| ARTÍCULO

El Golfo de Fonseca, conflictos jurídicos, acuerdos políticos y la necesidad de construir la comunidad del golfo

The Gulf of Fonseca, Legal Conflicts, Political Agreements and the Need to Build the Gulf Community

Le Golfe de Fonseca, conflits juridiques, accords politiques et nécessité de construire la Communauté du Golfe

Palabras clave: derecho comunitario centroamericano, zona de desarrollo conjunto, mar comunitario, golfo de Fonseca

Keywords: Central American Community Law, Joint Development Zone, Community Sea, Gulf of Fonseca

Mots clés: droit communautaire d’Amérique Centrale, zone de développement commune, mer communautaire, golfe de Fonseca

Citar este artículo

Salazar Grande, Cesar Ernesto (2017). El Golfo de Fonseca, conflictos jurídicos, acuerdos políticos y la necesidad de construir la comunidad del golfo. Derecho y Economía de la Integración n. 4, pp. 103-119. https://juri-dileyc.com/el-golfo-de-fonseca-conflictos-juridicos-acuerdos-politicos-y-la-necesidad-de-construir-la-comunidad-del-golfo/

Resumen

Este año se cumplen 100 años de la importante sentencia pronunciada por la Corte de Justicia Centroamericana en el caso conocido como Bryan-Chamorro, por la suscripción de un Tratado entre Nicaragua y Estados Unidos en el que Nicaragua concedía a perpetuidad al Gobierno de Estados Unidos, libre en todo tiempo de toda tasa o cualquier otro impuesto público, los derechos exclusivos y propietarios, necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico por la vía del río San Juan el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier ruta sobre el territorio de Nicaragua, y arrendaba costas nicaragüenses del Golfo de Fonseca para la operatividad de una base naval de Estados Unidos, siendo esta última cuestión el objeto principal de la demanda hecha por la República de El Salvador en contra de la República de Nicaragua, ante la Corte de Justicia Centroamericana.

Abstract

This year marks the 100th anniversary of the important judgment pronounced by the Central American Court of Justice in the case known as Bryan-Chamorro, for the signing of a Treaty between Nicaragua and the United States in which Nicaragua granted the Government of the United States in perpetuity, free at all times of any tax or any other public tax, exclusive and proprietary rights, necessary and convenient for the construction, operation and maintenance of an interoceanic canal by way of the San Juan River or Gran Lago de Nicaragua, or by any route on the territory of Nicaragua and leased Nicaraguan coasts from the Gulf of Fonseca for the operation of a naval base of the United States, the latter being the principal object of the claim made by the Republic of El Salvador against the Republic of Nicaragua, before the Central American Court of Justice.

Résumé

Cette année marque le 100e anniversaire de l’important jugement prononcé par la Cour de justice d’Amérique Centrale dans l’affaire Bryan-Chamorro pour la signature d’un Traité entre le Nicaragua et les États-Unis, dans lequel le Nicaragua a accordé à perpétuité au gouvernement des États-Unis, libre en tout temps de toute taxe ou de tout impôt, les droits exclusifs et nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un canal interocéanique par le fleuve San Juan ou le Grand Lac de Nicaragua, ou par n’importe quel itinéraire sur le territoire du Nicaragua, et a loué une partie des côtes nicaraguayennes du golfe de Fonseca pour l’exploitation d’une base navale des États-Unis, cette dernière étant l’objet principal de la réclamation formulée par la République du Salvador contre la République du Nicaragua devant la Cour de justice d’Amérique centrale.

Este año se cumplen 100 años de la importante sentencia pronunciada por la Corte de Justicia Centroamericana en el caso conocido como Bryan-Chamorro, por la suscripción de un Tratado entre Nicaragua y Estados Unidos en el que Nicaragua concedía a perpetuidad al Gobierno de Estados Unidos, libre en todo tiempo de toda tasa o cualquier otro impuesto público, los derechos exclusivos y propietarios, necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico por la vía del río San Juan el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier ruta sobre el territorio de Nicaragua, y arrendaba costas nicaragüenses del Golfo de Fonseca para la operatividad de una base naval de Estados Unidos, siendo esta última cuestión el objeto principal de la demanda hecha por la República de El Salvador en contra de la República de Nicaragua, ante la Corte de Justicia Centroamericana [1].

Su importancia radica en que en ella se resolvió sobre aspectos relacionados con la amenaza que para un país centroamericano significaba el establecimiento de bases bélicas en las cercanías de sus fronteras, los caracteres que deben tomarse en cuenta para definir las bahías históricas, el sentido del centroamericanismo, la amplitud y valor de los acuerdos del Tratado de Paz y Amistad de 1907, entre otros aspectos de importancia para la región.

De acuerdo GUERRERO MAYORGA [2], en su obra inédita de Derecho Comunitario Centroamericano del Mar [3], la sentencia es, sin lugar a dudas, la más importante dictada por la Corte, ya que de los juicios presentados ante ésta la mayoría fueron rechazados y de los que se admitieron; el primero, Honduras contra El Salvador y Guatemala versaba en cuestiones de hecho sobre el cumplimiento de los deberes de neutralidad; la segunda, Alejandro Bermúdez contra Costa Rica sobre la expulsión de un extranjero; y, el tercero, Costa Rica contra Nicaragua, sobre el incumplimiento de un contrato.

Este artículo se desarrollará en tres partes: la primera, que llamaremos histórica, en la cual haremos un recorrido en la línea del tiempo de los conflictos jurídicos, criterios principales de las partes, el fallo de la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, la relación que existe sobre este tema con los fallos posteriores de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Centroamericana de Justicia; la segunda, para relatar los esfuerzos políticos, así como los últimos Acuerdos tri-nacionales y esfuerzos por la consecución de un plan de desarrollo de los Presidentes de los tres países que comparten el Golfo; la tercera, en la que se expondrán algunas perspectivas progresistas como la Zona de Desarrollo Conjunto y/o la creación del mar comunitario, en dos enfoques, uno, desde la perspectiva del derecho internacional y el otro, desde la perspectiva innovadora de los mares comunitarios creada como parte del desarrollo del Derecho Comunitario de la Unión Europea, y en la que se mencionará un antecedente jurisprudencial derivado del litigio Irlanda y Reino Unido en el que prevalece el Derecho Comunitario frente al sistema internacional del mar; para cerrar con la parte conclusiva de proyección a futuro de lo que debería ser el Golfo de Fonseca sobre la base de los principios y propósitos de la comunidad centroamericana.

I. Parte histórica: los conflictos jurídicos

La soberanía del Golfo conocida comienza con la colonia y soberanía Española, dado que es hasta entonces que se define la división administrativa-política del territorio en manos de un país europeo, dominio que se extendió en los siglos XVI, XVII y parte del siglo XVIII hasta la independencia de nuestros países en 1821, pasando a la soberanía de la Federación Centroamericana que concluyo efusivamente y sin mayor desarrollo en 1839.

