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La informalidad laboral como obstáculo para el ejercicio del Derecho Humano al trabajo. Análisis para América Latina

Labor informality as an obstacle to the exercise of the Human Right to work. Analysis for Latin America

L’informalité du travail comme obstacle à l’exercice du droit humain au travail. Analyse pour l’Amérique Latine

Palabras clave: América Latina, empleo informal, informalidad laboral, derecho humano al trabajo

Keywords: Latin America, informal employment, labor informality, human right to work

Mots clés: Amérique latine, emploi informel, travail informel, droit de l’homme au travail

Citar este artículo

Carmona Bayona, Erica F. (2020). La informalidad laboral como obstáculo para el ejercicio del Derecho Humano al trabajo. Análisis para América Latina. Derecho y Economía de la Integración n. 8, pp. 95-107. https://juri-dileyc.com/la-informalidad-laboral-como-obstaculo-para-el-ejercicio-del-derecho-humano-al-trabajo-analisis-para-america-latina/

Resumen

Este artículo tiene como objetivo verificar si el trabajo informal constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho al trabajo de los trabajadores informales de América Latina. Para ello, revisamos los documentos de la OIT con el fin de conocer la magnitud del empleo informal en la región, seguidamente identificamos el contenido del derecho fundamental al trabajo y posteriormente verificamos si en el caso de los trabajadores informales se cumple con estos contenidos. Tras esa revisión y análisis hallamos que un porcentaje importante de trabajadores de la región encuentra obstáculos para hacer efectivo su derecho fundamental al trabajo.

Abstract

This article aims to verify whether informal work constitutes an obstacle to the exercise of the right to work for informal workers in Latin America. To do this, we review the ILO documents in order to know the magnitude of informal employment in the region, then we identify the content of the fundamental right to work and later we verify if these contents are met in the case of informal workers. After this review and analysis, we found that a significant percentage of workers in the region encounter obstacles to making their fundamental right to work effective.

Résumé

Cet article vise à vérifier si le travail informel constitue un obstacle à l’exercice du droit au travail des travailleurs informels en Amérique latine. Pour ce faire, nous passerons en revue les documents de l’OIT afin de connaître l’ampleur de l’emploi informel dans la région, puis nous identifierons le contenu du droit fondamental au travail. Par la suite, nous vérifierons si ces contenus sont respectés dans le cas des travailleurs informels. Après cet examen et cette analyse, nous constaterons qu’un pourcentage important de travailleurs de la région rencontrent des obstacles pour rendre effectif leur droit fondamental au travail.

Fecha de recepción: 15 de octubre de 2020. Fecha de aceptación: 25 de noviembre de 2020.

I. Introducción

La informalidad laboral es un problema complejo, con impacto en lo económico, social e inclusive político [1]. América Latina y el Caribe tiene una tasa de informalidad del 53,1% (OIT, 2018, p. 33) que se compone mayoritariamente en la región por trabajadores en el sector informal compuesto por trabajadores por cuenta propia y empleadores; seguido por el empleo en el sector formal y por el trabajo en el hogar (trabajadores del servicio doméstico). Además, los trabajadores en la informalidad se caracterizan por ser mayoritariamente mujeres y, respecto al nivel educativo, es mayor para quienes no tienen un nivel educativo, reduciéndose la informalidad en la medida que se incrementa el nivel de formación (Baker, Barens, Feierherd & Menéndez González, 2020, p. 34).  

Desde una perspectiva sustancial, los trabajos informales se caracterizan porque proporcionan retribuciones bajas, se realiza en condiciones precarias y no están cobijados por garantías de seguridad social, en especial la protección de la vejez. La economía informal consolidada en la región, así como las características del empleo informal, nos permiten afirmar que las personas que trabajan en la informalidad se enfrentan a un obstáculo para ejercer su derecho humano al trabajo.

En este trabajo se analiza cómo la informalidad laboral constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho al trabajo en la región. Para ello, se desarrollan cuatro puntos, en el primero se hace una aproximación a la noción de economía informal. En el segundo se reflexiona sobre el derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. La tercera parte, analiza el contenido del derecho al trabajo desde su dimensión individual, de acuerdo con las normas internacionales que lo regulan. Y, en el cuarto punto se realiza un análisis del contenido del derecho humano al trabajo. Para ello, identificamos cada uno de los elementos que componen el derecho y verificamos frente a las características del empleo informal si en este se respetan esos elementos.

