EDICIÓN DEL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: seguridad del suministro de gas
  • Donación de alimentos: orientaciones de la UE
  • Regiones ultraperiféricas: una asociación estratégica renovada y más fuerte
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 24 al 30 de octubre de 2017)
  • Jurisprudencia TJUE: espacio de libertad, seguridad y justicia; fiscalidad; impuesto sobre el valor añadido; impuestos sobre sociedades; libre prestación de servicios; permiso de conducción; transporte; unión aduanera
  • Lectura: La reforma de la gobernanza pesquera internacional y europea (Jorge Pueyo Losa, Julio Jorge Urbina)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE GAS

Gas

Objeto (art. 1)

El presente Reglamento establece disposiciones destinadas a garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión mediante el funcionamiento adecuado y continuo del mercado interior del gas natural (en lo sucesivo, «gas»), permitiendo la aplicación de medidas excepcionales cuando el mercado no pueda seguir aportando los suministros de gas necesarios, incluidas medidas de solidaridad de último recurso, y estableciendo una definición y una atribución claras de las responsabilidades entre las empresas de gas natural, los Estados miembros y la Unión, tanto en lo relativo a las actuaciones preventivas como a la reacción ante interrupciones concretas en el suministro de gas. El presente Reglamento también establece, en un espíritu de solidaridad, mecanismos transparentes relativos a la coordinación de la planificación de medidas y la respuesta ante situaciones de emergencia a escala nacional, regional y de la Unión.

Responsabilidad de la seguridad del suministro de gas (art. 3)

1. La seguridad del suministro de gas será una responsabilidad compartida entre las empresas de gas natural, los Estados miembros, en particular por mediación de sus autoridades competentes, y la Comisión en sus respectivos ámbitos de actividad y competencia.

2. Cada Estado miembro designará una autoridad competente. Las autoridades competentes cooperarán entre sí en la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros podrán autorizar a la autoridad competente a delegar en otros organismos tareas específicas establecidas en el presente Reglamento. Cuando las autoridades competentes deleguen la función de declaración de alguno de los niveles de crisis del artículo 11, apartado 1 solo podrán hacerlo en una autoridad pública, un gestor de redes de transporte o en un gestor de red de distribución. Las tareas delegadas se desempeñarán bajo la supervisión de la autoridad competente y se especificarán en los planes de acción preventivos y en los planes de emergencia.

3. Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión, y hará público, el nombre de su autoridad competente y cualquier cambio en la información transmitida.

4. Al aplicar las medidas previstas en el presente Reglamento, la autoridad competente determinará las funciones y responsabilidades de los diversos afectados de modo que se garantice un enfoque de tres niveles que englobe, en primer lugar, a las empresas de gas natural pertinentes, a las empresas eléctricas, cuando sea preciso, y a la industria; en segundo lugar, a los Estados miembros, a escala nacional o regional, y en tercer lugar, a la Unión.

5. La Comisión coordinará las actuaciones de las autoridades competentes en los niveles regional y de la Unión, según se establece en el presente Reglamento, especialmente por mediación del GCG o, en particular, en el caso de que se produzca una emergencia a escala regional o de la Unión en virtud del artículo 12, apartado 1, del grupo de gestión de crisis contemplado en el artículo 12, apartado 4.

6. En caso de que se produzca una emergencia regional o en la Unión, los gestores de red de transporte cooperarán e intercambiarán información valiéndose del sistema de coordinación regional para el gas (en lo sucesivo, «SCRG») donde haya sido establecido por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (en lo sucesivo, «REGRT de Gas»). La REGRT de Gas informará en consecuencia a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

7. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, deben determinarse los principales riesgos transnacionales de la seguridad del suministro de gas en la Unión y, basándose en los mismos, deben establecerse grupos de riesgo. Dichos grupos de riesgo servirán de base para reforzar la cooperación regional con el fin de acrecentar la seguridad del suministro de gas y harán posible la celebración de acuerdos sobre medidas transfronterizas apropiadas y eficaces de todos los Estados miembros interesados dentro de los grupos de riesgo o fuera de ellos a lo largo de los corredores de suministro de emergencia.

La lista de dichos grupos de riesgo y su composición figuran en el anexo I. La composición de los grupos de riesgo no impedirá ninguna otra forma de cooperación regional que beneficie a la seguridad de suministro.

8. Se conceden a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 con el fin de actualizar la composición de los grupos de riesgo establecidos en el anexo I, modificándolo para reflejar la evolución de los principales riesgos transnacionales por lo que respecta a la seguridad del suministro de gas en la Unión y su impacto en los Estados miembros, teniendo en cuenta el resultado de las simulaciones realizadas a escala de la Unión de los supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras llevadas a cabo por la REGRT de Gas con arreglo al artículo 7, apartado 1. Antes de proceder a la actualización, la Comisión consultará al GCG según lo establecido en el artículo 4, apartado 4, sobre el proyecto de actualización.

Grupo de Coordinación del Gas (art. 4)

1. Se creará un Grupo de Coordinación del Gas (GCG) para facilitar la coordinación de las medidas relacionadas con la seguridad del suministro de gas. El GCG estará integrado por representantes de los Estados miembros, en particular por representantes de sus autoridades competentes, así como por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo sucesivo, «Agencia»), la REGRT de Gas y organismos representativos del sector y de los clientes pertinentes. La Comisión, en consulta con los Estados miembros, decidirá la composición del GCG, garantizando su plena representatividad. La Comisión presidirá el GCG. El GCG adoptará su reglamento interno.

2. Se deberá consultar al GCG y este asistirá a la Comisión, en particular en las cuestiones siguientes:

  • a) la seguridad del suministro de gas, en cualquier momento y en particular en caso de emergencia;
  • b) toda la información pertinente para la seguridad del suministro de gas a escala nacional, regional y de la Unión;
  • c) las mejores prácticas y posibles orientaciones para todas las partes afectadas;
  • d) el nivel de seguridad del suministro de gas, los niveles de referencia y las metodologías de evaluación;
  • e) los supuestos a escala nacional, regional y de la Unión y la comprobación de los niveles de preparación;
  • f) la evaluación de los planes de acción preventivos y de los planes de emergencia, la coherencia entre los diversos planes y la aplicación de las medidas previstas en ellos;
  • g) la coordinación de las medidas para hacer frente a una emergencia de la Unión, con las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía y con otros terceros países;
  • h) la asistencia requerida por los Estados miembros más afectados.

3. La Comisión convocará al GCG de manera periódica y compartirá la información recibida de las autoridades competentes, manteniendo la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

4. La Comisión podrá convocar al GCG en una formación restringida a los representantes de los Estados miembros y en particular de sus autoridades competentes. La Comisión convocará al GCG en esta formación restringida si así lo pide(n) uno o más representante(s) de los Estados miembros y en particular de sus autoridades competentes. En este caso no se aplicará el apartado 2 del artículo 16.

Norma relativa a la infraestructura (art. 5)

1. Los Estados miembros o, cuando un Estado miembro así lo establezca, su autoridad competente, velarán por que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas, la capacidad técnica de las infraestructuras restantes, determinada de conformidad con la fórmula N – 1 como se establece en el anexo II, punto 2, permita, sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, satisfacer la demanda total de gas de la zona calculada durante un día de demanda de gas excepcionalmente elevada con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años. Esto deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta las tendencias de consumo de gas, la repercusión a largo plazo de las medidas de eficiencia energética y los índices de utilización de la infraestructura existente.

La obligación establecida en el presente apartado, párrafo primero, se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad de los gestores de redes de transporte de realizar las correspondientes inversiones y de las obligaciones de los gestores de redes de transporte, según se establece en el Reglamento (CE) n.° 715/2009 y la Directiva 2009/73/CE.

2. También se considerará que se cumple la obligación de velar por que las infraestructuras restantes posean capacidad técnica para satisfacer la demanda total de gas, a tenor del presente artículo, apartado 1, cuando la autoridad competente demuestre en el plan de acción preventivo que una interrupción del suministro de gas puede ser compensada de forma suficiente y oportuna mediante medidas apropiadas de mercado que incidan en la demanda. A tal efecto, se calculará la fórmula N – 1 como se establece en el anexo II, punto 4.

3. En su caso, de conformidad con las evaluaciones de riesgos contempladas en el artículo 7, las autoridades competentes de los grupos de riesgo de los Estados miembros vecinos podrán ponerse de acuerdo para cumplir conjuntamente la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo. En tal caso, las autoridades competentes presentarán en la evaluación de riesgos el cálculo de la fórmula N – 1, adjuntando una explicación en los capítulos regionales de los planes de acción preventivos de la manera en que los acuerdos alcanzados cumplen dicha obligación. Se aplicará el anexo II, punto 5.

4. Los gestores de redes de transporte dotarán de capacidad física permanente para transportar gas en ambas direcciones («capacidad bidireccional») a todas las interconexiones entre los Estados miembros, excepto:

  • a) en el caso de las conexiones a las instalaciones de producción, a las instalaciones de GNL y a las redes de distribución, o
  • b) cuando se haya concedido una exención respecto de esa obligación, después de realizar una evaluación detallada y de consultar a otros Estados miembros y a la Comisión con arreglo al anexo III.

El procedimiento para dotar de capacidad bidireccional a una interconexión o aumentarla, o para obtener o prorrogar la exención respecto de esta obligación se regirá por el anexo III. La Comisión hará pública la lista de exenciones y la mantendrá actualizada.

5. Una propuesta de dotar de capacidad bidireccional o aumentarla, o una solicitud de concesión o prórroga de una exención, incluirá un análisis de costes y beneficios elaborado sobre la base de la metodología contemplada en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.° 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se basará en los siguientes elementos:

  • a) en una evaluación de la demanda del mercado;
  • b) las proyecciones de la demanda y del suministro;
  • c) la posible repercusión económica en la infraestructura existente;
  • d) el estudio de viabilidad;
  • e) los costes de la capacidad bidireccional incluido el refuerzo necesario de la red de transporte, y
  • f) sus ventajas para la seguridad del suministro de gas, teniendo en cuenta la eventual contribución de la capacidad bidireccional al cumplimiento de la norma relativa a las infraestructuras establecida en el presente artículo.

