EDICIÓN DEL LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: Derechos de autor (reglamento 2017/1563 y directiva 2017/1564)
  • Política regional: Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE
  • Capital Markets Union & EU Industrial Policy Strategy
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 19 al 25 de septiembre de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: agricultura; aproximación de las legislaciones; espacio de libertad, seguridad y justicia; impuesto sobre el valor añadido; medio ambiente; política social; reconocimiento de cualificaciones profesionales
  • Lectura: Exención de las entregas intracomunitarias en el IVA (Mónica Arribas León)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: DERECHOS DE AUTOR

Exposición de motivos (extracto)

Las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos siguen enfrentándose a numerosas barreras para poder acceder a libros y otros materiales impresos protegidos por derechos de autor y derechos afines. Tomando en consideración los derechos de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, tal y como se encuentran reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deben tomarse medidas para aumentar la disponibilidad de libros y otros materiales impresos en formatos accesibles, así como para mejorar su circulación en el mercado interior.

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

El presente Reglamento establece normas uniformes sobre el intercambio transfronterizo, sin la autorización del titular de los derechos, de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones entre la Unión y terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech, cuando dicho intercambio se realice en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, dentro del ámbito armonizado por las Directivas 2001/29/CE y (UE) 2017/1564, para evitar que se menoscabe la armonización de los derechos exclusivos y las excepciones en el mercado interior.

Definiciones (art. 2)

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «obras y otras prestaciones»: las obras en forma de libro, diario, periódico, revista u otros tipos de textos escritos, notaciones, incluidas las partituras, así como las ilustraciones asociadas, publicadas en cualquier medio, incluido el formato audio, como los audiolibros, y los formatos digitales, que estén protegidas por derechos de autor o derechos afines y se hayan publicado o puesto a disposición del público lícitamente de cualquier otro modo;

2) «beneficiario»: con independencia de otras discapacidades, toda persona que:

  • a) sea ciega;
  • b) tenga una discapacidad visual que no pueda corregirse para darle una función visual sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad, y que, en consecuencia, no sea capaz de leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad;
  • c) tenga una dificultad para percibir o leer que, en consecuencia, la incapacite para leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa dificultad, o
  • d) no pueda, debido a una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida que normalmente sería aceptable para la lectura;

3) «ejemplar en formato accesible»: la reproducción de una obra u otra prestación de una manera o en un formato alternativos que permita a los beneficiarios acceder a ella, siendo ese acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin ninguna de las discapacidades o dificultades recogidas en el punto 2;

4) «entidad autorizada establecida en un Estado miembro»: toda entidad autorizada o reconocida por un Estado miembro para proporcionar, sin ánimo de lucro, a los beneficiarios educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información. Se incluye también toda institución pública u organización sin ánimo de lucro que proporcione esos mismos servicios a los beneficiarios como una de sus actividades principales, como una de sus obligaciones institucionales o como parte de sus misiones de interés público.

Exportación de ejemplares en formato accesible a terceros países (art. 3)

Las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro podrán distribuir, comunicar o poner a disposición de los beneficiarios o entidades autorizadas establecidas en un país tercero que sea parte en el Tratado de Marrakech ejemplares en formato accesible de una obra u otra prestación, producidos de conformidad con la legislación nacional adoptada en aplicación de la Directiva (UE) 2017/1564.

Importación de ejemplares en formato accesible desde terceros países (art. 4)

Los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro podrán importar u obtener o acceder de otro modo y a continuación utilizar, de conformidad con la legislación nacional adoptada en aplicación de la Directiva (UE) 2017/1564, ejemplares en formato accesible de una obra u otra prestación que hayan sido distribuidos, comunicados o puestos a disposición de los beneficiarios o las entidades autorizadas por parte de una entidad autorizada en un tercer país que sea parte en el Tratado de Marrakech.