II. La economía informal. Aproximación

En materia de informalidad laboral se utilizan términos como sector informal, empleo en el sector informal, empleo y economía informales. Los anteriores no son excluyentes, sino que hacen parte del amplio marco conceptual que pretende identificar y medir la informalidad. El sector informal se determina con base en las unidades de producción que incluye a las empresas informales por cuenta propia. En esta categoría podrían integrarse «las empresas que no están registradas bajo formas específicas de la legislación nacional» (OIT, 2013, p. 21). También hacen parte de este sector las empresas de empleadores informales, que podría definirse atendiendo al tamaño de la empresa en términos de empleo, esto es, de asalariados contratados (OIT, 2013, p. 22).

Además, las empresas de empleadores informales también se pueden considerar como empresas del sector informal debido a la ausencia de registro de la empresa o de registro de sus asalariados. Por su parte, el empleo en el sector informal se refiere a «todos los trabajos en empresas del sector informal o todas las personas que estuvieron empleadas en por lo menos una empresa del sector informal» (KILM 8, s.f., p. 92). Y, cuando nos referimos a empleo informal, este tiene como principal característica que las personas que realizan los trabajos informales no están «reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios» (OIT, 2002, p. 3).

El término economía informal es el más actualizado, la Recomendación n.º 204 de la OIT, sobre la transición de la economía informal a la economía formal, del año 2015, la define como aquella que «hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que -en la legislación o en la práctica- están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto».

La norma de soft law del organismo tripartito atrás citada agrupa, bajo la economía informal, a las empresas, a los hogares, a los trabajadores por cuenta propia que son dueños de una unidad económica, así como a las cooperativas de trabajadores y unidades de la economía social solidaria no creadas conforme las disposiciones legales (parte I. 4 de la Recomendación) [2]. Además, reconoce que hace parte la actividad económica que realiza el trabajador no regulada por el sistema formal, bien por su inexistencia, bien porque en la práctica no se ha cubierto, como es el caso de los trabajadores familiares auxiliares, que se clasifican como informales según la Recomendación n.º 204 de la OIT.

Lo interesante de la noción de economía informal es que supera la idea de los sectores (formal e informal) al reconocer la interacción que existe entre estos. Una muestra de ello es la categoría de empleo informal denominada «trabajadores asalariados con empleo informal», quienes pueden encontrarse tanto en empresas formales como informales. El carácter informal se determina porque están excluidos de la legislación laboral, quedando al margen de toda protección (Tokman, 2007, p. 98). Por último, componen un universo de la economía informal los trabajadores que trabajen para las empresas o unidades económicas de la economía informal. Ejemplo de estos son: los trabajadores subcontratados, los que hacen parte de las cadenas de suministro, los que trabajan en hogares como trabajadores domésticos remunerados y los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no están reconocidas o reguladas (Recomendación n.º 204).

Desde una perspectiva sustancial, los trabajadores de la economía informal se caracterizan, en la región, por niveles de ingreso bajo, baja cualificación, en general, condiciones de trabajo precarias. Sin duda alguna, esto afecta la calidad de vida de las personas que encuentran empleo en la economía informal. Y, desde una perspectiva económica impacta de forma negativa en el desarrollo económico y social (Tokman, 2007; Ruesga, & Fujii, 2006; Jimenez Respretro, 2012).

III. El derecho al trabajo como un derecho humano fundamental

Los derechos fundamentales se conciben como derechos inherentes a la persona (Aguilar Cavallo, 2010). Asimismo, se reconoce su carácter fundamental por su constitucionalización, así como por su regulación en las normas internacionales sobre derechos humanos. En ese sentido, el derecho al trabajo está previsto en las normas internacionales de derechos humanos, a nivel internacional en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (PDESC) y a nivel regional en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales «Protocolo de San Salvador». Precisamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), en la observación general n. º 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6 PDESC), lo identifica como un derecho fundamental.

