EDICIÓN DEL LUNES 17 DE JULIO DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Futuro de la política pesquera común
  • Gases fluorados: Evaluación del método de asignación de cuotas
  • Comercio: Garantía del cumplimiento
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 11 al 17 de julio de 2017
  • Jurisprudencia TJUE: ciudadanía de la Unión; contratos públicos; espacio de libertad, seguridad y justicia; imposición de los productos energéticos y de la electricidad; impuesto sobre el valor añadido (IVA); libertad de establecimiento; medio ambiente; política social; propiedad intelectual; seguros; trabajadores migrantes; venta y garantía de los bienes de consumo
  • Lectura: Tratado de Derecho de la competencia (José Mª Beneyto; Jerónimo Maillo)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: FUTURO DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

Pesca

La presente Comunicación ofrece una visión general de la situación en la que se encuentra la política pesquera común (PPC). Informa sobre los avances logrados en conseguir una pesca sostenible y, en particular, en garantizar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de unos niveles que permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS), lo que contribuirá también a lograr un buen estado medioambiental en los mares de Europa de aquí a 2020. Estudia los cambios en el estado de las poblaciones, el estado de la flota de la Unión, la aplicación progresiva de la obligación de desembarque y los avances en materia de descentralización. Establece, además, los principios que subyacen a las propuestas de la Comisión relativas a las posibilidades de pesca para 2018. Se invita a los Estados miembros, a los Consejos Consultivos, a otras partes interesadas y a los ciudadanos a presentar sugerencias sobre estas orientaciones.

A pesar de estos avances, es necesario seguir esforzándose, en particular para disminuir los elevados niveles de sobrepesca en el Mediterráneo, reducir el número de poblaciones individuales explotadas por encima del FRMS en el Atlántico Nororiental y aplicar la obligación de desembarque.

Avances en la consecución de una pesca sostenible

En los últimos años se han producido avances significativos en la aplicación de la reforma de 2013 de la PPC:

  • Cumplimiento del objetivo del RMS. Con arreglo a la última evaluación del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), basado en datos de 2015, de las sesenta y seis poblaciones evaluadas en el Atlántico Nororiental, treinta y nueve fueron explotadas dentro de los límites del FRMS (lo que equivale al 59 %, frente al 52 % del año anterior). La media de mortalidad por pesca se ha estabilizado ahora en torno a 1,0.
  • Reconstitución de las poblaciones. Entre 2003 y 2015, la media de la biomasa de población en el Atlántico Nororiental aumentó un 35 %.
  • Mejora de los resultados económicos globales. En 2014, la flota de la Unión registró un beneficio neto récord de 770 millones EUR, un aumento del 50 % con respecto a los 500 millones EUR de 2013.
  • Mejora del equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca. En los últimos años, ha mejorado el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca de toda la flota de la Unión. Entre 2007 y 2015, la capacidad de la flota pesquera de la Unión descendió gradualmente.
  • Configuración de los planes plurianuales en consonancia con la PPC reformada. Tras la adopción, el año pasado, del plan del Báltico, la Comisión propuso planes plurianuales para las poblaciones demersales del mar del Norte y para los pequeños pelágicos del Adriático.
  • Descentralización de la gobernanza. La gobernanza de la PPC ha pasado claramente a estar más descentralizada, lo que incluye la adopción de planes plurianuales y actos delegados mediante regionalización.
  • Compromisos con el Mediterráneo y el mar Negro. Se han alcanzado importantes acuerdos políticos para lograr la sostenibilidad medioambiental, económica y social (MedFish4Ever; Declaración de Bucarest).

GASES FLUORADOS: EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS

Medio ambiente

El Reglamento (UE) n.º 517/2014 (el «Reglamento sobre los gases fluorados») tiene por objeto crear un mecanismo eficaz y proporcionado para reducir las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero y contribuir así a la consecución de los objetivos de la Unión en el ámbito del clima. Asimismo, fomenta la innovación y facilita la convergencia hacia un acuerdo mundial de reducción progresiva de los hidrofluorocarburos (HFC) en el marco del Protocolo de Montreal.

