EDICIÓN DEL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE
  • Estado de Derecho en Polonia
  • Visado: modelo uniforme
  • Marco para el etiquetado energético
  • Nuestra selección del DOUE (del 25 de julio al 4 de septiembre de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: acuerdo internacional; asilo; comunicaciones electrónicas; espacio de libertad, seguridad y justicia; fiscalidad; IVA; medio ambiente; relaciones exteriores; trabajadores
  • Lectura: Régimen jurídico de los extranjeros y de los ciudadanos de la UE (Ángel Espiniella Menéndez; Pilar Jiménez Blanco; Pilar Rodríguez Mateos)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE AFECTA A LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UE

Objeto (art. 1)

La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones relativas a la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, con el fin de reforzar la protección contra las infracciones penales que afectan a dichos intereses financieros, en consonancia con el acervo de la Unión en este ámbito.

Definiciones y ámbito de aplicación (art. 2)

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «los intereses financieros de la Unión»: todos los ingresos, gastos y activos cubiertos por, adquiridos a través de, o adeudados a:

  • i) el presupuesto de la Unión,
  • ii) los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión creados de conformidad con los Tratados, u otros presupuestos gestionados y controlados directa o indirectamente por ellos;

b) «persona jurídica»: cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los Estados u organismos públicos en el ejercicio de la autoridad estatal, y de las organizaciones internacionales públicas.

2. En relación con los ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, la presente Directiva solo se aplicará en caso de infracción grave que atente contra el sistema común del IVA. A efectos de la presente Directiva, las infracciones contra el sistema común del IVA se considerarán graves cuando los actos u omisiones intencionados definidos en el artículo 3, apartado 2, letra d), estén relacionados con el territorio de dos o más Estados miembros de la Unión y supongan un perjuicio total de 10 000 000 EUR como mínimo.

3.   La estructura y el funcionamiento de la administración tributaria de los Estados miembros no se verán afectados por la presente Directiva.

Fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (art. 3)

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan intencionadamente.

2. A los efectos de la presente Directiva, se considerará fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión lo siguiente:

a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión relativa a:

  • i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
  • ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o
  • iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial;

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una pérdida para los intereses financieros de la Unión, cualquier acción u omisión relativa a:

  • i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
  • ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o
  • iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión;

c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA a que se hace referencia en la letra d), cualquier acción u omisión relativa a:

  • i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
  • ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o
  • iii) el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto;

d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:

  • i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto de la Unión,
  • ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa al IVA, que tenga el mismo efecto; o
  • iii) la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución del IVA.

Otras infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión (art. 4)

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea constitutivo de infracción penal el blanqueo de capitales descrito en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/849, que afecte a bienes procedentes de las infracciones reguladas por la presente Directiva.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la corrupción activa y pasiva, cuando se cometan intencionalmente, constituyan infracciones penales.

  • a) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.
  • b) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción activa la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la malversación, cuando se cometa intencionadamente, constituya un una infracción penal.

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por malversación el acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión.

4. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por «funcionario»:

a) el funcionario «nacional» o de la «Unión», incluido todo funcionario nacional de otro Estado miembro y todo funcionario nacional de un tercer país;

i) se entenderá por «funcionario de la Unión» una persona:

  • que tenga la condición de funcionario o de empleado contratado por la Unión en el sentido del Estatuto de los funcionarios o del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.° 259/68 del Consejo (16) («Estatuto de los funcionarios»), o
  • puesta a disposición de la Unión por un Estado miembro o por cualquier organismo público o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la Unión.

Sin perjuicio de las disposiciones sobre privilegios e inmunidades recogidas en los protocolos números 3 y 7, se asimilarán a los funcionarios de la Unión los miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se hayan creado de conformidad con los Tratados, así como el personal de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios no les sea aplicable,

ii) el término «funcionario nacional» se entenderá en referencia a la definición de «funcionario» o «funcionario público» del Derecho nacional del Estado miembro o tercer país en que la persona de que se trate ejerza sus funciones.

No obstante, cuando se trate de diligencias judiciales incoadas por un Estado miembro en las que esté implicado un funcionario nacional de otro Estado miembro o un funcionario nacional de un tercer país, el primer Estado miembro solo estará obligado a aplicar la definición de «funcionario nacional» en la medida en que sea compatible con su Derecho nacional.

El término «funcionario nacional» incluirá a toda persona que tenga un cargo ejecutivo, administrativo o judicial a nivel nacional, regional o local. Toda persona que ocupe un cargo legislativo a escala nacional, regional o local se asimilará a un funcionario nacional;

b) toda persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión o en tomar decisiones sobre esos intereses.