Los conflictos generados por el rompimiento de la federación y la constitución de los Estados nacionales fue el orden de vida en los años consecutivos. Sin embargo, para el 7 de octubre de 1894, Honduras y Nicaragua suscriben un Tratado sobre la demarcación de límites y soberanía del Golfo en el que no participa El Salvador, por lo que dicho país no reconoció la validez del mismo tratándose de un bien común y que, de acuerdo a sus argumentos posteriores, a partir de la desaparición de la Federación, quedó en estado de condominio.

De todos es conocido que el Tratado de Paz y Amistad de 1907, celebrado en Washington, D.C., Estados Unidos, durante la Conferencia de la Paz Centroamericana, del 14 al 20 de diciembre de 1907 y sus acuerdos complementarios implicaban el inicio de la unión de Centroamérica, Tratado en el que se consagró el trato nacional y el sentimiento centroamericanista, el respeto al orden constitucional de cada uno de los Estados y el respeto al derecho regional con la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, el cual fue el primer Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el mundo y se le conoció también con el nombre de Corte de Cartago debido a que inicialmente tuvo su sede en la ciudad de Cartago, Costa Rica, y fue conformada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Dicha Convención entró en vigor el 11 de marzo de 1908, por un periodo de diez años [4].

I.1. Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, marzo de 1917

Pese a las gestiones hechas por la Cancillería de El Salvador desde 1913, Nicaragua firma el 5 de agosto de 1914 el Tratado Bryan Chamorro, por lo que El Salvador continua protestando, al igual que lo hizo Costa Rica, por el negociado canalero [5].

El 3 de marzo de 1916 la Cancillería salvadoreña declara formalmente: «Que no reconoce la validez del Tratado de Nicaragua que establece una base naval en el Golfo de Fonseca y, que, por consiguiente, el Gobierno de El Salvador, en todo tiempo hará uso contra el dicho Tratado de todos los medios y procedimientos que las Convenciones vigentes, el Derecho Internacional y la Justicia, le franqueen para invalidarlo en sus efectos (…)». Luego de conformidad a lo dispuesto en el Articulo I de la Convención creadora de la Corte envió una nota explicando las razones.

El Catedrático, Doctor GUERRERO MAYORGA, en su obra inédita, comenta que El Salvador presenta la demanda el 14 de agosto de 1916 cuyo libelo argumenta principalmente: «(…) Nicaragua cedió a los Estados Unidos una parte del Golfo de Fonseca para el establecimiento de una base naval. Dicho hecho se considera como un peligro para la vida libre y autónoma de El Salvador, por influencia que los Estados Unidos deberían ejercer en todos los países limítrofes para seguridad de su base naval y por la posibilidad de que en cualquier conflicto internacional; el Golfo de Fonseca se convirtiera en campo de batalla. Se consideraba por ello en la demanda que se estaba en presencia de un acto oficial del Gobierno de Nicaragua, que ponía en peligro la seguridad nacional de El Salvador (…)».

En la misma demanda referida ut supra se consideró luego que el Golfo era una de las bahías conocidas con el nombre de «bahías históricas» y plantea en la demanda que debía tenerse como dominio exclusivo de los estados ribereños, y que siendo su entrada menor de diez millas, tomando en cuenta la distancia que hay de las islas salvadoreñas a la costa nicaragüense y que todos los tratadistas le reconocen a los países, además de la zona del mar territorial, el derecho de ejercer vigilancia para objetos concernientes a la seguridad del país y a la observancia de las leyes fiscales en una zona de doce millas, se concluía que las zonas de inspección salvadoreña y nicaragüense se confundían, por lo que las aguas del Golfo debían considerarse comunes.

Se desprende dentro del mismo libelo que era imposible entonces disponer de esa zonas para concederle a naciones extrañas, derechos para establecer una base naval o cualquiera otro objeto salido de los límites de lo que se conoce como «uso inocente», sin el consentimiento pleno y expreso del otro co-soberano o condueño.

Por otra parte, se afirmó que el Tratado lesionaba intereses primordiales de El Salvador como Estado centroamericano porque las enajenaciones de territorio de uno de los Estados que formaron la República Federal de Centro América, iban en mengua de los intereses trascendentales de los otros de volver a formar la Patria Grande. Era también contraria al Artículo II del Tratado General de Paz y Amistad por el cual los países contratantes se comprometieron a no alterar su orden constitucional y al Artículo 2.º de la Constitución Política nicaragüense, que prohibía la celebración de pactos o tratados que se opusieran a la independencia e integridad de la Nación o afectaran su soberanía, salvo que se tratara de una unión centroamericana.

La parte petitoria se limita a solicitar que se admitiera la demanda, que las cosas litigadas se conservaran en el estado en que se hallaban antes de la celebración y ratificación del tratado y que se condenara al gobierno de Nicaragua a la abstención del cumplimiento de dicho tratado, y que la Corte hiciera las demás condenaciones procedentes al caso.

La demanda de El Salvador es admitida el 6 de septiembre de 1916. El 30 de septiembre de ese mismo año Honduras presenta tercería en la que manifiesta no reconocer el derecho de condominio que argumenta El Salvador y quien el 10 de octubre presentó ampliación de la demanda incorporando el aspecto de que el tratado violaba el derecho al condominio que ejercía en dicha bahía.

El 6 de febrero de 1917 Nicaragua responde presentando una excepción perentoria de incompetencia de jurisdicción, y argumenta, entre otras cosas, que dicho tratado no constituía una amenaza para El Salvador, que el dominio exclusivo era de los tres países como dueño de sus costas, que se trataba de su derecho en aguas territoriales nicaragüenses, y que no violaba el Tratado de Paz y Amistad de 1907 ni su constitución política. La excepción es denegada por la Corte de Justicia Centroamericana el 2 de marzo de 1917.

El 9 de marzo de 1917 la Corte emite sentencia definitiva que en su contenido principal establece «(…) Una posesión secular o inmemorial con ‘animus domini’ pacífica y continua con aquiescencia de las demás naciones; la especial configuración geográfica que guarda cuantiosos intereses de vital importancia para la vida económica, comercial, agrícola e indispensable que estos Estados tienen de poseerlo, tan plenamente como lo exigen esos primordiales intereses y los de la defensa Nacional».