Desde la adopción del Reglamento sobre los gases fluorados en 2014, las negociaciones internacionales han avanzado considerablemente; en octubre de 2016, ciento noventa y siete países acordaron reducir el consumo y la producción de HFC a nivel mundial en el marco del Protocolo de Montreal (la «Enmienda de Kigali»). Se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante que ayudará a todos los países a cumplir sus compromisos resultantes del Acuerdo de París. Los países en desarrollo pueden obtener asistencia a través del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal (Fondo Multilateral), al que contribuyen los Estados miembros de la UE.

El Reglamento sobre los gases fluorados es lo suficientemente ambicioso como para garantizar que la UE consiga cumplir sus obligaciones globales resultantes de la Enmienda de Kigali. La medida más importante en este contexto consiste en la reducción gradual de los HFC en la UE: las cantidades totales de HFC (medidas en equivalentes de CO2) que las empresas pueden importar o producir en la UE («comercializar por primera vez») se irán reduciendo gradualmente de aquí a 2030.

Para no rebasar el límite anual de HFC en un año dado, el Reglamento sobre los gases fluorados establece un sistema de cuotas. Desde 2015, las empresas que desean comercializar HFC a granel legalmente deben disponer de cuotas, que son atribuidas gratuitamente por la Comisión con carácter anual. En la evaluación de impacto relativa a la propuesta de Reglamento sobre los gases fluorados se examinaron las ventajas y desventajas de las distintas opciones para la asignación de cuotas, y en el proceso colegislativo se consideraron de manera exhaustiva las opciones de asignación gratuita, mediante pago y mediante subasta. En aquel momento, la asignación mediante pago o por un sistema de subasta obtuvo cierto apoyo, entre otras cosas porque esas dos opciones generarían ingresos que podrían utilizarse para reaprovisionar el Fondo Multilateral, en caso de que se acordara la reducción gradual de los HFC en el marco del Protocolo de Montreal, y podrían contribuir a una aplicación efectiva. Sin embargo, en la decisión definitiva se optó por la asignación gratuita de cuotas y, al mismo tiempo, se acordó supervisar el funcionamiento del método establecido y los costes (potenciales) de los Estados miembros.

Conclusiones

Por el momento tan solo se ha terminado un ciclo «anual» completo del proceso de reducción gradual de los HFC, y la inclusión de los aparatos de refrigeración, los aparatos de aire acondicionado y las bombas de calor en dicho proceso es muy reciente, ya que se inició el 1 de enero de 2017. Además, una serie de indicios apuntan a que los datos disponibles actualmente se siguen viendo afectados por la falta de comprensión inicial padecida por las partes interesadas. Por tanto, aún es prematuro realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento del mecanismo de reducción gradual y un examen detallado de todas las repercusiones posibles del método elegido para la asignación de cuotas.

No obstante, el análisis realizado y la consulta de las partes interesadas indican que la reducción está funcionando adecuadamente. La evolución de los precios responde plenamente a las expectativas, y el nivel de respeto del límite total de HFC de la UE es satisfactorio. El método de asignación elegido brinda, por un lado, estabilidad al mercado y, por otro, flexibilidad a los nuevos operadores para entrar en él.

Si bien las empresas tendrán que reducir sus ventas de HFC en el marco del proceso de reducción progresiva, es posible que la asignación gratuita de cuotas beneficie a algunos operadores del mercado más que a otros. A ello se añade que la disponibilidad de cuotas gratuitas procedentes de la reserva, a simple petición del interesado, ha incrementado considerablemente el número de operadores con cuotas de pequeñas cantidades. Será necesario seguir controlando la evolución de la situación de los pequeños y nuevos importadores en los próximos años. La posición de mercado de los importadores de aparatos, los cuales, en el sistema de asignación actual, dependen de los titulares de cuotas para obtener autorizaciones aplicables a sus importaciones, también exige un seguimiento permanente.

