EDICIÓN DEL LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2017

Juridi-News

Sumario

  • En portada: creación de la Fiscalía Europea
  • Comunicaciones electrónicas: fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales
  • Extranjería: modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países
  • Nuestra selección del DOUE (semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2017)
  • Lectura: Los servicios públicos tras la crisis económica (Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo)

TODA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EUROPEA DE MANERA PRÁCTICA

EN PORTADA: CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA

Creación, funciones y principios básicos de la Fiscalía europea

Creación (art. 3)

1. Se crea la Fiscalía Europea como órgano de la Unión.

2. La Fiscalía Europea tendrá personalidad jurídica.

3. La Fiscalía Europea cooperará con Eurojust y contará con su apoyo con arreglo al artículo 100.

Funciones (art. 4)

La Fiscalía Europea será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 y determinados por el presente Reglamento, así como de ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos. A tal fin, la Fiscalía Europea efectuará las investigaciones y practicará los actos propios del ejercicio de la acción penal y ejercerá las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, hasta que concluya definitivamente el caso de que se trate.

Principios básicos de las actividades (art. 5)

1. La Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respeten los derechos consagrados en la Carta.

2. La Fiscalía Europea respetará los principios de legalidad y proporcionalidad en todas sus actividades.

3. Las investigaciones y las acusaciones en nombre de la Fiscalía Europea se regirán por el presente Reglamento. La legislación nacional se aplicará a las cuestiones que no estén reguladas por el presente Reglamento. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la legislación nacional aplicable será la del Estado miembro cuyo Fiscal Europeo Delegado esté encargado del expediente, de conformidad con el artículo 13, apartado 1. Cuando una cuestión esté regulada tanto por la legislación nacional como por el presente Reglamento, prevalecerá este último.

4. La Fiscalía Europea llevará a cabo sus investigaciones de forma imparcial y buscará todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias.

5. La Fiscalía Europea iniciará y llevará a cabo sus investigaciones sin retrasos injustificados.

6. Las autoridades nacionales competentes asistirán y respaldarán activamente las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía Europea. Todos los actos, estrategias o procesos a que se refiere el presente Reglamento se guiarán por el principio de cooperación leal.

Independencia y rendición de cuentas (art. 6)

1. La Fiscalía Europea será independiente. El Fiscal General Europeo, los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, el Director Administrativo y el personal de la Fiscalía Europea actuarán en interés de la Unión en su conjunto, según se defina en la legislación, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna persona ajena a la Fiscalía Europea, de ningún Estado miembro de la Unión Europea o institución, órgano u organismo de la Unión en el desempeño de sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento. Los Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones, órganos y organismos de la Unión respetarán la independencia de la Fiscalía Europea y no intentarán influir en ella en el ejercicio de sus funciones.

2. La Fiscalía Europea rendirá cuentas de sus actividades generales ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y presentará informes anuales de conformidad con el artículo 7.

Informes (art. 7)

1. Cada año, la Fiscalía Europea elaborará y presentará públicamente en las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión un informe anual sobre sus actividades generales. Remitirá este informe al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, así como al Consejo y a la Comisión.

2. El Fiscal General Europeo deberá comparecer una vez al año ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo, y ante los parlamentos nacionales de los Estados miembros que lo soliciten, para dar cuenta de las actividades generales de la Fiscalía Europea, sin perjuicio de la obligación de secreto y confidencialidad de la Fiscalía Europea en lo que se refiere a casos concretos y datos personales. El Fiscal General Europeo podrá ser sustituido por uno de los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo en las comparecencias organizadas por los Parlamentos nacionales.

Estatuto jurídico y estructura de la fiscalía Europea

Estructura de la Fiscalía Europea (art. 8)

1. La Fiscalía Europea será un órgano indivisible de la Unión, que funcionará como una fiscalía única con estructura descentralizada.

2. La Fiscalía Europea estará organizada en un nivel central y un nivel descentralizado.

3. El nivel central consistirá en una oficina central situada en la sede de la Fiscalía Europea. La oficina central estará integrada por el Colegio, las Salas Permanentes, el Fiscal General Europeo, los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo, los Fiscales Europeos y el Director Administrativo.

4. El nivel descentralizado estará integrado por los Fiscales Europeos Delegados, que estarán establecidos en los Estados miembros.

5. La oficina central y los Fiscales Europeos Delegados contarán con la asistencia del personal de la Fiscalía Europea para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento.

El Colegio (art. 9)

1. El Colegio de la Fiscalía Europea estará compuesto por el Fiscal General Europeo y un Fiscal Europeo por Estado miembro. El Fiscal General Europeo presidirá las reuniones del Colegio y será responsable de su preparación.

2. El Colegio se reunirá con regularidad y será responsable del seguimiento general de las actividades de la Fiscalía Europea. Adoptará decisiones sobre asuntos estratégicos y sobre cuestiones generales que surjan de casos particulares, en especial con el fin de garantizar la coherencia, eficiencia y sistematicidad de la estrategia de acción penal de la Fiscalía Europea en los Estados miembros, al igual que sobre otros asuntos indicados en el presente Reglamento. El Colegio no adoptará decisiones operativas en casos particulares. En el reglamento interno de la Fiscalía Europea se establecerán normas relativas al ejercicio por el Colegio de las actividades de seguimiento general y a la adopción de decisiones sobre asuntos estratégicos y cuestiones generales de conformidad con el presente artículo.

3. A propuesta del Fiscal General Europeo y de acuerdo con el reglamento interno de la Fiscalía Europea, el Colegio establecerá Salas Permanentes.

4. El Colegio adoptará el reglamento interno de la Fiscalía Europea, de conformidad con el artículo 21, y estipulará las responsabilidades en cuanto al ejercicio de las funciones de los miembros del Colegio y del personal de la Fiscalía Europea.

5. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el Colegio adoptará sus decisiones por mayoría simple. Cualquier miembro del Colegio tendrá derecho a someter a votación sobre asuntos sobre los que deba decidir el Colegio. Cada uno de los miembros del Colegio dispondrá de un voto. El Fiscal General Europeo tendrá voto de calidad en caso de empate en la votación sobre un asunto sobre el que deba decidir el Colegio.

Las Salas Permanentes (art. 10)

1. Las Salas Permanentes estarán presididas por el Fiscal General Europeo o por uno de los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo o por un Fiscal Europeo nombrado presidente de conformidad con el reglamento interno de la Fiscalía Europea. Además de la Presidencia, cada Sala Permanente tendrá dos miembros permanentes. El número de Salas Permanentes, y su composición, así como el reparto de las competencias entre las Salas, deben tener debidamente en cuenta las necesidades de funcionamiento de la Fiscalía Europea y se determinarán con arreglo al reglamento interno de la Fiscalía Europea.

El reglamento interno de la Fiscalía Europea garantizará un reparto equitativo de la carga de trabajo sobre la base de un sistema de atribución aleatoria de los casos y en casos excepcionales establecerá procedimientos que permitan al Fiscal General Europeo decidir desviarse del principio de atribución aleatoria cuando sea necesario para el buen funcionamiento de la Fiscalía Europea.

2. Las Salas Permanentes supervisarán y dirigirán las investigaciones y acusaciones realizadas por los Fiscales Europeos Delegados de conformidad con los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo. Asimismo, se encargarán de la coordinación de las investigaciones y acciones penales en los asuntos transfronterizos y garantizarán la ejecución de las decisiones tomadas por el Colegio de conformidad con el artículo 9, apartado 2.

3. De conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos en el presente Reglamento, en su caso tras examinar una propuesta de decisión presentada por el Fiscal Europeo Delegado encargado, las Salas Permanentes decidirán sobre las cuestiones siguientes:

  • a) llevar un caso a juicio de conformidad con el artículo 36, apartados 1, 3 y 4;
  • b) archivar un caso de conformidad con el artículo 39, apartado 1, letras a) a g);
  • c) aplicar un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal y ordenar al Fiscal Europeo Delegado que adopte las actuaciones necesarias para poner fin al caso conforme al artículo 40;
  • d) remitir un caso a las autoridades nacionales de conformidad con el artículo 34, apartados 1, 2, 3 o 6;
  • e) reabrir una investigación de conformidad con el artículo 39, apartado 2.

4. En caso necesario, las Salas Permanentes adoptarán las decisiones siguientes, de conformidad con las condiciones y los procedimientos establecidos en el presente Reglamento:

  • a) ordenar al Fiscal Europeo Delegado que inicie una investigación de conformidad con las normas enunciadas en el artículo 26, apartados 1 a 4, en caso de que no se haya iniciado ninguna investigación;
  • b) ordenar al Fiscal Europeo Delegado que ejerza el derecho de avocación de conformidad con el artículo 27, apartado 6, en caso de que no se haya avocado el caso;
  • c) someter al Colegio asuntos estratégicos o cuestiones generales que surjan de casos particulares conforme al artículo 9, apartado 2;
  • d) asignar un caso conforme al artículo 26, apartado 3;
  • e) reasignar un caso conforme al artículo 26, apartado 5, o al artículo 28, apartado 3;
  • f) aprobar la decisión de un Fiscal Europeo de dirigir él mismo la investigación conforme al artículo 28, apartado 4.

5. En casos específicos, la Sala Permanente competente, a través del Fiscal Europeo que esté supervisando la investigación o el ejercicio de la acción penal, podrá dar instrucciones al Fiscal Europeo Delegado encargado, respetando la legislación nacional aplicable, cuando sea necesario para la gestión eficiente de la investigación o el ejercicio de la acción penal, en interés de la justicia o para garantizar el funcionamiento coherente de la Fiscalía Europea.

6. La Sala Permanente adoptará sus decisiones por mayoría simple. La Sala llevará a cabo una votación a instancia de cualquiera de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. La Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate. Las decisiones se tomarán tras la deliberación en las reuniones de las Salas sobre la base, cuando proceda, de la propuesta de decisión presentada por el Fiscal Europeo Delegado encargado.