Obligaciones de las entidades autorizadas (art. 5)

1. Las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro que realicen los actos a que se refieren los artículos 3 y 4 establecerán y seguirán sus propias prácticas para asegurarse de que:

  • a) distribuyen, comunican y ponen a su disposición ejemplares en formato accesible únicamente a beneficiarios o a otras entidades autorizadas;
  • b) toman las medidas necesarias para desincentivar la reproducción, distribución, comunicación al público y puesta a disposición del público no autorizadas de ejemplares en formato accesible;
  • c) gestionan con la diligencia debida las obras u otras prestaciones, así como sus ejemplares en formato accesible, y mantienen un registro de dicha gestión, y
  • d) publican y actualizan, en su sitio web si procede, o a través de otros canales en línea o no, información sobre las medidas tomadas para cumplir las obligaciones previstas en las letras a) a c).

Una entidad autorizada establecida en un Estado miembro establecerá y seguirá las prácticas a las que se refiere el párrafo primero, respetando plenamente las normas aplicables al tratamiento de los datos personales de los beneficiarios indicadas en el artículo 6.

2. Las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro que realicen los actos a que se refieren los artículos 3 y 4 facilitarán de una forma accesible, previa solicitud, la siguiente información a los beneficiarios, a otras entidades autorizadas o a los titulares:

  • a) la lista de obras u otras prestaciones de las que tengan ejemplares en formato accesible, así como los formatos disponibles, y
  • b) el nombre y los datos de contacto de las entidades autorizadas con las que hayan intercambiado ejemplares en formato accesible en virtud de los artículos 3 y 4.

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)

La presente Directiva tiene por objeto una mayor armonización del Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior, estableciendo para ello normas sobre el uso de determinadas obras y otras prestaciones sin la autorización del titular de los derechos, en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

Definiciones (art. 2)

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «obras y otras prestaciones»: las obras en forma de libro, diario, periódico, revista u otros tipos de textos escritos, notaciones, incluidas las partituras, así como las ilustraciones asociadas, publicadas en cualquier medio, incluido el formato audio, como los audiolibros, y los formatos digitales, que estén protegidas por derechos de autor o derechos afines y se hayan publicado o puesto a disposición del público lícitamente de cualquier otro modo;

2) «beneficiario»: con independencia de otras discapacidades, toda persona que:

  • a) sea ciega;
  • b) tenga una discapacidad visual que no pueda corregirse para darle una función visual sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad, y que, en consecuencia, no sea capaz de leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad;
  • c) tenga una dificultad para percibir o leer que, en consecuencia, la incapacite para leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa dificultad, o
  • d) no pueda, debido a una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida que normalmente sería aceptable para la lectura;

3) «ejemplar en formato accesible»: la reproducción de una obra u otra prestación de una manera o en un formato alternativos que permita a los beneficiarios acceder a ella, siendo ese acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin ninguna de las discapacidades o dificultades recogidas en el punto 2;

4) «entidad autorizada»: toda entidad autorizada o reconocida por un Estado miembro para proporcionar, sin ánimo de lucro, a los beneficiarios educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información. Se incluye también toda institución pública u organización sin ánimo de lucro que proporcione esos mismos servicios a los beneficiarios como una de sus actividades principales, como una de sus obligaciones institucionales o como parte de sus misiones de interés público.

Usos permitidos (art. 3)

1. Los Estados miembros establecerán una excepción con el fin de que no se requiera ninguna autorización del titular de los derechos de autor o derechos afines de una obra u otra prestación en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva 96/9/CE, los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 1, apartado 1, el artículo 8, apartados 2 y 3, y el artículo 9 de la Directiva 2006/115/CE y el artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE para ningún acto que sea necesario para que:

  • a) un beneficiario, o una persona que actúe en su nombre, produzca, para uso exclusivo del beneficiario, un ejemplar en formato accesible de una obra u otra prestación a la que el beneficiario tenga lícitamente acceso, y
  • b) una entidad autorizada produzca un ejemplar en formato accesible de una obra u otra prestación a la que tenga lícitamente acceso o comunique, ponga a disposición, distribuya o preste, sin ánimo de lucro, un ejemplar en formato accesible a un beneficiario o a otra entidad autorizada para uso exclusivo de un beneficiario.

2. Los Estados miembros garantizarán que cada ejemplar en formato accesible respete la integridad de la obra u otra prestación, teniendo debidamente en cuenta los cambios que sea necesario introducir para que la obra u otra prestación sea accesible en el formato alternativo.