Inducción, complicidad y tentativa (art. 5)

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción la complicidad relacionadas con la comisión de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles como infracciones penales.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una tentativa de cometer cualquiera de las infracciones penales contempladas en el artículo 3 y en el artículo 4, apartado 3, sea punible como infracción penal.

Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 6)

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de cualquiera de las infracciones penales a los que se hace referencia en los artículos 3, 4 y 5 cometidos en su provecho por cualquier persona, a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, y que tenga una posición directiva dentro de la persona jurídica basada en:

  • a) un poder de representación de la persona jurídica;
  • b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o bien
  • c) una autoridad para ejercer un control dentro de la persona jurídica.

2. Asimismo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una persona mencionada en el apartado 1 del presente artículo, haya hecho posible la comisión, por una persona bajo su autoridad, de cualquiera de las infracciones penales a los que se hace referencia en los artículos 3, 4 y 5 en beneficio de esa persona jurídica.

3. La responsabilidad de una persona jurídica de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo no excluirá la posibilidad de la incoación de acciones penales contra las personas físicas que hayan cometido las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4, o que sean penalmente responsables con arreglo al artículo 5.

Sanciones a personas físicas (art. 7)

1. Por lo que se refiere a las personas físicas, los Estados miembros se asegurarán de que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 sean punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles con una pena máxima que prevea la privación de libertad.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3 y 4 sean punibles con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión cuando supongan daños y perjuicios o ventajas considerables.

Los daños y perjuicios o las ventajas resultantes de las infracciones penales a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, letras a), b) y c), y el artículo 4 se presumirán considerables cuando dichos perjuicios o ventajas supongan más de 100 000 EUR.

Los daños y perjuicios o las ventajas resultantes de las infracciones penales a que se hace referencia en el artículo 3, letra d), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, se presumirán considerables en todos los casos.

Los Estados miembros podrán también establecer una pena máxima de cuatro años de prisión como mínimo, sobre la base de otras circunstancias graves definidas en su Derecho nacional.

4. Cuando una infracción penal de aquellas a que se refieren el artículo 3, apartado 2 letras a), b) y c), o el artículo 4, suponga unos daños y perjuicios inferiores a 10 000 EUR y unas ventajas inferiores a 10 000 EUR, los Estados miembros podrán establecer sanciones no penales.

5. El apartado 1 no obstará al ejercicio de poderes disciplinarios por las autoridades competentes contra los funcionarios públicos.

Circunstancia agravante (art. 8)

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando una de las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 o 5 se cometa en el seno de una organización delictiva en el sentido de la Decisión Marco 2008/841/JAI, ello se considere circunstancia agravante.

Sanciones mínimas a personas jurídicas (art. 9)

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 esté sujeta a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas multas de carácter penal o administrativo y otras sanciones como:

  • a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;
  • b) exclusión temporal o permanente de los procedimientos de contratación pública;
  • c) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;
  • d) intervención judicial;
  • e) disolución judicial;
  • f) cierre temporal o permanente del establecimiento que se haya utilizado para cometer la infracción penal.

Prescripción de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión (art. 12)

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un plazo de prescripción que posibilite la investigación, el enjuiciamiento, el juicio oral y la resolución judicial de las infracciones penales a que se refieren los artículo 3, 4 y 5 durante un período suficiente a partir de la comisión de esas infracciones, de modo que estos se puedan perseguir de manera eficaz.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 que sean punibles con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión se sometan a investigación, enjuiciamiento, juicio oral y resolución judicial de las infracciones penales en un plazo de al menos cinco años a partir del momento en que se cometió la infracción.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán fijar un plazo de prescripción inferior a cinco años pero no inferior a tres años, siempre y cuando garanticen que ese período pueda ser interrumpido o suspendido por determinados actos.

4. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para permitir la ejecución de:

  • a) una pena de más de un año de prisión, o alternativamente;
  • b) una pena de prisión en el caso de una infracción penal que sea punible con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión,

impuesta a raíz de una sentencia condenatoria firme por una infracción penal contemplada en los artículos 3, 4 o 5, durante un período de al menos cinco años a partir de la fecha de la condena firme. Este período puede incluir prórrogas del período de prescripción que se deriven de su interrupción o suspensión.