Previa petición, todos los materiales del caso se pondrán a disposición de la Sala Permanente competente con el fin de preparar las decisiones.

7. Las Salas Permanentes podrán decidir delegar en el Fiscal Europeo que supervise el caso de conformidad con el artículo 12, apartado 1, su poder de decisión con arreglo al apartado 3, letras a) o b), del presente artículo, y en este último caso únicamente con respecto a las normas establecidas en el artículo 39, apartado 1, letras a) a f), cuando dicha delegación pueda justificarse debidamente con referencia al nivel de gravedad del delito o la complejidad de los procedimientos en ese caso concreto, en relación con un delito que haya generado o pueda generar un perjuicio para los intereses financieros de la Unión de cuantía inferior a 100 000 EUR. En el reglamento interno de la Fiscalía Europea se establecerán orientaciones a fin de garantizar que la aplicación en la Fiscalía Europea sea sistemática.

La Sala Permanente informará al Fiscal General Europeo de toda decisión de delegar su poder de decisión. Cuando reciba dicha información, el Fiscal General Europeo podrá, en un plazo de tres días, solicitar a la Sala Permanente que revise su decisión en caso de que el Fiscal General Europeo considere que dicha revisión es necesaria para garantizar la coherencia de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal por la Fiscalía Europea. Si el Fiscal General Europeo fuera miembro de la correspondiente Sala Permanente, será uno de los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo el que ejerza el derecho de solicitar la mencionada revisión. El Fiscal Europeo supervisor informará a la Sala Permanente acerca de la resolución final del caso y le comunicará cualquier información o circunstancia que, a su juicio, pueda hacer necesario que se vuelva a evaluar la conveniencia de mantener la delegación, en particular en las circunstancias a que se refiere el artículo 36, apartado 3.

La decisión de delegar el poder de decisión se podrá revocar en cualquier momento a petición de uno de los miembros de la Sala Permanente y se decidirá de conformidad con el apartado 6 del presente artículo. La delegación se revocará si el Fiscal Europeo es sustituido por un Fiscal Europeo Delegado de conformidad con el artículo 16, apartado 7.

Para garantizar una aplicación coherente del principio de delegación, cada Sala Permanente informará una vez al año al Colegio del uso de la delegación.

8. El reglamento interno de la Fiscalía Europea deberá autorizar a las Salas Permanentes a tomar decisiones mediante un procedimiento escrito que se establecerá detalladamente en el propio reglamento interno de la Fiscalía Europea.

Todas las decisiones adoptadas y todas las órdenes dadas de conformidad con los apartados 3, 4, 5 y 7 se harán constar por escrito y formarán parte del expediente del caso.

9. Además de los miembros permanentes, el Fiscal Europeo que esté supervisando una investigación o una acción penal de conformidad con el artículo 12, apartado 1, participará en las deliberaciones de la Sala Permanente. El Fiscal Europeo tendrá derecho de voto, excepto en lo que respecta a las decisiones de la Sala Permanente relativas a la delegación o revocación de delegación de conformidad con el apartado 7 del presente artículo, a la asignación y reasignación de casos en virtud del artículo 26, apartados 3, 4 y 5, y del artículo 27, apartado 6, y a la apertura de juicio en relación con un caso de conformidad con el artículo 36, apartado 3, sobre el que más de un Estado miembro tenga jurisdicción, así como en las situaciones descritas en el artículo 31, apartado 8.

Una Sala Permanente también podrá, bien a petición de un Fiscal Europeo o de un Fiscal Europeo Delegado o por propia iniciativa, invitar a asistir a sus reuniones, sin derecho de voto, a otros Fiscales Europeos o Fiscales Europeos Delegados interesados en un caso.

10. Los presidentes de las Salas Permanentes, de conformidad con el reglamento interno de la Fiscalía Europea, mantendrán informado al Colegio de las decisiones adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, con el fin de que el Colegio pueda cumplir su cometido conforme a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2.

El Fiscal General Europeo y los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo (art. 11)

1. El Fiscal General Europeo estará al frente de la Fiscalía Europea. El Fiscal General Europeo organizará los trabajos de la Fiscalía Europea, dirigirá sus actividades y adoptará decisiones de conformidad con el presente Reglamento y el reglamento interno de la Fiscalía Europea.

2. Se nombrará a dos fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo para que asistan al Fiscal General Europeo en el ejercicio de sus funciones y lo sustituyan cuando este no esté presente o no pueda atender a dichos deberes.

3. El Fiscal General Europeo representará a la Fiscalía Europea ante las instituciones de la Unión y de los Estados miembros de la Unión Europea, y ante terceros. El Fiscal General Europeo podrá delegar sus funciones de representación en uno de sus fiscales adjuntos o en un Fiscal Europeo.

Los Fiscales Europeos (art. 12)

1. En nombre de la Sala Permanente y en cumplimiento de cualquier instrucción que esta haya dado de conformidad con el artículo 10, apartados 3, 4 y 5, los Fiscales Europeos supervisarán las investigaciones y acciones penales de las que sean responsables los Fiscales Europeos Delegados encargados del caso en su Estado miembro de origen. Los Fiscales Europeos presentarán resúmenes de los casos bajo su supervisión y, cuando proceda, propuestas de decisión que habrá de adoptar la mencionada Sala, a partir de propuestas de decisión elaboradas por los Fiscales Europeos Delegados.

El reglamento interno de la Fiscalía Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 7, establecerá un mecanismo de sustitución entre Fiscales Europeos, cuando el Fiscal Europeo supervisor esté temporalmente ausente o no pueda, por otras razones, cumplir las funciones de los Fiscales Europeos. El Fiscal Europeo substituto podrá desempeñar cualquier función de un Fiscal Europeo, con la salvedad de que no podrá llevar a cabo una investigación prevista en el artículo 28, apartado 4.

2. Un Fiscal Europeo podrá solicitar, de manera excepcional, por razones relacionadas con la carga de trabajo resultante del número de las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro de origen del Fiscal Europeo, o cuando exista un conflicto personal de intereses, que la supervisión de las investigaciones y de las actuaciones judiciales de los distintos asuntos tratados por Fiscales Europeos Delegados en su Estado miembro de origen se asigne a otros Fiscales Europeos, siempre y cuando estos estén de acuerdo. El Fiscal General Europeo decidirá sobre la solicitud en función de la carga de trabajo de un Fiscal Europeo. En el caso de conflicto de intereses por parte de un Fiscal Europeo, el Fiscal General Europeo deberá aceptar dicha solicitud. El reglamento interno de la Fiscalía Europea establecerá los principios por los que se regirá dicha decisión y el procedimiento para la posterior asignación de los asuntos de que se trate. El artículo 28, apartado 4, no se aplicará a las investigaciones y actuaciones judiciales supervisadas de conformidad con el presente apartado.

3. Los Fiscales Europeos supervisores podrán, en un caso concreto y de conformidad con el Derecho nacional aplicable y con las órdenes dictadas por la Sala Permanente competente, dar instrucciones al Fiscal Europeo Delegado encargado, siempre que sea necesario para la gestión eficiente de la investigación o el ejercicio de la acción penal o en interés de la justicia, o para garantizar el funcionamiento coherente de la Fiscalía Europea.

4. Cuando la legislación nacional de un Estado miembro establezca el control jurisdiccional de determinados actos dentro de la estructura de la fiscalía nacional, el control jurisdiccional de dichos actos adoptados por el Fiscal Europeo Delegado deberá entrar dentro de la potestad supervisora del Fiscal Europeo supervisor de conformidad con el reglamento interno de la Fiscalía Europea, sin perjuicio de las potestades de supervisión y vigilancia de la Sala Permanente.

5. Los Fiscales Europeos servirán de enlace y de canal de información entre las Salas Permanentes y los Fiscales Europeos Delegados en sus respectivos Estados miembros de origen. Vigilarán la ejecución de las funciones de la Fiscalía Europea en sus Estados miembros respectivos, en estrecha consulta con los Fiscales Europeos Delegados. Garantizarán, de conformidad con el presente Reglamento y con el reglamento interno de la Fiscalía Europea, que toda la información pertinente de la oficina central se facilite a los Fiscales Europeos Delegados y viceversa.

Los Fiscales Europeos Delegados (art. 13)

1. Los Fiscales Europeos Delegados actuarán en nombre de la Fiscalía Europea en sus respectivos Estados miembros y tendrán las mismas potestades que los fiscales nacionales en materia de investigación, ejercicio de la acción penal y apertura de juicios, además y con sujeción a los poderes y al estatuto específicos que les confiere el presente Reglamento y en las condiciones que en él se establecen.

Los Fiscales Europeos Delegados serán responsables de aquellas investigaciones y acciones penales que hayan emprendido, que se les hayan asignado o que hayan asumido haciendo uso de su derecho de avocación. Los Fiscales Europeos Delegados seguirán la dirección e instrucciones de la Sala Permanente a cargo del caso y las instrucciones del Fiscal Europeo supervisor.

Los Fiscales Europeos Delegados también serán responsables de la apertura de juicio, en particular les corresponderá presentar alegaciones en el juicio, participar en la práctica de pruebas y ejercer las vías de recurso disponibles con arreglo al Derecho nacional.

2. Cada Estado miembro contará al menos con dos Fiscales Europeos Delegados. El Fiscal General Europeo, tras consultar a las autoridades competentes de los Estados miembros y llegar a un acuerdo con ellas, aprobará el número de Fiscales Europeos Delegados, así como el reparto territorial y funcional de competencias entre los Fiscales Europeos Delegados dentro de cada Estado miembro.