Además de la fundamentación jurídico-normativa, consideramos oportuno analizar el carácter fundamental del derecho al trabajo atendiendo a los criterios meta-jurídicos expuestos por Ferrajoli (2006). El primer criterio consiste en la relación entre derechos humanos y paz instituido con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (p. 119). El derecho al trabajo es una manifestación de ese nexo, incluso antes de la Declaración Universal, pues la Constitución de la OIT (1919) reconoció expresamente que «la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social». En ese sentido, la existencia de condiciones de trabajo injustas, que causen miseria a la persona «constituyen una amenaza para la paz y armonía universales».

El trabajo se concibe como una libertad, la de trabajar, cuya materialización requiere unas garantías que se concretan mediante algunos derechos sociales como la educación, relativa a la capacitación técnico-profesional que debe facilitar el Estado. Además, el derecho social a la seguridad social también logra hacer efectivo el derecho al trabajo. Ello, respecto al cubrimiento de los riesgos laborales para lograr la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, en la materialización del derecho al trabajo se evidencia la «relación biunívoca entre el grado de paz y el grado de garantismo que sostiene» las libertades y los derechos sociales (Ferrajoli, 2006, p. 119). 

El segundo criterio expuesto por Ferrajoli se refiere a la relación entre derechos e igualdad (2006, pp. 118 y 124), que considera relevante para el tema de los derechos de las minorías. El derecho al trabajo, por un lado, se garantiza como una «igualdad» en los derechos a la libertad (p. 118). Precisamente, la libertad de trabajar se reconoce a cualquier persona sin ningún tipo de distinción. Asimismo, se toma en consideración, por ejemplo, la dificultad en la que se encuentra la mujer (un grupo minoritario desde la perspectiva del acceso al trabajo en relación con el hombre que tiene mayor participación), para acceder al empleo y ejercer su derecho al trabajo.

Por otro lado, el derecho al trabajo se garantiza como «igualdad en los derechos sociales, que garantizan la reducción de desigualdades económicas» (p. 118). El trabajo debe permitir el acceso a derechos sociales, por ello se garantiza la igualdad en la remuneración como una forma de que la persona obtenga ingresos necesarios para vivir dignamente al igual que su familia. Además, que el trabajo le permita acceder a otros derechos como la educación y la seguridad social.

Por último, el tercer criterio se refiere al «papel de los derechos fundamentales como leyes del más débil» (Ferrajoli, 2006, pp. 118 y 127-133). Estos derechos son producto de las luchas sociales y son una «alternativa a la ley del más fuerte». En asuntos laborales, lo anterior significa que el empleador tiene la condición de el «más fuerte social y económicamente» (Ferrajoli, 2006, p. 118). Por tanto, el derecho al trabajo, como derecho fundamental, comprende una serie de garantías para evitar un abuso del más fuerte, como son, entre otras, la percepción de una retribución mínima, vital y móvil; la limitación razonable de la jornada y los descansos; la exigencia de causas justificadas para el despido y la indemnización en caso de inexistencia de justificación.

IV. El contenido del derecho humano al trabajo en su dimensión individual

Las normas internacionales sobre derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador, nos permiten identificar el contenido del derecho al trabajo. Este derecho fundamental tiene una dimensión individual que se refiere a que toda persona tiene derecho a trabajar para ganarse la vida en condiciones dignas. Ello implica el reconocimiento de su libertad para elegir el trabajo u oficio, así como la necesidad que el trabajo se desarrolle atendiendo a unas condiciones mínimas que lo doten de dignidad. Por otro lado, el derecho a trabajar tiene una dimensión colectiva que se concreta mediante el ejercicio del derecho a la libertad sindical (CDESC, 2005, pár. 2.). Sin embargo, en este estudio solo nos vamos a detener en el análisis de la dimensión individual desde la perspectiva de las limitaciones que existen para su ejercicio en el caso de los trabajadores con empleos informales.  