El método actual permite a la Comisión, a través del portal de gases fluorados en línea, aplicar el sistema de cuotas con poca carga adicional y pocos costes para los Estados miembros. En este sentido, está facilitando la correcta aplicación del proceso de reducción gradual de los HFC y preservando el objetivo medioambiental. La mayoría de los costes recurrentes de los Estados miembros son resultado de obligaciones ya establecidas por el anterior Reglamento (CE) n.º 842/2006, aunque en el futuro los Estados miembros deberán aumentar sus contribuciones al Fondo Multilateral para financiar la Enmienda de Kigali, en consonancia con las obligaciones que les incumben en el marco del Protocolo de Montreal.

A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión no tiene por el momento la intención de modificar el método de asignación de cuotas. Centrará más bien su atención en facilitar la aplicación fluida del método existente y ayudar a todas las partes interesadas a comprender mejor y cumplir sus obligaciones, con el fin de que el proceso de reducción gradual de los HFC en la Unión sea un éxito, al tiempo que seguirá supervisando de cerca el funcionamiento del método de asignación y sus repercusiones. Por último, señala que el Reglamento sobre los gases fluorados deberá ser objeto de una revisión exhaustiva para el 31 de diciembre de 2022.

COMERCIO: GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO

Comercio

El 15 de mayo de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento sobre garantía del cumplimiento, facilitando así a la Unión Europea un marco legislativo para hacer cumplir y proteger los derechos de que disfruta en virtud de acuerdos comerciales internacionales de forma rápida y eficaz y de conformidad con el Tratado de Lisboa y con sus obligaciones internacionales.

El Reglamento sobre garantía del cumplimiento garantiza que la Unión Europea pueda hacer respetar y defender sus derechos en virtud de los acuerdos comerciales internacionales mediante la adopción de medidas de política comercial:

  • que suspendan concesiones u otras obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC o de otros acuerdos comerciales internacionales, incluidos los regionales o bilaterales, tras la resolución jurisdiccional de diferencias comerciales en virtud de dichos acuerdos; y
  • que reequilibren las concesiones u otras obligaciones ejerciendo su derecho, en virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC o de disposiciones sobre salvaguardias de otros acuerdos comerciales internacionales, a responder a una medida de salvaguardia aplicada por un miembro de la OMC, o ejerciendo su derecho, en virtud del artículo XXVIII del GATT, a responder a modificaciones de concesiones por parte de un miembro de la OMC.

El Reglamento sobre garantía del cumplimiento faculta a la Comisión a adoptar este tipo de medidas de política comercial por medio de actos de ejecución en el ámbito del comercio de mercancías, mediante la introducción o el aumento de los derechos de aduana o de las restricciones cuantitativas a la importación o la exportación, así como en el ámbito de la contratación pública. El Reglamento sobre garantía del cumplimiento no faculta a la Comisión a adoptar tales medidas de política comercial mediante actos de ejecución en el ámbito de los servicios ni de la propiedad intelectual.

El Reglamento sobre garantía del cumplimiento obliga a la Comisión a revisar el ámbito de aplicación de las medidas de política comercial que está facultada para adoptar por medio de actos de ejecución. La Comisión debe llevar a cabo tal revisión en dos fases.

A más tardar tres años después de la primera ocasión en que se adopte un acto de ejecución pero no más tarde del 18 de julio de 2019, lo que ocurra antes, la Comisión debe revisar el ámbito de aplicación del Reglamento sobre garantía del cumplimiento, en particular por lo que respecta a las medidas de política comercial que pueden adoptarse, así como su ejecución, y debe presentar sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. La Comisión realizará dicha revisión final y comunicará sus conclusiones a los colegisladores en el plazo acordado.

Mientras tanto, a más tardar el 18 de julio de 2017, la Comisión debe llevar a cabo una revisión con el fin de prever medidas adicionales de política comercial en el ámbito de los servicios; asimismo, ha de examinar, entre otras cosas, una serie de aspectos enumerados en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre garantía del cumplimiento; y, finalmente, tiene que comunicar su evaluación inicial al Parlamento Europeo y al Consejo. La Comisión ha llevado a cabo dicha revisión inicial y su evaluación se expone a continuación.