En cuanto a la circunstancia alegada por Nicaragua de que el Golfo fuera un mar cerrado o territorial por su pequeña extensión, no fue aceptada, expresando el Dr. GUERRERO MAYORGA, las razones expuestas por la Corte, aduciendo que las aguas de dicho Golfo en que las partes tenían jurisdicción debían dividirse en dos zonas: la de la legua marina adyacente a las costas en que la jurisdicción era absoluta y exclusiva, y la otra, de las tres leguas marinas, en que se ejercía el imperium para fines defensivos y fiscales. Como el empalme de las aguas de un país con las de otro, se realizaba en la mayoría de los casos en la zona de inspección y no en las aguas territoriales, esa sola circunstancia no podía servir para fijar el carácter territorial de todas las aguas del Golfo. Era necesario acudir a otras características de importancia y, haciéndolo, el Tribunal lo calificaba como «bahía histórica con caracteres de mar cerrado».

Este argumento se fundó en lo que considerado por el Laudo Arbitral de la Permanente de la Haya de 7 de septiembre de 1910 y los comentarios que sobre éste hizo el Juez DRAGO, quien había dicho: «Lo que concierne a las bahías la regla general es que sólo deben considerarse territoriales aquellas que no tienen una entrada mayor de seis millas, o sea dos veces las tres millas de la costa, en su coincidencia, al circundar los cabos o fauces de la tierra (…). Por razones de comodidad y para evitar transgresiones en las aguas de pesquería muchos tratados (…) han extendido a diez millas la amplitud de la entrada (…). Pero esto sólo se refiere a las bahías comunes y ordinarias, y no a las que en nuestra disidencia hemos llamado históricas. Según se ha visto, el principio que informa todas las reglas y distancias jurisdiccionales, no es otro que el de la necesidad superior de proteger los intereses fiscales, las personas y el territorio adyacente y sobre todos los golfos, bahías y ensenadas que penetren en su línea de costa».

Continúa expresando el Juez DRAGO, en su comentario al Laudo Arbitral de 1910: «(…) Desde este punto de vista debe hacerse una distinción fundamental. No todas las entradas del mar tienen igual importancia (…). La hay que están lejanas de los centros de poblaciones, en lugares inhabitables o poco accesibles, sin pesquería ni otras riquezas explotables, y las hay que se internan de tal modo en la entraña misma de una nación, que ésta no podría prescindir de su posesión plena, absoluta e indiscutible (…). El uso continuado, las necesidades de la propia defensa, la voluntad de apropiación expresamente manifiesta, tienen que pesar en este caso más que en otro alguno, para dar todos sus efectos a la prescripción adquisitiva, como fuente autorizada de derecho y para hacer de las bahías históricas una categoría especial y separada, cuya propiedad corresponde a los países circundantes que habiendo hecho la afirmación de su soberanía, las han poseído e incorporado a su dominio, con la aquiescencia de las demás naciones».

El Salvador, en su demanda también alegó la situación de condominio que existía en el Golfo de Fonseca, a lo que la Corte alegó que era real y efectiva «(…) ya que el Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras únicamente había demarcado la división de aguas hasta un punto medio entre la Isla del Tigre y Punta Cosigüina. El resto de las aguas quedaron en estado de indivisión entre Nicaragua y El Salvador, existiendo por tanto entre ellos una comunidad. Ese estado jurídico no existía en las tres millas marinas que formaban el litoral en las costas de tierra firme e islas que le corresponden a cada Estado, en las cuales ésta ejercía un dominio y posesión exclusivo y absoluto, ni en aquellas aguas entre islas y promontorios que por su proximidad, hicieron empalmarse las jurisdicciones de los Estados en las zonas litorales de su exclusivo dominio, pues en ese caso las demarcaciones debían ser objeto de un arreglo entre ambos países, de acuerdo con los principios del Derecho de Gentes. La comunidad que existía, con las excepciones dichas, en las aguas del Golfo, la basaba la Corte en la necesidad de los países vecinos de proteger y defender los vitales intereses económicos que tenían en el Golfo. Una alteración en el modo de usar esas comunes significaba la anulación de los derechos jurisdiccionales, advirtiéndose que no era lícito al comunero innovar, entregar a manos de un extraño y ni, siquiera compartir con él, el uso y goce de la cosa común sin el consentimiento de los copropietarios. Ello era lo que sucedía con la concesión a Estados Unidos para el establecimiento de una base naval, ya que todo lo referente a ella, el territorio donde se instalara y el mar que se necesitara para la entrada y salida de los buques que ahí llegaran, había de quedar, de acuerdo con el Tratado, bajo la absoluta jurisdicción de los Estados Unidos; es decir, que se llevaba a un poder extranjero a enclavarse en un golfo que había sido y era del dominio exclusivo de los países vecinos, poniéndose con ello en grave peligro los intereses vitales de éstos».

La obra inédita del Dr. GUERRERO MAYORGA ya citada al pie, expresa que a la nota de protesta de Honduras no se le dio más valor que el pretendido por ella, sea que no se declarara la existencia de condominio sobre las aguas territoriales hondureñas, cosa que no la Corte no hizo.

Así como también: «Sin entrar a determinar las cuestiones de carácter puramente político, como la finalidad que perseguía Estados Unidos con el establecimiento de la base naval en el Golfo de Fonseca, se consideró que, dado el carácter de interdependencia existente entre todas las naciones y en especial entre las centroamericanas, Nicaragua no podía llevar a cabo actos que pudieran ir en perjuicio o amenaza de El Salvador. Entre esos actos se debía colocar el establecimiento de la base naval en el Golfo de Fonseca, porque ésta podría, en caso de guerra, convertir los países cercanos a ella en campo de operaciones militares, sujetos a todos los riesgos y estragos consiguientes, y hacer imposible a El Salvador cumplir con sus derechos de neutralidad».

Oportunamente, la sentencia citó el caso que ocurriera cuando Alemania trató de establecer una base naval en Agadir (Marruecos), motivando con ello la protesta de Francia e Inglaterra por el peligro en que se ponía sus intereses cercanos, habiéndose el asunto convertido en un casus belli, por lo que Alemania se vio obligada a desistir de sus propósitos.

Durante el desarrollo del fallo de la Corte, en relación a la intervención de Estados Unidos y la política seguida por países latinoamericanos en casos semejantes, se hace mención de las dificultades surgidas entre Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, cuando la primera trató de vender la Isla del Tigre, situada en el mismo Golfo de Fonseca a Estados Unidos, y las que hubo entre Ecuador y Chile, cuando aquél estuvo a punto de traspasar las Galápagos a los norteamericanos, dando lugar a que por protesta de las otras naciones se desistiera ambos negocios, y la Corte estima:

«Los antecedentes invocados demuestran que la proclamación de la Doctrina de Monroe el año de mil ochocientos veintitrés, no ha sido óbice a que los países americanos ejerciten el ineludible deber de procurar la integridad y defensa de sus territorios, ya que aquella célebre declaración, de alto interés sin duda, consagra el expreso reconocimiento de ‘la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen los países del Continente’, pero no involucra una tutela internacional que confíe la defensa del Continente, contra toda tentativa de colonización – en forma única y exclusiva – al poder militar y naval de los Estados Unidos, con exclusión y desconocimiento de los deberes que competen a las demás repúblicas latinoamericanas (…). Esa tesis no se compagina con las declaraciones hechas por estadistas de los Estados Unidos ni menos podría constituir un vínculo obligatorio para la República de El Salvador que no está ligada en forma contractual al reconocimiento de una interpretación auténtica de la doctrina del Presidente Monroe».