ESTADO DE DERECHO EN POLONIA

Polonia

La presente Recomendación complementa las Recomendaciones de 27 de julio y 21 de diciembre de 2016. Examina cuáles de las preocupaciones planteadas en las mismas han sido abordadas, cita los problemas pendientes y enumera una serie de nuevos problemas detectados por la Comisión en lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia y surgidos desde entonces. Sobre esta base, formula recomendaciones a las autoridades polacas para abordar estos problemas, que se refieren a las siguientes cuestiones:

1) falta de un control constitucional independiente y legítimo;

2) adopción por el Parlamento polaco de nueva legislación relacionada con el poder judicial que suscita graves preocupaciones por lo que respecta a la independencia judicial e incrementa significativamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia:

  1. la Ley que modifica la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura y la Fiscalía, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y algunas otras leyes, publicada en el Diario Oficial polaco el 13 de junio de 2017 y que entró en vigor el 20 de junio de 2017;
  2. la Ley que modifica la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes, aprobada por el Senado el 15 de julio de 2017 y que fue devuelta a la Sejm el 24 de julio de 2017;
  3. la Ley que modifica la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios, aprobada por el Senado el 15 de julio de 2017 y firmada por el presidente el 25 de julio;
  4. la Ley sobre el Tribunal Supremo, aprobada por el Senado el 22 de julio de 2017 y que fue devuelta a la Sejm el 24 de julio de 2017.

Recomendaciones

La Comisión recomienda que las autoridades polacas adopten las siguientes medidas:

a) restablecer la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución polaca, velando por que sus jueces, su presidente y su vicepresidente sean elegidos y designados legalmente y aplicando plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre de 2015, que exigen que los tres jueces que fueron designados legalmente en octubre de 2015 por la anterior legislatura puedan asumir sus funciones de juez en el Tribunal Constitucional, y que los tres jueces nombrados por la nueva legislatura sin una base jurídica válida no puedan actuar sin haber sido elegidos válidamente con anterioridad;

b) publicar y ejecutar plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional de 9 de marzo, 11 de agosto y 7 de noviembre de 2016;

c) garantizar que la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y la ley sobre el Tribunal Supremo no entren en vigor y que la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura sea retirada o modificada a fin de garantizar su conformidad con la Constitución y con las normas europeas sobre la independencia judicial;

d) abstenerse de cualquier medida que interfiera con el mandato de los miembros del Tribunal y su función;

e) garantizar que cualquier reforma de la justicia defienda el Estado de Derecho y sea conforme al Derecho de la Unión y a las normas europeas sobre la independencia judicial y se elabore en estrecha cooperación con el poder judicial y todas las partes interesadas;

f) abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto.

VISADO: MODELO UNIFORME

Exposición de motivos

El actual diseño común de la etiqueta adhesiva, que ha estado en circulación durante veinte años, debe considerarse poco seguro en vista de los casos graves de imitación y fraude.

Debe por consiguiente adoptarse un nuevo diseño común, con elementos de seguridad más modernos, para que la etiqueta adhesiva del visado sea más segura e impedir las falsificaciones.

Previa solicitud de Irlanda o del Reino Unido, la Comisión debe establecer los mecanismos apropiados para el intercambio de información técnica con el Estado miembro solicitante, a efectos de la expedición de visados nacionales por dicho Estado miembro.

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se ajusta a los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Elementos de seguridad

1. Retrato integrado en color del titular, elaborado de acuerdo con normas de seguridad de alto nivel.

2. En este espacio deberá figurar un dispositivo difrangente ópticamente variable (“kinegrama” o equivalente). En función del ángulo de observación aparecen visibles, en diversos tamaños y colores, las letras, “EU”, “EUE” y las líneas cinemáticas en guilloche.

3. Esta casilla contendrá el código de país de tres letras distintivo del Estado miembro emisor que figura en el documento 9303 de la OACI sobre documentos de viaje de lectura mecánica, o las siglas “BNL” si el Estado miembro emisor es Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, con coloración ópticamente variable. Según el ángulo de observación, aparecerá en colores diferentes.

4. En este espacio aparecerá, en letras mayúsculas, lo siguiente:

  • a) la palabra “VISA”. El Estado miembro emisor podrá incluir el término equivalente en otra lengua oficial de las instituciones de la Unión;
  • b) el nombre del Estado miembro emisor en inglés, francés y otra lengua oficial de las instituciones de la Unión;
  • c) el código de país de tres letras distintivo del Estado miembro emisor que figura en el documento 9303 de la OACI.

5. Esta casilla contendrá el número nacional de nueve caracteres de la etiqueta adhesiva de visado en disposición horizontal, previamente impreso en negro. Se utilizará un tipo de letra especial.

6. Esta casilla contendrá el número nacional de nueve caracteres de la etiqueta adhesiva de visado en disposición vertical, previamente impreso en rojo. Se utilizará un tipo de letra especial diferente del utilizado en la casilla 5. El “número de etiqueta adhesiva de visado” es el código de país de tres letras que figura en el documento 9303 de la OACI y el número nacional al que se refieren las casillas 5 y 6.

7. Esta casilla contendrá las letras “EU” con un efecto de imagen latente. Estas letras tendrán una tonalidad oscura cuando se cambia de ángulo alejándolo del sujeto perceptor, y clara cuando se gira 90°.