6. Las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los costes eficientes generados por el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo y los costes derivados de la dotación de capacidad bidireccional a fin de conceder un incentivo adecuado cuando establezcan o aprueben, de manera transparente y detallada, las tarifas o metodologías de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.° 715/2009 y el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE.

7. En la medida en que el mercado no precise una inversión para dotar de capacidad bidireccional o aumentarla, pero se considere necesario para la seguridad del suministro de gas, y en caso de que esa inversión genere costes en más de un Estado miembro o en un Estado miembro en beneficio de otro Estado miembro, las autoridades reguladoras nacionales de todos los Estados miembros interesados adoptarán una decisión coordinada sobre la distribución de los costes antes de adoptar una decisión sobre cualquier inversión. En la distribución de costes se tendrán en cuenta los principios descritos y los elementos contenidos en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 347/2013, en particular la proporción de las ventajas que reportan las inversiones en infraestructuras para el incremento de la seguridad del suministro de gas de los Estados miembros interesados, así como las inversiones ya efectuadas en las infraestructuras en cuestión. La distribución de costes no distorsionará indebidamente la competencia y el funcionamiento eficaz del mercado interior y tratará de evitar cualquier efecto distorsionador en el mercado.

8. La autoridad competente garantizará que toda nueva infraestructura de transporte contribuya a la seguridad del suministro de gas mediante el desarrollo de una red bien conectada, incluido, en su caso, un número suficiente de puntos transfronterizos de entrada y salida en relación con la demanda del mercado y los riesgos identificados.

La autoridad competente examinará en la evaluación de riesgos si, con una perspectiva integrada sobre las redes de gas y electricidad, se producen congestiones internas y las infraestructuras y capacidad nacionales de entrada, en particular las redes de transporte, pueden adaptar los flujos nacionales y transfronterizos de gas al supuesto de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas a escala nacional y la mayor infraestructura unitaria de gas de interés común del grupo de riesgo determinado en la evaluación de riesgos.

9. Como excepción al presente artículo, apartado 1, y a reserva de las condiciones establecidas en el presente apartado, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia no estarán sujetas a la obligación establecida en dicho apartado aunque procurarán cumplirla, toda vez que asegurarán el suministro de gas a los clientes protegidos de conformidad con el artículo 6.

La excepción se aplicará a Luxemburgo siempre que ese Estado miembro:

  • a) disponga de al menos dos interconectores con otros Estados miembros;
  • b) disponga de al menos dos fuentes de suministro de gas diferentes, y
  • c) no posea instalaciones de almacenamiento de gas en su territorio.

La excepción se aplicará a Eslovenia siempre que ese Estado miembro:

  • a) disponga de al menos dos interconectores con otros Estados miembros;
  • b) disponga de al menos dos fuentes de suministro de gas diferentes, y
  • c) no posea instalaciones de almacenamiento de gas ni instalaciones de GNL en su territorio.

La excepción se aplicará a Suecia siempre que ese Estado miembro:

  • a) no disponga de tránsito de gas hacia otro Estado miembro en su territorio;
  • b) disponga de un consumo interior bruto anual de gas inferior a 2 Mtep, y
  • c) menos del 5 % del consumo total de energía primaria corresponda al gas.

Luxemburgo, Eslovenia y Suecia informarán a la Comisión de cualquier cambio que afecte a las condiciones establecidas en el presente apartado. La excepción establecida en el presente apartado dejará de aplicarse en caso de que al menos una de esas condiciones deje de cumplirse.

Como parte de la evaluación nacional de riesgo llevada a cabo con arreglo al artículo 7, apartado 3, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia describirán la situación con respecto a las respectivas condiciones establecidas en presente apartado y las perspectivas de cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, teniendo en cuenta la repercusión económica derivada del cumplimiento de la norma relativa a las infraestructuras, el desarrollo del mercado del gas y los proyectos de infraestructuras de gas del grupo de riesgo. Sobre la base de la información facilitada en la evaluación nacional de riesgo y si se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el presente apartado, la Comisión podrá decidir que la excepción siga aplicándose durante cuatro años más. En caso de decisión positiva, el procedimiento establecido en el presente párrafo se repetirá transcurridos cuatro años.

Norma de suministro de gas (art. 6)

1. La autoridad competente instará a las empresas de gas natural que determine a adoptar medidas para garantizar el suministro de gas a los clientes protegidos del Estado miembro en cada uno de los siguientes casos:

  • a) temperaturas extremas durante un período punta de siete días con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años;
  • b) cualquier período de 30 días de demanda de gas excepcionalmente elevada, con una probabilidad estadística de producirse una vez cada 20 años, y
  • c) durante un período de 30 días en el caso de indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria de gas en condiciones invernales medias.

A más tardar el 2 de febrero de 2018, cada Estado miembro notificará a la Comisión su definición de clientes protegidos, los volúmenes de consumo anual de gas de los clientes protegidos y el porcentaje que los volúmenes de consumo representan en el consumo final total anual de gas en ese Estado miembro. Cuando un Estado miembro incluya en su definición de clientes protegidos las categorías mencionadas en el artículo 2, apartado 5, letras a) o b), deberá especificar los volúmenes de consumo de gas correspondientes a los clientes pertenecientes a esas categorías y el porcentaje que representa cada uno de esos grupos de clientes en el consumo final total anual de gas.

La autoridad competente determinará las empresas de gas natural y las especificará en el plan de acción preventivo.

Toda nueva medida no basada en el mercado prevista para garantizar el cumplimiento de la norma relativa al suministro de gas deberá ajustarse al procedimiento establecido en el artículo 9, apartados 4 a 9.

Los Estados miembros podrán cumplir la obligación establecida en el párrafo primero mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética o sustituyendo el gas por otra fuente de energía, en particular de energía renovable, siempre que se alcance el mismo nivel de protección.

2. Toda norma de incremento de la norma de del suministro de gas que supere el período de 30 días mencionado en el apartado 1, letras b) y c), o toda obligación adicional impuesta por razones de seguridad del suministro de gas, se basará en la evaluación de riesgos, se expondrá en el plan de acción preventivo y:

  • a) se ajustará al artículo 8, apartado 1;
  • b) no incidirá negativamente en la capacidad de cualquier otro Estado miembro de asegurar el suministro de gas a sus clientes protegidos de conformidad con el presente artículo en caso de emergencia a escala nacional, regional o de la Unión, y
  • c) cumplirá con el artículo 12, apartado 5, en caso de emergencia a escala regional o de la Unión.

La Comisión podrá requerir que se justifique fehacientemente el cumplimiento de cualquier medida a que se refiere el párrafo primero en las condiciones que este establece. La autoridad competente del Estado miembro que introduce la medida hará pública dicha justificación.

Toda nueva medida no basada en el mercado que se adopte en virtud del párrafo primero del presente apartado, después del 1 de noviembre de 2017, deberá cumplir el procedimiento establecido en el artículo 9, apartados 4 a 9.

3. Tras la expiración de los períodos establecidos por la autoridad competente de conformidad con los apartados 1 y 2, o en circunstancias más graves que las establecidas en el apartado 1, la autoridad competente y las empresas de gas natural deberán procurar mantener el suministro de gas en la medida de lo posible, en particular a los clientes protegidos.

4. Las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural para el cumplimiento de las normas relativas al suministro de gas que se establecen en el presente artículo no serán discriminatorias ni impondrán una carga indebida a dichas empresas.

5. Las empresas de gas natural podrán cumplir las obligaciones basadas en el presente artículo a escala regional o de la Unión, según proceda. Las autoridades competentes no exigirán que el cumplimiento de las normas de suministro de gas establecidas en el presente artículo se base en infraestructuras situadas únicamente en su territorio.

6. Las autoridades competentes garantizarán que las condiciones de suministro a los clientes protegidos se establezcan sin perjuicio del funcionamiento adecuado del mercado interior de la energía y a un precio que respete el valor de mercado de los suministros.

Evaluación de riesgos (art. 7)

1. Antes del 1 de noviembre de 2017, la REGRT de Gas llevará a cabo una simulación a escala de la Unión de supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras. La simulación incluirá la identificación y la evaluación de los corredores de suministro de gas de emergencia y determinará también los Estados miembros que pueden dar una solución a los riesgos determinados, incluido en relación con el GNL. La REGRT de Gas elaborará esos supuestos y la metodología para la simulación en cooperación con el GCG. La REGRT de Gas debe garantizar un nivel adecuado de transparencia y acceso a sus hipótesis de modelización utilizadas en sus supuestos. La simulación a escala de la Unión de supuestos de interrupción del suministro de gas e indisponibilidad de las infraestructuras se repetirá cada cuatro años, salvo si las circunstancias exigen una puesta al día con mayor frecuencia.

2. Las autoridades competentes dentro de cada grupo de riesgo que se enumera en el anexo I realizarán una evaluación en común a escala de grupo de riesgo («evaluación común de riesgos») de todos los factores de riesgo pertinentes tales como desastres naturales, tecnológicos, comerciales, sociales, políticos y demás riesgos, que podrían dar lugar a que se materialice el principal riesgo transnacional para la seguridad del suministro de gas para el que se creó el grupo de riesgo. Las autoridades competentes tendrán en cuenta los resultados de las simulaciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo a la hora de elaborar las evaluaciones de riesgos, los planes de acción preventivos y los planes de emergencia.

Las autoridades competentes de cada grupo de riesgo acordarán un mecanismo de cooperación para llevar a cabo la evaluación común de riesgo e informarán al GCG al respecto once meses antes de la fecha límite para la notificación de la evaluación de riesgos común y sus actualizaciones. A petición de una autoridad competente, la Comisión podrá contribuir a facilitar la elaboración de la evaluación común de riesgos, en especial en lo que se refiere al establecimiento del mecanismo de cooperación. Si las autoridades competentes de un grupo de riesgo no aprueban un mecanismo de cooperación, la Comisión propondrá un mecanismo de cooperación para dicho grupo de riesgo, previa consulta de las autoridades competentes afectadas.

Las autoridades competentes afectadas aprobarán un mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo que tenga en cuenta cuanto sea posible la propuesta de la Comisión.

3. La autoridad competente de cada Estado miembro realizará una evaluación nacional de riesgos pertinentes (en lo sucesivo, «evaluación nacional de riesgo») que afecten a la seguridad del suministro de gas. Tal evaluación será totalmente coherente con las hipótesis y los resultados de la evaluación común de riesgos.