3. La excepción prevista en el apartado 1 solo se aplicará en determinados supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra u otra prestación, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho.

4. El artículo 6, apartado 4, párrafos primero, tercero y quinto, de la Directiva 2001/29/CE será aplicable a la excepción prevista en el apartado 1 del presente artículo.

5. Los Estados miembros garantizarán que la excepción prevista en el apartado 1 no pueda dejarse sin efecto mediante contrato.

6. Los Estados miembros podrán disponer que los usos permitidos en virtud de la presente Directiva que realicen las entidades autorizadas establecidas en su territorio estén sujetos a sistemas de compensación, dentro de los límites fijados en la presente Directiva.

Ejemplares en formato accesible en el mercado interior (art. 4)

Los Estados miembros garantizarán que una entidad autorizada establecida en su territorio pueda llevar a cabo los actos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), en favor de un beneficiario o de otra entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro. Asimismo, los Estados miembros garantizarán que los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en su territorio puedan conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro.

Obligaciones de las entidades autorizadas (art. 5)

1. Los Estados miembros dispondrán que las entidades autorizadas establecidas en su territorio que realicen los actos a que se refiere el artículo 4 establezcan y sigan sus propias prácticas para asegurarse de que:

  • a) distribuyen, comunican, y ponen a su disposición, ejemplares en formato accesible únicamente a beneficiarios o a otras entidades autorizadas;
  • b) toman las medidas necesarias para desincentivar la reproducción, distribución, comunicación al público o puesta a disposición del público no autorizadas de ejemplares en formato accesible;
  • c) gestionan con la diligencia debida las obras u otras prestaciones, así como sus ejemplares en formato accesible, y mantienen un registro de dicha gestión, y
  • d) publican y actualizan, en su sitio web si procede, o a través de otros canales en línea o no, información sobre las medidas tomadas para cumplir las obligaciones previstas en las letras a) a c).

Los Estados miembros se asegurarán de que las prácticas a las que se refiere el párrafo primero se establezcan y sigan respetando plenamente las normas aplicables al tratamiento de los datos personales de los beneficiarios indicadas en el artículo 7.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades autorizadas establecidas en su territorio que realicen los actos a que se refiere el artículo 4 faciliten de una forma accesible, previa solicitud, la siguiente información a los beneficiarios, a otras entidades autorizadas o a los titulares de los derechos:

  • a) la lista de obras u otras prestaciones de las que tengan ejemplares en formato accesible, así como los formatos disponibles, y
  • b) el nombre y los datos de contacto de las entidades autorizadas con las que hayan intercambiado ejemplares en formato accesible en virtud del artículo 4.

Transparencia e intercambio de información (art. 6)

1. Los Estados miembros alentarán a las entidades autorizadas establecidas en su territorio que realicen los actos a que se refieren el artículo 4 de la presente Directiva y los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) 2017/1563 a que les comuniquen, con carácter voluntario, sus nombres y datos de contacto.

2. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión la información que hayan recibido en virtud del apartado 1. La Comisión pondrá esa información a disposición del público, en línea, en un punto central de acceso a la información, y la mantendrá actualizada.

IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y LA COHESIÓN EN LAS REGIONES FRONTERIZAS DE LA UE

Las regiones fronterizas interiores de la UE…

  • abarcan el 40 % del territorio de la UE;
  • representan el 30 % de la población, es decir, 150 millones de personas;
  • generan el 30 % del PIB de la UE;
  • acogen a casi 2 millones de viajeros pendulares transfronterizos, de los cuales 1,3 millones son trabajadores transfronterizos, que representan el 0,6 % de todas las personas empleadas en la UE (por ejemplo, 450 000 en Francia, 270 000 en Alemania, 140 000 en Polonia y 135 000 en Eslovaquia).