8. Esta casilla contendrá los códigos previstos en la casilla 3 con un efecto de imagen latente. Estos códigos aparecerán en una tonalidad oscura cuando se cambia de ángulo alejándolo del sujeto perceptor, y clara cuando se gira 90°.

MARCO PARA EL ETIQUETADO ENERGETICO

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

1. El presente Reglamento establece un marco que se aplica a los productos relacionados con la energía (en lo sucesivo, «productos») introducidos en el mercado o puestos en servicio. Dispone el etiquetado de dichos productos y la inclusión en el mismo de una información normalizada en relación con la eficiencia energética, el consumo de energía y de otros recursos por parte de los productos durante su utilización, así como de información complementaria sobre los productos, permitiendo así a los clientes elegir productos más eficientes para reducir su consumo energético.

2.   El presente Reglamento no se aplica a:

  • a) productos de segunda mano, salvo si son importados de un tercer país;
  • b) medios de transporte de personas o de mercancías.

Obligaciones generales de los proveedores (art. 3)

1. Los proveedores velarán por que todos los productos introducidos en el mercado vayan acompañados, para cada unidad individual, gratuitamente, de etiquetas impresas precisas y de fichas de información del producto de conformidad con el presente Reglamento y los actos delegados pertinentes.

Como alternativa al suministro de la ficha de información del producto acompañando al producto, los actos delegados a que se refiere el artículo 16, apartado 3, letra h) podrán disponer que es suficiente que el proveedor introduzca los parámetros de dichas fichas de información del producto en la base de datos de los productos. En ese caso, el proveedor suministrará al distribuidor, cuando este se la solicite, la ficha de información del producto impresa.

Los actos de ejecución podrán disponer que la etiqueta se imprima en el embalaje del producto.

2. El proveedor suministrará a los distribuidores las etiquetas impresas, incluidas las reescaladas de conformidad con el artículo 11, apartado 13, y las fichas de información del producto, de forma gratuita, diligentemente, y en cualquier caso en un plazo de cinco días hábiles, cuando estos se las soliciten.

3. El proveedor velará por la precisión de las etiquetas y fichas de información del producto que suministren y elaborarán documentación técnica suficiente para poder evaluar la precisión.

4. Una vez que entre en servicio una unidad de un modelo, el proveedor solicitará el consentimiento escrito del cliente en relación con cualquier cambio que pretendan introducir en la unidad que se esté utilizando mediante actualizaciones que vayan en detrimento de los parámetros de la etiqueta de eficiencia energética de dicha unidad, como establece el correspondiente acto delegado. El proveedor deberá informar al cliente del objetivo de la actualización y de los cambios en los parámetros, incluido cualquier cambio de clase en la etiqueta. Durante un plazo proporcional a la duración media de la vida del producto, el proveedor deberá ofrecer al cliente la opción de rechazar la actualización sin pérdida evitable de funcionalidad.

5. El proveedor no introducirá en el mercado productos que hayan sido diseñados de tal modo que el rendimiento de un modelo se altere automáticamente en condiciones de ensayo con el objetivo de lograr un nivel más favorable para cualquiera de los parámetros especificados en el correspondiente acto delegado o incluido en cualquiera de los documentos facilitados con el producto.

Obligaciones de los proveedores en relación con la base de datos de los productos (art. 4)

1. A partir del 1 de enero de 2019, antes de introducir en el mercado una unidad de un modelo nuevo regulado por un acto delegado, el proveedor completará, en la parte pública y en la de cumplimiento de la base de datos de los productos, la información que se establece en el anexo I para ese modelo.

2. Cuando unidades de modelos regulados por un acto delegado se introduzcan en el mercado entre el 1 de agosto de 2017 y el 1 de enero de 2019, el proveedor, a más tardar el 30 de junio de 2019, completará en la base de datos de los productos la información que se establece en el anexo I en relación con esos modelos.

Hasta el momento de la introducción de los datos en la base de datos de los productos, el proveedor deberá crear una versión electrónica de la documentación técnica disponible, para su inspección en un plazo de diez días desde la recepción de una solicitud por parte de las autoridades de vigilancia del mercado o la Comisión.

3. El proveedor podrá completar en la base de datos de los productos la información que se establece en el anexo I para los modelos de los que se hayan introducido unidades en el mercado exclusivamente antes del 1 de agosto de 2017.

4. Un producto en el que se introduzcan cambios relevantes para la etiqueta y la ficha de información del producto se considerará un nuevo modelo. El proveedor indicará en la base de datos cuándo dejará de introducir en el mercado las unidades de un modelo.