4. Las evaluaciones de riesgos a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo se realizarán, en su caso:

a) utilizando las normas previstas en los artículos 5 y 6. La evaluación de riesgos describirá el cálculo de la fórmula N – 1 a escala nacional e incluirá, cuando proceda, un cálculo de la fórmula N – 1 a escala regional. La evaluación de riesgos incluirá asimismo las hipótesis barajadas, incluidas, cuando proceda, las utilizadas para el cálculo a escala regional de la fórmula N – 1, y los datos necesarios para ese cálculo. El cálculo de la fórmula N – 1 a escala nacional irá acompañado de una simulación de la indisponibilidad de la mayor infraestructura unitaria utilizando un modelo hidráulico para el territorio nacional, así como de un cálculo de la fórmula N – 1 teniendo en cuenta un nivel de gas en las instalaciones de almacenamiento de un 30 % y un 100 % del volumen máximo operativo;
b) se tomarán en consideración todas las circunstancias nacionales y transnacionales pertinentes, en particular el tamaño del mercado, la configuración de la red, los flujos reales, incluidos los flujos de salida de los Estados miembros interesados, la posibilidad de flujos físicos de gas en ambas direcciones, incluida la eventual necesidad de reforzar en consecuencia la red de transporte, la existencia de instalaciones de producción y almacenamiento y el peso del gas en el balance energético, en especial con respecto a la calefacción urbana, la generación de electricidad y el funcionamiento de las industrias, así como consideraciones relativas a la seguridad y calidad del gas;
c) se elaborarán varios supuestos de demanda excepcionalmente elevada e interrupción del suministro de gas, teniendo en cuenta los antecedentes, la probabilidad, la estación, la frecuencia y la duración de esos incidentes, y se evaluarán sus posibles consecuencias, tales como:

  • i) indisponibilidades en las infraestructuras pertinentes para la seguridad del suministro de gas, en particular las infraestructuras de transporte, las instalaciones de almacenamiento o las terminales de GNL, incluida la mayor infraestructura determinada para el cálculo de la fórmula N – 1, y
  • ii) la interrupción del suministro procedente de proveedores de terceros países, así como, en su caso, riesgos geopolíticos;

d) se determinará la interacción y correlación de riesgos entre los Estados miembros del grupo de riesgo y con otros Estados miembros u otros grupos de riesgo, según proceda, incluyendo, con respecto a las interconexiones, los suministros transfronterizos, el acceso transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento y la capacidad bidireccional;
e) se tomarán en consideración los riesgos relacionados con el control de la infraestructura relevante para la seguridad del suministro de gas en la medida en que puedan implicar, entre otros, riesgos de inversión insuficiente, debilitamiento de la diversificación, uso indebido de las infraestructuras existentes o violación de la legislación de la Unión;
f) se tomará en consideración la capacidad máxima de interconexión de cada uno de los puntos fronterizos de entrada y salida, así como diversos niveles de almacenamiento.

5. Las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales se prepararán con arreglo a la correspondiente plantilla establecida en el anexo IV o V. Si es necesario, los Estados miembros podrán incluir datos suplementarios. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 a fin de modificar las plantillas establecidas en los anexos IV y V, previa consulta al GCG, con objeto de reflejar la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, y reducir la carga administrativa de los Estados miembros.

6. Las empresas de gas natural, los clientes industriales de gas, las organizaciones pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e industriales de gas, así como los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales, cuando estas no sean las autoridades competentes, cooperarán con las autoridades competentes y, si así se les solicita, les facilitarán toda la información necesaria para las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales.

7. A más tardar el 1 de octubre de 2018, los Estados miembros notificarán a la Comisión la primera evaluación común de riesgos, una vez aprobada por todos los Estados miembros del grupo de riesgo, y las evaluaciones nacionales de riesgos se Las evaluaciones de riesgos se actualizarán cada cuatro años a partir de entonces, salvo si las circunstancias exigen una puesta al día más frecuente. Las evaluaciones de riesgos tendrán en cuenta los avances realizados en las inversiones necesarias para cumplir la norma relativa a las infraestructuras definida en el artículo 5 y las dificultades nacionales específicas que haya planteado la aplicación de nuevas soluciones alternativas. Asimismo, se basarán en la experiencia adquirida mediante la simulación de los planes de emergencia a que se refiere el artículo 10, apartado 3.

Establecimiento de un plan de acción preventivo y de un plan de emergencia (art. 8)

1. Las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas incluidas en el plan de acción preventivo y en el plan de emergencia estarán claramente definidas, serán transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables, no falsearán indebidamente la competencia, no comprometerán el funcionamiento eficaz del mercado interior del gas ni harán peligrar la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión.

2. La autoridad competente de cada Estado miembro, previa consulta a las empresas de gas natural, las organizaciones pertinentes que representan los intereses de los clientes domésticos e industriales de gas, incluidos los productores de electricidad, los operadores de redes de transporte de electricidad y la autoridad reguladora nacional, cuando no sea la autoridad competente, elaborarán:

  • a) un plan de acción preventivo que incluya las medidas necesarias para eliminar o atenuar los riesgos determinados, incluidos los efectos de las medidas de eficiencia energética y de las medidas relativas a la demanda en las evaluaciones de riesgos comunes y nacionales y con arreglo al artículo 9;
  • b) un plan de emergencia que incluya las medidas que se deban adoptar para eliminar o atenuar el impacto de una interrupción del suministro de gas de conformidad con el artículo 10.

3. El plan de acción preventivo y el plan de emergencia contendrán un capítulo regional o varios capítulos regionales cuando un Estado miembro pertenezca a diferentes grupos de riesgo según se define en el anexo I.

Todos los Estados miembros elaborarán conjuntamente estos capítulos regionales antes de su incorporación a los respectivos planes nacionales. La Comisión actuará como mediadora con el fin de permitir que los capítulos regionales mejoren colectivamente la seguridad del suministro de gas de la Unión en su conjunto, no den lugar a ninguna contradicción y superen cualquier obstáculo que dificulte la cooperación.

Los capítulos regionales contendrán medidas transfronterizas apropiadas y eficaces, incluso en relación con el GNL, sujetas al acuerdo entre los Estados miembros que apliquen las medidas del mismo o de diferentes grupos de riesgo afectados por la medida basándose en la simulación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, y la evaluación común de riesgos.

4. Las autoridades competentes informarán periódicamente al GCG de los progresos alcanzados en la preparación y adopción de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia, en especial los capítulos regionales. En particular, las autoridades competentes aprobarán un mecanismo de cooperación para la elaboración del plan de acción preventivo y de emergencia, incluido el intercambio de proyectos de plan. Informarán al GCG sobre este mecanismo de cooperación aprobado dieciséis meses antes del plazo final para el acuerdo sobre dichos planes y las actualizaciones de tales planes.

La Comisión podrá contribuir a facilitar en general la elaboración del plan de acción preventivo y de emergencia, en especial en lo que se refiere al establecimiento del mecanismo de cooperación. Si las autoridades competentes de un grupo de riesgo no logran acordar un mecanismo de cooperación, la Comisión propondrá un mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo. Las autoridades competentes afectadas aprobarán el mecanismo de cooperación para ese grupo de riesgo teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión. Las autoridades competentes garantizarán la supervisión periódica de la aplicación del plan de acción preventivo y de emergencia.

5. El plan de acción preventivo y el plan de emergencia se desarrollarán con arreglo a las plantillas recogidas en los anexos VI y VII. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 19 para modificar las plantillas, establecidas en los anexos VI y VII previa consulta al GCG, con objeto de reflejar la experiencia adquirida en la aplicación del presente Reglamento, al tiempo que reduce la carga administrativa de los Estados miembros.

6. A su debido tiempo las autoridades competentes de los Estados miembros vecinos se consultarán mutuamente para velar por la coherencia de los planes de acción preventivos y de emergencia en todo el grupo de riesgo afectado.

Las autoridades competentes de cada grupo de riesgo intercambiarán los proyectos planes de acción preventivos y de emergencia con propuestas de cooperación, a más tardar cinco meses antes del final del plazo para presentar planes.

Todos los Estados miembros del grupo de riesgo aprobarán las versiones definitivas de los capítulos regionales a que se refiere el apartado 1. Asimismo, los planes de acción preventivos y de emergencia contendrán las medidas nacionales necesarias para aplicar y ejecutar las medidas transfronterizas de los capítulos regionales.

7. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia se harán públicos y se notificarán a la Comisión a más tardar el 1 de marzo de 2019. La Comisión informará al GCG de la notificación de los planes y los publicará en el sitio web de la Comisión.

En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación por las autoridades competentes, la Comisión evaluará los planes teniendo debidamente en cuenta los puntos de vista expresados en el GCG.

8. La Comisión dirigirá un dictamen a la autoridad competente con la recomendación de revisar un plan de acción preventivo o un plan de emergencia cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes:

  • a) no sea eficaz para atenuar los riesgos detectados en la evaluación de riesgos;
  • b) sea incoherente con los supuestos de riesgo evaluados o con los planes de otro Estado miembro o grupo de riesgo;
  • c) no cumpla el requisito establecido en el apartado 1 de no falsear indebidamente la competencia o el funcionamiento eficaz del mercado interior;
  • d) no cumpla las disposiciones del presente Reglamento u otras disposiciones del Derecho de la Unión.

9. En un plazo de tres meses a partir de la notificación del dictamen de la Comisión mencionado en el apartado 8, la autoridad competente de afectada notificará, los planes de acción preventivos y de emergencia modificados a la Comisión o le informará de las razones por las que no está de acuerdo con las recomendaciones.

En caso de desacuerdo en relación con los elementos a que se hace referencia en el apartado 8, la Comisión, en el plazo de cuatro meses a partir de la respuesta de la autoridad competente, podrá retirar su solicitud o convocar a la autoridad competente de que se trate y, si lo considera necesario, al GCG, para examinar el asunto. La Comisión expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación de los planes de acción preventivos o de emergencia. La autoridad competente afectada tendrá plenamente en cuenta la motivación detallada de la Comisión.