La Corte consideró en su sentencia que el Tratado en cuestión, violaba los derechos de El Salvador como estado centroamericano y textualmente lo fundamentó así:

«(…) porque los países del Istmo formaban un todo moral y cualquier desmembración de territorio que sufriera uno de ellos, hería los intereses salvadoreños, sobre todo si se trataba de un punto en que ambos Estados tenían problemas comunes y solidarios».

El autor también relata que la sentencia hace mención de la violación a los artículos II y IX del Tratado General de Paz y Amistad, exponiéndolo así: «(…) en cuanto al primero, porque en su letra y en su espíritu este encerraba un pensamiento capital: el mantener la paz en Centro América y como medios para realizar ese propósito, la práctica de las instituciones y la obligación de conservar inalterable el orden constitucional. Habiendo el gobierno de Nicaragua infringido una norma constitucional – la que le ordenada el mantenimiento de la integridad territorial – había consumado un acto amenazante a la República de El Salvador, interesada y obligada por los Tratados de Washington al mantenimiento del prestigio de las instituciones públicas centroamericanas. En cuanto al artículo IX, que establecía la igualdad de trato a todos los buques centroamericanos, con los nacionales de cada país, se consideró violado, por haberse dicho en el Tratado, que el terreno arrendado y la base naval, quedaban sujetos exclusivamente a las leyes y soberana autoridad de los Estados Unidos. Este país podría por tanto conceder a las naves de Nicaragua, en las aguas que quedaban bajo su soberanía, todas las exenciones, franquicias y privilegios que a bien tuviera, pero Nicaragua no podría pretender que se hiciera lo mismo con los demás países centroamericanos. En esa forma Estados Unidos estaba en capacidad de romper la igualdad de trato para todas las naves de los países firmantes del Tratado de Washington y Nicaragua se había colocado voluntariamente en imposibilidad de cumplir lo pactado. Como el Tratado Bryan-Chamorro no contenía ninguna salvaguardia a los derechos adquiridos de los países centroamericanos y más bien se expresaba en él, claramente, que en lo arrendado sólo regirán las leyes y soberana autoridad de Estados Unidos, ponía en riesgo los derechos que El Salvador había adquirido por el artículo IX del Tratado de Paz y Amistad, puesto que los dejaba pendientes de una soberanía extranjera que no tenía ninguna obligación de reconocerlos o respetarlos».

La sentencia en su parte resolutiva, declaró: «Primero: Que es competente (la Corte) para conocer y fallar el presente juicio promovido por el Gobierno de la República de El Salvador contra el de la República de Nicaragua. Segundo: Que deben rechazarse las excepciones opuestas por la Alta Parte demandada. Tercero: Que el Tratado Bryan- Chamorro de 5 de agosto de 1914, por la concesión que contiene de una base naval en el Golfo de Fonseca amenaza la seguridad nacional de El Salvador, y viola sus derechos de condominio en las aguas de dicho Golfo, en la forma y con las limitaciones consignadas en el acta de votación. Cuarto: Que viola los artículos II y IX del Tratado de Paz y Amistad suscrito en Washington por los Estados Centroamericanos, el 20 de diciembre de 1907. Quinto: Que el Gobierno de Nicaragua está obligado valiéndose de los medios posibles aconsejados por el Derecho Internacional, a restablecer y mantener el estado de derecho que existía antes del Tratado Bryan-Chamorro, entre las Repúblicas litigantes, en lo que respecta a las materias consideradas en este juicio».

Dicha sentencia fue adoptada con voto salvado del Magistrado Gutiérrez Navas, quien había tratado de no conocer del proceso pero su renuncia no fue aceptada por el gobierno de Nicaragua. El voto salvado objetaba la competencia de la Corte por involucrar un tercero que era una potencia extranjera no sujeta a la jurisdicción de la Corte y que El Salvador no había probado la posesión en todo el conjunto de las aguas del golfo, entre otros argumentos a favor de la autonomía de Nicaragua.

I.2. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, septiembre de 1992

Otro hecho histórico importante se da el 11 de septiembre de 1992, fecha en la que la Sala de la Corte Internacional de Justicia pronunció sentencia en el diferendo fronterizo territorial, insular y marítimo entre El Salvador y Honduras. Dicha sentencia estableció límites terrestres en los dos países e incluyó las islas situadas en el Golfo de Fonseca, pero se declaró incompetente para delimitar las aguas, aunque como se cita más adelante, para Reynaldo GALINDO POHL (2001: 402-406) si se pronunció y se extralimitó en su competencia. La sentencia determinó la situación jurídica de la isla el Tigre, Meanguera y Meanguerita.

Sin embargo, no siendo parte del litigio, la sentencia determina aspectos importantes con respecto a las aguas exteriores del golfo, constituyendo bajo el nombre de zona de soberanía conjunta lo cual ya había sido reconocido por la Corte de Justicia Centroamericana el 9 de marzo de 1917 (GALINDO POHL, 2001: 443).

Reynaldo GALINDO POHL, en el Libro Comentarios a la Sentencia entre el Salvador y Honduras pronunciada por la Corte Internacional de Justicia en 1992 expresa: «(…) La Sala declaró que el Golfo de Fonseca es una bahía histórica. Luego agregó que está sometido a la soberanía de El Salvador, Honduras y Nicaragua conjuntamente, con exclusión de un cinturón de tres millas marinas a partir del litoral de cada uno de los Estados ribereños (…). El lenguaje que usó la Sala permite decir que este cinturón es tanto continental como insular» (GALINDO POHL, 2001: 520-522).

Enseguida la Sala agregó: «(…) y bajo reserva de la delimitación entre Honduras y Nicaragua efectuada en 1900 y de los derechos de paso inofensivo en el mencionado cinturón de tres millas». La Sala continuó: «las aguas de la porción central de la línea de cierre del Golfo (…). Pertenecen conjuntamente a los tres Estados del Golfo, mientras no tenga efecto la delimitación de la zona marítima pertinente (C.I.J. Recueil, 1992, párrafo 432, pp. 269-270)».

