EDICIÓN DEL LUNES 3 DE JULIO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: El futuro de las finanzas de la UE
  • Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea
  • Derecho de sociedades: codificación
  • Unión de mercados de capitales
  • Fondos del mercado monetario (FMM)
  • Barcos de pesca: características
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 27 de junio al 3 de julio de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: aproximación de las legislaciones; ayuda de Estado; cooperación judicial en materia civil; cooperación policial y judicial en materia penal; espacio de libertad, seguridad y justicia; impuesto sobre el valor añadido
  • Lectura: The Court of Justice of the European Union and the politics of Law (Sabine Saurugger, Fabien Terpan)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: EL FUTURO DE LAS FINANZAS DE LA UE

Ámbitos financiados por el presupuesto de la UE (2014-2020)

Visión de conjunto de las finanzas de la UE

© Comisión Europea

Conclusiones sobre la financiación del futuro de la UE

El presupuesto de la UE y, de hecho, la Unión Europea en su conjunto, cambiarán a partir de 2020. Esto es así porque el statu quo no es una opción para nuestra Unión. El presupuesto de la UE debe ser más sencillo, ágil y racional, y debe permitir que el gasto sea más eficaz. La forma en que el presupuesto cambia (y el uso que se hace del mismo) depende del futuro que queramos para nuestra Unión y del nivel de ambición al que nos comprometamos para darle forma. El presente documento de reflexión ha establecido una serie de opciones y escenarios sobre la futura dirección del presupuesto y cómo utilizarlo, con el fin de estimular el debate acerca de las metas que se fija la Unión y sobre lo que queremos alcanzar juntos. Este es el último de los cinco documentos de reflexión, tras el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. En conjunto, los seis documentos han establecido una serie de ideas, conceptos y posibilidades para el futuro de la UE-27. La amplitud y profundidad del debate y la discusión que el Libro Blanco y los documentos de reflexión han estimulado hasta ahora demuestra la importancia de estas cuestiones. Convendría proseguir el debate en el segundo semestre de 2017 de la forma amplia posible para garantizar que Europa en su conjunto reflexione cuidadosamente sobre su futuro. El presidente Juncker impulsará estas ideas y aportará sus puntos de vista personales en el discurso sobre el estado de la Unión en septiembre. En lo que se refiere al futuro marco financiero plurianual, la Comisión examinará todas las reacciones y respuestas al Libro Blanco y a los documentos de reflexión. Esto permitirá a la Comisión presentar sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual hacia mediados de 2018.

PORTABILIDAD TRANSFRONTERIZA DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

1. El presente Reglamento introduce un planteamiento común en la Unión de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea al garantizar que los abonados a los servicios de contenidos en línea portables, prestados lícitamente en sus Estados miembros de residencia, puedan acceder a dichos servicios y utilizarlos cuando se encuentren temporalmente en otro Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia.

2. El presente Reglamento no se aplicará en materia de fiscalidad.

Obligación de hacer posible la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea (art. 3)

1. El prestador de un servicio de contenidos en línea prestado a cambio de un pago en dinero hará posible que un abonado que se encuentre temporalmente en un Estado miembro acceda al servicio de contenidos en línea y lo utilice del mismo modo que en su Estado miembro de residencia, en particular, proporcionando acceso a los mismos contenidos, en el mismo tipo y número de dispositivos, para el mismo número de usuarios y con la misma gama de funcionalidades.

2. El prestador no aplicará costes adicionales al abonado por acceder al servicio de contenidos en línea y utilizarlo en virtud del apartado 1.

3. La obligación que establece el apartado 1 no se hará extensiva a los requisitos de calidad aplicables a la prestación de un servicio de contenidos en línea a que esté sujeto el prestador cuando preste tal servicio en el Estado miembro de residencia, salvo que el prestador y el abonado lo hayan acordado expresamente de otro modo.

El prestador no emprenderá ninguna acción para disminuir la calidad de la prestación del servicio de contenidos en línea al prestar dicho servicio de conformidad con el apartado 1.

4. Sobre la base de la información que obre en su poder, el prestador proporcionará al abonado información sobre la calidad de la prestación del servicio de contenidos en línea prestado de conformidad con el apartado 1. La información se proporcionará al abonado antes de prestar el servicio de contenidos en línea conforme al apartado 1 y por medios que sean adecuados y proporcionados.

Determinación del lugar de la prestación, el acceso y el uso de servicios de contenidos en línea (art. 4)

Se considerará que la prestación de un servicio de contenidos en línea en virtud del presente Reglamento a un abonado que se encuentre temporalmente en un Estado miembro, así como el acceso al servicio y su uso por parte de dicho abonado, se produce únicamente en su Estado miembro de residencia.