Cuando proceda, la autoridad competente afectada modificará los planes de acción preventivos y de emergencia y hará públicos los planes de acción preventivos y de emergencia modificados.

Cuando la posición final de la autoridad competente afectada se aparte de la motivación detallada de la Comisión, dicha autoridad competente ofrecerá y publicará, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha motivación detallada de la Comisión, junto con su posición y la motivación detallada de la Comisión, los argumentos que sustentan su posición.

10. Para nuevas medidas no basadas en el mercado adoptadas el o después del 1 de noviembre de 2017, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 9, apartados 4, 6, 8 y 9.

11. Se garantizará la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

12. Los planes de acción preventivos y los planes de emergencia elaborados en virtud del Reglamento (UE) n.° 994/2010, actualizados de conformidad con dicho Reglamento, seguirán en vigor hasta que los planes de acción preventivos y los planes de emergencia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se elaboren por primera vez.

Contenido de los planes de acción preventivos (art. 9)

1. Los planes de acción preventivos incluirán:

  • a) los resultados de la evaluación de riesgos y un resumen de los supuestos considerados, a que se refiere el artículo 7, apartado 4, letra c);
  • b) la definición de clientes protegidos y la información descrita en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo;
  • c) las medidas, los volúmenes y las capacidades necesarios para dar cumplimiento a las normas relativas a las infraestructuras y al suministro de gas, que se establece en los artículos 5 y 6, indicándose, en su caso, si las medidas que inciden en la demanda pueden compensar de manera suficiente y oportuna una interrupción del suministro de gas con arreglo al artículo 5, apartado 2, la identificación de la mayor infraestructura unitaria de gas de interés común en caso de aplicación del artículo 5, apartado 3, los volúmenes de gas necesarios por categoría de clientes protegidos y por supuesto a que se refiere el artículo 6, apartado 1, y toda norma de incremento del suministro de gas, incluida una justificación fehaciente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 2, y una descripción de un mecanismo para reducir temporalmente toda norma de incremento del suministro de gas u obligación adicional de conformidad con el artículo 11, apartado 3;
  • d) las obligaciones impuestas a las empresas de gas natural, a las empresas eléctricas cuando proceda y a otros organismos pertinentes que puedan tener efectos en la seguridad del suministro de gas, tales como las obligaciones relativas al funcionamiento seguro de la red de gas;
  • e) las demás medidas preventivas concebidas para hacer frente a los riesgos determinados en la evaluación de riesgos, como las relativas a la necesidad de mejorar las interconexiones entre Estados miembros vecinos, seguir aumentando la eficiencia energética, reducir la demanda de gas y la posibilidad de diversificar las rutas y fuentes de suministro de gas y la utilización regional de las capacidades de almacenamiento y GNL existentes, si procede, con vistas a mantener el suministro de gas a todos los clientes en la medida de lo posible;
  • f) información sobre el impacto económico, la eficacia y la eficiencia de las medidas contenidas en el plan, incluidas las obligaciones mencionadas en la letra k);
  • g) una descripción de los efectos de las medidas incluidas en el plan sobre el funcionamiento del mercado interior de la energía, así como de los mercados nacionales, incluidas las obligaciones mencionadas en la letra k);
  • h) una descripción de los efectos de las medidas en el medio ambiente y los clientes;
  • i) los mecanismos que deben emplearse en el marco de la cooperación con otros Estados miembros, incluidos los mecanismos para preparar y aplicar los planes de acción preventivos y los planes de emergencia;
  • j) información sobre las interconexiones e infraestructuras existentes y futuras, incluidas las que ofrecen acceso al mercado interior, los flujos transfronterizos, el acceso transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento y de GNL y la capacidad bidireccional, en particular en caso de emergencia;
  • k) información sobre todas las obligaciones de servicio público relacionadas con la seguridad del suministro de gas.

Podrá excluirse la información crítica relativa al primer párrafo, letras a), c) y d), que pudiera poner en peligro la seguridad del suministro de gas en caso de revelarse.

2. El plan de acción preventivo, en particular las actuaciones destinadas a cumplir la norma relativa a las infraestructuras contemplada en el artículo 5, tendrá en cuenta el plan decenal de desarrollo de la red en la Unión elaborado por la REGRT de Gas de conformidad con el artículo 8, apartado 10, del Reglamento (CE) n.° 715/2009.

3. El plan de acción preventivo se basará principalmente en medidas basadas en el mercado y no entrañará ninguna carga indebida para las empresas de gas natural ni repercutirá negativamente en el funcionamiento del mercado interior del gas.

4. Los Estados miembros y, en particular, sus autoridades competentes, garantizarán que todas las nuevas medidas preventivas no basadas en el mercado, como aquellas a que se refiere el anexo VIII, adoptadas el o después del 1 de noviembre de 2017, con independencia de que formen parte del plan de acción preventivo o se adopten posteriormente, cumplan los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, párrafo primero.

5. La autoridad competente hará pública cualquier medida a que se refiere el apartado 4 que aún no se haya incluido en el plan de acción preventivo y notificará a la Comisión la descripción de tal medida y sus consecuencias en el mercado nacional de gas y, en la medida de lo posible, en los mercados de gas de otros Estados miembros.

6. Si la Comisión duda de que una medida a que se refiere el apartado 4 del presente artículo cumple los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, pedirá al Estado miembro afectado la notificación de una evaluación de impacto.

7. Una evaluación de impacto con arreglo al artículo 6 abarcará al menos lo siguiente:

  • a) las posibles consecuencias en el desarrollo del mercado nacional del gas y la competencia a escala nacional;
  • b) las posibles consecuencias en el mercado interior del gas;
  • c) las posibles consecuencias en la seguridad del suministro de gas de los Estados miembros vecinos, en particular en lo que se refiere a las medidas que podrían reducir la liquidez de los mercados regionales o restringir los flujos hacia Estados miembros vecinos;
  • d) los costes y beneficios, evaluados en comparación con medidas de mercado alternativas;
  • e) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad en relación con posibles medidas de mercado;
  • f) una apreciación de si la medida garantiza la igualdad de oportunidades para todos los participantes en el mercado;
  • g) una estrategia de eliminación progresiva, la duración prevista de la medida proyectada y un calendario de revisión apropiado.

Los análisis a que se hace referencia en las letras a) y b) correrán a cargo de la autoridad reguladora nacional. La autoridad competente hará pública la evaluación de impacto y se notificará a la Comisión.

8. Cuando la Comisión, sobre la base de una evaluación de impacto, considere que es probable que la medida ponga en peligro la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión tomará una decisión en un plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la evaluación de impacto que requiera, en la medida necesaria, que se modifique o retire la medida.

La medida adoptada solo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Comisión o se haya modificado de conformidad con la decisión de la Comisión.

El plazo de cuatro meses comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación completa. El plazo de cuatro meses podrá prorrogarse con el consentimiento de la Comisión y de la autoridad competente.

9. Cuando la Comisión, sobre la base de una evaluación de impacto, considere que la medida no cumple las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, podrá formular un dictamen en los cuatro meses siguientes a la notificación de la evaluación de impacto. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 8, apartados 8 y 9.

El plazo de cuatro meses comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación completa. El plazo de cuatro meses podrá prorrogarse con el consentimiento de la Comisión y de la autoridad competente.

10. El artículo 8, apartado 9, se aplicará también a cualquier medida sujeta a lo dispuesto en los apartados 6 a 9 del presente artículo.

11. El plan de acción preventivo se actualizará cada cuatro años a partir del 1 de marzo de 2019, o con mayor frecuencia si las circunstancias lo exigieran o a petición de la Comisión. El plan actualizado reflejará la evaluación de riesgos actualizada y los resultados de las pruebas realizadas de conformidad con el artículo 10, apartado 3. El plan actualizado se regirá por el artículo 8.

Contenido de los planes de emergencia (art. 10)

1. El plan de emergencia deberá:

  • a) basarse en los niveles de crisis a que se refiere el artículo 11, apartado 1;
  • b) determinar la función y las responsabilidades de las empresas de gas natural, de los gestores de red de transporte de electricidad, si procede, y de los clientes industriales de gas, incluidos los productores de electricidad pertinentes, teniendo en cuenta los distintos grados en que se verían afectados en caso de interrupción del suministro de gas, y su interacción con las autoridades competentes y, en su caso, con las autoridades reguladoras nacionales en cada uno de los niveles de crisis a que se refiere el artículo 11, apartado 1;
  • c) determinar la función y las responsabilidades de las autoridades competentes y de los demás organismos en que se hayan delegado tareas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, en cada uno de los niveles de crisis a que se refiere el artículo 11, apartado 1;
  • d) asegurar que se conceda a las empresas de gas natural y a los clientes industriales de gas, incluidos los productores de electricidad pertinentes, suficientes posibilidades para reaccionar en cualquier nivel de crisis de los referidos en el artículo 11, apartado 1;
  • e) determinar, en su caso, las medidas y actuaciones necesarias para atenuar el impacto potencial de una interrupción del suministro de gas en la calefacción urbana y el suministro de electricidad generada a partir de gas, también a través de una visión integrada de las operaciones de los sistemas energéticos de electricidad y gas, si procede;
  • f) establecer las medidas y procedimientos detallados que habrán de seguirse en cada nivel de crisis de los referidos en el artículo 11, apartado 1, incluidos los correspondientes mecanismos para la transmisión de información;
  • g) designar a una persona para gestionar las crisis y definir su función;
  • h) determinar la contribución de las medidas basadas en el mercado para hacer frente a la situación en el nivel de alerta y atenuar la situación en el nivel de emergencia;
  • i) determinar la contribución de las medidas no basadas en el mercado previstas o que vayan a aplicarse en el nivel de emergencia y evaluar hasta qué punto es necesario recurrir a ellas para hacer frente a una crisis; se evaluarán los efectos de las medidas no basadas en el mercado y se establecerán procedimientos para su aplicación; solamente deberá recurrirse a medidas no basadas en el mercado cuando los mecanismos de mercado ya no puedan garantizar por sí solos los suministros, en particular a los clientes protegidos, o para la aplicación del artículo 13;
  • j) describir los mecanismos utilizados para cooperar con otros Estados miembros para cada nivel de crisis de los referidos en el artículo 11, apartado 1 y los acuerdos de intercambio de información entre las autoridades competentes;
  • k) detallar las obligaciones en materia de información impuestas a las empresas de gas natural y, en su caso, a las empresas eléctricas en los niveles de alerta y de emergencia;
  • l) describir las disposiciones técnicas o jurídicas vigentes para evitar un consumo de gas indebido por parte de clientes que estén conectados a una red de distribución o transporte de gas pero no son clientes protegidos;
  • m) describir las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras vigentes para aplicar las obligaciones en materia de solidaridad previstas en el artículo 13;
  • n) estimación de los volúmenes de gas que puedan consumir los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, que abarquen al menos los supuestos descritos en el artículo 6, apartado 1;
  • o) elaborar una lista de actuaciones predefinidas para garantizar la disponibilidad de gas en caso de emergencia, incluidos los acuerdos comerciales entre las partes interesadas en dichas actuaciones y, cuando proceda, los mecanismos de compensación para las empresas de gas natural, tomando debidamente en consideración la confidencialidad de la información delicada. Dichas actuaciones podrán incluir acuerdos transfronterizos entre Estados miembros o empresas de gas natural.