5. Las obligaciones contempladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a los equipos combinados de calefactores a que se hace referencia en los Reglamentos Delegados (UE) n.° 811/2013, (UE) n.° 812/2013 y (UE) 2015/1187 de la Comisión, cuando el suministro de las etiquetas de dichos equipos combinados sea responsabilidad exclusiva del distribuidor.

6. Después de la introducción en el mercado de la última unidad de un modelo, el proveedor deberá conservar la información relativa a dicho modelo en la parte de cumplimiento de la base de datos de los productos durante un período de quince años. Cuando proceda respecto de la duración media de la vida de un producto, podrá establecerse un plazo más corto para la conservación de los datos con arreglo al artículo 16, apartado 3, letra q). La información de la parte pública de la base de datos no será suprimida.

Obligaciones de los distribuidores (art. 5)

1.   Los distribuidores:

  • a) deberán exponer de manera visible, incluso en la venta a distancia en línea, las etiquetas facilitadas por los proveedores o puestas a disposición de conformidad con el apartado 2, para las unidades de un modelo regulado por el acto delegado pertinente;
  • b) deberán poner a disposición del cliente la ficha de información del producto, incluso, si este así lo solicita, en formato físico en el punto de venta;

2. En los casos en que, pese a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, los distribuidores no dispongan de etiqueta, deberán solicitarla al proveedor de conformidad con el artículo 3, apartado 2.

3. En los casos en que, pese a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, los distribuidores no dispongan de una ficha de información del producto, deberán solicitarla al proveedor de conformidad con el artículo 3, apartado 2, o, si así lo deciden, imprimirla o descargarla, para su exposición por medios electrónicos, de la base de datos de los productos, si estas funciones están disponibles para el producto en cuestión.

Otras obligaciones de proveedores y distribuidores (art. 6)

El proveedor y el distribuidor:

  • a) harán referencia a la clase de eficiencia energética del producto y a la gama de las clases de eficiencia que figuran en la etiqueta en cualquier publicidad visual o material técnico de promoción referente a un modelo específico, de conformidad con el acto delegado pertinente;
  • b) cooperarán con las autoridades de vigilancia del mercado y tomarán medidas inmediatas para resolver toda situación de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes, que entren en el ámbito de su responsabilidad, ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las autoridades de vigilancia del mercado;
  • c) con respecto a los productos regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán otras etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos delegados pertinentes, si pueden inducir a error o confundir al cliente respecto al consumo de energía o de otros recursos durante su utilización;
  • d) con respecto a los productos no regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes;
  • e) con respecto a los productos no relacionados con la energía, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento o en actos delegados.

La letra d) del párrafo primero no afectará a las etiquetas previstas en el Derecho nacional, siempre y cuando esas etiquetas no estén establecidas por actos delegados.

Obligaciones de los Estados miembros (art. 7)

1. Los Estados miembros no podrán impedir la introducción en el mercado o la puesta en servicio en su territorio de productos que cumplan el presente Reglamento y los actos delegados pertinentes.

2. Cuando los Estados miembros ofrezcan incentivos respecto a un producto especificado en un acto delegado, dichos incentivos tratarán de alcanzar las dos clases de eficiencia energética más elevadas y que contengan más productos, o las clases más elevadas, previstas en dicho acto delegado.

3. Los Estados miembros velarán por que la introducción y el reescalado de etiquetas vayan acompañados de campañas informativas sobre etiquetado de eficiencia energética, cuando proceda en cooperación con los proveedores y distribuidores. La Comisión apoyará la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en relación con esas campañas, por ejemplo mediante la recomendación de mensajes clave comunes.

4. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones y mecanismos de control del cumplimiento aplicable a las infracciones del presente Reglamento y de los actos delegados, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se considerará que el régimen que cumpla los requisitos del artículo 15 de la Directiva 2010/30/UE cumple los requisitos del presente apartado en lo que se refiere a las sanciones.

Los Estados miembros, a más tardar el 1 de agosto de 2017, notificarán a la Comisión el régimen a que se refiere el párrafo primero que no haya sido notificado previamente a la Comisión y notificarán sin demora a la Comisión cualquier modificación posterior que afecte a dichas disposiciones.

Vigilancia del mercado de la Unión y control de los productos que se introducen en el mercado de la Unión (art. 8)

1. Los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 serán de aplicación a los productos regulados por el presente Reglamento y por los actos delegados pertinentes.

2. La Comisión fomentará y apoyará la cooperación y el intercambio de información sobre la vigilancia del mercado en materia de etiquetado de los productos entre las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado o encargadas del control de los productos que se introducen en el mercado de la Unión, y entre estas y la Comisión, entre otros medios implicando más estrechamente a los AdCos en diseño ecológico y etiquetado energético.