Comprobación del Estado miembro de residencia (art. 5)

1. Al celebrar y renovar un contrato de prestación de un servicio de contenidos en línea a cambio de un pago en dinero, el prestador comprobará el Estado miembro de residencia del abonado empleando como máximo dos de los siguientes medios de comprobación y garantizará que los medios utilizados sean razonables, proporcionados y eficaces:

  • a) un documento de identidad, un medio de identificación electrónica, en especial los incluidos en los sistemas de identificación electrónica notificados conforme al Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, o cualquier otro documento de identidad válido que confirme el Estado miembro de residencia del abonado;
  • b) datos de pago, como el número de la cuenta bancaria o de una tarjeta de crédito o débito del abonado;
  • c) el lugar de instalación de un adaptador multimedia, un descodificador o un dispositivo similar utilizado para el suministro de los servicios al abonado;
  • d) el pago por parte del abonado de una tasa por otros servicios prestados en el Estado miembro, como el servicio público de radiodifusión;
  • e) un contrato de suministro de un servicio de internet o de telefonía o cualquier otro tipo de contrato similar que vincule el abonado al Estado miembro;
  • f) la inscripción en el censo electoral municipal, si la información en cuestión está a disposición del público;
  • g) el pago de impuestos municipales, si la información en cuestión está a disposición del público;
  • h) una factura de algún servicio público del abonado que lo vincule al Estado miembro;
  • i) el domicilio de facturación o la dirección postal del abonado;
  • j) una declaración del abonado en la que confirme que su dirección está en el Estado miembro;
  • k) una comprobación de la dirección del protocolo de internet (IP) para determinar el Estado miembro desde el que el abonado accede al servicio de contenidos en línea.

Los medios de comprobación contemplados en las letras i) a k) solo se utilizarán en combinación con uno de los medios de comprobación incluidos en las letras a) a h), salvo que la dirección postal indicada en la letra i) figure en un registro oficial a disposición del público.

2. Si el prestador tiene dudas razonables acerca del Estado miembro de residencia del abonado durante la vigencia del contrato de prestación de un servicio de contenidos en línea, podrá comprobarlo de nuevo de conformidad con el apartado 1. En tal caso sin embargo, podrá utilizarse como único medio de comprobación el contemplado en la letra k). Los datos resultantes del uso del medio de comprobación contemplado en la letra k) deben recogerse únicamente en formato binario.

3. El prestador tendrá derecho a solicitar al abonado que proporcione la información necesaria para determinar su Estado miembro de residencia de conformidad con los apartados 1 y 2. Si el abonado no proporciona esa información y, como consecuencia, el prestador no puede comprobar el Estado miembro de residencia del abonado, el prestador, sobre la base del presente Reglamento, no hará posible que el abonado acceda al servicio de contenidos en línea o que lo utilice cuando se encuentre temporalmente en un Estado miembro.

4. Los titulares de derechos de autor o de derechos afines, así como los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de un servicio de contenidos en línea, podrán autorizar que el contenido se proporcione, se acceda a él y se utilice en virtud del presente Reglamento, sin la comprobación del Estado miembro de residencia. En tales casos, el contrato entre el prestador y el abonado para la prestación de un servicio de contenidos en línea será suficiente para determinar el Estado miembro de residencia del abonado.

Los titulares de derechos de autor o de derechos afines, así como los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de un servicio de contenidos en línea podrán retirar la autorización concedida conforme al párrafo primero previo aviso razonable al prestador.

5. El contrato celebrado entre el prestador y los titulares de derechos de autor y de derechos afines, así como los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de un servicio de contenidos en línea no limitará la posibilidad de dichos titulares de retirar la autorización a que hace referencia el apartado 4.

Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea prestados sin que medie un pago en dinero (art. 6)

1. El prestador de un servicio de contenidos en línea prestado sin que medie un pago en dinero podrá decidir permitir a sus abonados que se encuentren temporalmente en un Estado miembro que accedan al servicio de contenidos en línea y lo utilicen a condición de que el prestador compruebe el Estado miembro de residencia del abonado de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. El prestador informará a sus abonados, a los correspondientes titulares de derechos de autor y de derechos afines, y a los correspondientes titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de los servicios de contenidos en línea, de su decisión de prestar el servicio de contenidos en línea de conformidad con el apartado 1, antes de prestarlo. La información se proporcionará por medios que sean adecuados y proporcionados.

3. El presente Reglamento se aplicará a los prestadores que presten un servicio de contenidos en línea de conformidad con el apartado 1.

