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La Dra. Diana Gisella Milla Vásquez es autora del libro “Los beneficios penitenciarios en Iberoamérica. Historia, Teoría y Praxis” (Grijley, 2016).

Resumen (extracto): “La presente obra aborda las instituciones penitenciarias denominadas beneficios penitenciarios en el ámbito del Derecho comparado, particularmente, en los países iberoamericanos y especialmente en el Perú, informados en cualesquiera normativas estatales por un similar espíritu resocializador. El libro incorpora así, en esencia, el contenido de la tesis doctoral de la autora, premiada en España como la mejor investigación jurídica, y ha sido elaborado desde un método histórico-evolutivo y sistemático, que asimismo analiza la realidad jurídico-penitenciaria vigente. La Dra. Milla Vásquez atiende así, en esta obra imprescindible y definitiva, al fundamento, naturaleza jurídica y contenido de tan relevantes instrumentos para la consecución del fin constitucional, orientado a la reinserción social de los condenados; aportando consideraciones y conclusiones indispensables para su mejor conocimiento.”

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”583″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”¿Cuál es la importancia de estudiar los beneficios penitenciarios en Iberoamérica desde una perspectiva histórica, teórica y práctica? ” tab_id=”1468514182121-f1f3f81b-5c8d”][vc_column_text]

Desde una perspectiva histórica es importante conocer la evolución del fundamento que informa los beneficios penitenciarios, por cuanto el fin orientador, de estos instrumentos normativos, no siempre fue el de resocialización (recogido desde el actual prisma constitucional): término adoptado desde un concepto de mínimos, esto es, que el interno sea capaz de respetar la ley penal tras haber obtenido la libertad. Antes de adoptar este fundamento (resocialización o prevención especial positiva) a partir del Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se llevó a cabo en Ginebra en el año 1955, el oriente de los beneficios penitenciarios, respondió al de corrección para luego reclamar la reforma de los penados, esto es, la adopción de un código de conducta o sistema de valores de acuerdo a las demandas de la sociedad, por ejemplo que el penado vaya a misa, trabaje, estudie, etc. Desde el fundamento actual, no obstante, no se espera que el penado adquiera una determinada conducta sino que simplemente respete la norma penal, esto es, que no perpetre actos ilícitos.

De otro lado, desde un enfoque teórico, es menester que se conozca el concepto, la naturaleza jurídica, y el fundamento que se atribuye a los beneficios penitenciarios, toda vez que permitirá al lector entender cuáles son esos instrumentos normativos que encajan dentro de su definición, así como el objetivo que persigue dentro del sistema penitenciario, informado sin lugar a dudas, por los principios constitucionales. Cabe precisar que en la reciente obra publicada de mi autoría: “Los beneficios penitenciarios en Iberoamérica. Historia, Teoría y Praxis”, se ha señalado que los beneficios penitenciarios son aquellos instrumentos normativos, que en la historia penitenciaria y en la actualidad, han servido y sirven para disminuir el tiempo efectivo de internamiento o para recortar la pena privativa de libertad o prisión. Esta definición cobra sentido si se relaciona con su fundamento, tal como se ha mencionado ut supra, la resocialización de los penados. De allí la importancia de conocer las definiciones para conectarlas con la praxis.

Y por último, estudiar los beneficios penitenciarios desde una perspectiva práctica nos permite conocer si en la realidad se cumple el fundamento constitucional que respalda nuestros institutos penitenciarios, es decir, si el Estado brinda las herramientas necesarias para su consecución, si el interno se encuentra incentivado para trabajar, estudiar, seguir con el tratamiento individualizado, etc., respuesta que ampliaremos en la siguiente pregunta.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”¿Puede destacar algunos aspectos relevantes de la praxis sobre los beneficios penitenciarios en Perú y España?” tab_id=”1468514188730-8b2fc4f8-1a26″][vc_column_text]

Un encierro sin esperanza de más pronto retorno a la vida libre es estéril”. Con estos términos, el máximo exponente en materia penitenciaria del sistema eurocontinental y Catedrático de la Universidad de Alcalá, Carlos García Valdés, nos revela un horizonte esperanzador de libertad, aún dentro de los muros de la prisión, que los internos ostentan alcanzar, cuyo máximo deseo es regresar antes, por medio de los beneficios penitenciarios, como bien lo expresa mi maestro Enrique Sanz Delgado, en su obra: “Regresar antes: Los beneficios penitenciarios”. En efecto, los internos con la esperanza de salir antes de prisión, activan los resortes de su voluntad, a través del trabajo, estudio, siguiendo un tratamiento individualizado, etc., lo que a la postre les servirá para disminuir el tiempo efectivo de internamiento o recortar la pena de prisión, que a su vez permitirá la quietud de los establecimientos penitenciarios, coadyuvando al orden y al buen estar dentro de las prisiones, sin motines ni reyertas.

