EDICIÓN DEL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Acceso a la justicia en materia medioambiental
  • Integración de los gitanos: revisión intermedia del Marco europeo
  • República Centroafricana: el fondo fiduciario de la UE Bêkou
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 5 al 11 de septiembre de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: competencia; espacio de libertad, seguridad y justicia; fiscalidad; política social; seguro; transportes
  • Lectura: Libertad de circulación de personas en la Unión Europea (Ascensión Elvira Perales)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Conclusiones de la Comunicación

El análisis realizado demuestra que, según la interpretación del TJUE, los requisitos actualmente previstos en el acervo de la UE, especialmente aquellos que se desprenden del Derecho derivado de la UE en materia de medio ambiente y de los compromisos internacionales, configuran un marco uniforme para el acceso a la justicia en lo relativo a asuntos vinculados con el medio ambiente. Los requisitos existentes abordan todos los elementos fundamentales de este ámbito, de modo que se garantiza que los miembros del público, incluidas las ONG medioambientales, tienen derecho a incoar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional, así como a que se examinen correctamente los asuntos y puedan recibir tutela judicial efectiva. Además, las sentencias emitidas durante la última década demuestran la importancia que concede el TJUE a los órganos jurisdiccionales nacionales como medio para garantizar la efectividad del Derecho de la UE. Los asuntos incoados ante los órganos jurisdiccionales nacionales no solo son una vía para recurrir decisiones, actos y omisiones de las autoridades públicas de los Estados miembros en virtud de la legislación ambiental de la UE. A través de las cuestiones prejudiciales realizadas en aplicación del artículo 267 del TFUE, también pueden permitir que el TJUE emita una sentencia sobre la interpretación y la validez de los actos de la UE.

La presente comunicación facilita el acceso a los órganos jurisdiccionales nacionales mediante la explicación y la interpretación de los requisitos jurídicos existentes. Por consiguiente, contribuye a una mejor aplicación del Derecho de la UE. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros, a los órganos jurisdiccionales nacionales, a los profesionales de la Justicia y a los ciudadanos. La Comisión llevará a cabo con interés un seguimiento sobre cómo utilizan la comunicación los beneficiarios previstos y sobre cómo evoluciona en toda la UE el acceso a la justicia en asuntos vinculados con el medio ambiente.

El TJUE seguirá desempeñando una labor fundamental de interpretación del Derecho de la UE relacionado con el acceso a la justicia en asuntos vinculados con el medio ambiente, especialmente con miras al cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 19, apartado 1, del TUE, relativo a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la jurisprudencia existente refleja los valiosos resultados de la cooperación entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales en el contexto del artículo 267 del TFUE. Se espera que esta tendencia se mantenga en un futuro. La Comisión realizará un seguimiento detallado y evaluará la nueva jurisprudencia que emita el TJUE en relación con este ámbito, y contemplará la actualización de esta Comunicación en el futuro en caso de que resulte necesario.

INTEGRACIÓN DE LOS GITANOS

Gitanos

Esta revisión intermedia presenta un balance de los avances registrados desde la puesta en marcha, en 2011, del Marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos. Se basa en datos sobre la evolución de la situación de los gitanos y en las aportaciones de las autoridades nacionales, la sociedad civil y otros interlocutores. La revisión confirma el valor añadido del Marco, la pertinencia de los objetivos de la UE en materia de integración de los gitanos y la necesidad de seguir combinando planteamientos específicos y generales.

Entre las mejoras más importantes impulsadas por el Marco europeo, cabe señalar las siguientes:

  • el compromiso de tratar la integración de los gitanos como una prioridad a escala europea y nacional
  • las estructuras para la cooperación y la coordinación entre las partes interesadas en la integración de los gitanos
  • el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las estrategias nacionales y de las medidas de integración, y
  • la movilización y la adaptación de los instrumentos jurídicos, políticos y de financiación para luchar contra la discriminación y fomentar la integración de los gitanos.

Con el desarrollo de las estructuras necesarias, se han sentado las condiciones para un cambio positivo en la vida de los gitanos.

No obstante, en lo que se refiere a un verdadero cambio en su situación entre 2011 y 2016, huelga decir que cinco años es un período demasiado corto para deshacer siglos de discriminación y privaciones. Los avances se observan sobre todo en el ámbito de la educación; en particular, la participación creciente de los niños gitanos en la educación y los cuidados de la primera infancia apuntan a un importante potencial para su desarrollo posterior. Con todo, el abandono escolar prematuro y el riesgo de pobreza entre los gitanos, aunque disminuyen, siguen siendo demasiado elevados. La proporción en aumento de jóvenes gitanos que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («nini») es una señal alarmante de que, para que los resultados en educación se traduzcan en materia de empleo y en otros ámbitos, se requiere una lucha más eficaz contra la discriminación.