3. Los Fiscales Europeos Delegados podrán ejercer asimismo funciones de fiscales nacionales, en la medida en que ello no les impida cumplir con sus obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Informarán al Fiscal Europeo supervisor sobre tales funciones. En caso de que un Fiscal Europeo Delegado no esté en condiciones en un momento dado de cumplir con sus funciones como Fiscal Europeo Delegado debido al ejercicio de tales funciones como fiscal nacional, lo notificará al Fiscal Europeo supervisor, quien deberá consultar a las autoridades competentes de la fiscalía nacional a fin de determinar si se debe dar prioridad o no a las funciones contempladas en el presente Reglamento. El Fiscal Europeo podrá proponer a la Sala Permanente que reasigne el caso a otro Fiscal Europeo Delegado en el mismo Estado miembro o dirigir personalmente las investigaciones de conformidad con el artículo 28, apartados 3 y 4.

Nombramiento y destitución de los miembros de la fiscalía Europea

Nombramiento y destitución del Fiscal General Europeo (art. 14)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo nombrarán de común acuerdo al Fiscal General Europeo por un mandato no renovable de siete años. El Consejo se pronunciará por mayoría simple.

2. El Fiscal General Europeo será seleccionado de entre candidatos que:

  • a) sean miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura de los Estados miembros, o Fiscales Europeos en activo;
  • b) ofrezcan absolutas garantías de independencia;
  • c) reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones del Ministerio Fiscal o de la judicatura en sus respectivos Estados miembros y tengan una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal, o hayan ejercido como Fiscales Europeos, y
  • d) tengan una experiencia y cualificaciones de gestión suficientes para el puesto.

3. La selección se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual un comité de selección elaborará una lista restringida de candidatos cualificados que se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. El comité de selección estará compuesto por doce personas elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas, antiguos miembros nacionales de Eurojust, miembros de los tribunales supremos nacionales, fiscales de alto rango y juristas de reconocida competencia. Una de las personas elegidas será propuesta por el Parlamento Europeo. El Consejo establecerá las normas de funcionamiento del comité de selección y adoptará, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se designe a sus miembros.

4. En caso de que un Fiscal Europeo sea nombrado Fiscal General Europeo, su puesto de Fiscal Europeo deberá cubrirse sin dilación, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 16, apartados 1 y 2.

5. El Tribunal de Justicia, a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, podrá destituir al Fiscal General Europeo si estima que ya no está en condiciones de desempeñar sus funciones o que ha incurrido en una falta grave.

6. En caso de que el Fiscal General Europeo dimita, o de que sea destituido o abandone su cargo por cualquier motivo, su puesto deberá cubrirse inmediatamente de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3.

Nombramiento y destitución de los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo (art. 15)

1. El Colegio nombrará a dos Fiscales Europeos para que desempeñen el cargo de fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo para un mandato renovable de tres años, sin que dicho mandato pueda superar la duración de sus mandatos como Fiscales Europeos. El proceso de selección estará regulado en el reglamento interno de la Fiscalía Europea. Los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo conservarán su estatuto de Fiscales Europeos.

2. Las normas y condiciones para el ejercicio de la función de fiscal adjunto al Fiscal General Europeo se establecerán en el reglamento interno de la Fiscalía Europea. En caso de que un Fiscal Europeo no pueda seguir desempeñando sus funciones en calidad de fiscal adjunto al Fiscal General Europeo, el Colegio podrá decidir, de conformidad con el reglamento interno de la Fiscalía Europea, destituir al fiscal adjunto al Fiscal General Europeo de ese cargo.

3. En caso de que un fiscal adjunto al Fiscal General Europeo dimita, sea destituido o abandone su cargo de fiscal adjunto al Fiscal General Europeo por cualquier motivo, su puesto deberá cubrirse sin dilación de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1 del presente artículo. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 16, seguirá siendo Fiscal Europeo.

Nombramiento y destitución de los Fiscales Europeos (art. 16)

1. Cada Estado miembro designará a tres candidatos para el cargo de Fiscal Europeo de entre candidatos que:

  • a) sean miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura del correspondiente Estado miembro;
  • b) ofrezcan absolutas garantías de independencia, y
  • c) reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones del Ministerio Fiscal o de la judicatura en sus respectivos Estados miembros, y tengan una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal.

2. Después de haber recibido el dictamen motivado del comité de selección mencionado en el artículo 14, apartado 3, el Consejo seleccionará y nombrará a uno de los candidatos Fiscal Europeo del Estado miembro en cuestión. En caso de que el comité de selección estime que un candidato no reúne las condiciones requeridas para el desempeño de las funciones de Fiscal Europeo, su dictamen vinculará al Consejo.

3. El Consejo, por mayoría simple, elegirá y nombrará a los Fiscales Europeos para un mandato no renovable de seis años. El Consejo podrá decidir prorrogar el mandato por un período máximo de tres años al final del período de seis años.

4. Cada tres años se llevará a cabo la sustitución parcial de un tercio de los Fiscales Europeos. El Consejo adoptará, por mayoría simple, normas transitorias para el nombramiento de los Fiscales Europeos para el primer período de su mandato y durante el mismo.

5. El Tribunal de Justicia, a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, podrá destituir a un Fiscal Europeo si estima que ya no está en condiciones de desempeñar sus funciones o que ha incurrido en una falta grave.

6. En caso de que un Fiscal Europeo dimita, sea destituido o abandone su cargo por cualquier otro motivo, su puesto deberá cubrirse sin dilación de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2. Si el Fiscal Europeo en cuestión ejerce también de fiscal adjunto al Fiscal General Europeo, se le deberá destituir automáticamente también de este último cargo.

7. El Colegio, en el momento del nombramiento de cada Fiscal Europeo, designará a uno de entre los Fiscales Europeos Delegados del mismo Estado miembro para que sustituya al Fiscal Europeo en caso de que este último no pueda seguir desempeñando sus funciones o de que haya abandonado su cargo con arreglo a los apartados 5 y 6.

Cuando el Colegio reconozca la necesidad de una sustitución, la persona designada actuará como Fiscal Europeo provisional, en espera de la sustitución definitiva o del regreso del Fiscal Europeo, por un período que no podrá exceder de tres meses. El Colegio podrá, cuando así se le solicite, prorrogar ese período en caso necesario. Los mecanismos y las modalidades de sustitución temporal se determinarán y regirán por el reglamento interno de la Fiscalía Europea.

Nombramiento y destitución de los Fiscales Europeos Delegados (art. 17)

1. El Colegio, a propuesta del Fiscal General Europeo, nombrará a los Fiscales Europeos Delegados designados por los Estados miembros. El Colegio podrá rechazar a una persona que haya sido designada si esta no cumple los criterios indicados en el apartado 2. Los Fiscales Europeos Delegados serán nombrados para un mandato renovable de cinco años.

2. Los Fiscales Europeos Delegados, desde el momento de su nombramiento como Fiscales Europeos Delegados y hasta su destitución, deben ser miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura de los correspondientes Estados miembros que los hayan designado. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia y poseer las cualificaciones necesarias, así como la experiencia práctica pertinente en el marco de su sistema jurídico nacional.

3. El Colegio destituirá a un Fiscal Europeo Delegado si estima que ha dejado de cumplir los requisitos previstos en el apartado 2, no está en condiciones de desempeñar sus funciones, o ha incurrido en una falta grave.

4. En caso de que un Estado miembro decida destituir a un fiscal nacional que haya sido nombrado Fiscal Europeo Delegado, o adoptar medidas disciplinarias contra él, por motivos ajenos a sus responsabilidades con arreglo al presente Reglamento, informará al Fiscal General Europeo antes de aplicar dicha medida. Un Estado miembro no podrá destituir a un Fiscal Europeo Delegado, o adoptar medidas disciplinarias contra él, por motivos vinculados a sus responsabilidades en el marco del presente Reglamento sin el consentimiento del Fiscal General Europeo. En caso de que el Fiscal General Europeo no diera su consentimiento, el Estado miembro interesado podrá pedir al Colegio que examine la cuestión.

5. En caso de que un Fiscal Europeo Delegado dimita, o de que sus servicios dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Europea, o de que sea destituido o abandone su cargo por cualquier otro motivo, el Estado miembro correspondiente informará inmediatamente de ello al Fiscal General Europeo y, en caso necesario, designará a otro fiscal para que sea nombrado nuevo Fiscal Europeo Delegado de conformidad con el apartado 1.

Estatuto del Director Administrativo (art. 18)

1. El Director Administrativo será contratado como agente temporal de la Fiscalía Europea con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.

2. El Colegio nombrará al Director Administrativo de entre una lista de candidatos propuestos por el Fiscal General Europeo, al término de un procedimiento de selección abierto y transparente conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de la Fiscalía Europea. A efectos de la celebración del contrato del Director Administrativo, la Fiscalía Europea estará representada por el Fiscal General Europeo.

3. El mandato del Director Administrativo será de cuatro años. Al término de dicho mandato, el Colegio realizará una evaluación en la que se tendrá en cuenta una valoración de la labor del Director Administrativo.

4. El Colegio, a partir de una propuesta del Fiscal General Europeo que tendrá en cuenta la evaluación a que se hace referencia en el apartado 3, podrá prorrogar una vez el mandato del Director Administrativo por un período no superior a cuatro años.

5. Un Director Administrativo cuyo mandato se haya prorrogado no podrá participar en otro proceso de selección para el mismo puesto al finalizar el mandato completo.

6. El Director Administrativo rendirá cuentas al Fiscal General Europeo y al Colegio.

7. El Director Administrativo podrá ser destituido de la Fiscalía Europea por decisión del Colegio adoptada por mayoría de dos tercios de sus miembros y sin perjuicio de las normas aplicables en materia de rescisión de contratos en el marco del Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes.

Responsabilidades del Director Administrativo (art. 19)

1. A efectos administrativos y presupuestarios, el encargado de gestionar la Fiscalía Europea será el Director Administrativo.