Otro pasaje fundamental de la Sentencia es el siguiente: «(…) pero el derecho a un mar territorial, a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva a partir de la porción central de la línea de cierre pertenece a los tres Estados del Golfo, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y toda delimitación de las zonas marítimas pertinentes deberá tener efecto por medio de voto y acuerdo sobre la base del derecho internacional (CIJ Recueil 1992, p. 351, par 432, p. 270)».

Para GALINDO POHL, la Sala mantuvo el condominio interior del Golfo, al que llamó zona de soberanía conjunta, y lo utilizó como modelo para crear una zona con los mismos caracteres en las aguas exteriores del Golfo. Al declarar que la línea de cierre es línea de base, y después dividir la línea de base en tres porciones, una de ellas indivisa, la Sala precisó el costado septentrional de este nuevo condominio, que apareció con el nombre de zona de soberanía conjunta, a partir de la porción indivisa de 13.7 millas marinas.

El condominio en el Golfo, que la Sentencia de 1992 llama zona de soberanía conjunta, se explica debido a su condición de bahía histórica. Fuera del Golfo esa situación ya no existe y por lo tanto faltan las razones y aún las conveniencias para declarar o crear una zona de soberanía conjunta. Y aunque fuese una idea magnífica, la Sala carecía de competencia para crearla.

Argumenta además el autor que el condominio en las aguas interiores del Golfo jamás operó en la práctica. Faltó, ha faltado y falta la voluntad concurrente de los tres Estados ribereños. Si esto ha sucedido en el interior del Golfo, no se requieren facultades adivinatorias para predecir lo que podría ocurrir en el exterior.

El Salvador reconoció el condominio de 1917. Nicaragua y Honduras lo rechazaron de modo reiterado. Nunca hasta hoy esos países han reconocido ese condominio.

De la existencia teórica del condominio en aguas interiores del Golfo, no se infiere que ese condominio gozara de calidades que le permitieran saltar sobre la línea de cierre y de base para proyectarse profundamente en los espacios marítimos exteriores.

Según la Sentencia de 1917, el condominio entre El Salvador y Nicaragua terminaba en la línea de cierre del Golfo y abarcaba el espacio marítimo entre estos dos países. La Sentencia de 1992 modificó en este punto la Sentencia de 1917. El Salvador es parte de ambas Sentencias, mientras Nicaragua solamente lo es de la de 1917 y Honduras únicamente de la de 1992.

I.3. Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, noviembre de 2001

Otro hecho de relevancia lo constituye la sentencia pronunciada por la Corte Centroamericana de Justicia el 27 de noviembre de 2001, en el caso Nicaragua contra Honduras por la suscripción del Tratado de delimitación marítima López Ramírez suscrito entre Colombia y Honduras.

Nicaragua argumentó que Honduras violó la normativa y principios comunitarios centroamericanos, contenidos en diversos instrumentos jurídicos y pide que se determine la responsabilidad internacional de Honduras y las reparaciones a que está obligada ante el Estado de Nicaragua y el sistema institucional centroamericano por haber ratificado el Tratado López Ramírez.

Independientemente de los criterios de competencia argumentados por la Corte, en el Considerando XIX letra E de la sentencia ya referida, fue criterio del tribunal que si bien el concepto de patrimonio territorial de Centroamérica no ha sido jurídicamente definido ni concertado de forma expresa por los Estados Miembros por medio de un Tratado, este patrimonio territorial existe, con independencia que sea reconocido por instrumento jurídico, y a él pertenecen en conjunto las superficies de los Estados Miembros que integran la comunidad centroamericana.

En el Considerando XXI evoca el valioso precedente en esta materia de la Corte de Cartago del 9 de marzo de 1917, en la que en lo referente al Golfo de Fonseca, estableció: «(…) Esta doctrina acrecienta su fuerza moral y jurídica tratándose de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua, los cuales tienen su independencia y soberanía, en lo referente al Golfo de Fonseca, limitadas por la concurrencia de derechos, que trae consigo, como postulado lógico, una limitación recíproca. Invocar los atributos de la soberanía para realizar actos que puedan reparar daño o peligro a otro país, es desconocer el principio de la interdependencia de los Estados que les obliga a respetarse mutuamente y a abstenerse de todo aquello que involucres lesión, aunque sea potencial, para los derechos fundamentales de las demás entidades internacionales, que a semejanza de los individuos, tienen el derecho de vivir y desarrollarse, sin detrimento una de otra; y si estos principios son de naturaleza indeclinable en la vida internacional, revisten mayor prestigio tratándose de los países de Centro-América que en algunas ocasiones han incorporado tales postulados al rango de principios básicos de su derecho público (…). Consta de documentos públicos que en el año de mil ochocientos cincuenta y cuatro, ante el temor de que el Gobierno de Honduras pretendiera enajenar la Isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca, traspasándola a manos extranjeras, los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica y El Salvador elevaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras su formal protesta: ‘El asunto en cuestión compromete no solo la nacionalidad e independencia de Honduras sino de la América Central’, decía en su Nota al Excmo. Ministro de Guatemala Señor Aycinena (…). El Gobierno de El Salvador, – decía el Excmo. Ministro Señor Gómez – contempla que el paso de nuestras costas o islas a manos extranjeras importa la próxima o remota pérdida de la Independencia de estos países, (…) que consta también que a todas esas gestiones, el Gobierno de Honduras contestó declarando infundados aquellos temores; pero que para evitar el peligro previsto, había emitido – con fecha anterior a las protestas – un acuerdo por cual se declaraba: ‘Que el Estado no enajenaba ni podía enajenar los derechos de dominio y soberanía que tenía sobre la referida Isla’ (Datos tomados de un estudio ‘La venta de la Isla del Tigre en 1854’, por el Doctor David Rosales. H., y en el cual el autor pone los documentos oficiales que relatan esos hechos a disposición del Gobierno de El Salvador). (…) Que es también indudable que el Tratado Bryan-Chamorro hiere intereses primordiales de la República de El Salvador como Estado Centroamericano, derivada esa lesión moral del hecho de haber cedido el Gobierno de Nicaragua al de los Estados Unidos una parte integrante del territorio nicaragüense al otorgar el establecimiento de una base naval en el Golfo de Fonseca (…)».

En el año 2002 El Salvador recurre en Revisión a la CIJ la cual fue desestimada por no constituir un hecho nuevo y que se pudo haber alegado en la demanda.

Con este acto se puede decir que terminan las acciones jurídicas que tienen que ver con la soberanía del Golfo de Fonseca, cuyas resultas, doctrinas y esfuerzos de los tres Estados nos lleva a concluir que lo único que se ha logrado es perpetuar limitaciones que desfavorecen a las poblaciones de la zona en cuanto a que demandan de la zona con urgencia el desarrollo y la protección de tan preciados recursos.