En su revisión inicial del Reglamento sobre garantía del cumplimiento, la Comisión ha examinado: i) los acontecimientos internacionales relativos a la suspensión de otras obligaciones en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); ii) los acontecimientos en el seno de la Unión Europea relativos a la adopción de normas comunes sobre los sectores de los servicios; iii) la eficacia de posibles medidas adicionales de política comercial como medio de hacer respetar los derechos de la Unión Europea en virtud de acuerdos comerciales internacionales; iv) los mecanismos disponibles para garantizar la aplicación práctica de manera uniforme y eficiente, de posibles medidas adicionales de política comercial relativas a los servicios; y v) las implicaciones para los proveedores de servicios presentes en la Unión Europea en el momento de la adopción de actos de ejecución en virtud del Reglamento.

Con arreglo a su evaluación inicial, y por el momento, la Comisión no tiene previsto proponer que se amplíe la atribución de competencias, en virtud del Reglamento sobre garantía del cumplimiento, a fin de poder adoptar también medidas de política comercial en el sector de los servicios. Ello se debe a que, desde la entrada en vigor del Reglamento sobre garantía del cumplimiento el 15 de mayo de 2014, la Comisión no ha observado ninguna novedad pueda requerir la ampliación de la atribución de competencias.

En primer lugar, la Comisión no ha observado ninguna novedad a escala internacional en lo que se refiere a la suspensión de concesiones u otras obligaciones en el marco del AGCS. En particular, la Comisión ha investigado si alguno de los miembros de la OMC ha solicitado la autorización del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC para adoptar contramedidas en el ámbito de los servicios. A 15 de mayo de 2014, algunos miembros de la OMC habían solicitado autorización al OSD para adoptar contramedidas en cinco litigios: Colombia: textiles, India: productos agrícolas, Estados Unidos: atún II (México), Estados Unidos: EPO (México) y Estados Unidos: EPO (Canadá). Ninguna de estas solicitudes fue presentada por la UE ni se refiere al comercio de servicios en el marco del AGCS.

En segundo lugar, la Comisión no ha observado ninguna novedad en el seno de la Unión Europea en lo que respecta a la adopción de normas comunes sobre los sectores de los servicios que pueda modificar la conclusión de que, en la fase actual de desarrollo del Derecho de la Unión Europea, conviene centrarse en sectores distintos de los servicios para atribuir competencias a la Comisión para adoptar medidas de política comercial en virtud del Reglamento sobre garantía del cumplimiento.

El 16 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a conocer su dictamen sobre si la Unión goza de competencia exclusiva para la firma y la celebración del acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur. El Tribunal de Justicia declaró que la Unión Europea dispone de competencia exclusiva, entre otras cosas, sobre las partes del acuerdo relacionadas con el acceso al mercado de bienes y servicios (incluidos todos los servicios de transporte).

No obstante esta importante aclaración por parte del Tribunal, y a pesar de la adopción por parte de la Unión Europea de normas comunes sobre determinados sectores de servicios, no es menos cierto que las normas adoptadas por los Estados miembros siguen siendo de aplicación en numerosos sectores, ya estén o no armonizados a escala de la Unión Europea. A título de ejemplo, determinadas normas de los Estados miembros aún condicionan la prestación de servicios en un sector determinado a un régimen de autorización nacional que funciona mediante licencias, autorizaciones o concesiones. La coexistencia de normas comunes y de normas y regímenes de autorización de los Estados miembros en sectores de servicios sigue siendo un factor importante para determinar si debería contemplarse una atribución de competencias a la Comisión a fin de adoptar medidas de política comercial en el ámbito de los servicios en el marco del Reglamento sobre garantía del cumplimiento

En tercer lugar, la Comisión no ha observado ninguna novedad sobre limitaciones prácticas a la viabilidad y eficacia potenciales de las medidas de política comercial en el ámbito de los servicios, debido a las características inherentes de la prestación de servicios, incluida la aplicabilidad de las restricciones a la oferta de estos. Tampoco se ha producido ninguna novedad relativas a las condiciones —en particular el marco jurídico con arreglo al TFUE— que son pertinentes para la situación de los proveedores de servicios presentes en la Unión, en caso de que se aplicasen actos de ejecución con respecto a ellos.