2. Sin perjuicio de los poderes del Colegio o del Fiscal General Europeo, el Director Administrativo actuará de manera independiente en el desempeño de sus obligaciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro órgano.

3. El Director Administrativo será el representante legal de la Fiscalía Europea a efectos administrativos y presupuestarios. El Director Administrativo ejecutará el presupuesto de la Fiscalía Europea.

4. El Director Administrativo se ocupará de la ejecución de las tareas administrativas que le asigne la Fiscalía Europea, en particular:

  • a) la gestión diaria de la Fiscalía Europea y de su personal;
  • b) la ejecución de las decisiones adoptadas por el Fiscal General Europeo o el Colegio;
  • c) la preparación del documento de programación anual y plurianual y la presentación del mismo al Fiscal General Europeo;
  • d) la ejecución de los documentos de programación anual y plurianual y presentación de información al Colegio acerca de su ejecución;
  • e) la elaboración de las partes administrativa y presupuestaria del informe anual sobre las actividades de la Fiscalía Europea;
  • f) la elaboración de un plan de actuación que tenga en cuenta las conclusiones de los informes de auditoría, las evaluaciones y las investigaciones de carácter interno o externo, incluidas las del Supervisor Europeo de Protección de Datos y la OLAF, y la presentación de información a dichos órganos y al Colegio al respecto dos veces al año;
  • g) la preparación de una estrategia interna de lucha contra el fraude para la Fiscalía Europea y la presentación de la misma al Colegio para su aprobación;
  • h) la elaboración de una propuesta para el proyecto de normas financieras aplicables a la Fiscalía Europea y su presentación al Fiscal General Europeo;
  • i) la elaboración de una propuesta para el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Fiscalía Europea y su presentación al Fiscal General Europeo;
  • j) el apoyo administrativo necesario para facilitar la labor operativa de la Fiscalía Europea;
  • k) el apoyo al Fiscal General Europeo y a los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Disposiciones administrativas provisionales de la Fiscalía Europea (art. 20)

1. A partir de créditos presupuestarios provisionales asignados en su propio presupuesto, la Comisión se encargará del establecimiento y el funcionamiento administrativo inicial de la Fiscalía Europea hasta que esta tenga capacidad para ejecutar su propio presupuesto. Con tal fin, la Comisión podrá:

  • a) designar, previa consulta al Consejo, a un funcionario de la Comisión para que actúe como Director Administrativo interino y ejerza los cometidos asignados al Director Administrativo, incluidos los poderes conferidos por el Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes por lo que atañe a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos del personal administrativo de la Fiscalía Europea, respecto de todo puesto de personal que haya de cubrirse antes de que el Director Administrativo entre en funciones de conformidad con el artículo 18;
  • b) ofrecer asistencia a la Fiscalía Europea, en particular enviando en comisión de servicios a un número limitado de funcionarios de la Comisión que resulte necesario para desempeñar las actividades administrativas de la Fiscalía Europea bajo la responsabilidad del Director Administrativo interino.

2. El Director Administrativo interino podrá autorizar todos los pagos cubiertos por créditos consignados en el presupuesto de la Fiscalía Europea y podrá celebrar contratos como, por ejemplo, los contratos de personal.

3. Una vez que el Colegio asuma sus funciones de conformidad con el artículo 9, apartado 1, el Director Administrativo interino ejercerá sus funciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18. El Director Administrativo interino cesará en el ejercicio de sus funciones cuando asuma sus funciones el Director Administrativo tras haber sido nombrado por el Colegio de conformidad con el artículo 18.

4. Hasta que el Colegio asuma sus funciones de conformidad con el artículo 9, apartado 1, la Comisión ejercerá las funciones que le incumben a tenor del presente artículo en consulta con un grupo de expertos integrado por representantes de los Estados miembros.

Competencia de la fiscalía Europea

Competencia material de la Fiscalía Europea (art. 22)

1. La Fiscalía Europea será competente respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión contemplados en la Directiva (UE) 2017/1371 y tal y como esta se haya transpuesto por la legislación nacional, con independencia de que el mismo comportamiento constitutivo de delito pueda clasificarse como constitutivo de otro tipo de delito con arreglo al Derecho nacional. En lo que respecta a los delitos mencionados en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva (UE) 2017/1371, tal como se haya transpuesto por la legislación nacional, la Fiscalía Europea solo será competente cuando las acciones u omisiones intencionadas definidas en dicha disposición tengan relación con el territorio de dos o más Estados miembros y supongan un perjuicio total de al menos 10 millones de EUR.

2. La Fiscalía Europea también será competente respecto de delitos relativos a la participación en una organización delictiva definida en la Decisión Marco 2008/841/JAI, tal y como esta se haya transpuesto por la legislación nacional, si la actividad delictiva de dicha organización se centra en cometer alguno de los delitos a que hace referencia el apartado 1.

3. La Fiscalía Europea también será competente respecto de cualquier otro delito que esté indisociablemente vinculado con un comportamiento constitutivo de delito incluido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del presente artículo. La competencia respecto de dichos delitos solo podrá ejercerse de conformidad con el artículo 25, apartado 3.

4. En cualquier caso, la Fiscalía Europea no será competente respecto de delitos referentes a los impuestos directos nacionales, incluidos los delitos indisociablemente vinculados a ellos. La estructura y el funcionamiento de la administración tributaria de los Estados miembros no se verán afectados por el presente Reglamento.

Competencia territorial y personal de la Fiscalía Europea (art. 23)

La Fiscalía Europea tendrá competencia respecto de los delitos a que se hace referencia en el artículo 22 cuando dichos delitos:

  • a) hayan sido cometidos total o parcialmente en el territorio de uno o varios de los Estados miembros;
  • b) hayan sido cometidos por un nacional de un Estado miembro, siempre que un Estado miembro sea competente respecto de ese tipo de delito cuando se haya cometido fuera de su territorio, o
  • c) hayan sido cometidos fuera de los territorios a que se refiere la letra a) por una persona sujeta al Estatuto de los funcionarios o al Régimen aplicable a los otros agentes en el momento de la perpetración del delito, siempre que un Estado miembro sea competente respecto de ese tipo de delito cuando se haya cometido fuera de su territorio.

Ejercicio de la competencia de la fiscalía Europea

Presentación de informes, registro y verificación de la información (art. 24)

1. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión y las autoridades de los Estados miembros que sean competentes con arreglo al Derecho nacional aplicable informarán a la Fiscalía Europea, sin dilación indebida, de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 2 y 3.

2. Cuando una autoridad judicial o policial de un Estado miembro inicie una investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, o en caso de que, en cualquier momento tras el inicio de una investigación, la autoridad judicial o policial competente de un Estado miembro considere que una investigación se refiere a un delito de este tipo, dicha autoridad informará a la Fiscalía Europea sin dilación indebida para que esta pueda decidir si ejerce o no su derecho de avocación de conformidad con el artículo 27.

3. Cuando una autoridad judicial o policial de un Estado miembro inicie una investigación respecto de un delito definido en el artículo 22 y considere que la Fiscalía Europea podría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3, no ejercer su competencia, informará de ello a la Fiscalía Europea.

4. El informe contendrá, como mínimo, una descripción de los hechos, incluidas una evaluación del perjuicio causado o que podría causarse, la posible tipificación jurídica y toda información disponible sobre víctimas potenciales, sospechosos y cualesquiera otras personas implicadas.

5. También se informará a la Fiscalía Europea, de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo, de los casos en los que no sea posible efectuar una evaluación de si se cumplen o no los criterios establecidos en el artículo 25, apartado 2.

6. La información facilitada a la Fiscalía Europea será registrada y verificada de conformidad con su reglamento interno. La verificación evaluará si, sobre la base de la información facilitada de conformidad con los apartados 1 y 2, existen motivos para iniciar una investigación o para ejercer el derecho de avocación.

7. En caso de que, una vez efectuada la verificación, la Fiscalía Europea decida que no existen motivos para iniciar una investigación de conformidad con el artículo 26 o para ejercer el derecho de avocación de conformidad con el artículo 27, se anotarán las razones en el sistema de gestión de casos.

La Fiscalía Europea informará a la autoridad que haya comunicado el comportamiento constitutivo de delito de conformidad con los apartados 1 o 2, así como a las víctimas del delito y, si así lo establece la legislación nacional, a otras personas que hayan comunicado el comportamiento constitutivo de delito.

8. Cuando se ponga en conocimiento de la Fiscalía Europea que puede haberse cometido un delito que no esté comprendido en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, informará sin dilación indebida a las autoridades nacionales competentes y les remitirá todas las pruebas pertinentes.

9. En casos concretos, la Fiscalía Europea podrá solicitar la información pertinente adicional de que dispongan a las instituciones, órganos u organismos de la Unión y a las autoridades de los Estados miembros. La información solicitada también podrá referirse a infracciones que hayan causado un perjuicio a los intereses financieros de la Unión, distintas de las que sean de la competencia de la Fiscalía Europea de conformidad con el artículo 25, apartado 2.

10. La Fiscalía Europea podrá solicitar otra información para que el Colegio, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, pueda dar orientaciones generales sobre la interpretación de la obligación de informar a la Fiscalía Europea de casos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 25, apartado 2.

Ejercicio de la competencia de la Fiscalía Europea (art. 25)

1. La Fiscalía Europea ejercerá su competencia iniciando una investigación de conformidad con el artículo 26, o bien decidiendo ejercer su derecho de avocación de conformidad con el artículo 27. Cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito.

2. Cuando un delito incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22 cause o pueda causar un perjuicio para los intereses financieros de la Unión cuya cuantía sea inferior a 10 000 EUR, la Fiscalía Europea únicamente podrá ejercer su competencia cuando:

  • a) el asunto tenga repercusiones a escala de la Unión que requieran que la Fiscalía Europea lleve a cabo una investigación, o
  • b) funcionarios u otros agentes de la Unión o miembros de las instituciones de la Unión sean sospechosos de haber cometido el delito.