Deberá procederse también a ese intercambio de información cuando los resultados de los ensayos indiquen que el producto respeta el presente Reglamento y los actos delegados pertinentes.

3. Los programas generales de vigilancia del mercado y los programas sectoriales específicos de los Estados miembros establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 deberán incluir medidas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento.

4. La Comisión, en cooperación con los AdCos en diseño ecológico y etiquetado energético, elaborará directrices para la aplicación del presente Reglamento, en particular por lo que respecta a las mejores prácticas de los ensayos de productos y a la puesta en común de información entre las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y la Comisión.

5. Las autoridades de vigilancia del mercado tendrán derecho a cobrar a los proveedores los costes de la inspección de la documentación y los ensayos físicos de productos en caso de infracción del presente Reglamento o de los actos delegados pertinentes.

Procedimiento a escala nacional para tratar con productos que planteen un riesgo (art. 9)

1. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro tengan razones suficientes para creer que un producto regulado por el presente Reglamento presenta un riesgo para aspectos de la protección del interés público amparados por el presente Reglamento, como los aspectos medioambientales o de protección de los consumidores, llevarán a cabo una evaluación sobre el producto de que se trate que abarcará todos los requisitos de etiquetado energético pertinentes con respecto al riesgo contemplados en el presente Reglamento o en los actos delegados pertinentes. A los fines de esa evaluación, los proveedores y distribuidores cooperarán en la medida de lo necesario con las autoridades de vigilancia del mercado.

2. Si, en el transcurso de la evaluación a que hace referencia el apartado 1, las autoridades de vigilancia del mercado constatan que el producto no cumple los requisitos establecidos en el presente Reglamento o en los actos delegados pertinentes, pedirán sin demora al proveedor o, cuando proceda, al distribuidor en cuestión que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el producto a los citados requisitos o, cuando proceda, para retirarlo del mercado o, cuando proceda, recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo que ellas prescriban.

El artículo 21 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 será de aplicación a las medidas contempladas en el presente apartado.

3. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado consideren que el incumplimiento a que se refiere el apartado 2 no se limita a su territorio nacional, informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que hayan exigido al proveedor o distribuidor.

4. El proveedor o, cuando proceda, el distribuidor se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras o restrictivas pertinentes de conformidad con el apartado 2 respecto a todos los productos afectados que se hayan comercializado en toda la Unión.

5. Si el proveedor o, cuando proceda, el distribuidor no adopta las medidas correctoras pertinentes en el plazo de tiempo indicado en el apartado 2, las autoridades de vigilancia del mercado tomarán todas las medidas provisionales adecuadas para prohibir o restringir la disponibilidad del producto en el mercado nacional, retirarlo del mercado o recuperarlo.

6. Las autoridades de vigilancia del mercado informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de las medidas tomadas con arreglo al apartado 5. Dicha información incluirá todos los pormenores disponibles, en particular:

  • a) los datos necesarios para la identificación del producto no conforme;
  • b) su origen;
  • c) la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo asociado;
  • d) la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos expuestos por el proveedor o, cuando proceda, el distribuidor.

En particular, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la no conformidad se debe a que el producto no cumple los requisitos relativos a los aspectos de la protección del interés público establecidos en el presente Reglamento o a las deficiencias en las normas armonizadas a las que se refiere el artículo 13 que confieren una presunción de conformidad.

7. Los Estados miembros distintos del que inició el procedimiento informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional sobre la no conformidad del producto en cuestión que tengan a su disposición y, en caso de desacuerdo con la medida nacional notificada, presentarán sus objeciones al respecto.

8. Si, en el plazo de 60 días a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 6, ningún Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre una medida provisional adoptada por un Estado miembro, la medida se considerará justificada.

9. Los Estados miembros velarán por que se adopten sin demora las medidas restrictivas adecuadas respecto al producto en cuestión, tales como su retirada del mercado.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Medio ambiente

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Transporte aéreo

ACUERDO INTERNACIONAL. El Tribunal de Justicia declara que el Acuerdo sobre la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros, previsto entre la Unión Europea y Canadá, no puede celebrarse en su forma actual (Dictamen 1/15, 26 de julio de 2017).

Croacia

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Croacia es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional de las personas que cruzaron en masa su frontera durante la crisis migratoria de 2015/2016 (TJUE, A.S., 26 de julio de 2017, C-490/16, C-646/16).

Tribunales

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Un solicitante de asilo puede alegar en los tribunales que un Estado miembro ha pasado a ser responsable del examen de su solicitud al haber expirado el plazo de tres meses del que disponía para pedir a otro Estado miembro que se haga cargo de él (TJUE, Mengesteab, 26 de julio de 2017, C-670/16).