En conclusión, la evaluación inicial de la Comisión ha revelado que, desde la entrada en vigor del Reglamento sobre garantía del cumplimiento, por el momento, ningún cambio internacional, europeo o sustancial puede justificar un nuevo enfoque que contemple ampliar la facultad de la Comisión para que pueda adoptar medidas adicionales de política comercial en el ámbito de los servicios con arreglo al mencionado Reglamento.

Dicho esto, la Comisión continuará siguiendo de cerca toda novedad pertinente a fin de estar en condiciones de revisar el ámbito de aplicación del Reglamento sobre garantía del cumplimiento y comunicará sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo el 18 de julio de 2019, a más tardar, también teniendo en cuenta su experiencia en la concepción y la aplicación de medidas de política comercial que suspendan o reequilibren concesiones u otras obligaciones en el marco de acuerdos comerciales internacionales.

La Comisión desearía destacar la importancia creciente de los servicios en la economía actual. Los servicios se comercializan cada vez más de forma transfronteriza y están estrechamente relacionados con el comercio y la inversión en la industria manufacturera tradicional. Por este motivo está creciendo el número de diferencias en la OMC en el ámbito de los servicios. Sigue siendo posible adoptar contramedidas en el ámbito de los servicios.

Asimismo, la Comisión desea reiterar que la política comercial de la UE debe reforzar el lugar de Europa en las cadenas de suministro mundiales, apoyando la totalidad de las actividades económicas a través de las cuales las empresas europeas crean y venden valor, incluidos los servicios. Esta es la razón por la que la Unión Europea ha desempeñado un papel fundamental en la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y los acuerdos comerciales internacionales con un fuerte componente de servicios.

La Comisión desea señalar a este respecto que, en caso de que resulte necesario que la Unión Europea recurra a medidas de política comercial no pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento sobre garantía del cumplimiento, en particular en el ámbito del comercio de servicios, la Comisión podría presentar propuestas relativas a un acto legislativo basándose en el artículo 207 del TFUE o podría recurrir a otros procedimientos aplicables.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Internet

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. El Abogado General Bobek considera que una empresa que alega que sus derechos de la personalidad han sido vulnerados por la publicación de información en Internet puede ejercitar acciones en el Estado miembro en el que se halla su centro de intereses por la totalidad del daño supuestamente sufrido (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-194/16, Bolagsupplysningen y Ilsjan, 13 de julio de 2017).

Puertos

LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. Por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías, España es condenada a pagar una cantidad a tanto alzado de tres millones de euros (TJUE, Comisión/España, 13 de julio de 2017, C-388/16).

Ciudadanía de la Unión

El artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, no excluye que su conducta constituya, en su caso, una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida (TJUE, E contra Subdelegación del Gobierno en Álava, 13 de julio de 2017, C‑193/16).

Contratos públicos

El artículo 47, apartados 1, letra a), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el poder adjudicador excluya a un licitador de un contrato público por considerar que no cumple el requisito de capacidad económica y financiera establecido en el anuncio de licitación en lo concerniente a la presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria, conforme a la cual ésta se comprometa a concederle un préstamo por el importe fijado en el anuncio de licitación y a garantizarle la disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución del contrato.

El artículo 47, apartado 5, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que cuando un anuncio de licitación exige que se presente una declaración emitida por una entidad bancaria, mediante la que ésta se comprometa a conceder un préstamo por el importe fijado en el anuncio de licitación y a garantizar al licitador la disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución del contrato, la circunstancia de que las entidades bancarias a las que el licitador haya solicitado tal declaración no consideren posible emitir una declaración en esos términos puede constituir una «razón justificada», en el sentido de este artículo, que, en su caso, autorice al licitador a acreditar su capacidad económica y financiera mediante cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado, siempre y cuando el licitador no esté objetivamente en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, INGSTEEL spol. sro y Metrostav as contra Úrad pre verejné obstarávanie, 13 de julio de 2017, C‑76/16).

El artículo 7 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que no prevé una licitación previa para las atribuciones, incluidas las temporales, de espacios destinados a la asistencia aeroportuaria en tierra, que no vayan acompañadas de remuneración alguna que deba pagar la gestora del aeropuerto (TJUE, Malpensa Logistica Europa SpA contra SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA, 13 de julio de 2017, C‑701/15).