La Fiscalía Europea consultará, según proceda, a las autoridades nacionales u órganos de la Unión competentes, a fin de establecer si se cumplen los criterios establecidos en las letras a) y b) del párrafo primero.

3. La Fiscalía Europea se abstendrá de ejercer su competencia respecto de todo delito comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 22 y, previa consulta con las autoridades nacionales competentes, remitirá el caso sin dilación indebida a estas últimas, de conformidad con el artículo 34, si:

  • a) la sanción máxima establecida por la legislación nacional para un delito incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartado 1, es igual a o menos severa que la sanción máxima establecida para un delito indisociablemente vinculado a que se refiere el artículo 22, apartado 3, salvo en caso de que este último delito haya sido un instrumental para cometer el delito incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartado 1, o
  • b) existe algún motivo para suponer que el perjuicio causado o que puede causar a los intereses financieros de la Unión un delito de los mencionados en el artículo 22 no es mayor que el perjuicio causado o que puede causarse a otra víctima.

La letra b) del párrafo primero del presente apartado no se aplicará a los delitos mencionados en el artículo 3, apartado 2, letras a), b) y d), de la Directiva (UE) 2017/1371 tal como se haya transpuesto por la legislación nacional.

4. La Fiscalía Europea podrá, con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes, ejercer su competencia respecto de los delitos a que se refiere el artículo 22, en los casos que de otro modo quedarían excluidos por aplicación del apartado 3, letra b), del presente artículo, si resulta que la Fiscalía Europea está en mejores condiciones para investigar o ejercer la acción penal.

5. La Fiscalía Europea informará a las autoridades nacionales competentes, sin dilación indebida, de toda decisión de ejercer o no su competencia.

6. En caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal sobre la cuestión de determinar si el comportamiento constitutivo de delito está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartados 2 o 3, o del artículo 25, apartados 2 o 3, las autoridades nacionales competentes en materia de atribución de competencia para el ejercicio de la acción penal a escala nacional decidirán quién será competente para la investigación del caso. Los Estados miembros designarán a la autoridad nacional que decidirá en materia de atribución de competencia.

Normas en materia de investigaciones

Inicio de investigaciones y asignación de competencias dentro de la Fiscalía Europea (art. 26)

1. Cuando, de conformidad con el Derecho nacional aplicable, existan motivos razonables para creer que se está cometiendo o se ha cometido un delito respecto del que sea competente la Fiscalía Europea, un Fiscal Europeo Delegado en un Estado miembro que, con arreglo a su legislación nacional, tenga competencia respecto del delito, iniciará una investigación y lo anotará en el sistema de gestión de casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, apartados 2 y 3.

2. En caso de que, una vez efectuada una verificación de conformidad con el artículo 24, apartado 6, la Fiscalía Europea decida iniciar una investigación, informará sin dilación indebida a la autoridad que haya comunicado el comportamiento constitutivo de delito de conformidad con el artículo 24, apartados 1 o 2.

3. En caso de que ningún Fiscal Europeo Delegado haya iniciado investigación alguna, la Sala Permanente a la que se haya asignado el caso encomendará a un Fiscal Europeo Delegado que inicie una investigación con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 1.

4. Los casos serán, en principio, iniciados y conocidos por un Fiscal Europeo Delegado del Estado miembro en el que se sitúe el centro de la actividad delictiva o, si se han cometido varios delitos conexos que sean competencia de la Fiscalía Europea, por un Fiscal Europeo Delegado del Estado miembro en el que se haya cometido la mayor parte de los delitos. Un Fiscal Europeo Delegado de un Estado miembro distinto de aquel que tenga competencia sobre el caso únicamente podrá iniciar una investigación, o la Sala Permanente competente únicamente podrá ordenarle que la inicie, cuando esté debidamente justificado desviarse de la norma establecida en la frase anterior, teniendo en cuenta los siguientes criterios, por orden de prioridad:

  • a) el lugar de residencia habitual del sospechoso o acusado;
  • b) la nacionalidad del sospechoso o acusado;
  • c) el lugar donde se haya producido el principal perjuicio financiero.

5. Hasta que se adopte la decisión de formular escrito de acusación de conformidad con el artículo 36, la Sala Permanente competente podrá, en los casos relativos a la competencia de más de un Estado miembro y previa consulta con los Fiscales Europeos y/o los Fiscales Europeos Delegados afectados, decidir lo siguiente:

  • a) reasignar el caso a un Fiscal Europeo Delegado en otro Estado miembro;
  • b) acumular o escindir casos y, respecto de cada uno de ambos supuestos, elegir al Fiscal Europeo Delegado encargado,

si dichas decisiones redundan en beneficio general de la justicia y se ajustan a los criterios para la elección del Fiscal Europeo Delegado encargado de conformidad con el apartado 4 del presente artículo.

6. Siempre que la Sala Permanente adopte la decisión de reasignar, acumular o escindir un caso, deberá tener debidamente en cuenta el estado en que se encuentren las investigaciones.

7. La Fiscalía Europea informará a las autoridades nacionales competentes sin dilación indebida de toda decisión de iniciar una investigación.

Derecho de avocación (art. 27)

1. Una vez que reciba toda la información pertinente de conformidad con el artículo 24, apartado 2, la Fiscalía Europea adoptará su decisión a propósito de ejercer o no su derecho de avocación lo antes posible, aunque no después de que transcurran cinco días desde la fecha en que reciba la información procedente de las autoridades nacionales, e informará a estas de su decisión. El Fiscal General Europeo podrá, en determinados casos específicos, adoptar la decisión motivada de prorrogar este plazo por un período máximo de cinco días, e informará de ello a las autoridades nacionales.

2. Durante los plazos previstos en el apartado 1, las autoridades nacionales se abstendrán de adoptar decisión alguna con arreglo a la legislación nacional que pueda tener el efecto de impedir que la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación.

Las autoridades nacionales adoptarán todas las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con la legislación nacional, para garantizar una investigación y un ejercicio de la acción penal efectivos.

3. Si la Fiscalía Europea tiene conocimiento, por medios distintos de la información a que hace referencia el artículo 24, apartado 2, de que las autoridades competentes de un Estado miembro han iniciado ya una investigación respecto de un delito sobre el que la Fiscalía Europea podría tener competencia, informará sin dilación a dichas autoridades. Tras haber sido debidamente informada de conformidad con el artículo 24, apartado 2, la Fiscalía Europea adoptará una decisión sobre si ejerce o no su derecho de avocación. La decisión se adoptará dentro de los plazos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.

4. La Fiscalía Europea consultará, cuando proceda, a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate antes de decidir si ejerce o no su derecho de avocación.

5. Cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito.

6. El derecho de avocación establecido en el presente artículo podrá ser ejercido por un Fiscal Europeo Delegado de cualquier Estado miembro cuyas autoridades competentes hayan iniciado una investigación respecto de un delito comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 22 y 23.

En caso de que un Fiscal Europeo Delegado que haya recibido la información de conformidad con el artículo 24, apartado 2, considere no ejercer el derecho de avocación, informará de ello a la Sala Permanente por medio del Fiscal Europeo de su Estado miembro con miras a posibilitar que la Sala Permanente adopte una decisión de conformidad con el artículo 10, apartado 4.

7. En caso de que la Fiscalía Europea se haya abstenido de ejercer su competencia, informará a las autoridades nacionales competentes sin dilación indebida. En cualquier momento del transcurso del proceso, las autoridades nacionales competentes informarán a la Fiscalía Europea de todo nuevo hecho que pueda darle motivos para reconsiderar su decisión de no ejercer su competencia.

La Fiscalía Europea podrá ejercer su derecho de avocación tras haber recibido dicha información, siempre que la investigación nacional no se haya finalizado y no se haya presentado acusación ante un tribunal. La decisión se adoptará dentro del plazo establecido en el apartado 1.

8. Cuando, en relación con delitos que causen o puedan causar un perjuicio para los intereses financieros de la Unión cuya cuantía sea inferior a 100 000 EUR, el Colegio considere que, con referencia al nivel de gravedad del delito o la complejidad de los procedimientos en el caso particular, no resulta necesario investigar un caso o ejercer la acción penal al respecto a nivel de la Unión, formulará, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, unas orientaciones generales que permitan a los Fiscales Europeos Delegados decidir, de manera independiente y sin dilación indebida, no avocar el caso.

Las orientaciones indicarán, con todos los detalles necesarios, las circunstancias a las que se aplican, y establecerán criterios claros, teniendo en cuenta específicamente la naturaleza del delito, la urgencia de la situación y el compromiso de las autoridades nacionales de tomar todas las medidas necesarias para conseguir la plena recuperación del perjuicio causado a los intereses financieros de la Unión.

9. Para garantizar la aplicación coherente de las orientaciones, un Fiscal Europeo Delegado informará a la Sala Permanente competente de cada una de las decisiones que adopte de conformidad con el apartado 8, y cada Sala Permanente presentará al Colegio un informe anual sobre la aplicación de las orientaciones.

Realización de la investigación (art. 28)

1. El Fiscal Europeo Delegado encargado de un caso podrá, de conformidad con el presente Reglamento y con el Derecho nacional, bien emprender medidas de investigación u otras medidas por iniciativa propia, bien encomendárselas a las autoridades competentes de su Estado miembro. Dichas autoridades garantizarán, de conformidad con el Derecho nacional, que se sigan todas las instrucciones y se emprendan las medidas que se les asignen. El Fiscal Europeo Delegado encargado comunicará al Fiscal Europeo competente y a la Sala Permanente, mediante el sistema de gestión de casos, todo elemento significativo que afecte a la evolución del asunto, de conformidad con las normas establecidas en el reglamento interno de la Fiscalía Europea.