Disposiciones contractuales (art. 7)

1. Será inaplicable toda disposición contractual, incluidas las celebradas entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos de autor o derechos afines, o los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de servicios de contenidos en línea, así como las celebradas entre dichos prestadores y sus abonados, que sea contraria al presente Reglamento, incluidas aquellas que prohíban dicha portabilidad o la limiten a un determinado período de tiempo.

2. El presente Reglamento se aplicará con independencia de la normativa aplicable a los contratos celebrados entre prestadores de servicios de contenidos en línea y titulares de derechos de autor o derechos afines o titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de los servicios de contenidos en línea, o a los contratos celebrados entre tales prestadores de servicios y sus abonados.

Protección de datos de carácter personal (art. 8)

1. El tratamiento de datos personales que se efectúe en el marco del presente Reglamento, en particular para los fines de comprobación del Estado miembro de residencia del abonado en virtud del artículo 5, se llevará a cabo de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. En particular, la utilización de los medios de comprobación de conformidad con el artículo 5 y todo tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento se limitarán a lo que sea necesario y proporcionado para alcanzar su objetivo.

2. Los datos recabados con arreglo al artículo 5 solo podrán utilizarse para comprobar el Estado miembro de residencia del abonado. Dichos datos no se comunicarán, transferirán, intercambiarán, serán objeto de licencia o transmitirán o revelarán de otra forma a los titulares de derechos de autor o derechos afines, o a los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de servicios de contenidos en línea, ni a otros terceros.

3. El prestador de servicios de contenidos en línea no conservará los datos recabados con arreglo al artículo 5 por más tiempo del que sea necesario para llevar a cabo la comprobación del Estado miembro de residencia del abonado en virtud del artículo 5, apartados 1 o 2. Una vez concluida dicha comprobación, los datos se destruirán de forma inmediata e irreversible.

Aplicación a los contratos vigentes y derechos adquiridos (art. 9)

1. El presente Reglamento se aplicará también a los contratos celebrados y a los derechos adquiridos antes de su fecha de aplicación cuando se trate de contratos y derechos relativos a la prestación de un servicio de contenidos en línea, al acceso a tal servicio o a su uso, de conformidad con los artículos 3 y 6, después de esa fecha.

2. A más tardar el 21 de mayo de 2018, el prestador de un servicio de contenidos en línea prestado a cambio de un pago en dinero comprobará, de conformidad con el presente Reglamento, el Estado miembro de residencia de aquellos abonados que hayan celebrado contratos para la prestación del servicio de contenidos en línea antes de esa fecha.

El prestador de un servicio de contenidos en línea prestado sin que medie un pago en dinero, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que preste por primera vez el servicio de conformidad con el artículo 6, comprobará, de conformidad con el presente Reglamento, el Estado miembro de residencia de aquellos abonados que celebraron contratos para la prestación del servicio de contenidos en línea antes de dicha fecha.

DERECHO DE SOCIEDADES: CODIFICACIÓN

Exposición de motivos (extracto)

Las Directivas 82/891/CEE y 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE y 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo han sido modificadas en varias ocasiones y de forma sustancial. En aras de la claridad y la racionalidad, conviene proceder a la codificación de dichas Directivas. La coordinación prevista por el artículo 50, apartado 2, letra g), del Tratado, así como por el Programa general para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, e iniciada por la Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo es especialmente importante con respecto a las sociedades anónimas, ya que la actividad de estas sociedades es predominante en la economía de los Estados miembros y se extiende más allá de los límites de su territorio nacional.

UNIÓN DE MERCADOS DE CAPITALES

Exposición de motivos (extracto)

El presente Reglamento constituye un paso fundamental hacia la realización de la Unión de Mercados de Capitales, según se recoge en la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales». El objetivo de la Unión de Mercados de Capitales es ayudar a las empresas a acceder a una mayor diversidad de fuentes de capital de cualquier lugar de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión»), fomentar un funcionamiento más eficaz de los mercados y ofrecer a los inversores y a los ahorradores oportunidades adicionales de rentabilizar su dinero con el fin de promover el crecimiento y crear empleo.

FONDOS DEL MERCADO MONETARIO

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

1. El presente Reglamento establece normas sobre los instrumentos financieros aptos para inversión por los fondos del mercado monetario (en lo sucesivo, «FMM») establecidos, gestionados o comercializados en la Unión, sobre la cartera de los FMM y sobre la valoración de los activos de los FMM, así como sobre los requisitos de información en relación con los FMM.