Para evitar un consumo de gas indebido durante una emergencia al que se refiere la letra l) del primer párrafo, o durante la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 11, apartado 3 y el artículo 13, la autoridad competente del Estado miembro afectado informará a los clientes que no son clientes protegidos de que deben interrumpir o reducir su consumo de gas evitando crear situaciones técnicamente inseguras.

2. El plan de emergencia se actualizará cada cuatro años a partir del 1 de marzo de 2019, o con mayor frecuencia si las circunstancias así lo exigieran o a petición de la Comisión. El plan actualizado reflejará la evaluación de riesgos actualizada y los resultados de las pruebas realizadas de conformidad con el apartado 3 del presente artículo. El plan actualizado se regirá por el artículo 8, apartados 4 a 11.

3. Las medidas, las actuaciones y los procedimientos que figuren en el plan de emergencia se pondrán a prueba al menos una vez entre sus actualizaciones cuatrienales periódicas, contempladas en el apartado 2. A fin de poner a prueba el plan de emergencia, la autoridad competente simulará supuestos de impacto alto y medio y las respuestas en tiempo real de acuerdo con dicho plan de emergencia. La autoridad competente presentará los resultados de las pruebas al GCG.

4. El plan de emergencia garantizará el mantenimiento del acceso transfronterizo a las infraestructuras con arreglo al Reglamento (CE) n.° 715/2009 en la medida en que ello sea posible desde los puntos de vista técnico y de la seguridad en caso de emergencia y no introducirá ninguna medida que restrinja indebidamente los flujos de gas a través de las fronteras.

Declaración de crisis (art. 11)

1. Los tres niveles de crisis serán los siguientes:

  • a) nivel de alerta temprana («alerta temprana»): cuando exista información concreta, seria y fidedigna de que puede producirse un suceso susceptible de provocar un importante deterioro de la situación del suministro de gas y de desencadenar el nivel de alerta o de emergencia; el nivel de alerta temprana se podrá activar mediante un mecanismo de alerta temprana;
  • b) nivel de alerta («alerta»): cuando se produzca una interrupción del suministro de gas o la demanda de gas sea excepcionalmente elevada y ello provoque un importante deterioro de la situación del suministro de gas, pero el mercado todavía sea capaz de gestionar esa interrupción o demanda sin necesidad de recurrir a medidas no basadas en el mercado;
  • c) nivel de emergencia («emergencia»): en caso de demanda excepcionalmente elevada de gas, interrupción importante del suministro de gas u otro deterioro considerable de la situación del suministro de gas y se hayan aplicado todas las medidas basadas en el mercado pero el suministro de gas sea insuficiente para satisfacer la demanda restante de gas, de manera que deban introducirse adicionalmente medidas no basadas en el mercado con vistas, en particular, a salvaguardar el suministro de gas a los clientes protegidos de conformidad con el artículo 6.

2. Cuando la autoridad competente declare uno de los niveles de crisis a que se refiere el apartado 1 informará de inmediato a la Comisión, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros con los que el Estado miembro de dicha autoridad competente está directamente conectado, y les proporcionará toda la información necesaria, en particular sobre la acción que pretende adoptar. En caso de tratarse de una emergencia que pueda resultar en una solicitud de asistencia de la Unión y sus Estados miembros, la autoridad competente del Estado miembro afectado informará de inmediato al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) de la Comisión.

3. Cuando un Estado miembro haya declarado una emergencia e indicado que se precisa una actuación transfronteriza, las normas de incremento de suministro de gas o las obligaciones adicionales impuestas en virtud del artículo 6, apartado 2 a las empresas de gas natural en otros Estados miembros del mismo grupo de riesgo, deberán reducirse temporalmente al nivel establecido en el artículo 6, apartado 1.

Las obligaciones establecidas en el presente apartado, párrafo primero, dejarán de aplicarse inmediatamente en cuanto la autoridad competente declare el fin de la emergencia, o cuando la Comisión considere, de conformidad con el apartado 8, párrafo primero, que la declaración de emergencia no, o ya no, se justifica.

4. Cuando la autoridad competente declare una emergencia, seguirá la acción definida previamente recogida en su plan de emergencia e informará de inmediato a la Comisión y a las autoridades competentes del grupo de riesgo, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros con los que el Estado miembro de dicha autoridad competente está directamente conectado, en particular de la acción que pretende adoptar. En circunstancias extraordinarias debidamente justificadas, la autoridad competente podrá realizar actuaciones que se aparten del plan de emergencia. La autoridad competente informará de inmediato a la Comisión y a las autoridades competentes de su grupo de riesgo establecidas en el anexo I, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros con los que el Estado miembro de dicha autoridad competente está directamente conectado de cualquier acción de este tipo y expondrá los motivos para tal desviación.

5. El gestor de red de transporte garantizará que, cuando se declare en un Estado miembro limítrofe una emergencia, la capacidad en los puntos de interconexión con dicho Estado miembro, independientemente de que dicha capacidad sea firme o interrumpible y de que haya sido reservada antes de la emergencia o durante esta, tenga prioridad sobre la capacidad concurrente en los puntos de salida hacia instalaciones de almacenamiento. El usuario de la red a cuya capacidad se ha dado prioridad pagará rápidamente una compensación justa al usuario de la red de la capacidad firme por la pérdida financiera sufrida como consecuencia de la priorización, incluido un reembolso proporcionado del coste de la interrupción de la capacidad firme. El proceso de determinación y pago de la compensación no afectará a la aplicación de la norma de prioridad.

6. Los Estados miembros y, en particular, las autoridades competentes velarán por que:

  • a) no se adopten medidas que restrinjan indebidamente el flujo de gas en el mercado interior en ningún momento;
  • b) no se adopten medidas que puedan hacer peligrar gravemente la situación del suministro de gas en otro Estado miembro, y
  • c) se mantenga el acceso transfronterizo a las infraestructuras con arreglo al Reglamento (CE) n.° 715/2009 en la medida en que ello sea posible desde los puntos de vista técnico y de la seguridad, de conformidad con el plan de emergencia.

7. Durante una emergencia, siempre que tenga motivos razonables, a petición del respectivo gestor de red de transporte de gas o electricidad, un Estado miembro podrá decidir conceder prioridad al suministro de gas a determinadas centrales eléctricas críticas alimentadas con gas frente al suministro de gas a determinadas categorías de clientes protegidos cuando la falta de suministro de gas a tales centrales de gas críticas:

  • a) pudiera causar daños graves al funcionamiento del sistema eléctrico, o bien
  • b) perjudicara a la producción y/o el transporte de gas.

Los Estados miembros basarán tales medidas en la evaluación de riesgos.

Las centrales de gas críticas a que se refiere el párrafo primero, junto con los posibles volúmenes de gas que estarían sujetos a tal medida, estarán claramente identificadas y se las incluirá en los capítulos regionales de los planes de acción preventivos y de emergencia. Su identificación se realizará en estrecha cooperación con los gestores de red de transporte del sistema eléctrico y de gas del Estado miembro afectado.

8. La Comisión verificará con la mayor prontitud, y en todo caso en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 2 facilitada por la autoridad competente, si la declaración de emergencia está justificada de conformidad con el apartado 1, letra c), y si las medidas adoptadas se corresponden en el mayor grado posible con las actuaciones previstas en el plan de emergencia, no suponen una carga indebida para las empresas de gas natural y son conformes con el apartado 6. La Comisión podrá, a petición de otra autoridad competente o de empresas de gas natural o por propia iniciativa, pedir a la autoridad competente que modifique las medidas cuando estas sean contrarias a las condiciones recogidas en la primera frase del presente apartado. La Comisión podrá solicitar igualmente a la autoridad competente que declare el fin de la emergencia si concluye que la declaración de emergencia no está, o ya no está, justificada de conformidad con el apartado 1, letra c).

En un plazo de tres días a partir de la notificación de la solicitud de la Comisión, la autoridad competente modificará las medidas y lo notificará a la Comisión, o la informará de las razones por las que no está de acuerdo con la solicitud. En el último caso, la Comisión podrá, en un plazo de tres días a partir de que se le haya informado, modificar o retirar su solicitud o convocar, para examinar el asunto, a la autoridad competente o, en su caso, a las autoridades competentes de que se trate y, si lo considera necesario, al GCG. La Comisión expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación de la actuación. La autoridad competente tendrá plenamente en cuenta la postura de la Comisión. Cuando la decisión final de la autoridad competente se aparte de la postura de la Comisión, la autoridad competente facilitará los argumentos que sustentan esa decisión.

9. Cuando la autoridad competente declare el fin de uno de los niveles de crisis a que se refiere el apartado 1, informará a la Comisión, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros con los que el Estado miembro de dicha autoridad competente está directamente conectado.

Respuestas de emergencia a escala regional y de la Unión (art. 12)

1. La Comisión podrá declarar una emergencia a escala regional o de la Unión a petición de una autoridad competente que haya declarado una situación de emergencia y previa verificación de conformidad con el artículo 11, apartado 8.

La Comisión declarará, según proceda, una emergencia a escala regional o de la Unión, a petición de al menos dos autoridades competentes que hayan declarado una situación de emergencia y previa verificación de conformidad con el artículo 11, apartado 8, y cuando las razones para esas emergencias estén relacionadas entre sí.