Armas

RELACIONES EXTERIORES. El Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamas en la lista europea de organizaciones terroristas y le devuelve el asunto (TJUE, Consejo/LTTE, 26 de julio de 2017, C-599/14 P, C-79/15 P).

Asilo

La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y en particular sus artículos 12, 14, 31 y 46, interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un recurso contra la resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional manifiestamente infundada, desestime dicho recurso sin conceder audiencia al solicitante si las circunstancias fácticas no dejan lugar a dudas en cuanto a la fundamentación de dicha resolución, a condición de que, por un lado, en el procedimiento en primera instancia, se haya brindado al solicitante la posibilidad de ser convocado a una entrevista personal sobre su solicitud de protección internacional, conforme al artículo 14 de dicha Directiva, y que el informe o la transcripción de dicha entrevista, si se realizó, se hayan incorporado al expediente, conforme al artículo 17, apartado 2, de la citada Directiva, y, por otro lado, el órgano jurisdiccional que conoce del recurso pueda acordar tal audiencia si lo considera necesario a efectos del examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, al que se refiere el artículo 46, apartado 3, de esta misma Directiva (TJUE, Moussa Sacko contra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, 26 de julio de 2017, C‑348/16).

Comunicaciones electrónicas

El artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, a efectos de la conversión de las cadenas analógicas existentes en redes digitales, tiene en cuenta cadenas analógicas gestionadas ilegalmente, puesto que lleva a prolongar, o incluso a reforzar, una ventaja competitiva indebida.

Los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, al aplicar un mismo criterio de conversión, da lugar a una reducción proporcionalmente más importante del número de redes digitales adjudicadas con respecto al número de cadenas analógicas explotadas, en perjuicio de un operador en comparación con sus competidores, a no ser que tal disposición esté objetivamente justificada y sea proporcionada a su objetivo. La continuidad de la oferta televisiva constituye un objetivo legítimo que puede justificar una diferencia de trato de esta índole. Sin embargo, una disposición que lleve a asignar a los operadores ya existentes en el mercado un número de radiofrecuencias digitales superior al número que bastaría para garantizar la continuidad de su oferta televisiva iría más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo y sería, en consecuencia, desproporcionada (TJUE, Persidera SpA contra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni y Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, 26 de julio de 2017, C‑112/16).

El artículo 3, apartado 3 bis, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el legislador nacional anule un procedimiento de licitación en curso para la adjudicación de radiofrecuencias organizado por la autoridad nacional de reglamentación competente en circunstancias como las del litigio principal, procedimiento que fue suspendido mediante orden ministerial.

El artículo 9 de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un procedimiento de licitación gratuito para la adjudicación de radiofrecuencias, convocado para subsanar la exclusión ilegal de determinados operadores del mercado, se sustituya por un procedimiento de licitación oneroso basado en un plan reestructurado de adjudicación de radiofrecuencias previa limitación del número de éstas, siempre que el nuevo procedimiento de selección se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, y que sea conforme con los objetivos fijados en el artículo 8, apartados 2 a 4, de la Directiva 2002/21, en su versión modificada. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, si los requisitos establecidos por el procedimiento de licitación oneroso pueden permitir la entrada efectiva de nuevos operadores en el mercado de la televisión digital, sin favorecer indebidamente a los operadores ya existentes en el mercado de la televisión analógica o digital.

El principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se anule un procedimiento de licitación para la adjudicación de radiofrecuencias por el único motivo de que determinados operadores ―como las demandantes en el litigio principal― habían sido admitidos en ese procedimiento y habrían obtenido, en cuanto licitadores únicos, derechos de uso de radiofrecuencias de emisión digital terrestre para radio y televisión si el procedimiento no hubiera sido anulado (TJUE, Europa Way Srl y Persidera SpA contra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni y otros, 26 de julio de 2017, C‑560/15).

Espacio de libertad, de seguridad y justicia

El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que la duración de la prohibición de entrada prevista en esa disposición, que en principio no debe exceder de cinco años, debe calcularse a partir de la fecha en la que el interesado abandonó efectivamente el territorio de los Estados miembros (TJUE, Mossa Ouhrami, 26 de julio de 2017, C‑225/16).

Los artículos 3, 8 y 12 de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, en su conjunto, deben interpretarse en el sentido de que la justicia gratuita concedida por el Estado miembro del foro, en el que una persona física domiciliada o residente habitualmente en otro Estado miembro ha presentado una solicitud de justicia gratuita en un litigio transfronterizo, incluye asimismo los gastos realizados por dicha persona para traducir los documentos acreditativos necesarios para la tramitación de dicha solicitud (TJUE, Jan Šalplachta, 26 de julio de 2017, C‑670/15).