Imposición de los productos energéticos y de la electricidad

El artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que la exención prevista en esta disposición es aplicable al carburante utilizado para hacer navegar a un buque, sin carga, desde un puerto de un Estado miembro, en el presente caso aquel en el que el buque fue construido, hasta un puerto de otro Estado miembro a fin de embarcar allí mercancías para su posterior transporte a un puerto de un tercer Estado miembro.

El artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que excluye la aplicación de la exención prevista en dicha disposición debido a que el suministro de productos energéticos a un buque se efectuó sin cumplir los requisitos formales previstos por esa normativa nacional, aun cuando ese suministro cumpla todas las condiciones de aplicación previstas en aquella disposición de la Directiva (TJUE, „Vakarų Baltijos laivų statykla“ UAB contra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 13 de julio de 2017, C‑151/16).

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

El artículo 133, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que supedita la concesión de la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a entidades de Derecho público que prestan servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o de la educación física, en el sentido del artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva, al cumplimiento del requisito establecido en el artículo 133, párrafo primero, letra d), de dicha Directiva, pese a que, por una parte, a 1 de enero de 1989, ese Estado miembro no aplicaba el IVA a todas esas prestaciones de servicios y, por otra, antes de que se impusiera el cumplimiento de dicho requisito, las prestaciones de servicios controvertidas no estaban exentas del IVA.

El artículo 133, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la concesión de la exención del IVA a las entidades de Derecho público sin ánimo de lucro que prestan servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o de la educación física, en el sentido del artículo 132, apartado 1, letra m), de dicha Directiva, al cumplimiento del requisito establecido en el artículo 133, párrafo primero, letra d), de dicha Directiva, sin aplicar también ese requisito a las entidades sin ánimo de lucro que no sean de Derecho público y que prestan tales servicios (TJUE, London Borough of Ealing, 13 de julio de 2017, C‑633/15).

Medio ambiente

Las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, leídas a la luz de los artículos 191 TFUE y 193 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que —en la medida en que la situación concurrente en el litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente— no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que determina, además de los operadores de los terrenos en los que se haya generado una contaminación ilícita, otra categoría de personas solidariamente responsables del daño medioambiental, a saber, los propietarios de dichos terrenos, sin que se exija acreditar la existencia de una relación de causalidad entre la conducta de los propietarios y el daño constatado, siempre que tal normativa sea conforme con los principios generales del Derecho de la Unión y con cualquier disposición pertinente de los Tratados UE y FUE y de los actos de Derecho derivado de la Unión.

El artículo 16 de la Directiva 2004/35 y el artículo 193 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, en la medida en que la situación concurrente en el litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual no sólo se considera que los propietarios de terrenos en los que se haya generado una contaminación ilícita son responsables solidariamente, junto con los operadores de esos terrenos, del daño medioambiental, sino que la autoridad nacional competente puede imponerles también una multa, siempre que tal normativa sea idónea para contribuir a la realización del objetivo de mayor protección y que las modalidades de determinación de la cuantía de la multa no excedan de lo necesario para alcanzar este objetivo, lo cual incumbe verificar al tribunal nacional (TJUE, Túrkevei Tejtermelő Kft. contra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 13 de julio de 2017, C‑129/16).

Política social

La cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada, y el artículo 4 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, para calcular el importe de una pensión de jubilación de empresa, distingue entre los ingresos del trabajo que son inferiores a la base máxima de cotización del seguro obligatorio de jubilación y los ingresos del trabajo superiores a esa base máxima, y que no calcula los ingresos procedentes de un empleo a tiempo parcial obteniendo primero la cifra de los ingresos pagados por un empleo a tiempo completo correspondiente, determinando a continuación las cuotas respectivamente superior e inferior a la base máxima de cotización y trasladando finalmente esta proporción a los menores ingresos procedentes del empleo a tiempo parcial.