La dimensión individual del derecho al trabajo comprende la libertad de trabajar. Esta libertad pretende garantizar que el individuo no se vea forzado a realizar un trabajo, y así evitar el trabajo forzoso. Por tanto, cualquier actividad que realiza la persona «bajo la amenaza de una pena cualquiera», para la cual no se ha ofrecido de forma voluntaria (art. 2 Convenio 029 OIT) no constituye el ejercicio del derecho al trabajo. En ese supuesto estamos ante formas de explotación de la persona. Precisamente, en la noción de empleo informal se excluyen las actividades ilegales de explotación como una forma de informalidad; tal es el caso de los supuestos de trata de personas (Recomendación 204 de la OIT, parte I.1.b).

La libertad de trabajar, como contenido del derecho al trabajo, tiene otra interpretación cuando se analiza teniendo en cuenta la alta tasa de empleos informales en Latinoamérica. Entendemos que esta libertad se ve limitada o, en otros términos, condicionada a la elección de empleos informales por la necesidad de subsistir [3]. El mercado de trabajo latinoamericano, saturado de empleos informales, le deja pocas opciones al individuo para ejercer su libertad de elección. Esta situación es más dramática en Guatemala y Honduras, cuya tasa de informalidad supera el 70% (Baker, Barens, Feierherd & Menéndez González, 2020, p. 4). La situación de informalidad en Guatemala obliga a las personas a realizar empleos informales, sobre todo a la población que vive en los departamentos cuya población mayoritaria es «pobre, rural e indígena», pues tienen la tasa más alta de empleos informales (Ortiz, 2016, p. 51) [4].

De otro lado, la falta de regulación de algunos empleos, como por ejemplo el agrícola y los trabajadores auxiliares familiares, clasifican al trabajador en la informalidad, pero no por su elección, sino por la debilidad institucional del Estado. En ese sentido, la libertad de elección de trabajar, sin bien, podríamos considerar que se ejerce siguiendo el paradigma cultural del entorno en el que se habita, no le permite a la persona acceder a un empleo con mejores condiciones porque ese empleo está desprovisto de protección. El Estado incumple la obligación de aplicar que imponen los derechos humanos, relativa a que debe adoptar, entre otras, medidas legislativas para velar por la plena realización del derecho (CDESC, 2005, pár. 22).

V. Condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias

El segundo aspecto que comprende la dimensión individual del derecho al trabajo se refiere a que las condiciones en que se desarrolle sean justas, equitativas y satisfactorias. Esta triple caracterización pretende garantizar algunas condiciones para que no se menoscabe la dignidad de la persona trabajadora, pues son necesarios unos mínimos para evitar abusos sobre el trabajador. Además, reafirman la superación de la idea del trabajo como mercancía, que fue característico del periodo posterior a la revolución industrial [5]. Estas condiciones se refieren a una retribución que proporcione condiciones de existencia dignas, la limitación razonable de la jornada y el derecho al descanso; la seguridad e higiene en el trabajo; la estabilidad en el empleo y las oportunidades para la promoción y el ascenso en el trabajo.

A. Una retribución que proporcione condiciones de existencia dignas y la limitación razonable de la jornada de trabajo

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador prevén, como condiciones mínimas, que el trabajo le proporcione a la persona una retribución que le permita acceder, a quien trabaja y a su familia, a condiciones de existencia dignas. Asimismo, esta retribución debe atender al principio de «A trabajo igual, salario igual». No debe existir discriminación en la retribución, sobre todo frente a la mujer que históricamente ha sido considerada como una mano de obra barata. Por tanto, son diversos los aspectos que podemos estudiar para evidenciar si se cumple con esta condición en el empleo informal en Latinoamérica.

Los niveles de ingresos de los empleos informales se caracterizan por ser bajos, por tanto, partimos de un dato clave que relaciona informalidad con retribución precaria (Ruesga & Fujii, 2006, p. 9). De lo anterior se deduce que es difícil que los ingresos del trabajador informal le permitan vivir en condiciones dignas, tanto a él como a su familia. Guatemala, El Salvador, Perú, Paraguay, Colombia y República Dominicana tienen tasas de informalidad superior al 50% (OIT, 2014a, pp. 53 y 54). El empleo informal en estos países se caracteriza porque los trabajadores perciben ingresos bajos frente a los trabajadores formales, incluso inferiores al salario mínimo nacional. Por ejemplo, en el sector informal urbano de El Salvador un 69% de los trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo (Góchez Sevilla, 2014, p. 48).