El presente Reglamento será de aplicación a los organismos de inversión colectiva que:

  • a) requieran autorización en calidad de OICVM o estén autorizados como OICVM con arreglo a la Directiva 2009/65/CE o que sean FIA de conformidad con la Directiva 2011/61/UE;
  • b) inviertan en activos a corto plazo, y
  • c) tengan el objetivo de ofrecer un rendimiento acorde con los tipos del mercado monetario o preservar el valor de la inversión o ambos simultáneamente.

2. Los Estados miembros no podrán añadir ningún otro requisito en el ámbito regulado por el presente Reglamento.

Definiciones (art. 2)

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «activos a corto plazo»: los activos financieros con un vencimiento residual inferior o igual a dos años;

2) «instrumentos del mercado monetario»: los instrumentos del mercado monetario definidos en el artículo 2, apartado 1, letra o), de la Directiva 2009/65/CE, y los instrumentos a los que hace referencia el artículo 3 de la Directiva 2007/16/CE de la Comisión;

3) «valores mobiliarios»: los valores negociables definidos en el artículo 2, apartado 1, letra n), de la Directiva 2009/65/CE, y los instrumentos a los que hace referencia el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2007/16/CE;

4) «pacto de recompra»: cualquier acuerdo por el que una parte cede a una contraparte valores o cualesquiera derechos conexos a su titularidad, con el compromiso de volver a comprarlos a un precio predefinido, en una fecha futura determinada o por determinar;

5) «pacto de recompra inversa»: cualquier acuerdo por el que una parte recibe de una contraparte valores o cualesquiera derechos conexos a la titularidad de un valor, con el compromiso de volver a venderlos a un precio predefinido, en una fecha futura determinada o por determinar;

6) «préstamo de valores» y «toma de valores en préstamo»: una transacción por la cual una entidad o su contraparte cede valores con la condición de que el prestatario devuelva valores equivalentes en el futuro o cuando así lo solicite la parte cedente; dicha transacción constituye un préstamo de valores para la entidad que cede los valores y una toma de valores en préstamo para la entidad que los recibe;

7) «titulización»: la titulización definida en el artículo 4, apartado 1, punto 61, del Reglamento (UE) n.° 575/2013;

8) «valoración a precios de mercado»: la valoración de las posiciones a los precios de cierre del mercado disponibles de forma inmediata obtenidos de fuentes independientes, tales como los precios de la bolsa, las cotizaciones electrónicas o las cotizaciones de diversos intermediarios independientes de prestigio;

9) «valoración según modelo»: cualquier valoración que se obtiene tomando como referencia o extrapolando datos del mercado, o realizando cualesquiera otros cálculos a partir de dichos datos;

10) «método del coste amortizado»: un método de valoración que toma el coste de adquisición de un activo y adapta ese valor en función de la amortización de primas o descuentos hasta el vencimiento;

11) «FMM de valor liquidativo constante de deuda pública»: un FMM:

  • a) que pretende mantener inalterado el valor liquidativo por acción o participación;
  • b) en el que los rendimientos se devengan diariamente y pueden también ser abonados al inversor o utilizarse para comprar más participaciones o acciones de los fondos;
  • c) en el que los activos se valoran generalmente según el método del coste amortizado y el valor liquidativo se redondea al punto porcentual más próximo o su equivalente en términos monetarios, y
  • d) que invierte al menos un 99,5 % de sus activos en instrumentos de los mencionados en el artículo 17, apartado 7, en pactos de recompra inversa garantizados con deuda pública a los que se refiere el artículo 17, apartado 7, y en dinero en efectivo;

12) «FMM de valor liquidativo de baja volatilidad»: un FMM que cumple los requisitos establecidos en los artículos 29, 30 y 32 y en el artículo 33, apartado 2, letra b);

13) «FMM de valor liquidativo variable»: un FMM que cumple los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 y en el artículo 33, apartado 1;

14) «FMM a corto plazo»: un FMM que invierte en los instrumentos del mercado monetario aptos a que se refiere el artículo 10, apartado 1, y está sujeto a las normas aplicables a la cartera que se establecen en el artículo 24;

15) «FMM estándar»: un FMM que invierte en los instrumentos del mercado monetario aptos a que se refiere el artículo 10, apartados 1 y 2, y está sujeto a las normas aplicables a la cartera que se establecen en el artículo 25;

16)  «entidad de crédito»: una entidad de crédito según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

17) «autoridad competente en relación con el FMM»:

