EDICIÓN DEL LUNES 5 DE JUNIO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Profundización de la Unión Económica y Monetaria
  • Política de competencia: Informe 2016
  • Pesca: Controles pesqueros
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: ciudadanía de la Unión; impuesto sobre el valor añadido; libre circulación; lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; responsabilidad medioambiental
  • Lectura: Derecho penal europeo (Kai Ambos)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: PROFUNDIZACIÓN DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

Gobernanza de la zona del euro

Conclusiones del documento

Debemos cuidar y preservar el euro, que constituye un gran logro y cuenta con el firme respaldo de los ciudadanos europeos. Pero el euro dista de ser perfecto y plantea la necesidad de reformas para que pueda beneficiarnos todavía más a todos. Esto requiere voluntad política, liderazgo y valor.

Durante los últimos 15 años se han extraído importantes lecciones y la situación económica está mejorando. No obstante, sería un error considerar que el statu quo es satisfactorio. El euro no es el origen ni la única solución para los retos a los que se enfrentan hoy los ciudadanos europeos. Sin embargo, crea oportunidades y responsabilidades específicas de las que debemos ser plenamente conscientes. En un mundo globalizado, nos ofrece beneficios que las economías y monedas nacionales nunca podrían aportarnos por sí solas, nos protege de la volatilidad de los tipos de cambio a nivel mundial y es un importante actor en los mercados de divisas, facilita el funcionamiento del mercado interior de la UE y constituye el mejor seguro de nuestros ahorros y pensiones contra la inflación.

Cada vez existe mayor conciencia de que son necesarios nuevos pasos para la plena realización de la Unión Económica y Monetaria. Para orientar el trabajo futuro, es importante en primer lugar ponerse de acuerdo sobre los objetivos y principios rectores. El objetivo debería ser evidente: el euro tiene que reforzar su papel como fuente compartida de prosperidad y bienestar económico y social, sobre la base de un crecimiento integrador y equilibrado y de la estabilidad de los precios.

La importancia de esta tarea requiere una secuenciación apropiada, pues 2025 no queda tan lejos. La Comisión propone avanzar en dos fases.

Fuente: Comisión Europea

La primera fase abarcaría hasta finales de 2019. Este lapso debería utilizarse para completar la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales con los elementos que ya están sobre la mesa en la actualidad. Esto incluye el apoyo financiero al Fondo Único de Resolución, medidas para reducir los riesgos en el sector financiero, y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. También podrían probarse una serie de nuevos instrumentos, como la mejora de la convergencia económica y social. La responsabilidad democrática y la eficacia de la arquitectura de la UEM mejorarían gradualmente.

En la segunda fase, entre 2020 y 2025, se completaría la arquitectura de la UEM. Esto incluiría medidas de mayor alcance para completar la Unión Financiera, posiblemente con un activo europeo seguro y un cambio en el tratamiento reglamentario de los bonos soberanos. Además, podría considerarse una función de estabilización presupuestaria. En consecuencia, la arquitectura institucional podría cambiar sustancialmente.

El presente documento de reflexión es una invitación a todos para que expresen sus puntos de vista sobre el futuro de nuestra Unión Económica y Monetaria, como parte del debate más amplio sobre el futuro de Europa. El camino a seguir debe basarse en un consenso amplio y tener en cuenta los retos a los que se enfrenta el mundo. En este sentido, los documentos de reflexión sobre la dimensión social de Europa y el aprovechamiento de la globalización, así como el próximo documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, servirán igualmente para el debate sobre el futuro de nuestra UEM.

Es el momento de primar al pragmatismo frente a los dogmas, de tender puentes en vez de regodearse en la desconfianza individual. Transcurridos 15 años desde la introducción del euro y 10 años después de la irrupción de la crisis, ha llegado el momento de reexaminar el lugar que nuestra Unión debería ocupar en el próximo decenio y de sentar las bases comunes para ese futuro.