En el caso del Guatemala, para el año 2014, un 42,6% de los trabajadores informales reportaron ingresos en un rango de Q1000 o menos (Quetzales), siendo inferior al salario mínimo de la época Q74,97 diarios [6]. Además, un 45,6% de los trabajadores informales recibió ingresos mensuales entre Q1001 a 2531 (Quetzales), rango en el que se encuentra el salario mínimo mensual (equivalente a Q2.249 Quetzales). En el caso de Perú, en un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que analiza datos de 2007-2012, se evidencia que los ingresos de los hogares que provienen un 100% del empleo informal es la cuarta parte de los ingresos de los hogares con ingresos formales (INEI, 2014, p. 88) [7].

En el estudio sobre El empleo informal en El Paraguay: evolución, características y consideraciones de políticas públicas, se destaca que los trabajadores informales tienen ingresos inferiores a los no informales. Asimismo, «el promedio total de ingresos de los informales es inferior al salario mínimo legal e inferior al valor promedio estimado de las líneas de pobreza mensual para una familia de 5 miembros» (González, 2010, pp. 11 y 12) [8]. Los ingresos de los trabajadores informales en Colombia también son inferiores a la de los trabajadores formales (Botero García, s.f., punto 2.), situación que agudiza la desigualdad en el país, teniendo en cuenta que «seis de cada diez ocupados en el área urbana pertenecen al sector informal» (Galvis, 2012, p. 16). Por su parte, en República Dominicana se estima que un 40% de los trabajadores informales recibe una retribución inferior al salario mínimo. Situación que explica que los niveles de pobreza son mayores en los hogares cuyo ingreso provenga del empleo informal (OIT, 2014b, p. 6).

Los bajos ingresos que se perciben en el empleo informal contribuyen a que no se limiten razonablemente las horas de trabajo, puesto que el trabajador se ve en la necesidad de laborar más horas para obtener más ingresos (Ortiz, 2016, p. 47). La limitación de las horas de labor es otra condición que se debe cumplir para que el trabajo se realice en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Sin embargo, su cumplimiento se dificulta por la relación que existe entre tiempo de trabajo e ingresos en el empleo informal. Esto es, a mayor tiempo dedicado al trabajo mayor posibilidades de obtener una mejor retribución. Ello podría significar la imposibilidad de tener descansos adecuados y vacaciones.

Otro aspecto que puede dificultar que la remuneración por el trabajo realizado proporcione unas condiciones de existencia dignas para el trabajador y su familia está relacionado con la participación de Latinoamérica en las Cadenas Mundiales de Suministro [9] (en adelante CMS), que subcontratan en el eslabón inferior a proveedores que están en el sector informal y/o que ocupan trabajadores informales. Una categoría de empleos en las CMS consiste en el empleo informal que se presta en una PyME o en el ámbito doméstico. Este empleo se caracteriza por la falta o precariedad de la remuneración y la no limitación razonable de la jornada.

Asimismo, los trabajadores informales tienen un nivel educativo bajo y suelen emplearse en el sector de la agricultura y en las industrias de prendas de vestir y de textiles que son actividades que se integran en las CMS (Gereffi, Bamber & Fernádez-Stark, 2016, pp. 20-21). Paradójicamente, Costa Rica con una de las tasas más bajas de informalidad de la región, según la OIT 38,8% (Baker, Barens, Feierherd & Menéndez González, 2020, p. 4) en su participación en la CMS de la agricultura del banano emplea trabajadores informales migrantes provenientes de Panamá y Nicaragua, quienes tienen dificultades para acceder a los derechos laborales (Mora Román & Guzmán, 2018) [10].

Desde una perspectiva de la desigualdad de los ingresos por el trabajo, el empleo informal es una causa de desigualdad. La CEPAL y la OIT concluyen que la informalidad genera desigualdad en los ingresos por trabajo. Puesto que «la formalización de los empleos (…) habría favorecido (…) una importante reducción de la desigualdad de los ingresos por trabajo» (2014, p. 21). Por tanto, concluyen que «una mayor desigualdad de los ingresos del trabajo se encontraba asociada a más empleo informal» (2014, p. 18).