  • a) cuando se trate de un OICVM, la autoridad competente de su Estado miembro de origen designada de conformidad con el artículo 97 de la Directiva 2009/65/CE;
  • b) cuando se trate de FIA de la Unión, la autoridad competente de su Estado miembro de origen según se define en el artículo 4, apartado 1, letra p), de la Directiva 2011/61/UE;
  • c) cuando se trate de FIA de fuera de la Unión, cualquiera de las siguientes:
    • i) la autoridad competente del Estado miembro en el que el FIA de fuera de la Unión se comercializa en la Unión sin pasaporte,
    • ii) la autoridad competente en relación con el gestor de FIA (en lo sucesivo, «GFIA») de la Unión que gestione el FIA de fuera de la Unión, cuando este último se comercializa en la Unión con pasaporte o no se comercializa en la Unión,
    • iii) la autoridad competente del Estado miembro de referencia si el FIA de fuera de la Unión no es gestionado por un GFIA de la Unión y se comercializa en la Unión con pasaporte;

18) «vencimiento legal»: la fecha en que debe reembolsarse íntegramente el principal de un valor, sin que pueda llevar aparejada ninguna posibilidad de elección;

19) «vencimiento medio ponderado»: el plazo medio hasta el vencimiento legal o, si fuera más breve, hasta la siguiente revisión de tipos de interés en función de un tipo del mercado monetario, de todos los activos subyacentes del FMM, habida cuenta de las tenencias relativas de cada activo;

20) «vida media ponderada»: el plazo medio hasta el vencimiento legal de todos los activos subyacentes del FMM, habida cuenta de las tenencias relativas de cada activo;

21) «vencimiento residual»: el tiempo restante hasta el vencimiento legal de un valor;

22) «venta en corto»: cualquier venta por parte de un FMM de un instrumento que no posee en el momento de cerrar el contrato de venta, incluso en el caso de que, en el momento de cerrar el contrato de venta, el FMM haya tomado o haya acordado tomar en préstamo el instrumento para su entrega en la fecha de liquidación, excluyendo:

  • a) la venta por una de las partes en un pacto de recompra en el que una parte haya acordado vender a la otra un valor a un precio determinado con el compromiso de la otra parte de revendérselo en una fecha posterior y a otro precio determinado, y
  • b) la celebración de un contrato de futuros u otro contrato de derivados en virtud del cual se acuerde vender valores a un precio determinado en una fecha futura;

23) «gestor de un FMM»: en el caso de un FMM que sea un OICVM, la sociedad que gestiona el OICVM, o la sociedad de inversión del OICVM en el caso de los OICVM autogestionados, y, en el caso de un FMM que sea un FIA, un GFIA o un FIA de gestión interna.

Tipos de FMM (art. 3)

1. Los FMM se crearán conforme a uno de los siguientes tipos:

  • a) FMM de valor liquidativo variable;
  • b) FMM de valor liquidativo constante de deuda pública, o
  • c) FMM de valor liquidativo de baja volatilidad.

2. En la autorización de un FMM se explicitará de qué tipo de FMM se trata según la clasificación del apartado 1.

Autorización de los FMM (art. 4)

1. No se establecerá, comercializará o gestionará como FMM en la Unión ningún organismo de inversión colectiva a menos que haya sido autorizado con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Tal autorización valdrá para todos los Estados miembros.

2. Todo organismo de inversión colectiva que requiera autorización por primera vez como OICVM en virtud de la Directiva 2009/65/CE o como FMM en virtud del presente Reglamento recibirá, en el marco del procedimiento de autorización como OICVM con arreglo a esa Directiva, autorización para operar como FMM.

Cuando un organismo de inversión colectiva ya haya sido autorizado como OICVM en virtud de la Directiva 2009/65/CE, podrá solicitar autorización como FMM conforme al procedimiento establecido en los apartados 4 y 5 del presente artículo.

3. Todo organismo de inversión colectiva que sea un FIA y que requiera autorización para operar como FMM en virtud del presente Reglamento, recibirá autorización para operar como FMM conforme al procedimiento establecido en el artículo 5.

4. Ningún organismo de inversión colectiva recibirá autorización como FMM a menos que la autoridad competente en relación con el FMM tenga la seguridad de que el FMM podrá cumplir todos los requisitos del presente Reglamento.

5. Con el fin de obtener la autorización para operar como FMM, el organismo de inversión colectiva presentará a su autoridad competente todos los documentos que se enumeran a continuación:

  • a) el reglamento interno del fondo o su escritura de constitución, incluida una indicación del tipo de FMM de que se trate según la clasificación del artículo 3, apartado 1;
  • b) la identificación del gestor del FMM;
  • c) la identificación del depositario;
  • d) una descripción del FMM o cualquier información sobre este a disposición de los inversores;
  • e) una descripción de los mecanismos y procedimientos necesarios para cumplir los requisitos a que se refieren los capítulos II a VII, o cualquier información al respecto;
  • f) cualquier otra información o documento que la autoridad competente en relación con el FMM solicite para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

6. Las autoridades competentes informarán a la AEVM con periodicidad trimestral de las autorizaciones concedidas o revocadas con arreglo al presente Reglamento.