II. Acuerdos trinacionales: etapa política

A partir de allí se ha llevado a la mesa política la discusión sobre el desarrollo del Golfo, abandonando el enfoque netamente jurídico, retrógrado y civilista del derecho de condominio, que como se demostrará, con la integración de Centroamérica y la institucionalidad del SICA, ya no tiene razón de ser.

El 9 de julio de 2003 en San Salvador se da la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica con el Presidente de España, en la que se firma Resolución Presidencial para el Desarrollo del Golfo de Fonseca en materia de turismo, medio ambiente e infraestructuras con apoyo de la cooperación española.

El 4 de octubre de 2007 se suscribe la Declaración de Managua, en el marco del Proceso de Integración centroamericana, en la que deciden iniciar una nueva era de cooperación para resolver íntegramente los problemas relacionados con el Golfo de Fonseca y garantizar que el Golfo se convierta en zona de paz, seguridad y desarrollo sostenible, estableciendo un grupo de trabajo y los procedimientos para operar, el grupo tenía como misión hacer un Plan de Desarrollo Sostenible del Golfo de Fonseca.

El 12 de febrero de 2008 en la Ciudad de Managua, se da la primera reunión tri-nacional de comisiones presidenciales, en las que se crean comisiones de trabajo: Protección de medio ambiente y de las especies marinas, costeras y terrestres; fomento al desarrollo sostenible, comunitario y social; desarrollo económico y social de la zona; fortalecimiento municipal; desarrollo de infraestructura y portuario y defensa y seguridad.

El 2 de abril de 2008 se realiza una Reunión de Presidentes y suscribe el Acuerdo de la Unión siempre como continuidad de la Declaración de Managua de 2007 y la reunión de comisiones del 12 de febrero de 2008, en la que se da el primer informe de avances de los acuerdos.

El 30 de marzo de 2012 se hace una Reunión de Presidentes para el relanzamiento de la Declaración de Managua de 2007, en la que queda claro que es dentro del Sistema de la Integración Centroamericana como un intento más por llevar el desarrollo a esa región.

El 13 de mayo de 2013 en la ciudad de Managua se da otra reunión de Presidentes en la que nuevamente ordenan reactivar las mesas de dialogo, en la que destaca la conformación de un equipo de trabajo para dar cumplimento de la sentencia de 1992 y la de solicitar a la comunidad internacional el apoyo de una asesoría para convertir al Golfo en una Zona de Desarrollo tri-nacional, estudiando modelos exitosos de administración compartida en situaciones similares a la del Golfo de Fonseca, así como la posible creación de una autoridad tri-nacional.

El 15 de agosto de 2017, en la ciudad de Managua, se celebró la última reunión tri-nacional sobre el Golfo de Fonseca, reiterando que el Golfo sea una zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad para los Pueblos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, ratifican los acuerdos plasmados en las distintas reuniones tri-nacionales, celebraron los avances obtenidos por la Comisión Tri-nacional e instruyen a dicha Comisión la coordinación permanente con las Instituciones Estatales, comunicación constante con el BCIE, para la formulación del Plan Maestro de Proyectos de Inversión para la Zona del Golfo de Fonseca, con un Plan de Acción específico.

La negociación política tampoco demuestra un avance significativo en términos de acuerdos y de seguridad jurídica que permitan vislumbrar a corto plazo el desarrollo para esa región, tampoco se ha utilizado la institucionalidad del SICA para ese fin.

III. La Zona de Desarrollo Conjunto (ZDC)

En un estudio técnico sobre la Zonas de Desarrollo Conjunto desarrollado por el Dr. Edgar Hernán VARELA ALAS, actual Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia [6], en el año 2008, trae en opinión de diversos autores el siguiente concepto de las ZDC: «(…) constituye un acuerdo entre Estados interesados en desarrollar y compartir conjuntamente en proporciones acordadas, y por medio de la cooperación inter-estatal y medidas nacionales, los depósitos de petróleo y gas más allá de las costas, en una determinada zona del suelo y subsuelo de la plataforma continental, en la cual uno o ambos Estados participantes tienen derechos de conformidad al derecho internacional».

De acuerdo a VARELA, en estas zonas de desarrollo conjunto se trata principalmente de delimitar o identificar el área marítima en que se entrelazan los límites fronterizos de dos o más Estados, siendo necesario establecer el tamaño, uso y regulación de dichas zonas, señalamiento de las áreas a ser exploradas y explotadas conjuntamente e identificación de recursos, designación de la persona jurídica operadora o autoridad conjunta, la administración y diseño del marco legal, las medidas de seguridad, salud y protección del medio ambiente (Derecho consuetudinario recogido principalmente en la CONVEMAR Parte XI artículos 74, 83, 123 y 142 en los que se desarrolla la delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas subyacentes o situadas frente a frente, la delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, la buena vecindad y lineamiento de la conducta de los Estados en zonas en que el suelo y subsuelo exceden los limites de jurisdicción nacional).

Manifiesta el autor que la creación de una Zona de Desarrollo Conjunto sigue siendo para algunos expertos la mejor solución temporal en aquellas zonas donde existen reclamos soberanos de explotación de depósitos minerales o hidrocarburos o donde hay recursos vivos.

El estudio digno de ser evaluado, es una solución en el Golfo de Fonseca, pues lo ha sido para muchos Estados vecinos que lo han adoptado y de los cuales el autor cita con mucha técnica comparada. Sin embargo, las Zonas de Desarrollo Conjunto quedan en la esfera de la cooperación entre los Estados y no elimina las discriminaciones, ésta constituye una herramienta para Estados soberanos de régimen jurídico distinto al de uno comunitario, como el nuestro, donde hay una identidad e historia común, así como una institucionalidad con mecanismos jurídicos suficientes para dar a esos acuerdos seguridad jurídica, sumado a esto la ya existencia de un tribunal regional como lo es la Corte Centroamericana de Justicia significa un plus de esta regulación.

De acuerdo al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrito por los Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 13 de diciembre de 1991, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) puede crear un órgano subsidiario mediante una decisión, o pueden elevar a la Reunión de Presidentes la suscripción de un Tratado que cree la Comunidad del Golfo, como una especie de regulación especial como la del Trifinio entre Guatemala, El Salvador y Honduras, o simplemente utilizar los órganos de decisión ya establecidos (CCAD, COMIECO, CTCA, CAC, COMITRAN, COMIGOB) para iniciar a través de derecho derivado cualquier acción de la Zona, al igual como lo hizo la Unión Europea y como se expone a continuación.

IV. Los Mares Comunitarios y la Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Desde 1970 en la Comunidad Europea se tenía un régimen de igualdad de acceso de los buques pesqueros comunitarios.

El Consejo Europeo mediante una Decisión (derecho comunitario derivado) el 3 de noviembre de 1977 crea la Zona Económica Exclusiva de la Comunidad en la que amplia la zona de pesca comunitaria hasta las 200 millas marinas.