Asimismo, desde una perspectiva utilitaria, con la concesión de los beneficios penitenciarios se propende a la disminución del hacinamiento en las prisiones; sin embargo, en los últimos años con la restricción al acceso de estas figuras penitenciarias, tanto en España como en Perú, este fin utilitario se desvanece por cuanto un ingente número de internos (en el caso de Perú) no podrá salir antes de la prisión en virtud del paquete legislativo publicado en el año 2013 (Leyes nº. s. 30054, 30076 y 30077) que vino a prohibir los beneficios penitenciarios a los agentes que hubiesen cometido delitos de hurto agravado, robo agravado, etc.; y en España por medio de la Ley 7/2003 de 30 de junio (denominada Ley de medidas de reformas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas) se restringió el acceso a estas medidas liberatorias a los agentes de los delitos de terrorismo y crimen organizado. Estas políticas irreflexivas de tolerancia cero vienen siendo moneda común en los ordenamientos jurídicos iberoamericanos, es decir, los legisladores en respuesta a la sensación de inseguridad de sus ciudadanos, decidieron crear leyes ad hoc a gusto del cliente, situación que es aprovechada por los gobiernos de turno para captar más votos, instrumentalizando a los medios de comunicación como una de las fábricas del miedo, generando zozobra y justificando su accionar. En consecuencia, podemos vislumbrar el despliegue desorbitante de un populismo punitivo puro y duro en su máxima expresión.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″][vc_tta_section title=”Sostiene en su libro que el Derecho Penitenciario “debería optar por plantear modos de cómo reducir el tiempo de cumplimiento de la pena en prisión, para que el penado, mediante tales instrumentos e incentivos adapte su conducta, progresivamente, al orden jurídico”, ¿Cómo se concilia esto con la seguridad ciudadana?” tab_id=”1468514204847-c6c5a135-39d7″][vc_column_text]

El fundamento constitucional de los beneficios penitenciarios, tal como lo venimos anunciando reiteradamente en estas líneas, viene a ser el de resocialización, que se recoge en las Constituciones española (artículo 25.2) y peruana (artículo 139.22). Ambas normas supremas coinciden en señalar que el régimen penitenciario tiene por fin la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Para hacer efectivo el cumplimiento de este principio orientador del sistema penal, desde una visión integral, el Estado ya creó las herramientas necesarias para que el interno pueda alcanzar dicho fin, por medio de los beneficios penitenciarios.

Sin embargo, el acceso a estas medidas liberatorias, viene siendo eliminado precisamente por los defensores del nuevo modelo de Derecho penal de la seguridad ciudadana, quienes sostienen que los agentes de delitos de mayor gravedad o dañosidad social no deberían acceder a los beneficios penitenciarios porque su salida constituiría una seria amenaza a la seguridad ciudadana. Lamentablemente, deseamos dejar por sentado, que esto suena a cuento chino.

Si bien es cierto que la incidencia delictiva se ha incrementado y que la población advierte una mayor sensación de inseguridad en las calles; empero, la restricción a los beneficios penitenciarios no es el cauce correcto e idóneo para hacer frente a la criminalidad, además no se ha demostrado en ningún ordenamiento punitivo que con este accionar haya disminuido la tasa delictiva o los índices de reincidencia.

En todo caso, la solución como meta a mediano y largo plazo es diseñar y poner en práctica políticas de prevención (otorgando educación básica a todos los ciudadanos, ofertando una plaza laboral, etc.) para que no se vean tentados en el futuro a formar parte de redes criminales.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion active_section=”1″][vc_tta_section title=”Dado que el terrorismo yihadista es una amenaza actual, no queremos perder la oportunidad para que nos dé su opinión sobre la trilogía: Terrorismo yihadista – Amenaza a la seguridad (especialmente en Europa) – beneficios penitenciarios. ¿Cómo se sustenta desde la teoría y la práctica los beneficios penitenciarios para los terroristas?” tab_id=”1468514214264-7c301a6a-2de2″][vc_column_text]

Los procesos de globalización e integración traen consigo un escaparate de ofertas muy beneficiosas para la sociedad, tales como la libre circulación de personas y capitales, la desregulación de los mercados, las nuevas tecnologías, etc., -un ejemplo cercano de ello es la Unión Europea-; no obstante, paradójicamente, estos componentes atractivos del nuevo orden en el que nos desarrollamos, propician un excelente caldo de cultivo para el crimen organizado, el terrorismo (yihadista), etc. En efecto, este abanico de aspectos positivos ha posibilitado que el crimen organizado y el terrorismo en general traspasen fronteras, cuya expansión en sus diferentes manifestaciones [1] ha generado y sigue produciendo cierta sensación de inseguridad en el colectivo social. Por ello, la comunidad internacional, preocupada por un problema mundial, demostró interés y voluntad política para abordarlo con una reacción a escala global [2].