B. Seguridad e higiene en el trabajo

De otro lado, la seguridad e higiene en el trabajo es otra condición mínima que fijan el PIDESC y el Protocolo de San Salvador como contenido del derecho al trabajo. El cumplimiento de esta condición se ve obstaculizado, precisamente por la propia naturaleza del empleo informal, que está desprotegido por las normas laborales y de seguridad social (Núñez Méndez, 2002, p. 2). Los riesgos laborales se ven agravados cuando el trabajador labora en su vivienda y esta, a su vez, es «precaria, la nutrición de baja calidad, la falta de acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias, y la falta de servicios básicos de salud» (OIT, 2015).

La seguridad en el trabajo es especialmente relevante cuando se labora en sectores u ocupaciones peligrosas. Precisamente, el sector de la construcción se considera como peligroso desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo [11] (OIT, s.f.) y, es en este sector donde más existen trabajadores informales en Latinoamérica (de 14 países seleccionados). En el año 2009 los empleos informales en la construcción representaban un 73,1% presentándose una importante disminución para 2013 de 4,5%, quedando en 68,6% (OIT, 2014a, p. 65). Este dato es relevante para comprender la dimensión de la inseguridad en el trabajo a que se ven sometidos un porcentaje importante de individuos en América Latina.

La actividad minera también es considerada peligrosa para la salud en el trabajo; por tanto, se deben adoptar medidas de seguridad especiales para evitar afectar la integridad física de quienes laboran [12]. En Colombia el sector de la explotación de minas y canteras es el segundo en ocupación de trabajadores informales, después de la construcción (68,6%), con un 50,1% (OIT, 2014a, p. 66). En la investigación de Güiza, (2013) encontramos que en el país existen, de acuerdo con el censo minero de 2011, 6.183 minas ilegales, es decir que no tiene el correspondiente título para la explotación, dato que corresponde al 66% de la actividad de las pequeñas minas (p. 112). Esta situación, a su vez, tiene repercusiones sobre el empleo cuando no está cubierto por las leyes laborales y de la seguridad social.

En efecto, la minería sin título minero emplea a 74.906 trabajadores, de los cuales 28.992 los ocupa la pequeña minería. Sin embargo, la mayoría de estas personas no cotizan al Sistema de Seguridad Social para el cubrimiento total de los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedad, invalidez, vejez y muerte tanto de origen común como profesional. Por el contrario, un 75% se beneficia solo del sistema de Seguridad Social en Salud subsidiado por el Estado, un 15% no está afiliado a ningún sistema de salud y solo un 7% cotiza a los sistemas de pensión y riesgos laborales (Güiza, 2013, p. 113). La falta de afiliación a la seguridad social es un indicador que permite identificar el carácter informal del trabajador minero en Colombia.

En materia de seguridad y salud en el trabajo son muchos aspectos que se pueden destacar. Si revisamos la composición del empleo informal en la región, tenemos que mayoritariamente está conformado por trabajadores y empleadores por cuenta propia y asalariados de unidades de producción no registradas (OIT, 2014a, p. 11), que se agrupan en el sector informal (37,4) (OIT, 2018, p. 32). En el grupo de los trabajadores por cuenta propia se incluyen a quienes laboran en la calle como vendedores ambulantes o estacionarios, quienes realmente realizan actividades de subsistencia (OIT, 2020, pp. 2-3). Es un hecho notorio que estos trabajadores no cuentan con un lugar dotado de las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar una afectación a su salud y a su rendimiento. La contaminación ambiental, las temperaturas extremas, la falta de mobiliario adecuado son algunos de los aspectos que muestran que el lugar de trabajo es poco seguro e higiénico.

C. Estabilidad en el empleo

La estabilidad en el empleo, según Montoya Melgar, tiene una «proyección eminentemente social que se refiere al interés del trabajador de permanecer vinculado a la empresa» (2001, p. 61). Asimismo, tiene una «proyección eminentemente económica-productiva», que consiste en el interés del empleador de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de la empresa (2001, p. 61). Estamos ante una garantía a favor del trabajador que propende por el mantenimiento en el empleo mientras cumple con sus obligaciones y sus deberes.