Conclusiones

Esta revisión ha confirmado el valor añadido del Marco europeo, la pertinencia de los objetivos de la UE en materia de integración de los gitanos y la necesidad de seguir combinando planteamientos generales y específicos para que las medidas específicas puedan contribuir a eliminar los obstáculos a la igualdad efectiva de acceso de los gitanos a los derechos y servicios de las políticas públicas generales. Las consultas con las partes interesadas han confirmado su reconocimiento al compromiso europeo basado en un Marco europeo mejorado y han solicitado que se mantenga dicho compromiso. Todo ello es igualmente válido para los países de la ampliación.

En respuesta a la invitación del Consejo a proponer un enfoque estratégico para después de 2020 sobre la integración de los gitanos, la Comisión irá más allá de esta revisión y lanzará una evaluación completa y detallada de la eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido del Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de los gitanos, que abarque todos los elementos clave de los enfoques europeo y nacionales para la integración de los gitanos, incluidos los instrumentos políticos, jurídicos y de financiación que se han adaptado y movilizado desde la introducción en 2011 del Marco europeo. La evaluación estudiará además posibles desarrollos del Marco europeo y se tendrá en cuenta en la planificación específica y general de los instrumentos políticos, jurídicos y de financiación de la UE después de 2020.

Los resultados de estas evaluaciones destacan las siguientes conclusiones como prioridades para reforzar la aplicación del Marco europeo:

  • Reforzar el énfasis y establecer una distinción entre la lucha contra la discriminación y la lucha contra el antigitanismo, tanto en el Marco europeo como en las estrategias nacionales de integración de los gitanos
  • Fomentar la participación de los gitanos y capacitar a los niños, las mujeres y los jóvenes gitanos
  • Reforzar la colaboración y apoyar unas estructuras de coordinación más integradoras
  • Consolidar un sistema transparente de información y supervisión para contribuir al aprendizaje político
  • Apoyar a la sociedad civil independiente
  • Centrarse en un número limitado de ámbitos clave que deben abordarse mediante el uso coordinado de los instrumentos políticos, jurídicos y de financiación para unos resultados visibles
  • Garantizar un uso más eficaz de los fondos de la UE y facilitar el acceso a los mismos.

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA UE BÊKOU

República Centroafricana

Nota

Un fondo fiduciario es un fondo establecido para un objetivo de desarrollo específico con las contribuciones financieras de uno o varios donantes y que con frecuencia se crea en respuesta a crisis tales como las catástrofes naturales o los conflictos. Desde 2013, la Comisión Europea puede crear «fondos fiduciarios de la Unión para las acciones exteriores» destinados a acciones de emergencia, posemergencia o temáticas.

La República Centroafricana es uno de los países menos desarrollados y más pobres del mundo, y ocupaba el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD en 2016, pese a contar con importantes yacimientos minerales y otros recursos, como las reservas de uranio, crudo, oro, diamantes, cobalto, madera y energía hidroeléctrica. Sus 4,5 millones de habitantes están distribuidos a lo largo de un vasto territorio de 623.000.000 km² (aproximadamente del tamaño de Francia y Bélgica juntas). Desde su independencia en1960, el país ha experimentado conflictos, mala gobernanza, elevados niveles de pobreza y desigualdad, y falta de inversiones del sector privado. La situación actual es precaria, y más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria. Aproximadamente hay 450.000 desplazados internos y un número similar ha huido
a países vecinos.

Conclusiones

El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana, el primero gestionado por la Comisión Europea, se puso en marcha en julio de 2014 para ayudar a uno de los países menos desarrollados del mundo. El Tribunal evaluó la justificación de la creación del fondo, su gestión y el logro de sus objetivos hasta la fecha. Pese a algunas deficiencias, el Tribunal concluyó que la decisión de crear el fondo era adecuada dadas las circunstancias. La gestión del fondo todavía no ha aprovechado todo su potencial en tres aspectos: coordinación entre las partes interesadas, transparencia, rapidez y relación coste-eficacia de los procedimientos, y mecanismos de seguimiento y de evaluación. En términos generales, sin embargo, el fondo ha obtenido logros positivos hasta la fecha. Las recomendaciones del Tribunal deberían contribuir a mejorar la concepción y la gestión de este y otros fondos fiduciarios de la UE.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Ordenador

COMPETENCIA. El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que confirmó la multa de 1 060 millones de euros impuesta por la Comisión a Intel por abuso de posición dominante (TJUE, Intel/Comisión, 6 de septiembre de 2017, C-413/14 P).

Asilo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. El Tribunal de Justicia desestima los recursos de Eslovaquia y de Hungría contra el mecanismo provisional de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo (TJUE, Eslovaquia/Consejo, 6 de septiembre de 2017, C-643/15 y C-647/15).

Transporte aéreo

TRANSPORTES. La compensación debida a los pasajeros en caso de cancelación o gran retraso de un vuelo con conexión debe calcularse en función de la distancia a vuelo de pájaro entre los aeropuertos de salida y llegada (TJUE, Bossen y otros, 7 de septiembre de 2017, C-559/16).