La cláusula 4, puntos 1 y 2, del citado Acuerdo y el artículo 4 de la Directiva 2006/54 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, a efectos de calcular el importe de una pensión de jubilación de empresa de una empleada que ha acumulado períodos de trabajo a tiempo completo y períodos de trabajo a tiempo parcial, determina una tasa de actividad uniforme para toda la duración de la relación laboral, siempre que este método de cálculo de la pensión de jubilación no infrinja la regla pro rata temporis. Corresponde al tribunal remitente comprobar si ello es así.

Los artículos 1, 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece una pensión de jubilación de empresa cuyo importe corresponde a la relación entre la antigüedad y la duración del período comprendido entre el inicio de la prestación de servicios en la empresa y la edad normal de jubilación determinada por el seguro de jubilación obligatorio, y que limita a un número máximo las anualidades de carrera que pueden incluirse en el cómputo (TJUE, Ute Kleinsteuber contra Mars GmbH, 13 de julio de 2017, C‑354/16).

Propiedad intelectual

El artículo 24, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto, formulada en el primer acto de oposición con carácter subsidiario frente a otras excepciones procesales propuestas en el mismo acto, constituya una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el asunto y, por lo tanto, no lleva a una prórroga de la competencia en virtud de dicho artículo.

El artículo 82 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), de dicho Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea, deben entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro, salvo que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del artículo 23 o 24 del Reglamento n.º 44/2001, y sin prejuicio de los casos de litispendencia y de conexidad previstos en esos Reglamentos.

La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002.

La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que están conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción (TJUE, Bayerische Motoren Werke AG contra Acacia Srl, 13 de julio de 2017, C‑433/16).

Seguros

El artículo 13, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 14, punto 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de acción directa contra el asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculada por un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre el asegurador y el autor citados (TJUE, Assens Havn contra Navigators Management (UK) Limited, 13 de julio de 2017, C‑368/16).

Trabajadores migrantes

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 (TJUE, Radosław Szoja contra Sociálna poisťovňa y WEBUNG, s.r.o., 13 de julio de 2017, C‑89/16).

Venta y garantía de los bienes de consumo

El artículo 5, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma de un Estado miembro que permite que la duración del plazo de prescripción de la acción del consumidor sea inferior a dos años a partir de la entrega del bien cuando dicho Estado miembro haya hecho uso de la facultad que otorga la segunda de esas disposiciones de la citada Directiva y el vendedor y el consumidor hayan acordado un plazo de responsabilidad del vendedor inferior a dos años —concretamente un año— para el bien de segunda mano de que se trate (TJUE, Christian Ferenschild contra JPC Motor SA, 13 de julio de 2017, C‑133/16).

LECTURA

Resumen del libro: Este Tratado de Derecho de la Competencia fue pionero en España y se ha convertido en una obra de referencia en la materia. La 2ª edición de este Tratado se presenta como una obra de consulta, actualizada y ampliada, que analiza en profundidad la aplicación de la normativa de defensa de la competencia comunitaria y española, tanto en su parte general como respecto de sectores especiales en los que tiene un gran impacto. Sin duda, la principal bondad de esta obra es que armoniza el estudio científico detallado de la normativa aplicable con su ineludible interpretación práctica.

A lo largo de la obra, se abordan con innegable profundidad jurídica cuestiones como la prohibición de las prácticas colusorias (cárteles, acuerdos verticales, acuerdos de cooperación horizontal); las concentraciones económicas y sus efectos; los procedimientos administrativos ante la Comisión; el control jurisdiccional; el procedimiento sancionador; el control de ayudas públicas y otras intervenciones públicas anticompetitivas. Del mismo modo, se pone el foco en el marco regulatorio y su aplicación en diversos sectores especiales como, entre otros, el energético, farmacéutico, deportivo, alimentario, financiero, transportes, servicios profesionales o las prácticas anticompetitivas en la contratación pública.

La obra, impulsada y dirigida desde el Centro de Política de la Competencia de la Universidad CEU San Pablo, ha sido elaborada por un grupo de prestigiosos expertos en Defensa de la Competencia procedentes de profesiones liberales, de las autoridades comunitarias y españolas de competencia, de los órganos jurisdiccionales que las controlan y del mundo académico.

Editorial Bosch, S.A., 2017, 1819 p., 2 vols., 228,80 €
ISBN: 9788490902264