningún tipo de asesoramiento legal externo, contribuyendo así a la eliminación del sentimiento de indefensión que puede ser objeto de una denegación o una resolución contraria a los intereses del perjudicado.

Se establece la obligación de suministrar información para el funcionario que se ocupe del tema, incluso a derivarlo al ciudadano demandante de la misma a quien corresponda si no se incluye dentro de su ámbito competencial. Semejante medida es de vital importancia para la continuidad del expediente y que no incurra en el olvido administrativo, igualmente, además, elimina la duplicidad de trámites y dilaciones temporales, medida que se ve reforzada por la subsanación de errores y no el archivo del expediente en caso de ser incompleto o existir errores de forma en el mismo, así como la certeza para la persona interesada de la identificación acerca de quién es el funcionario que tramita el tema de su interés y cómo contactar con él, y ello debido a que, explícitamente, se ordena incluir en el expediente tanto el nombre como el número telefónico de contacto de quien esté al cargo del proceso.

Además, es conveniente aclarar que se evitan las respuestas robóticas, ya que al exigir la contestación o resolución motivada de manera detallada, ésta se ve condicionada a ceñirse al tema o expediente que originó dicha resolución, incluso se contempla la posibilidad de hacerlo de manera individualizada en el caso de ser necesario por la complejidad del tema en cuestión. El derecho a obtener una respuesta motivada por parte de la Administración es el derecho a la obtención de una resolución debidamente considerada. La motivación, como requisito de forma de los actos administrativos, consiste en la necesaria expresión formal de los motivos del acto, tanto los que son de derecho y que configuran la base legal, como los de hecho que provocan la actuación administrativa.

La motivación, por tanto, es la expresión formal de la causa de los actos administrativos, por lo que se establece una doble garantía: por un lado, como método que asegura la formación de la voluntad administrativa y, por otro, como garantía para el ciudadano, posibilitándole su control y reforzando el principio de transparencia. La motivación permite, en suma, conocer sobre todo la causa y el fin del acto administrativo, pero también el Derecho con el que se pretende legitimar la decisión, y el procedimiento para su adopción. De ahí el carácter fundamental que se asigna a este requisito en las adopciones de resoluciones administrativas que limiten, impongan, supriman o denieguen un derecho de la ciudadanía y que, además, tienen el deber de ser motivadas, justas y razonables.

Conjuntamente con la motivación, dentro de las garantías del debido proceso, encontramos la obligación de resolver dentro de un plazo razonable, obligación que también ha querido manifestar el Código Europeo en su art. 17, el cual determina la garantía de un plazo razonable de resolución para que sea aplicable a cualquier proceso judicial y extensible a la Administración Pública y al Estado. Cabe afirmar que, el establecimiento de plazos mínimos y máximos dentro del procedimiento para la elaboración y exigibilidad de un acto administrativo impide, en el primer caso, la dilación en el tiempo y la demora en el proceso, así como la obligación de presentar la documentación, por parte de los administrados, con agilidad, teniendo en cuenta, claro está, el tipo de proceso y la documentación requerida y, por otro lado, al establecer plazos mínimos de resolución, obliga a la conclusión de los asuntos de interés de la ciudadanía de manera ágil y, además de la seguridad que puede proporcionar acerca de la resolución del conflicto, permite saber en qué tiempo máximo se va a dar esa solución de manera cierta. Por todo lo expuesto es que cabe entender que, la definición de plazo razonable afecta al tipo de proceso, pues según el órgano que sea competente para resolver lo hará en un plazo o en otro dependiendo de la complejidad y el volumen de temas de los que trate, pero siempre dentro de un tiempo que considerablemente sea entendido como razonable, admisible, justificado, haciéndolo siempre de una manera proporcional.

Puede entenderse, si es que se quiere, esta proporcionalidad a la hora de resolver la exigida al personal al frente de las instituciones y organismos públicos con un nexo al principio de ponderación. El principio de proporcionalidad puede ser aplicado «ex ante» o también «ex post». Por nuestra parte, consideramos que, debería aplicarse «ex ante» en la medida en la que, con anterioridad a la proclamación de una resolución, deben haberse tenido en cuenta los intereses individuales y los que sean de interés general, atendiendo a un criterio de ponderación como el ya conocido triple test de estricta proporcionalidad.

Por otro lado, el juicio «ex post» de la aplicación de la proporcionalidad se hace necesario como medio de control a esa ponderación de intereses que llevará a proclamar si se ha hecho de manera efectiva, racional y justificada, sobre todo cuando nos referimos a cuestiones que afectan a la limitación de derechos o a la imposición de cotas a los mismos mediante cargas patrimoniales o merma de estos derechos, como la expropiación pública, o intervenciones estatales en ámbitos de autodeterminación individual.

Cabe añadir que, en nuestra opinión, la elaboración y adopción del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa vino a suponer, en el momento de su aparición, un primer paso para la unificación del Derecho Administrativo Europeo, al menos en el contexto de esta organización supranacional que es la Unión Europea y que contiene un cúmulo de instituciones enormemente fragmentadas, motivo por el que se persiguió abrir e iniciar una posible vía para la elaboración de una Ley de Procedimiento Administrativo Europeo única, que pudiera servir para unificar criterios de conducta y reglamentación, llegando a colmar lagunas de carácter legislativo y orientando el futuro hacia un sistema común de justicia administrativa válido y eficaz que pudiese ser implantado en todo el territorio afectado por el Derecho de la Unión Europea.