Regiones fronterizas terrestres a lo largo de las fronteras interiores de la EU-28 y de la AELC

© Comisión Europea

Acciones

  1. Intensificar la cooperación y los intercambios
  2. Mejorar el proceso legislativo
  3. Hacer posible la administración pública transfronteriza
  4. Proporcionar información fiable y comprensible y asistencia
  5. Apoyar el empleo transfronterizo
  6. Promover el multilingüismo en las fronteras
  7. Facilitar la accesibilidad transfronteriza
  8. Promover una mayor puesta en común de los centros de asistencia sanitaria
  9. Tener en cuenta el marco jurídico y financiero de la cooperación transfronteriza
  10. Reunir pruebas de interacción transfronteriza para documentar la toma de decisiones

Conclusiones de la Comunicación

Las regiones de las fronteras interiores de la UE contribuyen considerablemente a la riqueza socioeconómica de Europa. Son zonas geográficas en las que los particulares, las empresas y las autoridades públicas experimentan en la vida diaria los procesos de la integración europea.

Las pruebas ponen de manifiesto lo mucho que puede ganarse reduciendo el impacto negativo de las disparidades territoriales, jurídicas y administrativas que persisten en las regiones fronterizas.

Para aprovechar mejor el potencial de estas regiones, es precisa una actuación a nivel de la UE en cooperación con los Estados miembros, las regiones y otras partes interesadas. La Comisión tiene un papel fundamental a este respecto. Puede actuar directamente en sus ámbitos de competencia al proponer actos legislativos o mecanismos de financiación. E igual de importante: puede también ayudar a los Estados miembros y a las regiones a comprender mejor los retos y a desarrollar disposiciones operativas, en concreto promoviendo la puesta en común de información y exponiendo las prácticas eficaces.

El presupuesto de la UE ha contribuido significativamente al desarrollo de las regiones fronterizas en los últimos veinticinco años. Los futuros programas de financiación deben continuar haciéndolo de la manera más eficaz y eficiente, centrándose en ámbitos en los que el valor añadido de la UE sea especialmente elevado. Por ejemplo, podría plantearse la posibilidad de garantizar que la resolución de las dificultades fronterizas sea un aspecto primordial de los programas de cooperación transfronteriza. Igualmente, las lagunas y deficiencias en distintos ámbitos de actuación, como el transporte, deberían estar en el núcleo de esos programas. Por último, también podría tomarse en consideración la puesta en común de servicios públicos conjuntos en regiones fronterizas vecinas y de las necesidades de desarrollo institucional.

También los Estados miembros y las regiones tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso: tienen que actuar en los ámbitos en los que son competentes para evitar que surjan obstáculos y resolver los ya existentes. Deben plantearse seriamente la posibilidad de cooperar más (por ejemplo, al transponer el Derecho de la UE), de incrementar el reconocimiento mutuo y de ponerse más en consonancia con cada vecino.

La Comisión tomará medidas aún en 2017 y en los próximos años, según lo expuesto anteriormente. El Centro de Cuestiones Fronterizas pronto estará operativo para que las acciones propuestas puedan implementarse con rapidez.

El objetivo es demostrar que las regiones fronterizas pueden aumentar su contribución al bienestar socioeconómico de los ciudadanos de la UE, al tiempo que se convierten en laboratorios vivientes de la integración europea en beneficio de los territorios europeos y de sus habitantes.

La ejecución de las diez acciones que se enumeran a continuación se facilitará mediante la creación de un «Centro de Cuestiones Fronterizas» en el seno de la Comisión. Las funciones del «Centro de Cuestiones Fronterizas» serán: 1) velar por que las futuras acciones clave de la Comisión tengan debidamente en cuenta las dimensiones regionales transfronterizas; 2) apoyar a los Estados miembros y a otros agentes clave para abordar las cuestiones regionales fronterizas de carácter jurídico y administrativo, en particular en relación con la transposición de las directivas de la UE o los requisitos de coordinación; 3) asegurarse de que estén a punto los mecanismos prácticos para las nuevas acciones que emanen de la presente Comunicación; 4) compartir experiencias y buenas prácticas de manera efectiva y amplia con las partes pertinentes.

CAPITAL MARKETS UNION & EU INDUSTRIAL POLICY STRATEGY

Conclusion

As Economic growth in Europe is getting on a steadier path, it is time to use the current window of opportunity in order for the EU to adjust its structures to make the Economic and Monetary Union more sustainable over the long run and boost the Single Market. Stronger financial integration is key in this context and will bring important benefits for the European Union, its citizens and businesses. Beyond the ongoing process of integration, the financial sector must adapt and adjust to changes linked to technological advances and its full role in order to ensure a more sustainable path for investments and economic development.