El Reglamento 170/1983 configuró la llamada Europa azul reconociendo: 1. la igualdad de acceso a los recursos de las aguas comunitarias salvo a la preferencia que tienen los pescadores costeros entre las 6 y 12 millas, se excepcionaron algunas áreas de acceso del mar del norte; 2. reconoció el principio de garantía de la protección de fondos pesqueros, la conservación de los recursos biológicos del mar y su explotación equilibrada; 3. la aceptación de una política común de conservación y gestión de los recursos basada en la fijación anual de un total administrable de capturas (TAC) y cuotas nacionales, bajo un sistema de concesión de licencias, vedas temporales y zonales y un régimen de control que comprendería las inspecciones a bordo, las operaciones de desembarque y de los artes de pesca y tipos de buques.

El Reglamento 3760/92 sobre el régimen comunitario de pesca y acuicultura, autorizó de nuevo a los Estados miembros para mantener hasta el 2002 las limitaciones de acceso en aguas sujetas a soberanía, salvo los llamados derechos históricos de algunos.

El Reglamento 2371/2002 establece el nuevo régimen de conservación y explotación sostenible, que incluye medio ambiente, acuicultura, gestión de flotas, estructuras pesqueras entre otras, un Comité científico, técnico y económico se encarga de proponer las decisiones al respecto.

En la nueva Política Común de Pesca se incluyen normativa de conservación y sostenibilidad de recursos; régimen de control y observancia: ajustes a la capacidad pesquera y un plan de acción para una política marítima pesquera en la que se tiene por objeto la máxima utilización sostenible de los océanos y mares (LOPEZ ESCUDERO, 2000: 221-231).

En 2006 se crea el Libro Verde titulado «Hacia una Política marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares» donde se establece que los sectores relacionados a la explotación de mares representan un 3 al 5 % del producto interior bruto de la Unión Europea en los ámbitos de: transporte marítimo, turismo costero, producción de energía en el mar (gas y petróleo en el mar del norte); las técnicas de construcción naval (construcción de buques) y servicios conexos (servicios de tecnología marina) (DÍAZ MORENO, 2009: 843-869).

La Política Común Pesquera no se encuentra desarrollada en Tratados sino en normas de derecho derivado, era un objetivo establecido en el artículo 33 del Tratado de la Comunidad Europea para la Política Agrícola Común y otras disposiciones sobre organización común de mercados agrícolas.

La comunitarización de la Zona Económica Exclusiva lleva al seno del Derecho Comunitario y de las instituciones de la Unión Europea, su desarrollo, permitiendo más seguridad jurídica en un ámbito de relaciones de confianza entre los Estados miembros, ya no se trata del derecho internacional y de acciones encajonadas en el ámbito de la cooperación, sino en un ámbito más avanzado, que es el de la integración en pro del bien común.

Vale la pena comentar asunto Comisión/Irlanda (sentencia de 30 de mayo de 2006, C-459/03, Rec. p. I-4635). El Tribunal de Justicia, en un procedimiento por incumplimiento iniciado por la Comisión, declaró «que Irlanda había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de diversas disposiciones de los Tratados CE y EA al promover un procedimiento de solución de controversias contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que atañe a la fábrica MOX establecida en el Reino Unido. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia siguió un razonamiento por fases. En primer lugar se preguntó, dado que la Comisión reprochaba a Irlanda haber incumplido el artículo 292 CE, que dispone que los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación del Tratado CE a un procedimiento de solución distinto de los previstos en él, sobre la cuestión de si las disposiciones la Convención sobre el Derecho del Mar cuya infracción reprochaba Irlanda al Reino Unido ante la instancia arbitral debían considerarse disposiciones de Derecho comunitario, cuya infracción por un Estado miembro está comprendida en el ámbito del procedimiento por incumplimiento establecido en los artículos 226 CE y siguientes. Al término de un razonamiento en el que se refiere tanto a las normas que regulan la celebración de acuerdos internacionales por la Comunidad como a la normativa comunitaria pertinente y un examen concreto de las disposiciones cuya infracción denunciaba Irlanda, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que las disposiciones de la referida Convención invocadas por Irlanda en la controversia relativa a la fábrica MOX sometida al tribunal arbitral constituyen normas que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia es competente para conocer de las controversias relativas a la interpretación y a la aplicación de dichas disposiciones, así como para apreciar su respeto por un Estado miembro, y por ello, dispone, en virtud del artículo 292 CE, de una competencia exclusiva para conocer de un litigio como el llevado por Irlanda ante la instancia arbitral. Sin embargo, no se detiene ahí el incumplimiento imputable a Irlanda. En efecto, este Estado incumplió también sus obligaciones comunitarias al someter al examen de dicha instancia unos actos comunitarios, en concreto, varias Directivas adoptadas sobre la base bien del Tratado CE, bien del Tratado EA, lo que constituye otro incumplimiento de la obligación de respetar la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para interpretar y aplicar las disposiciones de Derecho comunitario que resulta de los artículos 292 CE y 193 EA. Por otra parte, Irlanda incumplió la obligación de cooperación leal, que establecen los artículos 10 CE y 192 EA, al instar un procedimiento en el marco del régimen de solución de controversias previsto en la Convención sobre el Derecho del Mar sin haber informado ni consultado previamente a las instituciones comunitarias competentes» [7].

El antecedente nos da la razón, dado que entrando al ámbito comunitario será competencia de la Comunidad el resolver cualquier conflicto de aplicación o de interpretación de la ZEE, llevando consigo la anhelada seguridad jurídica y la solución de los conflictos por la misma comunidad de Estados.

V. Conclusiones y perspectivas hacia el desarrollo

La Sentencia en el asunto Comisión/Irlanda es importante en lo relativo al reconocimiento de la verdadera comunidad de Estados y comunidad de bienes.

Quedó claro que la defensa de la soberanía e integridad territorial de los Estados no puede considerarse individualmente, sino como pertenecientes a la región que es la unidad económica y política, donde la soberanía no debe ser entendida como una búsqueda y prosecución de solo el interés nacional, sino como la compatibilización entre los intereses de varios Estados que la integran.

En cuanto al futuro del Golfo es importante destacar que es urgente que los Estados tomen una decisión y que ya no estén pensando en figuras jurídicas del siglo XIX, ni mucho menos que prive desconfianza entre los Estados o que prive la mal entendida soberanía nacional, sino que utilizando los mecanismos que tiene el Sistema de la Integración Centroamericana y a través de su ordenamiento jurídico regulen el Trifinio del Golfo como una Zona Económica Exclusiva, y que este ejemplo lleve a resolver o desarrollar otras regiones como el Golfo de Honduras con Belice, etc. No rechacemos los buenos ejemplos como el de la Unión Europea (UE) y progresemos en nuestra comunidad de derecho, la Corte Centroamericana podría ayudar a la seguridad jurídica de esta comunidad de derecho.