2. En cualquier momento del transcurso de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Europea, las autoridades nacionales competentes adoptarán las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con el Derecho nacional, para garantizar que las investigaciones sean efectivas, aun cuando no actúen específicamente en virtud de una instrucción impartida por el Fiscal Europeo Delegado encargado. Las autoridades nacionales competentes informarán sin dilación indebida al Fiscal Europeo Delegado encargado de las medidas urgentes adoptadas.

3. La Sala Permanente competente podrá decidir, a propuesta del Fiscal Europeo supervisor, reasignar el caso a otro Fiscal Europeo Delegado en el mismo Estado miembro cuando el Fiscal Europeo Delegado encargado:

  • a) no pueda llevar a cabo la investigación o ejercer la acción penal, o
  • b) deje de seguir las instrucciones de la Sala Permanente competente o del Fiscal Europeo.

4. En casos excepcionales, tras haber obtenido la aprobación de la Sala Permanente competente, el Fiscal Europeo supervisor podrá tomar la decisión motivada de dirigir personalmente la investigación, ya sea emprendiendo las medidas de investigación y otras medidas personalmente, bien encomendándoselas a las autoridades competentes de su Estado miembro, si ello parece ser indispensable en interés de la eficiencia de la investigación o del ejercicio de la acción penal por razón de uno o varios de los siguientes criterios:

  • a) la gravedad del delito, en particular en vista de sus posibles repercusiones a escala de la Unión;
  • b) cuando la investigación se refiera a funcionarios u otros agentes de la Unión o a miembros de las instituciones de la Unión;
  • c) en caso de que el mecanismo de reasignación establecido en el apartado 3 no haya funcionado.

En tales circunstancias excepcionales, los Estados miembros garantizarán que el Fiscal Europeo esté facultado para ordenar o solicitar medidas de investigación y otras medidas, y que tenga todos los poderes, responsabilidades y obligaciones de un Fiscal Europeo Delegado, de conformidad con el presente Reglamento y con el Derecho nacional.

Se informará, sin dilación indebida, a las autoridades nacionales competentes y a los Fiscales Europeos Delegados afectados por el caso de la decisión adoptada en virtud del presente apartado.

Suspensión de privilegios o inmunidades (art. 29)

1. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por un privilegio o inmunidad en virtud del Derecho nacional y dicho privilegio o inmunidad suponga un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, el Fiscal General Europeo presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión con arreglo a los procedimientos establecidos por el Derecho nacional.

2. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por privilegios o inmunidades en virtud del Derecho de la Unión, en particular, el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión, y dichos privilegios o inmunidades supongan un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, el Fiscal General Europeo presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión con arreglo a los procedimientos establecidos por el Derecho de la Unión.

Normas sobre medidas de investigación y otras medidas

Medidas de investigación y otras medidas (art. 30)

1. Al menos en los casos en que el delito objeto de la investigación sea punible con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión, los Estados miembros garantizarán que los Fiscales Europeos Delegados estén facultados para ordenar o solicitar las siguientes medidas de investigación:

  • a) inspeccionar cualquier local, territorio, medio de transporte, domicilio privado, ropa y pertenencias personales o sistemas informáticos, y adoptar todas las medidas cautelares necesarias para preservar su integridad o evitar la pérdida o contaminación de pruebas;
  • b) conseguir la presentación de cualquier objeto o documento pertinente, ya sea en su formato original o en otro formato determinado;
  • c) conseguir la presentación de datos informáticos almacenados, ya sean encriptados o descifrados, en su formato original o en otro formato determinado, incluidos los datos relativos a cuentas bancarias y de tráfico, con la excepción de los datos específicamente conservados de conformidad con el Derecho nacional en aplicación del artículo 15, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
  • d) inmovilizar los instrumentos o los productos del delito, incluidos los activos, si se prevé que el órgano jurisdiccional los decomisará y si existen motivos para pensar que el propietario, poseedor o gestor de dichos instrumentos o productos intentará frustrar la sentencia que ordene su decomiso;
  • e) interceptar las comunicaciones electrónicas enviadas y recibidas por el sospechoso o el acusado, a través de todo medio de telecomunicaciones electrónicas que utilice el sospechoso o el acusado;
  • f) seguir y localizar un objeto por medios técnicos, incluidas las entregas controladas de mercancías.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, las medidas de investigación establecidas en el apartado 1 del presente artículo podrán estar sujetas a condiciones de conformidad con el Derecho nacional aplicable si este contiene restricciones específicas que se aplican respecto de determinadas categorías de personas o profesionales que están sometidas a una obligación de confidencialidad jurídicamente vinculante.

3. Las medidas de investigación establecidas en el apartado 1, letras c), e) y f), del presente artículo podrán estar sujetas a otras condiciones, incluidas limitaciones, previstas por el Derecho nacional aplicable. En particular, los Estados miembros podrán restringir la aplicación del apartado 1, letras e) y f), del presente artículo, a delitos graves específicos. Un Estado miembro que tenga la intención de hacer uso de esa limitación notificará a la Fiscalía Europea la correspondiente lista de delitos graves específicos de acuerdo con el artículo 117.

4. Los Fiscales Europeos Delegados estarán facultados para solicitar u ordenar cualesquiera otras medidas a las que puedan recurrir los fiscales en su respectivo Estado miembro en casos similares en virtud del Derecho nacional, además de las medidas indicadas en el apartado 1.

5. Los Fiscales Europeos Delegados solo podrán ordenar las medidas a las que se refieren los apartados 1 y 4 cuando existan motivos razonables para creer que la medida específica de que se trate podría facilitar información o aportar pruebas útiles para la investigación, y cuando no quepa recurrir a medidas menos intrusivas que puedan lograr el mismo objetivo. La legislación nacional aplicable regirá los procedimientos y las modalidades para adoptar las medidas.

Investigaciones transfronterizas (art. 31)

1. Los Fiscales Europeos Delegados actuarán en estrecha cooperación, asistiéndose y consultándose mutuamente con regularidad en los casos transfronterizos. Cuando una medida haya de llevarse a efecto en un Estado miembro distinto del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado encargado, este Fiscal Europeo Delegado decidirá sobre la adopción de la medida necesaria y la asignará a un Fiscal Europeo Delegado ubicado en el Estado miembro en el que haya de ejecutarse la medida.

2. El Fiscal Europeo Delegado encargado podrá asignar cualquier medida a la que pueda recurrir de conformidad con el artículo 30. La motivación y la adopción de tales medidas estarán regidas por la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado encargado. Cuando el Fiscal Europeo Delegado encargado asigne una medida de investigación a uno o varios Fiscales Europeos Delegados de otro Estado miembro, deberá informar al mismo tiempo a su Fiscal Europeo supervisor.

3. En caso de que la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente exija autorización judicial para la medida, el Fiscal Europeo Delegado asistente obtendrá dicha autorización de conformidad con el Derecho de dicho Estado miembro.

En caso de que la autorización judicial para la medida asignada sea denegada, el Fiscal Europeo Delegado encargado retirará la asignación.

No obstante, en caso de que la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente no exija dicha autorización judicial, pero la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado encargado sí la exija, este último deberá obtener la autorización y presentarla junto con la asignación.

4. El Fiscal Europeo Delegado asistente llevará a efecto la medida asignada, o encomendará a la autoridad nacional competente que la lleve a efecto.

5. En caso de que el Fiscal Europeo Delegado asistente considere que:

  • a) la asignación está incompleta o contiene algún error manifiesto importante;
  • b) no cabe llevar a efecto la medida dentro del plazo establecido en la asignación por razones justificadas y objetivas;
  • c) una medida alternativa y menos intrusiva alcanzaría los mismos resultados que la medida asignada, o
  • d) la medida asignada no existe o no cabría recurrir a ella en un caso nacional similar en virtud de la legislación de su Estado miembro,

informará a su Fiscal Europeo supervisor y consultará con el Fiscal Europeo Delegado encargado para resolver la cuestión bilateralmente.

6. En caso de que no exista la medida asignada en una situación puramente nacional, pero cupiera recurrir a ella en una situación transfronteriza cubierta por instrumentos jurídicos sobre reconocimiento mutuo o cooperación transfronteriza, los Fiscales Europeos Delegados interesados podrán, de concierto con los Fiscales Europeos supervisores correspondientes, recurrir a dichos instrumentos.

7. Si los Fiscales Europeos Delegados no pueden resolver el asunto en un plazo de siete días hábiles y se mantiene la asignación, el asunto se remitirá a la Sala Permanente competente. Esto mismo se aplicará en caso de que la ejecución de la medida asignada no se emprenda dentro del plazo establecido en la asignación o dentro de un plazo razonable.

8. La Sala Permanente competente escuchará, en la medida en que sea necesario, a los Fiscales Europeos Delegados interesados en el caso y decidirá a continuación sin dilación indebida, de conformidad con el Derecho nacional aplicable, si el Fiscal Europeo Delegado asistente ha de llevar a efecto la medida asignada o de una medida sustitutoria, y en qué plazo, y comunicará esta decisión a los Fiscales Europeos Delegados mencionados a través del Fiscal Europeo competente.

Ejecución de las medidas asignadas (art. 32)

Las medidas asignadas se llevarán a cabo de conformidad con el presente Reglamento y la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente. Las formalidades y procedimientos expresamente indicados por el Fiscal Europeo Delegado encargado se cumplirán a menos que tales formalidades y procedimientos sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado asistente.

Prisión preventiva y entrega transfronteriza (art. 33)

1. El Fiscal Europeo Delegado encargado podrá solicitar u ordenar la detención o prisión preventiva del sospechoso o acusado, con arreglo a la legislación nacional aplicable en casos nacionales similares.

2. Cuando ello sea necesario para la detención y entrega de una persona que no esté presente en el Estado miembro en el que se ubique el Fiscal Europeo Delegado encargado, este dictará o solicitará a la autoridad competente de dicho Estado miembro que dicte una orden de detención europea de conformidad con la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo.