Competencia

El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), debe interpretarse en el sentido de que sólo se entenderá que se produce una concentración como resultado del cambio de naturaleza del control ejercido sobre una empresa existente, que deja de ser exclusivo y pasa a ser conjunto, si la empresa en participación resultante de tal operación desempeña de forma permanente todas las funciones propias de una entidad económica autónoma (TJUE, Austria Asphalt GmbH & Co OG contra Bundeskartellanwalt, 7 de septiembre de 2017, C‑248/16).

Fiscalidad

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en la redacción que dio a dicha Directiva la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por un lado, y el artículo 49 TFUE, por otro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a normativas tributarias nacionales que, como la controvertida en el litigio principal, supediten la concesión de la ventaja tributaria establecida en el artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva ―es decir, la exención de retención en origen de los beneficios distribuidos por filiales residentes a matrices no residentes cuando dichas matrices estén controladas directa o indirectamente por una o varias personas residentes en Estados terceros― a que las matrices acrediten que la cadena de participaciones no tiene por objetivo principal o uno de su objetivos principales acogerse a la exención (TJUE, Eqiom y Enka, 7 de septiembre de 2017, C‑6/16).

El artículo 2, apartado 4, letra b), tercer guion, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que la electricidad utilizada para el funcionamiento de ventiladores destinados a comprimir el aire que se utiliza posteriormente en un alto horno en el proceso de producción de arrabio por reducción química del mineral de hierro no es «electricidad utilizada principalmente a efectos de reducción química», en el sentido de dicha disposición (TJUE, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, 7 de septiembre de 2017, C‑465/15).

Política social

La cláusula 5, apartados 1 y 2, del Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental que figura en el anexo de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete la promoción definitiva a un puesto directivo en la función pública al requisito de que el candidato seleccionado supere con éxito un período de prácticas previo de dos años en ese puesto y en virtud de la cual, en una situación en la que dicho candidato ha estado durante la mayor parte de ese período en permiso parental, y sigue estándolo, este período de prácticas finaliza legalmente tras el período de dos años, sin que sea posible prorrogarlo, de modo que, en consecuencia, al final de su permiso parental, el interesado se reincorpora al puesto, de nivel inferior tanto estatutaria como retributivamente, que ocupaba con anterioridad a ser admitido para realizar dicho período de prácticas. El objetivo perseguido por ese período de prácticas, que consiste en permitir evaluar la aptitud para ocupar el puesto directivo que ha de cubrirse, no puede justificar las infracciones de dicha cláusula.

Incumbe al tribunal remitente, inaplicando la norma nacional controvertida en el litigio principal si resulta necesario, comprobar, como exige la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental, que figura en el anexo de la Directiva 2010/18, si, en circunstancias como las del litigio principal, el Land de que se trata se encontraba, en su condición de empleador, en la imposibilidad objetiva de permitir a la interesada ocupar su puesto de trabajo al final de su permiso parental y, en caso afirmativo, velar por que se le adjudique un puesto equivalente o similar y conforme con su nombramiento o relación de servicio, sin que esta adjudicación de puesto pueda estar sujeta a la celebración previa de un nuevo proceso selectivo. También incumbe a dicho tribunal velar por que, al final de ese permiso parental, la interesada pueda realizar, en el puesto al que se ha reincorporado o en uno nuevamente adjudicado, un período de prácticas en condiciones que respeten los requisitos derivados de la cláusula 5, apartado 2, del mencionado Acuerdo Marco revisado (TJUE, H. contra Land Berlin, 7 de septiembre de 2017, C‑174/16).

Seguro

La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, y la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que excluye el derecho del conductor de un vehículo automóvil, responsable, a título de culpa, de un accidente de circulación a raíz del cual falleció su cónyuge, que viajaba en el vehículo como pasajero, a ser indemnizado por los daños materiales que haya sufrido debido a este fallecimiento (TJUE, José Joaquim Neto de Sousa contra Estado português, 7 de septiembre de 2017, C‑506/16).

LECTURA

Resumen del libro: La libertad de circulación de personas constituye una de las clásicas libertades comunitarias, convirtiéndose después a partir del Tratado de la Unión Europea en uno de los derechos vinculados a la ciudadanía europea. La obra consta de tres partes: la primera y sustancial dedicada al Derecho de la Unión Europea, en la que se destaca el papel clave que ha tenido el Tribunal de Justicia de la Unión en la garantía del contenido de la libertad de circulación de personas y en perfilar el alcance de sus limitaciones, entre ellas, de manera destacada la aplicación por parte de los Estados de la cláusula de orden público. La segunda parte investiga el tratamiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva a cabo en supuestos de expulsión de personas con vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La tercera parte estudia la aplicación de la cláusula de orden público en España, con especial atención a la doctrina jurisprudencial. Finalmente en las conclusiones se resumen los logros conseguidos a la vez que se apuntan los retos a los que ahora se ve sometida la libertad de circulación.