Centroamérica debe considerarse como la gran Patria, el territorio es uno, la defensa de la soberanía y del patrimonio territorial es uno, la institucionalidad y el ordenamiento jurídico es uno y el bienestar, la justicia económica y social es para todos los centroamericanos.

Notas:

[1] Conferencia de la Paz Centroamericana, Washington, D.C. 14 de noviembre a 20 de diciembre de 1907. Tratado General de Paz y Amistad.

[2] Dr. Orlando GUERRERO MAYORGA, Doctor en Derecho Internacional, nicaragüense, actual Secretario General de la Corte Centroamericana de Justicia, catedrático universitario, Director del Centro de Derecho Internacional de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua.

[3] Módulo de Derecho Comunitario Centroamericano del Mar, impartido dentro del Programa del Postgrado de Derecho del Mar, Transporte Marítimo y Derecho Aduanero, en la Universidad American College de Nicaragua en el mes de Agosto del 2015, pp. 13-22.

[4] http://portal.ccj.org.ni/ccj/

[5] Módulo de Derecho Comunitario Centroamericano del Mar, impartido dentro del Programa del Postgrado de Derecho del Mar, Transporte Marítimo y Derecho Aduanero, en la Universidad American College de Nicaragua en el mes de Agosto del 2015, pp. 13-22.

[6] Edgar Hernán VARELA ALAS, Doctor en Derecho, salvadoreño, Magistrado Propietario de la Corte Centroamericana de Justicia, Sede Managua, período 2016-2026.

[7] Informe Anual del TJCE – 2006: http://www.curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/rapport/pei/06_cour_activ.pdf (pp. 13-14).

Bibliografía

  • DÍAZ MORENO, Fernando (2009), Manual de Derecho de la Unión Europea, Quinta Edición, Civitas, pp. 843-869.
  • GALINDO POHL, Reynaldo (2001), Comentarios a la Sentencia entre El Salvador y Honduras pronunciada por la Corte Internacional de Justicia en 1992, San Salvador: Corte Suprema de Justicia de El Salvador (Edición Sección de Publicaciones), pp. 402-522.
  • GUERRERO MAYORGA, Orlando (2015), Derecho Comunitario Centroamericano del Mar. Módulo impartido dentro del Programa de Postgrado de Derecho del Mar, Transporte Marítimo y Derecho Aduanero, en la Universidad American College de Nicaragua. Obra inédita, pp 13-22.
  • LOPEZ ESCUDERO, Manuel y otros (2000), Derecho Comunitario Material, 1ª edición, Madrid: Mc Graw Hill, pp. 221-231.
  • VARELA ALAS, Edgar (2008), Zona de Desarrollo Conjunto en Espacios Marítimos, La Haya. Trabajo inédito, pp. 3-11 y 17, 23 y 37.
  • VV.AA. (2015), Compendio de normas internacional público, 6ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, pp. 1052-1176.

Jurisprudencia

  • 1) Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del día 30 de Septiembre de 1916, digitalizado Biblioteca Enrique Bolaños, Fundación, www.enriquebolanos.org. Véase además «Corte de Justicia Centroamericana (1907). Normas de existencia y funcionamiento», autor: Manuel CASTRO RAMÍREZ, San José Costa Rica, 12 de Marzo de 1918.
  • 2) Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del día 9 de mayo de 1917, digitalizado Biblioteca Enrique Bolaños, Fundación, www.enriquebolanos.org. Véase además «Corte de Justicia Centroamericana (1907). Normas de existencia y funcionamiento», autor: Manuel CASTRO RAMÍREZ, San José Costa Rica, 12 de Marzo de 1918.
  • 3) Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 11 de Septiembre de 1992, tomada del libro «Comentarios a la sentencia entre Honduras y El Salvador pronunciado por la Corte Internacional de Justicia 1992», cuyo autor es Reynaldo GALINDO POHL, 1ª. Ed., San Salvador, El Salvador, Sección de Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia 2001, 526p.
  • 4) Expediente No 5-29-11-99. Sentencia del 27 de Noviembre del año dos mil uno de la Corte Centroamericana de Justicia (portal.ccj.org.ni).
  • 5) Asunto C-459/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda, Litigio entre Irlanda y el Reino Unido. Tribunal arbitral constituido conforme al anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Competencia conferida al Tribunal de Justicia articulo 292 CE – Articulo 193 EA – Obligación de Cooperación – Articulo 10 CE – articulo 192 EA (http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=57551&occ=first&dir=&cid=911063).

Declaraciones Presidenciales:

  • 1) Resolución Presidencial para el Desarrollo del Golfo de Fonseca en materia de turismo, medio ambiente y infraestructuras con apoyo de la cooperación española (9 de julio de 2003, San Salvador, El Salvador – www.sica.int).
  • 2) Declaración de Managua, en el marco del Proceso de Integración centroamericana, en la que deciden iniciar una nueva era de cooperación para resolver íntegramente los problemas relacionados con el Golfo de Fonseca para garantizar que el Golfo se convierta en zona de paz, seguridad y desarrollo sostenible, estableciendo un grupo de trabajo y los procedimientos para operar, el grupo tenia como misión hacer un Plan de Desarrollo Sostenible del Golfo de Fonseca (4 de octubre de 2007, Managua, Nicaragua).
  • 3) Reunión tri-nacional de comisiones presidenciales, en las que se crean comisiones de trabajo: Protección de medio ambiente y de las especies marinas, costeras y terrestres; fomento al desarrollo sostenible, comunitario y social; desarrollo económico y social de la zona; fortalecimiento municipal; desarrollo de infraestructura y portuario y defensa y seguridad (12 de febrero de 2008 en la Ciudad de Managua, Nicaragua).
  • 4) Reunión de Presidentes y suscribe el Acuerdo de la Unión siempre como continuidad de la Declaración de Managua de 2007 y la reunión de comisiones del 12 de febrero de 2008, en la que se da el primer informe de avances de los acuerdos (2 de abril de 2008, la Unión, El Salvador).
  • 5) Reunión de Presidentes para el relanzamiento de la Declaración de Managua de 2007, como un intento más por llevar el desarrollo a esa región (30 de marzo de 2012, San Salvador, El Salvador).
  • 6) Reunión de Presidentes en la que nuevamente ordenan reactivar las mesas de trabajo (13 de mayo de 2013. Managua, Nicaragua).
  • 7) Reunión de Presidentes en la que reiteran compromiso de que el Golfo sea un zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad para El Salvador, Honduras y Nicaragua (15 de Agosto de 2017, Managua, Nicaragua).