Normas en materia de ejercicio de la acción penal

Remisión y transferencia de diligencias a las autoridades nacionales (art. 34)

1. Cuando una investigación dirigida por la Fiscalía Europea revele que los hechos objeto de investigación no constituyen un delito perteneciente a su ámbito de competencia de conformidad con los artículos 22 y 23, la Sala Permanente competente decidirá remitir el caso sin dilación indebida a las autoridades nacionales competentes.

2. Cuando una investigación dirigida por la Fiscalía Europea revele que han dejado de cumplirse las condiciones específicas para el ejercicio de su competencia establecidas en el artículo 25, apartados 2 y 3, la Sala Permanente competente decidirá remitir el caso a las autoridades nacionales competentes sin dilación indebida y antes de iniciar el ejercicio de la acción penal ante los tribunales nacionales.

3. Cuando, con relación a delitos que causen o puedan causar un perjuicio para los intereses financieros de la Unión de cuantía inferior a 100 000 EUR, el Colegio considere que, con referencia al nivel de gravedad del delito o la complejidad de los procedimientos en el caso particular, no resulta necesario investigar un caso o ejercer la acción penal al respecto a nivel de la Unión y que la remisión del caso a las autoridades nacionales competentes redundaría en beneficio de la eficiencia de la investigación o del ejercicio de la acción penal, emitirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, unas orientaciones generales que permitan a las Salas Permanentes remitir el caso a las autoridades nacionales competentes.

Tales orientaciones también permitirán que las Salas Permanentes remitan un caso a las autoridades nacionales competentes cuando la Fiscalía Europea ejerza su competencia respecto de los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva (UE) 2017/1371 y cuando el perjuicio causado o que se pueda causar a los intereses financieros de la Unión no sea mayor que el perjuicio causado o que se pueda causar a otra víctima.

Para garantizar una aplicación coherente de las orientaciones, cada Sala Permanente informará una vez al año al Colegio de la aplicación de las mismas.

Las mencionadas remisiones incluirán asimismo todo delito indisociablemente vinculado a que se refiere el artículo 22, apartado 3, incluido en el ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea.

4. La Sala Permanente comunicará al Fiscal General Europeo toda decisión de remitir un caso a las autoridades nacionales basada en el apartado 3. El Fiscal General Europeo dispondrá de un plazo de tres días, tras recibir esta información, para solicitar a la Sala Permanente que revise su decisión en caso de que el Fiscal General Europeo considere que dicha revisión propiciaría el objetivo de garantizar la coherencia de la política de remisión de la Fiscalía Europea. Si el Fiscal General Europeo fuera miembro de la correspondiente Sala Permanente, será uno de los fiscales adjuntos al Fiscal General Europeo el que ejerza el derecho de solicitar la mencionada revisión.

5. En caso de que las autoridades nacionales competentes no acepten asumir el caso de conformidad con los apartados 2 y 3 dentro de un plazo máximo de treinta días, la Fiscalía Europea seguirá siendo competente para enjuiciar o archivar el caso, conforme a las normas establecidas en el presente Reglamento.

6. Cuando la Fiscalía Europea considere la posibilidad de archivar la causa de conformidad con el artículo 39, apartado 3, y si la autoridad nacional así lo requiere, la Sala Permanente la remitirá sin dilación a dicha autoridad.

7. Si, tras una remisión de conformidad con los apartados 1, 2 o 3 del presente artículo y con el artículo 25, apartado 3, la autoridad nacional decide abrir una investigación, la Fiscalía Europea transferirá el expediente a dicha autoridad nacional, se abstendrá de adoptar nuevas medidas de investigación o ejercicio de la acción penal y cerrará el caso.

8. Cuando se transfiera un expediente de conformidad con los apartados 1, 2 o 3 del presente artículo y con el artículo 25, apartado 3, la Fiscalía Europea informará de dicha transferencia a las instituciones, órganos y organismos de la Unión pertinentes, así como, cuando lo disponga el Derecho nacional, a los sospechosos o acusados y a las víctimas.

Conclusión de la investigación (art. 35)

1. Cuando el Fiscal Europeo Delegado encargado considere concluida la investigación, presentará un informe al Fiscal Europeo supervisor, con un resumen del caso y una propuesta de decisión sobre si se debe acusar ante un órgano judicial nacional o considerar la remisión del caso, su archivo o un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal por acuerdo, con arreglo a los artículos 34, 39 o 40. El Fiscal Europeo supervisor transmitirá dichos documentos a la Sala Permanente competente, acompañados, si lo considera necesario, de su propio informe. Cuando la Sala Permanente, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, tome la decisión propuesta por el Fiscal Europeo Delegado, este proseguirá el asunto en consecuencia.

2. Si la Sala Permanente, sobre la base de los informes recibidos, considera que no tomará la decisión propuesta por el Fiscal Europeo Delegado, procederá, cuando sea necesario, a su propio análisis de los autos antes de tomar una decisión final o de dictar nuevas instrucciones al Fiscal Europeo Delegado.

3. Cuando proceda, el informe del Fiscal Europeo Delegado también proporcionará motivos suficientes para someter el caso a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en que se ubique, o, de conformidad con el artículo 26, apartado 4, a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que tenga jurisdicción sobre el asunto.

Presentación del escrito de acusación ante los órganos jurisdiccionales nacionales (art. 36)

1. Cuando el Fiscal Europeo Delegado presente una propuesta de decisión proponiendo llevar un caso a juicio, la Sala Permanente decidirá sobre dicha propuesta, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 35, dentro del plazo de veintiún días. La Sala Permanente no podrá decidir archivar el caso si una propuesta de decisión propone llevar un caso a juicio.

2. Cuando la Sala Permanente no tome una decisión dentro del plazo de veintiún días, la decisión propuesta por el Fiscal Europeo Delegado se considerará aceptada.

3. Cuando más de un Estado miembro tenga jurisdicción sobre el caso, la Sala Permanente, en principio, decidirá llevar el caso a juicio en el Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado encargado. No obstante, tomando en consideración el informe presentado de conformidad con el artículo 35, apartado 1, la Sala Permanente podrá decidir solicitar el ejercicio de la acción penal en un Estado miembro diferente, si existen razones suficientemente justificadas para hacerlo, teniendo en cuenta los criterios fijados en el artículo 26, apartados 4 y 5, y encargárselo en consecuencia a un Fiscal Europeo Delegado en dicho Estado miembro.

4. Antes de tomar la decisión de solicitar apertura de juicio, la Sala Permanente competente, a propuesta del Fiscal Europeo Delegado encargado, podrá decidir la acumulación de varios casos, cuando varios Fiscales Europeos Delegados hayan dirigido investigaciones contra la misma persona o personas, con vistas a la acusación con respecto a estos casos ante los órganos jurisdiccionales de un solo Estado miembro que, con arreglo a su legislación nacional, tenga jurisdicción para cada uno de estos casos.

5. Una vez adoptada la decisión sobre el Estado miembro en el que se ha de proceder a la acusación, el órgano jurisdiccional nacional competente de ese Estado miembro se determinará con arreglo a su Derecho nacional.

6. Cuando sea necesario a efectos de recuperación, seguimiento administrativo o vigilancia, la oficina central notificará a las autoridades nacionales competentes, a los interesados y a las instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión su decisión de ejercitar la acción penal.

7. Cuando, a raíz de una sentencia del órgano jurisdiccional, la acusación tenga que decidir si presenta o no un recurso, el Fiscal Europeo Delegado presentará a la Sala Permanente competente un informe que incluya una propuesta de resolución y aguardará las instrucciones de dicha Sala. En caso de que sea imposible esperar estas instrucciones dentro del plazo fijado por la legislación nacional, el Fiscal Europeo Delegado estará facultado para presentar el recurso sin instrucciones previas de la Sala Permanente, y a continuación presentará a la Sala Permanente el informe sin dilación. La Sala Permanente ordenará entonces al Fiscal Europeo Delegado que mantenga el recurso, o bien que lo retire. Se seguirá el mismo procedimiento cuando, en el curso de un proceso judicial y de conformidad con el Derecho nacional aplicable, el Fiscal Europeo Delegado encargado adopte una posición que llevaría al archivo del caso.

Pruebas (art. 37)

1. No se inadmitirán las pruebas presentadas a un órgano jurisdiccional por los fiscales de la Fiscalía Europea o por el acusado por el mero hecho de que las pruebas hayan sido obtenidas en otro Estado miembro o de conformidad con el Derecho de otro Estado miembro.

2. El presente Reglamento no afectará a la facultad de que goza el órgano jurisdiccional ante el que se celebra el juicio de valorar libremente las pruebas presentadas por el acusado o por los fiscales de la Fiscalía Europea.

Disposición de activos decomisados (art. 38)

Cuando, de conformidad con las disposiciones y procedimientos previstos en el Derecho nacional, incluida la legislación nacional de transposición de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el órgano jurisdiccional nacional competente haya decidido, en resolución definitiva, decomisar cualquier propiedad relacionada con, o producto derivado de, un delito perteneciente al ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, se dispondrá de tales activos o productos de conformidad con la legislación nacional aplicable. Esta disposición no deberá afectar negativamente a los derechos de la Unión o de otras víctimas a ser indemnizadas por los daños que hayan sufrido.

Normas sobre alternativas al ejercicio de la acción penal

Archivo del caso (art. 39)

1. Cuando el ejercicio de la acción penal haya llegado a ser imposible, con arreglo a la legislación del Estado miembro del Fiscal Europeo Delegado encargado, la Sala Permanente, sobre la base de un informe presentado por el Fiscal Europeo Delegado encargado de conformidad con el artículo 35, apartado 1, decidirá archivar el caso contra una persona, por uno de los motivos siguientes:

  • a) fallecimiento del sospechoso o acusado o liquidación de una persona jurídica sospechosa o acusada;
  • b) enajenación mental del sospechoso o acusado;
  • c) amnistía concedida al sospechoso o acusado;
  • d) inmunidad concedida al sospechoso o acusado, a menos que haya sido retirada;
  • e) expiración del plazo de prescripción nacional para ejercer la acción penal;
  • f) el caso de un sospechoso o acusado ya ha sido juzgado en sentencia firme en relación con los mismos hechos;
  • g) ausencia de pruebas pertinentes.