En todo caso, al declarar una emergencia a escala regional o de la Unión, la Comisión, sirviéndose de los medios de comunicación más adecuados a la situación, recabará los diferentes puntos de vista y tendrá debidamente en cuenta toda la información pertinente facilitada por las demás autoridades competentes. Cuando la Comisión considere, previa evaluación, que las razones subyacentes para la emergencia regional o de la Unión ya no justifican su mantenimiento, pondrá fin a la emergencia a escala regional o de la Unión y expondrá sus razones e informará al Consejo de su decisión.

2. La Comisión convocará al GCG tan pronto como declare una emergencia a escala regional o de la Unión.

3. En una situación de emergencia a escala regional o de la Unión, la Comisión coordinará las actuaciones de las autoridades competentes, teniendo plenamente en cuenta la información pertinente y los resultados obtenidos de la consulta con el GCG. En particular, la Comisión:

  • a) velará por el intercambio de información;
  • b) garantizará la coherencia y eficacia de las actuaciones en los niveles nacional y regional con respecto al nivel de la Unión;
  • c) y coordinará las actuaciones relativas a los terceros países.

4. La Comisión podrá convocar a un grupo de gestión de crisis compuesto por los gestores de crisis a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra g), de los Estados miembros afectados por la emergencia. La Comisión, de acuerdo con los gestores de crisis, podrá invitar a otras partes interesadas a participar en ese grupo. La Comisión velará por que se informe periódicamente al GCG acerca de las tareas emprendidas regularmente por el grupo de gestión de crisis.

5. Los Estados miembros y, en particular, las autoridades competentes velarán por que:

  • a) no se adopten medidas que restrinjan indebidamente el flujo de gas en el mercado interior en ningún momento, en particular el flujo de gas hacia los mercados afectados;
  • b) no se adopten medidas que puedan hacer peligrar gravemente la situación del suministro de gas en otro Estado miembro, y
  • c) se mantenga el acceso transfronterizo a las infraestructuras con arreglo al Reglamento (CE) n.° 715/2009 en la medida en que ello sea posible desde los puntos de vista técnico y de la seguridad, de conformidad con el plan de emergencia.

6. Si, a petición de una autoridad competente o una empresa de gas natural o por propia iniciativa, la Comisión considera que en una emergencia a escala regional o de la Unión, una actuación realizada por un Estado miembro o una autoridad competente o la conducta de una empresa de gas natural es contraria al apartado 5, pedirá al Estado miembro o a la autoridad competente que modifique su actuación o realice actuaciones para garantizar el cumplimiento del apartado 5, indicándole las razones para ello. Se tendrá debidamente presente la necesidad de que la red de gas funcione en todo momento de manera segura.

En un plazo de tres días a partir de la notificación de la solicitud de la Comisión, el Estado miembro o la autoridad competente modificará su actuación y lo notificará a la Comisión o le informará de las razones por las que no está de acuerdo con la solicitud. En tal caso, la Comisión, en un plazo de tres días a partir de que se le haya informado, podrá modificar o retirar su solicitud o convocar al Estado miembro o a la autoridad competente y, si la Comisión lo considera necesario, al GCG para examinar el asunto. La Comisión expondrá pormenorizadamente sus razones para solicitar toda modificación de la actuación. El Estado miembro o la autoridad competente tendrán plenamente en cuenta la postura de la Comisión. Cuando la decisión final de la autoridad competente o del Estado miembro se aparte de la postura de la Comisión, la autoridad competente o el Estado miembro facilitarán los argumentos que sustentan esa decisión.

7. La Comisión, previa consulta al GCG, elaborará una lista de reserva permanente para un grupo operativo de seguimiento integrado por expertos de la industria y representantes de la Comisión. El grupo operativo de seguimiento podrá desplegarse, en caso necesario, fuera de la Unión y deberá supervisar e informar acerca de los flujos de gas hacia la Unión, en cooperación con los terceros países de suministro y de tránsito.

8. La autoridad competente facilitará al (CECRE) de la Comisión la información relativa a cualquier necesidad de asistencia. El CECRE evaluará la situación global y asesorará sobre la asistencia que deba prestarse a los Estados miembros más afectados y, en su caso, a los terceros países.

Solidaridad (art. 13)

1. Si un Estado miembro solicita la aplicación de las medidas de solidaridad en virtud del presente artículo, un Estado miembro directamente conectado al Estado miembro solicitante o, si él así lo dispusiera, su autoridad competente, su gestor de red de transporte, o su gestor de red de distribución tomará, sin crear en la medida de lo posible situaciones inseguras, las medidas necesarias para garantizar que el suministro de gas prestado en su territorio a clientes distintos de los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, se interrumpa o se reduzca en la medida necesaria, mientras no se satisfaga el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro solicitante. El Estado miembro solicitante garantizará que se suministra efectivamente el volumen de gas correspondiente a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en su territorio.

En circunstancias excepcionales y previa petición debidamente motivada por el gestor pertinente de red de transporte de electricidad o gas a su autoridad competente, podrá proseguir también el suministro de gas a determinadas centrales eléctricas críticas alimentadas con gas, tal como se definen en el artículo 11, apartado 7, en el Estado miembro que proporciona solidaridad si la falta de suministro de gas a esas centrales ocasionara grave perjuicio al funcionamiento de la red eléctrica u obstaculizara la producción y/o transporte de gas.

2. Un Estado miembro también proporcionará las medidas de solidaridad a otro Estado miembro al que esté conectado a través de un tercer país a no ser que los flujos a través del tercer país estén restringidos. Esa ampliación de las medidas quedará sometida a acuerdo de los correspondientes Estados miembros que implicará, según proceda, al tercer país a través del que se conectan.

3. Las medidas de solidaridad se tomarán como último recurso y se aplicarán únicamente si el Estado miembro solicitante:

  • a) no ha sido capaz de cubrir el déficit de suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad pese a la aplicación de la medida a que se refiere el artículo 11, apartado 3;
  • b) ha agotado todas las medidas basadas en el mercado y todas las medidas previstas en su plan de emergencia;
  • c) ha comunicado una petición expresa a la Comisión y a las autoridades competentes de todos los Estados miembros con los que está conectado directamente o, de conformidad con el apartado 2, a través de un tercer país, acompañada de una descripción de las medidas aplicadas mencionadas en la letra b) del presente apartado;
  • d) se compromete a pagar la compensación rápida y justa al Estado miembro que proporcione solidaridad de conformidad con el apartado 8.

4. Si hubiera más de un Estado miembro que pudiera proporcionar solidaridad a un Estado miembro solicitante, este deberá, previa consulta a todos los Estados miembros a que se haya solicitado que proporcionen solidaridad, buscar la oferta más ventajosa sobre la base de los costes, la rapidez de entrega, la fiabilidad y la diversificación de los suministros de gas Las ofertas que presenten los Estados miembros afectados deberán basarse en medidas voluntarias que incidan todo lo posible y durante todo el tiempo posible en la demanda, antes de recurrir a medidas no basadas en el mercado.

5. Cuando las medidas basadas en el mercado resulten insuficientes para el Estado miembro que proporciona su solidaridad para hacer frente al déficit de suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro solicitante, el Estado miembro que proporciona su solidaridad podrá introducir medidas no basadas en el mercado para cumplir las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2.

6. La autoridad competente del Estado miembro solicitante informará de inmediato a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que proporcionen solidaridad cuando el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en su territorio se lleve a cabo, o cuando las obligaciones en virtud de los apartados 1 y 2, se reduzcan, basándose en sus necesidades, o cuando se suspendan a petición del Estado miembro receptor de solidaridad.

7. Las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio del funcionamiento técnicamente seguro y fiable de la red de gas de un Estado miembro que proporcione solidaridad y del límite de la capacidad máxima de interconexión para exportación de la infraestructura del Estado miembro correspondiente hacia el Estado miembro solicitante. Las disposiciones técnicas, legales y financieras podrán reflejar esas circunstancias, en particular aquellas conforme a las cuales el mercado suministre la capacidad máxima de interconexión.

8. La solidaridad según el presente Reglamento se proporcionará sobre la base de compensaciones. El Estado miembro que solicite medidas de solidaridad pagará rápidamente una compensación justa, o garantizará su pronto pago, al Estado miembro que las proporcione. Dicha compensación justa abarcará al menos lo siguiente:

  • a) el gas suministrado al territorio del Estado miembro solicitante;
  • b) todos los demás costes pertinentes y razonables que se hayan producido en el ejercicio de la solidaridad, entre ellos, según proceda, los costes de las medidas que se hayan fijado de antemano;
  • c) el reembolso de toda compensación resultante de procedimientos judiciales, procedimientos de arbitraje o procedimientos similares y liquidaciones y costes relacionados con esos procedimientos en los que sean parte los Estados miembros que proporcionen solidaridad respecto a entidades participantes en el ejercicio de esa solidaridad.

La compensación justa a que hace referencia el párrafo primero incluirá, entre otras cosas, todos los costes razonables derivados de la obligación de pagar una compensación en virtud de los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales aplicables al ejecutar el presente artículo en que incurra el Estado miembro que proporcione solidaridad así como los costes razonables en que incurra a raíz del pago de compensaciones de conformidad con la normativa nacional en materia de compensaciones.

A más tardar el 1 de diciembre de 2018, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, en particular las disposiciones técnicas, legales y financieras con arreglo al apartado 10, para aplicar los párrafos primero y segundo del presente apartado,. Dichas medidas podrán establecer las modalidades prácticas para el pronto pago.

9. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones del presente artículo se apliquen de conformidad con los Tratados, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las obligaciones internacionales aplicables. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a tal efecto.