POLÍTICA DE COMPETENCIA: INFORME 2016

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Extracto

La política de competencia se basa en principios jurídicos y económicos, y se asocia a menudo con estos dos aspectos muy importantes. Pero esto es solo una parte de la política de competencia: esta política tiene un impacto directo en la vida de las personas, y una de sus principales características es el fomento de mercados abiertos de manera que todos los ciudadanos y empresas puedan disfrutar de los beneficios del crecimiento.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2016, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó que «(a) Por marco equitativo también se entiende que en Europa se protege a los consumidores frente a los cárteles y los abusos de posición dominante de las empresas. (…) La Comisión supervisa esta equidad. Es la vertiente social de la normativa de competencia y es la idea que defiende Europa». La aplicación de la normativa de competencia envía el mensaje de que todos, por ricos y poderosos que sean, tienen que cumplir las normas.

La política de competencia no puede configurar por sí sola una economía más justa, pero puede suponer una importante diferencia: la aplicación de las normas de competencia garantiza que los consumidores tengan voz. La política de competencia contribuye a una sociedad que permita que las personas elijan, estimule la innovación, impida abusos por parte de los operadores dominantes, e impulse a las empresas a sacar el máximo partido de unos recursos escasos, contribuyendo así a hacer frente a desafíos mundiales como el cambio climático.

Además, todas las decisiones adoptadas por las autoridades de competencia de Europa (la Comisión y las autoridades nacionales de competencia) afirman que la UE es una comunidad basada en el Estado de Derecho. También demuestran a la sociedad civil que el sistema puede funcionar en aras del bien común y aportar beneficios concretos a los ciudadanos.

Las medidas de la política de competencia de la Comisión en 2016 se centraron en una amplia gama de ámbitos, contribuyendo a que los mercados funcionen de manera más justa para todos. Al mismo tiempo, la política de competencia continuó apoyando los esfuerzos de la Comisión para cumplir las prioridades políticas clave, en particular la creación de un mercado único digital conectado, un mercado interior más justo y profundo, y una Unión de la Energía integrada y respetuosa con el clima.

La economía globalizada requiere también una cultura mundial de la competencia. Por ello, la Comisión colabora estrechamente con otras instituciones de la UE, organizaciones internacionales y autoridades de competencia de todo el mundo. Trabajar juntos contribuye a multiplicar y distribuir los beneficios de la competencia leal, en Europa y en todo el mundo.

PESCA: CONTROLES PESQUEROS

Pesca

Recomendaciones:

  • Mejorar la fiabilidad de la información sobre las flotas pesqueras
  • Mejorar el seguimiento de las medidas de gestión de la pesca
  • Mejorar la fiabilidad de los datos pesqueros
  • Mejorar las inspecciones y las sanciones

Conclusiones del informe

El presente informe examina la eficacia del sistema de controles pesqueros de la UE, un elemento clave para garantizar que las poblaciones de peces y el sector pesquero son sostenibles a largo plazo.

El Tribunal constató que los Estados miembros todavía no llevaban a cabo los controles exigidos y que el propio sistema de control debía actualizarse. Había insuficiencias en la verificación de la exactitud de la capacidad de sus flotas, en el control de los buques pequeños, en la fiabilidad de los datos del informe de capturas y en la igualdad de trato entre los operadores pesqueros con respecto a la aplicación de sanciones.

El Tribunal formula una serie de recomendaciones tanto a la Comisión Europea como a los Estados miembros a fin de mejorar los controles pesqueros.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía

CIUDADANÍA DE LA UNIÓN. Según el Abogado General Bot, un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano ha residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado y de desarrollar una convivencia familiar (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-165/16, 30 de mayo de 2017, Lounes).

Vehículo automóvil

LIBRE CIRCULACIÓN. El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador residente está obligado a matricular en dicho Estado miembro un vehículo automóvil del que es propietario pero que ya está matriculado en otro Estado miembro y está destinado esencialmente a ser utilizado en el territorio de este último Estado (TJUE, Procedimento penal entablado contra U, 31 de mayo de 2017, C‑420/15).