2. Ninguna decisión adoptada de conformidad con el apartado 1 impedirá nuevas investigaciones basadas en hechos nuevos desconocidos para la Fiscalía Europea en el momento de tomar la decisión y que se hayan conocido después de tomar la decisión. La decisión de reabrir las investigaciones a tenor de estos hechos nuevos será adoptada por la Sala Permanente competente.

3. Cuando la Fiscalía Europea sea competente de conformidad con el artículo 22, apartado 3, solo archivará el caso previa consulta con las autoridades nacionales del Estado miembro a que se refiere el artículo 25, apartado 6. Cuando proceda, la Sala Permanente remitirá el caso a las autoridades nacionales competentes de conformidad con el artículo 34, apartados 6, 7 y 8.

Lo mismo será aplicable cuando la Fiscalía Europea ejerza su competencia respecto de los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva (UE) 2017/1371 y cuando el perjuicio causado o que se pueda causar a los intereses financieros de la Unión no sea mayor que el perjuicio causado o que se pueda causar a otra víctima.

4. Cuando se haya archivado un caso, la Fiscalía Europea se lo comunicará oficialmente a las autoridades nacionales competentes e informará de dicho archivo a las instituciones, órganos y organismos de la Unión pertinentes, así como, cuando así proceda de conformidad con la legislación nacional, a los sospechosos o acusados y a las víctimas. Los casos que hayan sido archivados también podrán remitirse a la OLAF o a las autoridades administrativas o judiciales competentes a escala nacional para su recuperación o un seguimiento administrativo de otro tipo.

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ejercerá su competencia respecto de todo delito que le competa y se haya cometido después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

La Fiscalía Europea asumirá las funciones de investigación y ejercicio de la acción penal que le otorga el presente Reglamento a partir de una fecha que se determinará mediante una decisión de la Comisión sobre una propuesta del Fiscal General Europeo una vez que se cree la Fiscalía Europea. La decisión de la Comisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La fecha que deberá fijar la Comisión no será anterior a tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Para los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 331, apartado 1, párrafos segundo o tercero, del TFUE, el presente Reglamento será aplicable a partir de la fecha indicada en la decisión en cuestión.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS: FOMENTO DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET DE LAS COMUNIDADES LOCALES

Internet

Exposición de motivos: La Comunicación de la Comisión de 14 de septiembre de 2016 titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo — hacia una sociedad europea del Gigabit» establece una visión europea de la conectividad a internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital y describe una serie de medidas que podrían reforzar la conectividad de la Unión Europea.

En su comunicación de 26 de agosto de 2010 titulada «Una Agenda Digital para Europa», la Comisión recuerda que la Estrategia Europa 2020 subrayaba la importancia del despliegue de la banda ancha para fomentar la inclusión social y la competitividad en la Unión, y reiteraba el objetivo de garantizar que en 2020 todos los ciudadanos de la Unión tengan acceso a unas velocidades de internet por encima de los 30 Mbps, y que el 50 % o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones de internet por encima de los 100 Mbps.

Entre las medidas previstas para apoyar la visión de la conectividad a internet a través de la Unión, la Comisión promueve en su Comunicación el despliegue de puntos locales de acceso inalámbrico mediante un procedimiento de planificación simplificado y una reducción de los obstáculos reglamentarios. Al facilitar una cobertura más granular, ajustada a la evolución de las necesidades, esos puntos de acceso, incluidos aquellos complementarios de la prestación de otros servicios públicos o que no tienen de carácter comercial, pueden contribuir de forma importante tanto a la mejora de las actuales redes de comunicaciones inalámbricas como al despliegue de las mismas, facilitando una mayor cobertura granular en función de la evolución de las necesidades. Esos puntos deacceso deben poder integrarse en una red con un sistema de autenticación único, válido a través de todo el territorio de la Unión, al que puedan unirse otras redes de conectividad inalámbrica local gratuita. Ese sistema debe cumplir la normativa europea sobre protección de datos y el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En el contexto del presente Reglamento, la conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias significa, por lo que respecta a su gratuidad, que dicha conectividad se ofrece sin exigir remuneración a cambio, ya sea mediante pago directo u otro tipo de contraprestación, incluidas, entre otras, la publicidad comercial y la recopilación de datos personales con fines comerciales. Por lo que respecta a la ausencia de condiciones discriminatorias, significa que se proporciona, sin perjuicio de las restricciones exigidas por el Derecho de la Unión o por el Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, así como que debe cumplir con la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de la red y, en particular, de garantizar una distribución equitativa de la capacidad entre los usuarios en las horas punta.

Un mercado competitivo y un marco legislativo que pueda adaptarse a la evolución y que incentive la competencia, las inversiones, la disponibilidad generalizada y el establecimiento de una conectividad de muy alta capacidad, así como las redes transeuropeas y los nuevos modelos de negocio, son motores importantes para las inversiones en redes de alta y muy alta capacidad que pueden proporcionar conectividad a los ciudadanos de toda la Unión.

A la luz de la Comunicación de la Comisión de 14 de septiembre de 2016 y con el fin de impulsar la inclusión digital, es preciso que la Unión preste apoyo al suministro gratuito y sin condiciones discriminatorias de una conectividad inalámbrica local de alta calidad en los centros de la vida pública local, incluidos los espacios al aire libre que sean accesibles al público en general. Ese apoyo no está amparado en el Reglamento (UE) n.° 1316/2013 ni en el Reglamento (UE) n.° 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Un apoyo de este tipo debe animar a los organismos del sector público definidos en la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo a ofrecer como servicio accesorio a las tareas de su misión pública una conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias que permita a quienes se encuentren en las comunidades locales aprovechar en los centros de la vida pública los beneficios de la banda ancha de muy alta velocidad y tener la oportunidad de mejorar sus capacidades digitales. Entre tales entidades, figurarían los ayuntamientos, las asociaciones de municipios, otras instituciones y establecimientos públicos locales, así como bibliotecas y hospitales.

La conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias podría contribuir a cerrar la brecha digital, especialmente en las comunidades donde es menor la alfabetización digital, incluyendo las zonas rurales y lugares remotos.

Mejorar el acceso a los servicios de banda ancha de alta y muy alta velocidad y, por tanto, a los servicios en línea, en especial en las zonas rurales y lugares remotos, podría aumentar la calidad de vida al facilitar su acceso a los servicios, por ejemplo, la sanidad o la administración electrónicas, así como fomentar el desarrollo de las pymes locales.

EXTRANJERÍA: MODELO UNIFORME DE PERMISO DE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES

Exposición de motivos: El Reglamento (CE) n.° 1030/2002 del Consejo establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países.

Ante los graves incidentes de falsificación y fraude registrados, se considera poco seguro el actual modelo de permiso de residencia, que se lleva utilizando desde hace veinte años.

Por dicho motivo, es preciso adoptar un nuevo diseño común para los permisos de residencia de nacionales de terceros países, que disponga de características de seguridad más modernas para hacer más seguros dichos permisos e impedir las falsificaciones.

Los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia válido extendido en el modelo uniforme, expedido por uno de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de Schengen, pueden circular libremente durante un período máximo de 90 días dentro del espacio Schengen, siempre que cumplan las condiciones de entrada que se exigen en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (Código de fronteras Schengen).

La legislación de la Unión en materia de entrada y residencia de nacionales de terceros países establece regímenes para otorgar derechos de movilidad adicionales, con condiciones específicas para la entrada y la estancia en los Estados miembros vinculados por ese acervo. Los permisos de residencia expedidos de conformidad con dicha legislación utilizan el modelo uniforme establecido en el Reglamento (CE) n.° 1030/2002. Por lo tanto, para que las autoridades competentes puedan identificar a los nacionales de terceros países que pueden beneficiarse de estos derechos específicos de movilidad, es importante que dichos permisos de residencia indiquen claramente la categoría correspondiente (como, por ejemplo, «investigador», «estudiante» o «trasladado por la empresa»), de conformidad con la legislación aplicable de la Unión.

NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

UE

Tribunal de Cuentas

LECTURA

Resumen del libro: Los servicios públicos se encuentran sometidos, desde hace décadas, a un proceso de constante transformación que se ha visto acelerado como consecuencia de la crisis económica. En el caso de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, la intensidad de la crisis ha provocado que se tengan que replantear una buena parte de sus fundamentos para garantizar su sostenibilidad. Estos cambios han sido especialmente trascendentales en el caso de la asistencia sanitaria que consume una parte importante de los recursos públicos. Ante este panorama se hace necesario ofrecer un diagnóstico sobre la situación actual de estos servicios públicos desde una perspectiva jurídica. Con esta finalidad se reúnen aquí una serie de estudios que arrancan con un análisis transversal del tratamiento que reciben estos servicios en la Unión Europea (capítulo primero) para descender a la situación de la educación como servicio público (capítulo segundo), así como de los servicios sociales, tanto a nivel local (capítulo tercero) como en el caso de la vivienda (capítulo cuarto). La asistencia sanitaria es objeto de una atención especial para determinar la situación en que se encuentra en la Unión Europea, para lo que se dedica un estudio a las prestaciones sanitarias y su ajuste a las reglas del mercado único (capítulo quinto), que se completa con dos trabajos de carácter comparado sobre las últimas reformas operadas en los sistemas sanitarios de la República Federal de Alemania (capítulo sexto) así como del Reino Unido (capítulo séptimo).