7. La AEVM llevará un registro público central en el que conste cada FMM autorizado con arreglo al presente Reglamento, su tipo según la clasificación del artículo 3, apartado 1, si se trata de un FMM a corto plazo o de un FMM estándar, el gestor del FMM y la autoridad competente en relación con el FMM. El registro estará disponible en formato electrónico.

Procedimiento de autorización de FMM que sean FIA (art. 5)

1. Un FIA solo podrá recibir autorización como FMM si la autoridad competente en relación con el FMM aprueba la solicitud de gestionar un FMM que es un FIA presentada por un GFIA que ya haya sido autorizado en virtud de la Directiva 2011/61/UE, y aprueba asimismo el reglamento interno del fondo y la elección del depositario.

2. En el momento de presentar la solicitud de gestión del FMM que sea un FIA, el GFIA autorizado facilitará a la autoridad competente en relación con el FMM lo siguiente:

  • a) el acuerdo escrito con el depositario;
  • b) información sobre las modalidades de delegación en relación con la gestión y administración del riesgo y de la cartera en lo que respecta al FIA;
  • c) información sobre las estrategias de inversión, el perfil de riesgo y otras características de los FMM que sean FIA que el GFIA gestione o tenga previsto gestionar.

La autoridad competente en relación con el FMM podrá pedir a la autoridad competente en relación con el GFIA aclaraciones e información acerca de la documentación a que se refiere el párrafo primero o un certificado de que la autorización de gestión del GFIA incluye los FMM. La autoridad competente en relación con el GFIA responderá en el plazo de diez días hábiles a partir de dicha solicitud.

3. El GFIA notificará de inmediato a la autoridad competente en relación con el FMM cualquier modificación posterior de la documentación a que se refiere el apartado 2.

4. La autoridad competente en relación con el FMM denegará la solicitud del GFIA únicamente si se da alguno de los supuestos siguientes:

  • a) que el GFIA no cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento;
  • b) que el GFIA no cumpla lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE;
  • c) que el GFIA no esté autorizado para gestionar FMM por su autoridad competente;
  • d) que el GFIA no haya facilitado la documentación a que se refiere el apartado 2.

Antes de denegar una solicitud, la autoridad competente en relación con el FMM consultará a la autoridad competente en relación con el GFIA.

5. La autorización de un FIA como FMM no estará supeditada ni a la obligación de que el FIA sea gestionado por un GFIA autorizado en el Estado miembro de origen del FIA ni a la obligación de que el GFIA desempeñe o delegue cualesquiera actividades en el Estado miembro de origen del FIA.

6. En un plazo de dos meses a contar desde la presentación de una solicitud completa, el GFIA será informado de si el FIA ha sido o no autorizado como FMM.

7. La autoridad competente en relación con el FMM no concederá la autorización de un FIA como FMM si existe algún impedimento legal para que el FIA comercialice sus participaciones o acciones en su Estado miembro de origen.

Uso de la denominación «FMM» (art. 6)

1. Un OICVM o un FIA únicamente utilizarán la denominación «fondo del mercado monetario» o «FMM» en relación consigo mismo o con las participaciones o acciones que emita cuando el OICVM o el FIA haya sido autorizado de conformidad con el presente Reglamento.

Un OICVM o un FIA no utilizarán una denominación equívoca o imprecisa que pueda sugerir que son un FMM, a menos que hayan sido autorizados como FMM de conformidad con el presente Reglamento.

Un OICVM o un FIA no podrán presentar características esencialmente similares a las referidas en el artículo 1, apartado 1, a menos que hayan sido autorizados como FMM de conformidad con el presente Reglamento.

2. Se entenderá por utilización de la denominación «fondo del mercado monetario», «FMM» u otra denominación que lleve a pensar que un OICVM o un FIA son FMM, la utilización de estos términos en cualesquiera documentos externos, folletos informativos, informes, declaraciones, anuncios publicitarios, comunicaciones, cartas u otro material dirigidos a los posibles inversores, partícipes, accionistas o autoridades competentes, o destinados a serles distribuidos, en forma escrita, oral, electrónica o en cualquier otra forma.

Normas aplicables (art. 7)

1. Los FMM y los gestores de FMM deberán cumplir en todo momento lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Todo FMM que sea un OICVM y el gestor del FMM deberán cumplir en todo momento los requisitos de la Directiva 2009/65/CE, salvo que se especifique lo contrario en el presente Reglamento.