Fiscalidad

Los artículos 26 y 27 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la imposición de una tasa, como la que es objeto del litigio principal, que grava únicamente a los establecimientos de comercio minorista de alimentación y cuyo producto no se destina a financiar de modo específico los controles oficiales que se efectúen a causa o en beneficio de esos sujetos pasivos (TJUE, Superfoz – Supermercados Lda contra Fazenda Pública, 26 de julio de 2017, C‑519/16).

IVA

El artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, una entrega de bienes efectuada por un sujeto pasivo establecido en un primer Estado miembro no está exenta del IVA en virtud de dicha disposición cuando, antes de que se lleve a cabo la referida entrega, el adquirente, identificado a efectos del impuesto sobre el valor añadido en un segundo Estado miembro, informa al proveedor de que las mercancías se revenderán inmediatamente a un sujeto pasivo establecido en un tercer Estado miembro antes de que salgan del primer Estado miembro y de ser transportadas con destino a ese tercer sujeto pasivo, siempre que esa segunda entrega se haya realizado y las mercancías se hayan transportado a continuación desde el primer Estado miembro al Estado miembro del tercer sujeto pasivo. La identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido del primer adquirente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del lugar de la primera entrega o del lugar de la adquisición final no es un criterio para la calificación de una operación como operación intracomunitaria, ni tampoco, por sí sola, una prueba suficiente que demuestre el carácter intracomunitario de una operación.

A los efectos de la interpretación del artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112, el hecho de transformar los bienes por orden del adquirente intermedio en el marco de una cadena formada por dos entregas sucesivas, como la controvertida en el litigio principal, antes del transporte hacia el Estado miembro del adquirente final, no influye en los requisitos aplicables a una eventual exención de la primera entrega, siempre que dicha transformación sea posterior a la primera entrega (TJUE, «Toridas» UAB contra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 26 de julio de 2017, C‑386/16).

Medio ambiente

En caso de omisión de una evaluación de impacto ambiental de un proyecto requerida por la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, el Derecho de la Unión, por un lado, exige que los Estados miembros eliminen las consecuencias ilícitas de dicha omisión y, por otro, no se opone a que se efectúe una evaluación de ese impacto para regularizarla, con posterioridad a la construcción y a la entrada en servicio de la planta en cuestión, siempre que:

Trabajadores

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Hannele Hälvä y otros contra SOS-Lapsikylä ry, 26 de julio de 2017, C‑175/16).

LECTURA

Resumen del libro: La obra se estructura en torno a doce Capítulos que responden a una lógica interna en el régimen de los no nacionales en España: En primer lugar, se delimita la situación de extranjería, identificando al extranjero y discriminando las diferentes realidades de extranjería, propiamente dicha y de la ciudadanía de la UE. En ese contexto, se sitúa también un análisis de los supuestos de atribución, consolidación y conservación de la nacionalidad española que excluyen o previenen situaciones de extranjería. A este tratamiento responden los dos primeros Capítulos de la obra. El Capítulo III contiene el régimen general de entrada y salida de los extranjeros en España. La original sistematización de la obra en este punto es que logra ofrecer una comparativa de los ciudadanos europeos y de los nacionales de terceros países, integrando además el sistema Schengen.

Los Capítulos IV a VII se sistematizan en torno al régimen jurídico de los extranjeros en función del objeto de su entrada en España. El nexo común de esos Capítulos es el análisis de las condiciones para la entrada y permanencia regular en nuestro territorio en función de una finalidad meramente turística, no lucrativa, familiar o laboral. El Capítulo VIII, en contraposición, expone el tratamiento jurídico que se dispensa a los extranjeros que hayan entrado o permanecido de manera irregular en nuestro territorio, presentando las diferentes vías de regularización previstas en nuestro ordenamiento jurídico. El Capítulo IX aborda el régimen de los residentes permanentes o de larga duración en España, como situación de máxima integración de los extranjeros (antes de la adquisición de la nacionalidad) después de una prolongada vinculación con nuestro territorio. El Capítulo X incorpora el estudio sobre el estatuto jurídico de los extranjeros en España, siguiendo también el planteamiento paralelo que aparece en toda la obra entre el régimen europeo y el régimen de extranjería. El Capítulo XI contiene las garantías jurídicas de los extranjeros y el régimen sancionador. En relación con las primeras, se exponen las especialidades de los procedimientos administrativos de extranjería y la situación de los CIES. Por su parte, el régimen sancionador se presenta de manera novedosa ordenando las infracciones por vinculación entre sí. El Capítulo XII, y último, aborda el tema de la finalización de la situación de extranjería por el acceso a la condición de nacional. Se analiza la adquisición de la nacionalidad española por opción y por naturalización, fundamentalmente, esta ultima a través de la residencia los extranjeros en España.