10. A más tardar el 1 de diciembre de 2018, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias, incluso las acordadas en las disposiciones técnicas, legales y financieras, para garantizar, el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad en el Estado miembro solicitante acuerdo con los apartados 1 y 2. Las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras se acordarán entre los Estados miembros que estén conectados directamente o, de conformidad con el apartado 2, a través de un tercer país, y se describirán en sus respectivos planes de emergencia. Esas disposiciones podrán abarcar, entre otros, los siguientes elementos:

  • a) la seguridad operacional de las redes;
  • b) los precios del gas que se aplicarán y/o la metodología para fijarlos, teniendo en cuenta el impacto sobre el funcionamiento del mercado;
  • c) el uso de interconexiones, como la capacidad bidireccional y el almacenamiento subterráneo de gas;
  • d) los volúmenes de gas o la metodología para fijarlos;
  • e) categorías de costes que tendrán que quedar cubiertos mediante una compensación justa y rápida; ello podrá incluir perjuicios causados por la restricción de suministro a la industria;
  • f) una indicación del método de cálculo de la compensación justa.

La disposición financiera acordada entre Estados miembros antes de la solicitud de medidas de solidaridad contendrá disposiciones que permitan el cálculo de la compensación justa de al menos todos los costes pertinentes y razonables en que se incurra cuando se proporcione solidaridad y un compromiso de que se pagará dicha compensación.

Todo mecanismo de compensación contendrá incentivos para participar en soluciones basadas en el mercado, tales como subastas y mecanismos de respuesta a la demanda. No creará incentivos perversos, tampoco en términos financieros, que hagan que los agentes de mercado pospongan su intervención hasta que se apliquen medidas no basadas en el mercado. Los planes de emergencia contendrán todos los mecanismos de compensación o al menos su resumen.

11. Siempre que un Estado miembro pueda cubrir el consumo de gas de sus clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad a partir de su propia producción estará exento de la obligación de celebrar acuerdos técnicos, jurídicos y financieros con Estados miembros con los que esté conectado directamente o, de conformidad con el apartado 3, a través de un tercer país, con el fin de recibir solidaridad. Dicha exención no afectará a la obligación del Estado miembro en cuestión de proporcionar solidaridad a otros Estados miembros según el presente artículo.

12. A más tardar el 1 de diciembre de 2017 y previa consulta al GCG, la Comisión proporcionará orientación no vinculante jurídicamente respecto a los elementos clave de las disposiciones técnicas, legales y financieras, especialmente sobre cómo aplicar en la práctica los elementos descritos en los apartados 8 y 10.

13. En el caso de que, antes del 1 de octubre de 2018, los Estados miembros no estén de acuerdo sobre las disposiciones técnicas, legales y financieras necesarias, la Comisión podrá, previa consulta a las autoridades competentes correspondientes, proponer un marco para tales medidas que establezca los principios necesarios para que puedan entrar en funcionamiento y que se basará en la orientación de la Comisión expuesta en el apartado 12. Los Estados miembros ultimarán sus disposiciones antes del 1 de diciembre de 2018 teniendo en cuenta lo más posible la propuesta de la Comisión.

14. La aplicabilidad del presente artículo no se verá afectada si los Estados miembros no logran ponerse de acuerdo o no ultiman sus disposiciones técnicas, legales y financieras. De ser así, los Estados miembros afectados se pondrán de acuerdo sobre las medidas ad hoc necesarias y el Estado miembro que solicite las medidas de seguridad proporcionará un compromiso de conformidad con el apartado 3, letra d).

15. Las obligaciones detalladas en los apartados 1, y 2 del presente artículo dejarán de aplicarse de inmediato después de la declaración del fin de una emergencia o de que la Comisión concluya, de acuerdo con el artículo 11, apartado 8, párrafo primero, que no, o ya no, se justifica la misma.

16. En los casos en los que la Unión incurra en costes por causa de cualquier responsabilidad, con exclusión de la responsabilidad derivada de actos o conductas ilegales de las mencionadas en el artículo 340, párrafo segundo, del TFUE, derivada de medidas que los Estados miembros hayan tenido que adoptar en virtud del presente artículo, dichos costes le serán reembolsados por el Estado miembro que reciba solidaridad.

DONACIÓN DE ALIMENTOS: ORIENTACIONES DE LA UE

Antecedentes. En la UE, cerca de una cuarta parte de la población (119,1 millones de personas) se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2015 y 42,5 millones de personas no podían permitirse una comida de calidad cada dos días. Por otro lado, se calcula que cada año se generan alrededor de 88 millones de toneladas de desperdicios de alimentos en la UE, con costes asociados que se estiman en 143 000 millones EUR.

Además de su importante impacto social y económico, el desperdicio de alimentos genera una presión excesiva sobre los recursos naturales limitados y sobre el medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia. Los alimentos que se cosechan pero que finalmente se pierden o desperdician consumen alrededor de una cuarta parte de toda el agua utilizada por el sector agrario cada año y precisan campos de cultivo del tamaño de China. El desperdicio de alimentos genera aproximadamente el 8 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero cada año.

El objetivo primordial de la prevención en el desperdicio de alimentos debería ser actuar en el origen, limitando la producción de excedentes alimentarios en cada etapa de la cadena alimentaria (es decir, producción, procesado, distribución y consumo). Cuando existan excedentes alimentarios, lo mejor que se puede hacer es redistribuirlos para el consumo humano, lo cual garantiza el valor de uso más alto de recursos alimentarios comestibles.

La donación de alimentos no solo apoya la lucha contra la pobreza alimentaria, sino que puede ser un instrumento eficaz para reducir la cantidad de excedentes alimentarios que se destinan a usos industriales o que se envían a plantas de tratamiento y, en última instancia, a vertederos de residuos. Sin embargo, aun cuando la redistribución de los excedentes alimentarios es un fenómeno creciente y tanto fabricantes de alimentos como minoristas están dispuestos a donar sus excedentes a bancos de alimentos y organizaciones benéficas, la cantidad de alimentos que se redistribuyen todavía representa una pequeña parte del conjunto de excedentes de alimentos comestibles disponibles en la UE. Por ejemplo, en 2016, los miembros de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) distribuyeron 535 000 toneladas de alimentos a 6,1 millones de personas, lo que representa solo una pequeña fracción del volumen estimado de residuos alimentarios que se generan cada año en la UE.

Árbol de decisión: ¿Tengo que cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) n.° 853/2004 como minorista que suministra a organizaciones benéficas/bancos de alimentos o como organización benéfica/banco de alimentos?

Los Estados miembros y las partes interesadas han identificado obstáculos legales y operativos para donantes y receptores con respecto a la redistribución de alimentos comestibles y seguros en la UE. El Plan de Acción propuesto por la Comisión para promover una Economía Circular requiere que, entre otras cosas, la Comisión clarifique la legislación de la UE relativa a los alimentos para facilitar la donación.

REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS: UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA RENOVADA Y MÁS FUERTE

Regiones ultraperiféricas

Las nueve regiones ultraperiféricas [Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, la Reunión y San Martín (Francia), Canarias (España), Azores y Madeira (Portugal)] constituyen un activo extraordinario para la Unión Europea (UE). Enriquecen a la UE económica, cultural y geográficamente, le dan acceso estratégico a los mares y le ofrecen activos naturales únicos, ya que albergan el 80 % de su biodiversidad.

Sin embargo, su gran lejanía, reducida dimensión, vulnerabilidad al cambio climático y, en la mayor parte de los casos, su insularidad plantean retos para su desarrollo y obstaculizan su integración en el mercado interior.

La especial situación de las regiones ultraperiféricas viene reconociéndose en los Tratados de la UE desde 1999, y desde 2009 en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), lo que les permite beneficiarse de medidas específicas en las principales políticas de la UE como la agricultura, la cohesión y la competencia.

Entre 2014 y 2020, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y un programa específico sobre medidas agrícolas (el Reglamento POSEI) proporcionan casi 13 300 millones de euros a las regiones ultraperiféricas, una importante fuente de inversiones y de creación de empleo. Esto incluye dos asignaciones específicas en los sectores del desarrollo regional y la pesca para compensar los costes adicionales a los que se enfrentan estas regiones debido a su particular situación.

Conclusión

Conseguir que las regiones ultraperiféricas sean más resilientes, que alcancen su potencial de desarrollo y aprovechen plenamente las ventajas de la pertenencia a la UE y encaucen la globalización requiere voluntad política y el establecimiento de prioridades, así como esfuerzos por utilizar mejor sus activos y encontrar nuevas fuentes de crecimiento.

La presente Comunicación propone un nuevo enfoque para una sólida asociación, basado en un enfoque preventivo ―en virtud del cual los intereses y las preocupaciones de las regiones ultraperiféricas se someterán a un examen exhaustivo―, respaldado por una plataforma que les permita a ellas y a las partes interesadas pertinentes intercambiar puntos de vista en todas las fases de la elaboración y la ejecución de las políticas.

La Comisión trabajará en estrecha colaboración con las regiones ultraperiféricas y sus respectivos Estados miembros para garantizar la ejecución de las acciones concretas propuestas por ella. También actuará de manera proactiva, garantizando que sus iniciativas tengan en cuenta previamente las repercusiones sobre las regiones ultraperiféricas y las oportunidades para estas. También propondrá, cuando proceda, medidas adaptadas para tener en cuenta sus características específicas.

Fomentar el desarrollo de las regiones ultraperiféricas exige asimismo inversiones significativas y que los Estados miembros y las propias regiones ultraperiféricas hagan suyo dicho desarrollo. La Comisión mantiene su compromiso de fortalecer la duradera asociación con las regiones ultraperiféricas y sus Estados miembros, establecida hace muchos años, a fin de que las tierras de la UE en todo el mundo tengan los medios de prosperar.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Instrumentos financieros

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Orden de detención europea

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Un solicitante de protección internacional puede alegar ante un órgano jurisdiccional el vencimiento del plazo establecido para su devolución a otro Estado miembro (TJUE, Shiri, 25 de octubre de 2017, C-201/16).

Bridge

FISCALIDAD. El bridge de contrato duplicado no está comprendido en el concepto de «deporte» en el sentido de la Directiva IVA, por lo que no puede quedar exento del pago del impuesto en ese concepto (TJUE, The English Bridge Union, 26 de octubre de 2017, C-90/16).

Fiscalidad

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Los Estados miembros no pueden imponer a las sociedades que desean trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación (TJUE, POLBUD – WYKONAWSTWO, 25 de octubre de 2017, C-106/16).