3. Todo FMM que sea un FIA y el gestor del FMM deberán cumplir en todo momento los requisitos de la Directiva 2011/61/UE, salvo que se especifique lo contrario en el presente Reglamento.

4. El gestor de un FMM será responsable de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y responderá de cualquier pérdida o daño que se deriven del incumplimiento del presente Reglamento.

5. El presente Reglamento no impedirá a los FMM aplicar límites de inversión más estrictos que los establecidos en el presente Reglamento.

ENTRADA EN VIGOR: 21 DE JULIO DE 2018

Explicaciones

Los fondos del mercado monetario («FMM») proporcionan financiación a corto plazo a entidades financieras, sociedades y gobiernos. Proporcionándoles financiación, los FMM contribuyen a la financiación de la economía de la Unión. Esas entidades, sociedades y gobiernos utilizan sus inversiones en los FMM como medio eficiente para diversificar su riesgo de crédito y su exposición, en lugar de depender exclusivamente de depósitos bancarios. Por el lado de la demanda, los FMM son instrumentos de gestión de caja a corto plazo que ofrecen un alto grado de liquidez, diversificación y estabilidad del valor del principal invertido, unido a un rendimiento basado en el mercado. Los FMM son utilizados principalmente por sociedades que desean invertir su excedente de efectivo por un corto espacio de tiempo. Por tanto, los FMM representan un eslabón fundamental para casar la oferta y la demanda de dinero a corto plazo.

BARCOS DE PESCA: CARACTERÍSTICAS

Pesca

Disposición general (art. 1)

Las definiciones de las características de los barcos de pesca establecidas en el presente Reglamento se aplicarán a toda la reglamentación de la Unión relativa a la pesca.

Eslora (art. 2)

1. La eslora de un barco equivale a su longitud máxima, definida como la distancia medida en línea recta desde el extremo anterior de la proa hasta el extremo posterior de la popa.

A los fines de esta definición:

  • a) la proa incluye la estructura estanca del casco, el castillo, la roda y la empavesada delantera, si está fijada, excepto los bauprés y las batayolas;
  • b) la popa incluye la estructura estanca del casco, el peto, el alcázar, la barandilla de la traína y la empavesada, excepto las batayolas, los arbotantes (de trinquete), los motores de propulsión, los timones y los aparatos para manejar el timón, así como las escalerillas y las plataformas sumergibles.

La longitud máxima se medirá en metros, con una aproximación de dos decimales.

2. En la reglamentación de la Unión, la longitud entre perpendiculares se define por la distancia medida entre la perpendicular anterior y la perpendicular posterior tal como se definen en el Convenio internacional sobre la seguridad de los barcos de pesca.

La longitud entre perpendiculares se medirá en metros, con una aproximación de dos decimales.

Manga (art. 3)

La manga de un barco equivale a su anchura máxima tal como se define en el anexo I del Convenio internacional sobre el arqueo de los buques, (en lo sucesivo, «Convenio de 1969»).

La anchura total se medirá en metros, con una aproximación de dos decimales.

Arqueo (art. 4)

1. El arqueo bruto de los barcos de pesca de eslora total igual o superior a 15 metros se medirá tal y como se especifica en el anexo I del Convenio de 1969.

2. El arqueo bruto de los barcos cuya eslora total sea inferior a 15 metros se medirá con arreglo a la fórmula que figura en el anexo I del presente Reglamento.

3. En la reglamentación de la Unión, el arqueo neto corresponderá a la definición que de él se da en el anexo I del Convenio de 1969.

Potencia del motor (art. 5)

1. La potencia del motor será igual al total de la máxima potencia continua que pueda obtenerse al volante de cada motor y que pueda servir para la propulsión mecánica, eléctrica, hidráulica o de otro tipo, del barco. Sin embargo, en los casos en que el motor incluya un reductor integrado, la potencia se medirá en el elemento de salida del empalme del reductor.

No se realizará deducción alguna por la maquinaria auxiliar propulsada por el motor.

La unidad de potencia del motor se expresará en kilowatios (kW).

2. La potencia continua del motor se define de conformidad con las especificaciones adoptadas por la Organización internacional de normalización(ISO) en su norma internacional recomendada ISO 3046/1, segunda edición, de octubre de 1981.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 7 en lo referente a la modificación del apartado 2 del presente artículo para la adaptación al progreso técnico de las referencias a las normas internacionales pertinentes de la ISO.