Con la introducción en España de la Ley 7/2003 ya señalada, se viene a prohibir el acceso de beneficios penitenciarios a los agentes de terrorismo y crimen organizado y con ello se retoman criterios de prevención general que ya habían sido soslayados por el ordenamiento español asentado en el conocimiento de la realidad práctica y en la mejor doctrina, que defendía criterios más humanos y humanitarios para los internos. Estas directrices de ley y orden, a todas luces más severas, se vieron reflejadas en la construcción de un nuevo modelo dogmático, que desde el ordenamiento alemán es ya bien conocido como derecho penal del enemigo, o Derecho penal de tercera velocidad y se manifiesta a través del incremento de los marcos abstractos de las sanciones penales para tales conductas delictivas, así como en la restricción del acceso a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, el problema radica en su difícil compatibilidad con los principios básicos del Derecho penal en un Estado de derecho [3]. Así, la aplicación de estas políticas irreflexivas vulneran: el objetivo medular del derecho penitenciario o de ejecución penal, las libertades públicas y el derecho fundamental a la igualdad recogido en las cartas fundamentales de España (art. 14) y de los demás ordenamientos europeos.

Si bien el terrorismo yihadista constituye una amenaza actual; no obstante, con la restricción de los beneficios penitenciarios a los agentes de estos delitos, no se combate estas prácticas ideológicas, creer lo contrario es erróneo. Empero, si el penado por estos delitos, con la esperanza de salir antes, adecua su conducta al régimen, el sistema no se convierte en estéril, todo cobraría sentido si regresa “resocializado”. El mensaje que se transmite con la anulación de estas medidas penitenciarias es la desconfianza de las instituciones, de la Administración penitenciaria, de sus órganos jurisdiccionales, de sus funcionarios, etc.

Ello nos permite concluir que en el conflicto seguridad ciudadana vs derechos fundamentales, se está dando mayor relevancia al primero de ellos, toda vez que en la experiencia europea se están implementando políticas de seguridad ciudadana sin respetar tales derechos. Empero, desde mi punto de vista, debiera mantenerse un equilibrio en dicho conflicto sin vulnerar, por supuesto, los derechos fundamentales de los internos. Si bien ante la amenaza de la seguridad ciudadana por medio del terrorismo en general se exige una reacción oportuna del Estado, este debiera actuar dentro de los límites establecidos.

Desde luego, el valor seguridad se torna en un concepto miserable si su precio es la violación de derechos humanos fundamentales. Es verdad que el lenguaje se adapta para que la opinión pública digiera los conceptos y acciones odiosas. La contradicción de valores e intereses se advierte en múltiples situaciones e intereses como las señaladas en Estados Unidos (Ley Patriotic Act de 2001). No obstante, tengo la firme convicción que valores como la seguridad, la paz, la libertad y la justicia son conmensurables, siempre y cuando haya un equilibrio entre ellos, y que en ese contexto social y jurídico se respete los principios básicos, los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades públicas, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho. La política invocando la seguridad que se lleve por delante estos valores y principios debe ser evitable [4].

Empero, en la praxis la aplicación de políticas urgentes ha sido producto de la falta de control de la situación en la que prevalece una dinámica represiva y custodial. Este hecho lamentable se está apoderando del sistema penal europeo. En suma, con tal restricción lejos de hacer frente a la lucha contra la criminalidad, se está negando la eficacia de sus instituciones.

En cualquier caso, discrepamos con la restricción de los beneficios penitenciarios para esta clase de delitos como resultado de aplicar políticas de tolerancia cero para los autores pertenecientes al terrorismo o crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, no solo porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrada en las constituciones europeas o iberoamericanas sino porque también se les niega a priori la posibilidad de resocializarse. El mensaje que se transmite al interno para esta clase de delitos es claro: no te concedo los beneficios penitenciarios porque posees una vocación de ruptura con el orden establecido, porque has socavado las instituciones del Estado social y democrático de derecho, porque eres incapaz de reconciliarte con el mismo. En suma, porque eres incapaz de resocializarte. Cuando el legislador aplica tales políticas y medidas irreflexivas y de emergencia, pareciera desconocer el fin orientador de las penas denominado desde el prisma constitucional como resocialización o en, terminología penal, como prevención especial positiva.

[1] La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional enumera una serie de delitos relacionados al crimen organizado, tales como los de terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero, corrupción, tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, contra el patrimonio cultural (arts. 2º, 5º, 6º, 8º y 23º de la Convención de Palermo). Asimismo, en latitudes andinas por ejemplo, la minería ilegal e informal cobra fuerza y se considera vinculada a los delitos de crimen organizado.

[2] Vid. Prefacio de la Convención de Palermo, p. III.

[3] Muñoz Conde, Francisco, ¿Hacia un derecho penal del enemigo?, en: diario El País, 15 de enero de 2003, disponible en http://elpais.com/diario/2003/01/15/espana/1042585218_850215.html (consultado el 10 de julio de 2016).

[4] Vid. ampliamente REMIRO BROTÓNS, Antonio, De la seguridad, el lenguaje y otras calamidades, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2012, Tecnos, 2013, pp. 23 y ss.

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