The quality and convergence of EU supervision will be key in delivering the benefits and managing the challenges in the context of these financial-sector relevant developments. The legislative proposals presented today alongside this Communication include concrete steps in order to accelerate supervisory convergence across all market segments and towards centralised and single supervision in capital markets. Moreover, they constitute first legislative steps to strengthen further the EU’s leadership in the area of sustainable investment and finance and to manage the opportunities and challenges of FinTech.

The Commission invites the European Parliament and the Council to discuss and agree these proposals as a matter of priority, in order to ensure their entry into force before the end of the current legislative term in 2019. At the same time, the Commission will continue its close dialogue with all relevant stakeholders in this important area.

Proposed new governance

Conclusions

There is a considerable degree of agreement among Member States, the European institutions and the relevant stakeholders, including the leading voices of the European industry, about the need to join forces behind a comprehensive and holistic strategy for industrial competitiveness and about the main elements such a strategy should entail.

This Communication outlines the main direction and priorities of that comprehensive industrial policy strategy – a strategy that empowers industries to create jobs and growth, that defends its regions and workers most affected by industrial change and that reinforces and protects Europe’s leadership role, competitiveness and technological cutting-edge. The strategy provides an important point of reference and will enable a more coherent approach in the way we design, develop and implement our policies, regulation and financial programmes.

While important steps have been taken, a lot more remains to be accomplished in order to put the strategy fully in place and to allow industry and our citizens to embrace the opportunities of the future, across all EU regions. The responsibility for this is a shared one relying on the efforts, cooperation and ownership of the EU institutions, national and regional actors and most importantly on the active role of the industry itself.

An open, inclusive and collaborative dialogue forum is needed to monitor progress of this Industrial Policy Strategy and identify further action needed on all levels (international, EU, national, regional, local). All relevant stakeholders should have the possibility to contribute to that process.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Aves de corral

AGRICULTURA. El Tribunal de Justicia anula el Reglamento de la Comisión por el que se fija en 0 euros, en julio de 2013, el importe de las restituciones a la exportación en el sector de la carne de aves de corral (TJUE, Tilly-Sabco/Comisión, 20 de septiembre de 2017, C-183/16 P).

Bancos

APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES. Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes (TJUE, Andriciuc y otros, 20 de septiembre de 2017, C-186/16).

Espacio de libertad, seguridad y justicia

La Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a un procedimiento nacional cuyo objeto sea la imposición, a efectos de la ejecución de la pena, de una pena privativa de libertad global que tenga en cuenta tanto la pena impuesta a una persona por el juez nacional como la impuesta mediante una condena anterior pronunciada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro a esa misma persona por hechos diferentes.

La Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la consideración en un Estado miembro de una resolución condenatoria dictada con anterioridad por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se supedite a la tramitación de un procedimiento nacional de reconocimiento previo de dicha resolución por parte de los órganos jurisdiccionales competentes del primer Estado miembro, como el establecido en los artículos 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El artículo 3, apartado 3, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el juez nacional que conozca de una solicitud de imposición, a efectos de la ejecución de la pena, de una pena privativa de libertad global que tenga en cuenta en particular la pena impuesta mediante una condena anterior pronunciada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro pueda modificar a tal efecto las modalidades de ejecución de esta última pena (TJUE, Trayan Beshkov contra Sofiyska rayonna prokuratura, 21 de septiembre de 2017, C‑171/16).

Impuesto sobre el valor añadido

La Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, en conexión con el artículo 170 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue a un sujeto pasivo que no está establecido en su territorio el derecho a la devolución del impuesto sobre el valor añadido pagado por la importación de bienes en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que en el momento de la importación estaba suspendida la ejecución del contrato en cuyo contexto el sujeto pasivo compró e importó tales bienes, finalmente no se realizó la operación para la que estos últimos debían utilizarse y el sujeto pasivo no ha aportado la prueba de la circulación posterior de los mismos (TJUE, SMS group GmbH contra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, 21 de septiembre de 2017, C‑441/16).

El artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención prevista en la citada disposición únicamente tiene por objeto las agrupaciones autónomas de personas cuyos miembros ejercen una actividad de interés general contemplada en el artículo 132 de dicha Directiva y que, por lo tanto, los servicios prestados por una agrupación autónoma de personas cuyos miembros ejercen una actividad económica en el sector de los seguros, que no constituye tal actividad de interés general, no disfrutan de dicha exención (TJUE, Minister Finansów contra Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, 21 de septiembre de 2017, C‑605/15).

El artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la exención prevista en la citada disposición únicamente tiene por objeto las agrupaciones autónomas de personas cuyos miembros ejerzan una actividad de interés general prevista en el artículo 132 de dicha Directiva y que, por lo tanto, los servicios prestados por una agrupación cuyos miembros ejerzan una actividad económica en el ámbito de los servicios financieros que no constituya tal actividad de interés general no disfrutan de dicha exención (TJUE, „DNB Bankaˮ AS contra Valsts ieņēmumu dienests, 21 de septiembre de 2017, C‑326/15).

Medio ambiente

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, en particular su artículo 2, párrafo segundo, letra k), y su artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.

El artículo 4 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 y 2, de esa Directiva, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta.

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva (TJUE, Elecdey Carcelen, 20 de septiembre de 2017, C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 y C‑221/16).

Política social

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que una modificación unilateral en perjuicio de los trabajadores, por iniciativa del empresario, de las condiciones de retribución que, en caso de negativa del trabajador a aceptarla, determina la extinción del contrato de trabajo, puede ser calificada como «despido», a efectos de ese precepto, y el artículo 2 de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que el empresario está obligado a tramitar las consultas previstas en dicho artículo cuando planea llevar a cabo ese tipo de modificación unilateral de las condiciones de retribución, siempre que concurran los requisitos establecidos en el artículo 1 de dicha Directiva, lo cual debe comprobar el tribunal remitente (TJUE, Małgorzata Ciupa y otros contra II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi, 21 de septiembre de 2017, C‑429/16).

El artículo 1, apartado 1, y el artículo 2 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, deben interpretarse en el sentido de que un empresario está obligado a realizar las consultas previstas en el citado artículo 2 cuando pretende llevar a cabo, en perjuicio de los trabajadores, una modificación unilateral de las condiciones de remuneración que, en caso de rechazo por parte de estos últimos, supone el cese de la relación laboral, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 1, apartado 1, de esa Directiva, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Halina Socha y otros contra Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, 21 de septiembre de 2017, C‑149/16).

Reconocimiento de cualificaciones profesionales

El artículo 49 TFUE, el artículo 4, apartado 1, así como el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece que las actividades de protésico dental deben ejercerse en colaboración con un odontólogo, en la medida en que esta exigencia es aplicable, de conformidad con la citada normativa, respecto de los protésicos dentales clínicos que hayan adquirido su cualificación profesional en otro Estado miembro y deseen ejercer su profesión en ese primer Estado miembro (TJUE, Malta Dental Technologists Association y John Salomone Reynaud contra Superintendent tas-Saħħa Pubblika y Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina, 21 de septiembre de 2017, C‑125/16).

LECTURA

Resumen del libro: La tributación del comercio entre Estados miembros sufrió una importante reforma a partir del 1 de enero de 1993. El artículo 1, apartado 22, de la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la Directiva 77/388/CEE, añadió a la Sexta Directiva el Título XVI bis, compuesto por los artículos 28 bis a 28 decimocuarto, en el que se regulaba un Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre Estados miembros, caracterizado por una tributación en destino basada en dos notas: la entrega de los bienes en el Estado miembro de origen, esto es, la entrega intracomunitaria, quedaba exenta de tributación si se cumplían determinados requisitos (artículo 28 quater); la llegada de las mercancías al país de destino, es decir, la adquisición intracomunitaria, constituía una nueva operación gravada junto a las operaciones interiores y a las importaciones (artículo 28 bis). El presente trabajo tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de tributación de las entregas intra-UE de bienes. Analizaremos cada sentencia de modo independiente y por orden cronológico, teniendo en cuenta los escritos del Abogado General y la bibliografía específica sobre cada una de ellas, con la finalidad de extractar las principales aportaciones que estos pronunciamientos han realizado en pos de despejar algunas dudas existentes en la tributación en el IVA de tales transacciones