Inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional

by Redacción Juri-Dileyc

}

Feb 22, 2022

Un Estado miembro puede ejercer su facultad de declarar inadmisible una solicitud de protección internacional debido a que otro Estado miembro ya ha concedido al solicitante el estatuto de refugiado.
No obstante, debe velarse por el mantenimiento de la unidad familiar cuando ese solicitante sea padre de un menor no acompañado que haya obtenido protección subsidiaria en el primer Estado miembro.

TJUE, Commissaire général aux réfugiés y aux apatrides, 22 de febrero de 2022, as. C-483/20

Política común en materia de asilo, Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional

Tras haber obtenido el estatuto de refugiado en Austria en 2015, el demandante se trasladó a Bélgica a principios de 2016 para reunirse con sus dos hijas, una de las cuales era menor. Allí obtuvieron ellas protección subsidiaria en diciembre de ese mismo año. En 2018, el demandante presentó una solicitud de protección internacional en este último Estado miembro, en el que no tenía derecho de residencia.

Dicha solicitud fue declarada inadmisible en virtud de la normativa belga de transposición de la Directiva sobre procedimientos debido a que otro Estado miembro ya había concedido protección internacional al demandante. El demandante impugnó esta resolución ante los órganos jurisdiccionales belgas, alegando que el derecho al respeto de la vida familiar y la obligación de tomar en consideración el interés superior del menor, consagrados en los artículos 7 y 24, apartado 2, respectivamente, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»), se oponen a que Bélgica haga uso de su facultad de declarar inadmisible su solicitud de protección internacional.

En este contexto, el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica) decidió preguntar al Tribunal de Justicia sobre la posible existencia de excepciones a dicha facultad.

El Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, declara que la Directiva sobre procedimientos, interpretada a la luz de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta, no se opone a que un Estado miembro ejerza esa facultad por el hecho de que otro Estado ya haya concedido el estatuto de refugiado al solicitante, cuando este es padre de un menor no acompañado que ha obtenido protección subsidiaria en el primer Estado miembro, sin perjuicio, no obstante, de que se aplique el artículo 23, apartado 2, de la Directiva de reconocimiento, relativo al mantenimiento de la unidad familiar.

Apreciación del Tribunal de Justicia

A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que los Estados miembros no están obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva de reconocimiento si dicha protección ya está garantizada en otro Estado miembro. En estas circunstancias, deben abstenerse de ejercer la facultad prevista por la Directiva sobre procedimientos de declarar inadmisible una solicitud de protección internacional únicamente si, debido a la existencia de deficiencias, bien sistémicas o generalizadas, o bien que afecten a ciertos grupos de personas en ese otro Estado miembro, las condiciones de vida que dicho solicitante encontrará previsiblemente en él como beneficiario de protección internacional lo exponen a un grave riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta.

En efecto, en vista de la importancia del principio de confianza mutua para el sistema europeo común de asilo, la infracción de una disposición de Derecho de la Unión que confiera un derecho material a los beneficiarios de protección internacional que no tenga como consecuencia la infracción del artículo 4 de la Carta no obsta a que los Estados miembros ejerzan dicha facultad. A diferencia del derecho a la protección contra cualquier trato inhumano y degradante, los derechos garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta no tienen carácter absoluto y, por tanto, pueden ser objeto de restricciones en las condiciones que en ella se establecen.

Por lo demás, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva de reconocimiento obliga a los Estados miembros a velar por el mantenimiento de la unidad familiar mediante el establecimiento de una serie de ventajas en favor de los miembros de la familia del beneficiario de protección internacional. Ahora bien, la concesión de esas ventajas, en particular, la concesión de un derecho de residencia, exige el cumplimiento de tres requisitos, relativos, el primero, a la condición de miembro de la familia, en el sentido de dicha Directiva; el segundo, al hecho de no cumplir individualmente las condiciones para acogerse a la protección internacional, y, el tercero, a la compatibilidad con la condición jurídica personal del miembro de la familia de que se trate.

Pues bien, en primer término, el hecho de que el progenitor y su hijo menor de edad hayan seguido rutas migratorias diferentes antes de reunirse en el Estado miembro en el que el hijo goza de protección internacional no impide que el progenitor sea considerado miembro de la familia de dicho beneficiario, siempre que ese progenitor estuviese presente en el territorio del Estado miembro de que se trate antes de que se resolviese la solicitud de protección internacional de su hijo.

En segundo término, un nacional de un país tercero cuya solicitud de protección internacional es inadmisible y haya sido por tanto denegada en el Estado miembro en el que su hijo menor de edad goza de protección internacional por el hecho de que el citado nacional disfruta del estatuto de refugiado en otro Estado miembro, no cumple individualmente las condiciones para acogerse a la protección internacional en el primer Estado miembro.

Por último, en lo que atañe a la compatibilidad de la concesión de las ventajas previstas en la Directiva de reconocimiento con la condición jurídica del nacional de un país tercero en cuestión, es preciso comprobar si este no tiene ya derecho, en el Estado miembro que haya concedido protección internacional al miembro de su familia, a un trato mejor que el que se deriva de dichas ventajas. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, no parece que ocurra así en el presente asunto, dado que la concesión del estatuto de refugiado en un Estado miembro no brinda a quien disfruta de esta protección internacional un trato mejor, en otro Estado miembro, que el que se deriva de dichas ventajas en ese otro Estado miembro.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 30/2022

Texto completo de la sentencia

Más lectura

Artículos Relacionados