Impuesto sobre el valor añadido

El artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en el momento del registro a efectos del IVA de un sujeto pasivo, cuyo administrador haya sido administrador o socio de otra persona jurídica que haya incumplido sus obligaciones tributarias, la Administración tributaria imponga a ese sujeto pasivo la obligación de constituir una garantía por un importe que puede llegar a ser de 500 000 euros, siempre que la garantía exigida a dicho sujeto pasivo no vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos contemplados en el referido artículo, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

El principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la Administración tributaria exija a un nuevo sujeto pasivo la constitución de tal garantía en el momento de su registro a efectos del IVA, en razón de sus vínculos con otra persona jurídica que no esté al corriente en el pago de impuestos (TJUE, BB construct, 26 de octubre de 2017, C‑534/16).

Impuestos sobre sociedades

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional, como el artículo 198, punto 10, del Código de impuestos sobre la renta de 1992, refundido mediante Real Decreto de 10 de abril de 1992 y convalidado mediante la Ley de 12 de junio de 1992, con arreglo a la cual los intereses pagados por una sociedad matriz en concepto de préstamo no son deducibles del beneficio imponible de esta sociedad matriz hasta un importe equivalente al de los dividendos, que disfrutan ya de deducibilidad fiscal, percibidos de participaciones de una duración inferior a un año que la sociedad matriz tiene en sociedades filiales, aun cuando dichos intereses no estén vinculados a la financiación de las participaciones.

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a los Estados miembros a aplicar una disposición nacional como el artículo 198, punto 10, del Código de impuestos sobre la renta de 1992, refundido mediante Real Decreto de 10 de abril de 1992 y convalidado mediante Ley de 12 de junio de 1992, en la medida en que ésta va más allá de lo necesario para evitar fraudes y abusos (TJUE, Argenta Spaarbank, 26 de octubre de 2017, C‑39/16).

Permiso de conducción

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, y los artículos 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual ese Estado miembro puede denegar el reconocimiento de un certificado expedido en otro Estado miembro, que acredita que su titular está autorizado a conducir, cuando este certificado no responda a las exigencias del modelo de permiso de conducción establecido en esa Directiva, aun en el supuesto de que el titular de dicho certificado cumpla los requisitos impuestos por la citada Directiva para la expedición de un permiso de conducción.

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126 y los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro imponga una sanción a una persona que, aunque haya cumplido los requisitos de expedición de un permiso de conducción establecidos en esta Directiva, conduce un vehículo de motor en el territorio de ese Estado miembro sin disponer de un permiso de conducción conforme con las exigencias del modelo de permiso de conducción que determina dicha Directiva y que, en espera de la expedición de tal permiso por otro Estado miembro, únicamente puede acreditar la existencia de su autorización para conducir obtenida en ese otro Estado miembro mediante un certificado temporal expedido por este último, siempre que dicha sanción no sea desproporcionada en relación con la gravedad de los hechos de que se trate. A este respecto, al valorar la gravedad de la infracción cometida por esa persona y la severidad de la sanción que deba imponérsele, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta, como eventual circunstancia atenuante, el hecho de que dicha persona obtuvo la autorización para conducir en otro Estado miembro, acreditada por la existencia de un certificado expedido por ese otro Estado miembro y que será sustituido en principio antes de su expiración, a petición de la persona interesada, por un permiso de conducción conforme con las exigencias del modelo de permiso de conducción establecido en la Directiva 2006/126. Ese mismo órgano jurisdiccional deberá examinar igualmente, durante su análisis, qué peligro real representaba dicha persona para la seguridad de la circulación vial en su territorio (TJUE, Amtsgericht Kehl, 26 de octubre de 2017, C‑195/16).

Transporte

Los artículos 9, 10, 13 y 14 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1228/2003, el artículo 2, punto 3, en relación con el considerando 3, del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía, y el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones, no se oponen, en circunstancias como las del asunto principal, a que la normativa nacional fije restricciones al número de personas a las que en un territorio determinado se puede conceder licencia de transporte de electricidad (TJUE, Balgarska energiyna borsa AD (BEB) contra Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), 26 de octubre de 2017, C‑347/16).

Unión aduanera

Los artículos 217, apartado 1, y 220, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de recaudación a posteriori, el importe de los derechos adeudados reconocidos por las autoridades se considerará contraído en el momento en que las autoridades aduaneras lo hayan anotado en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquellos, con independencia de que la resolución de las autoridades sobre la contracción o sobre la determinación de la obligación de pagar los derechos haya sido impugnada en vía administrativa o judicial.

Los artículos 220, apartado 2, letra b), 236, 239 y 243 del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, deben interpretarse en el sentido de que, en un recurso administrativo o judicial, a efectos del artículo 243 del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, contra una resolución de la Administración tributaria competente de contraer a posteriori un importe de derechos de importación y de imponer su pago al importador, este último puede invocar la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, a fin de oponerse a esa contracción, con independencia de si el importador presentó una solicitud de condonación o devolución de esos derechos de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 236 y 239 de ese mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000.

El artículo 869, letra b), del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1335/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003, debe interpretarse en el sentido de que, a falta de una decisión o de un procedimiento de la Comisión Europea a efectos del artículo 871, apartado 2, de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento nº 1335/2003, en una situación como la debatida en el litigio principal, las autoridades aduaneras no pueden decidir por sí mismas no contraer a posteriori los derechos que no han percibido por estimar que se cumplen las condiciones para invocar la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, y las citadas autoridades tienen la obligación de remitir el expediente a la Comisión, o bien cuando consideren que la Comisión ha incurrido en un error en el sentido de dicho precepto del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, o bien cuando las circunstancias del litigio principal estén vinculadas a los resultados de una investigación de la Unión Europea a efectos del artículo 871, apartado 1, segundo guion, del Reglamento n.º 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003, o en caso de que el importe de los derechos en cuestión en el procedimiento principal sea igual o superior a 500 000 euros.

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que los datos de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acerca del comportamiento de las autoridades aduaneras del Estado de exportación y del exportador forman parte de las pruebas que han de tenerse en cuenta para determinar si se cumplen las condiciones en que un importador puede invocar la confianza legítima, con arreglo al citado artículo. No obstante, en la medida en que dicho informe, a la vista de los datos que contenga, resulte insuficiente para determinar de modo satisfactorio en Derecho si efectivamente se cumplen esas condiciones en todos sus aspectos, lo cual debe valorar el órgano jurisdiccional nacional, cabe exigir a las autoridades aduaneras que presenten pruebas adicionales para este fin, en particular llevando a cabo controles a posteriori.

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al tribunal remitente apreciar, de acuerdo con todos los datos concretos del litigio principal y, en particular, con las pruebas aportadas para este fin por las partes, si se cumplen las condiciones en que un importador puede invocar la confianza legítima, con arreglo a dicho artículo. A efectos de realizar esta apreciación, los datos obtenidos con ocasión de un control a posteriori no prevalecen sobre los incluidos en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El artículo 875 del Reglamento n.º 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro queda vinculado, en las condiciones precisadas por la Comisión Europea de conformidad con dicho artículo, por las apreciaciones efectuadas por dicha institución en una decisión adoptada, con arreglo al artículo 873 del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003, con respecto de otro Estado miembro, en los casos en que existan elementos de hecho y de Derecho comparables, lo cual deben valorar sus autoridades y órganos jurisdiccionales teniendo en cuenta, concretamente, los datos acerca del comportamiento del exportador o de las autoridades aduaneras del Estado de exportación, tal como resulten del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en que se base la citada decisión.

Los artículos 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, y 875 del Reglamento n.º 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras pueden realizar todos los controles a posteriori que estimen necesarios, y utilizar la información obtenida al llevar a cabo dichos controles, tanto para apreciar si se cumplen los requisitos para que un importador pueda invocar la confianza legítima, de acuerdo con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, como para determinar si el asunto de que conocen contiene elementos de hecho y de Derecho comparables, en el sentido del artículo 875 del Reglamento nº 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003, a los de un asunto en el que la Comisión Europea haya adoptado una decisión de no contracción de los derechos de conformidad con el artículo 873 del Reglamento n.º 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1335/2003.

El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un importador haya importado mercancías con arreglo a un acuerdo de distribución no influye en su facultad de alegar su confianza legítima, y ello en las mismas condiciones que un importador que haya importado mercancías comprándolas directamente al exportador, es decir, si se cumplen tres condiciones acumulativas. En primer lugar, es necesario que los derechos no hayan sido recaudados como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes; además, que este error sea de tal naturaleza que razonablemente no pudiera ser detectado por un deudor de buena fe y, por último, que éste haya observado todas las disposiciones en vigor en lo que atañe a su declaración en aduana. A estos efectos, corresponde a dicho importador precaverse contra los riesgos de una acción de recaudación a posteriori, en particular tratando de obtener de la otra parte contratante de dicho acuerdo de distribución, con ocasión de éste o después de su celebración, todos los elementos de prueba que confirmen la exactitud de la expedición del certificado de origen modelo A para esas mercancías. Por lo tanto, no concurre confianza legítima en el sentido de dicho precepto, en particular, cuando, aun habiendo razones manifiestas para dudar de la exactitud de un certificado de origen modelo A, ese importador se ha abstenido de averiguar, preguntando a la otra parte del acuerdo, las circunstancias de la expedición de dicho certificado para comprobar si estas dudas estaban justificadas (TJUE, Aqua Pro, 26 de octubre de 2017, C‑407/16).

LECTURA

Resumen del libro: Las graves amenazas que se ciernen sobre la sostenibilidad de las pesquerías a lo largo de todos los mares del mundo plantean notables retos a los Estados y a la comunidad internacional en relación con la conservación y ordenación de los recursos vivos marinos. Estos desafíos a la gobernanza mundial y europea de la pesca hacen imprescindible el desarrollo de una acción internacional concertada a nivel universal, regional y nacional para superar el enfoque tradicional de gestión de la pesca, que se ha mostrado incapaz de hacer frente a estas amenazas. Sin embargo, estos esfuerzos contrastan con la fragilidad y la inadaptación de los instrumentos jurídicos convencionales en los que se contienen regímenes regulatorios sobre la conservación de los recursos vivos marinos. Por ello, la comunidad internacional ha buscado articular un nuevo modelo de gobernanza pesquera basado en las nociones de pesca sostenible y responsable, mediante la adopción de un enfoque ecosistémico, la aplicación del principio de precaución y la protección de la diversidad biológica marina.