Impuesto sobre el valor añadido

El artículo 61, párrafo primero, y el artículo 71, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2007/75/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, deben interpretarse en el sentido de que la referencia a alguno de «los regímenes o situaciones» contemplados en el artículo 156 de ésta incluye las zonas francas.

El artículo 71, apartado 1, de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2007/75, debe interpretarse en el sentido de que la sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera en el interior de una zona franca no produce el devengo ni hace exigible el impuesto sobre el valor añadido a la importación si esa mercancía no ha entrado en el circuito económico de la Unión Europea, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 71, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2007/75, debe interpretarse en el sentido de que, cuando se origina una deuda aduanera con arreglo al artículo 203 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, y queda excluido, debido a las circunstancias del asunto principal, que aquélla tenga como consecuencia que se origine una deuda del impuesto sobre el valor añadido, no procede aplicar el artículo 204 de ese Reglamento con el único fin de justificar el devengo de ese impuesto (TJUE, Wallenborn Transports, 1 de junio de 2017, C‑571/15).

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

El artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de esta Directiva la mora en la ejecución de un contrato celebrado antes del 16 de marzo de 2013, aun cuando tal mora se produzca con posterioridad a esa fecha (TJUE, Zarski, 1 de junio de 2017, C‑330/16).

Responsabilidad medioambiental

El artículo 17 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en su versión modificada por la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, dicha Directiva, en su versión modificada, es aplicable ratione temporis a los daños ambientales producidos después del 30 de abril de 2007, pero que han sido ocasionados por la explotación de una instalación autorizada de conformidad con la normativa de aguas y puesta en marcha antes de esa fecha.

La Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31, y en particular su artículo 2, apartado 1, letra b), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que, con carácter general y automático, descarta que un daño que produce efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo o en el potencial ecológico de las aguas afectadas se califique como «daño medioambiental» por el mero hecho de estar amparado por una autorización concedida con arreglo a ese Derecho.

En el supuesto de que se haya concedido una autorización de acuerdo con las normas nacionales sin examinar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 4, apartado 7, letras a) a d), de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, un tribunal nacional no está obligado a comprobar por sí mismo si se cumplen los requisitos establecidos en ese precepto a fin de determinar la existencia de un daño medioambiental a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31.

Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2004/35, en su versión modificada por la Directiva 2009/31, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a los titulares de derechos de pesca iniciar un procedimiento de recurso en relación con un daño medioambiental, a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de dicha Directiva (TJUE, Gert Folk, 1 de junio de 2017, C‑529/15).

LECTURA

Resumen del libro: El presente libro tiene como objetivo ofrecer una visión general, sistemática e integral del derecho penal europeo, entendido como el derecho de la Unión Europea (UE) -una organización altamente integrada y con un carácter supranacional que está compuesta (aún) por 28 Estados miembros- y el derecho del Consejo de Europa (CdE) -una asociación de 47 Estados-. En ese sentido, el capítulo I ofrece una perspectiva panorámica de la historia del proceso de integración europea, desde sus inicios hasta su más reciente revés con el Brexit (lo cual, por cierto, no afecta la pertenencia del Reino Unido al CdE), del concepto de derecho penal europeo así como de sus fuentes. El capítulo II ofrece un análisis integral de la protección de derechos en Europa, en lo relativo al derecho penal, distinguiendo entre el ámbito del CdE (CEDH y TEDH) y los esfuerzos más recientes en el ámbito de la UE (CDFUE, especialmente las reglas referidas a la doble incriminación europea). En los capítulos III y IV se analiza el derecho penal sustantivo y el derecho procesal, respectivamente, con un enfoque en la cooperación policial y judicial. Finalmente, en el capítulo V se lleva a cabo una revisión de las más importantes instituciones de derecho penal europeo, incluyendo la Fiscalía Europea (EPPO), aún por fundarse.

Editorial Civitas, S.A., 2017, 661 p., 65 €
ISBN: 9788491526551