Fecha de entrada en servicio (art. 6)

La fecha de entrada en servicio será la fecha de la primera expedición de un certificado oficial de seguridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la fecha de entrada en servicio será la de la primera inscripción en un registro oficial de los barcos de pesca:

  • a) en los casos en los que no se hubiese expedido un certificado oficial de seguridad, o
  • b) para los barcos de pesca que hayan entrado en servicio antes del 1 de diciembre de 1986.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Emanación del Estado

APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES. La Abogado General Sharpston clarifica los criterios para determinar qué es una «emanación del Estado» a los efectos de definir los organismos contra los que un particular puede interponer un recurso basado en derechos concedidos por una Directiva de la Unión que no ha sido correctamente transpuesta al Derecho nacional (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-413/15, Farrell).

Iglesia

AYUDA DE ESTADO. Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas y en la medida en que se otorguen respecto de tales actividades (TJUE, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, 27 de junio de 2017, C-74/16).

Refugiados

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. La Abogado General Sharpston considera que un solicitante de protección internacional puede impugnar la decisión de un Estado miembro de trasladarlo a otro Estado miembro alegando que la «petición de toma a cargo» enviada por el primer Estado miembro no se formuló dentro del plazo establecido por el Derecho de la UE (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-670/16, Mengesteab).

Cooperación judicial en materia civil

El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato celebrado entre dos sociedades no puede ser invocada por los representantes de una de ellas a fin de negar la competencia de un tribunal para conocer de una demanda de indemnización en la que se solicite que se declare la responsabilidad solidaria de dichos representantes por actos supuestamente delictuales realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones (TJUE, Georgios Leventis y Nikolaos Vafeias contra Malcon Navigation Co. Ltd y Brave Bulk Transport Ltd, 28 de junio de 2017, C‑436/16).

Cooperación policial y judicial en materia penal

El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que lo transpone al Derecho nacional, que, cuando la entrega de un ciudadano extranjero que disponga de un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio de ese Estado miembro sea reclamada por otro Estado miembro a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta a ese ciudadano por una resolución judicial firme, por una parte, no autoriza la entrega y, por otra parte, se limita a establecer la obligación de que las autoridades judiciales del primer Estado miembro comuniquen a la autoridades judiciales del segundo Estado miembro su disposición a hacerse cargo de la ejecución de dicha sentencia sin que, en la fecha de denegación de la entrega, se garantice que efectivamente se harán cargo de la ejecución y sin que, en el supuesto de que con posterioridad resultara imposible hacerse cargo de ella, tal denegación tampoco pudiera ser impugnada.

Las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584 no tienen efecto directo. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional competente está obligado, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, a interpretar las disposiciones nacionales objeto del litigio principal, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Decisión Marco, lo que en el presente asunto implica que, en caso de que se deniegue la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto, en el Estado miembro emisor, de una sentencia firme que la condene a una pena privativa de libertad, las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución tienen la obligación de garantizar la ejecución efectiva de la pena impuesta a esa persona.

El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a un Estado miembro a denegar la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto de una sentencia firme de condena a una pena privativa de libertad por el único motivo de que dicho Estado miembro pretenda incoar contra dicha persona acciones pernales sobre los mismos hechos sobre los que se dictó la sentencia (TJUE, Openbaar Ministerie contra Daniel Adam Popławski, 29 de junio de 2017, C‑579/15).

Impuesto sobre el valor añadido

El artículo 146, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención establecida en ese precepto no se aplica a una prestación de servicios relativa a una operación de transporte de bienes con destino a un país tercero, como la controvertida en el litigio principal, cuando esos servicios no se prestan directamente al expedidor o al destinatario de dichos bienes (TJUE, „L.Č.” IK contra Valsts ieņēmumu dienests, 29 de junio de 2017, C‑288/16).

LECTURA

Resumen del libro: The Court of Justice of the European Union (CJEU) is one of the central institutions of the EU and has played a decisive role in European integration. As one of the most powerful international courts, at a time when political systems around the world are becoming more judicialized, it is a key actor to understand in world affairs. Yet it is not without controversy. As both an interpreter of law and as a political power influencing policy-making through its bold case law, it has become increasingly criticized in recent years for its perceived activism and distance from the European people.

Combining the perspectives of a legal scholar and a political scientist, this important new text gives a uniquely broad-ranging account of the CJEU. It introduces readers to the role and function of the Court and explains how it fits into the broader political system and historical evolution of the European Union. It examines the constitutional contributions made by the Court and the part it plays in policy-making, in areas such as the environment, gender equality and human rights. Drawing on the latest research, the book takes full account of recent changes to the place of the Court in the European political system, and shows how new forms of governance, such as the open method of coordination, have had a significant impact on the role the Court is able to play.

Palgrave MacMillan, 2017, 250 p., 50,75 €
ISBN: 9781137320261