Asimismo, implica la regulación de causas justificadas para el despido, el pago de indemnizaciones por despido y/o el reintegro cuando el legislador nacional así lo haya previsto. La estabilidad como elemento del derecho al trabajo se materializa, principalmente, en el empleo asalariado, puesto que su naturaleza exige que se module el poder del empleador con el fin de evitar abusos e incluso tratos discriminatorios.

El empleo informal, tal como lo hemos reiterado, se caracteriza porque no está protegido por la legislación laboral, por tanto, las regulaciones que existan sobre causas justificadas de despido en las normas nacionales no serán aplicables. Precisamente, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Paraguay, Colombia, República Dominicana, México, Ecuador, Argentina, Panamá, Uruguay y Cosa Rica prevén en sus normas laborales (códigos, leyes del trabajo, leyes de contrato de trabajo) las causas de despido, las indemnizaciones y, algunos de estos países prevén la opción de reinstalación (por ejemplo: art. 113 del Código del Trabajo de Honduras).

Una vez revisada la tasa total de informalidad en América Latina encontramos que tanto los asalariados de las unidades de producción no registradas (30,5% junto con los trabajadores y empleadores por cuenta propia) y los trabajadores informales en el sector formal (11,4%) (OIT, 2014a, pp. 7-8 ) no tendrían ninguna garantía frente al poder del empleador cuando decida ponerle fin a la relación laboral.

D. Oportunidades de promoción o ascenso

Una de las oportunidades que brinda el trabajo consiste en que la persona pueda ser promovida o ascendida atendiendo a sus méritos, cualificaciones, capacidades y/o tiempo de servicio. Esta condición tiene una finalidad importante, que se basa en que el ser humano pueda crecer por medio del trabajo. Ello significa que pueda crecer cada vez más en el plano profesional, adquirir nuevos conocimientos y desarrollarse personalmente. Por cuanto las aspiraciones personales se proyectan en el trabajo y en los logros que pueda alcanzar el empleado.

De otro lado, la promoción y el ascenso significan para el trabajador una mejora en la retribución. Esto es muy relevante porque estimula a la persona y fortalece el compromiso del trabajador con el proyecto productivo en el cual participa prestando sus servicios. Desde esa perspectiva, el empleador también se beneficia con la promoción y el ascenso, primero tiene a un empleado con una buena cualificación y con una experiencia que puede aportar mucho al desarrollo de la actividad productiva. Segundo, el estímulo y el compromiso fortalecido del trabajador con la empresa puede generar unas nuevas dinámicas que mejoren algunos proyectos, procesos o simplemente el ambiente laboral.

Los aspectos que hemos destacado tienen poca o nula aplicación en el empleo informal. Las pocas oportunidades de promoción y ascenso podrían presentarse en las pequeñas empresas informales. Sin embargo, existiría un techo muy bajo debido al tamaño. En los demás casos de empleo informal, como el denominado por cuenta propia que se realiza en el hogar y el empleo informal en el sector formal, se presentan más dificultades. El trabajador por cuenta propia no está integrado en una estructura empresarial que le permita crear una carrera profesional, sino que está solo y debe enfrentarse a las adversidades y situaciones que se presenten en el día a día. Por otra parte, el empleado informal en el sector formal recibe un tratamiento desigual frente a los demás trabajadores que sí son formales. Por tanto, a pesar de estar en un entorno en el que podría ascender, está excluido de esas oportunidades porque el empleador decidió contratarlo al margen de las normas laborales y de protección social.

La baja cualificación de los trabajadores informales, a su vez, limita cualquier posibilidad de promoción y ascenso. El empleado informal se caracteriza por carecer de las cualificaciones y competencias que podrían justificar la promoción. Ello debido a que en muchos casos el trabajador ni siquiera ha terminado la educación primaria. En efecto, el 82,2% de trabajadores informales en América Latina y el Caribe no tienen educación y el 72,5% solo educación primaria (OIT, 2018, p. 33).

El bajo nivel de formación, a su vez, es un aspecto que arrastra a los individuos a los empleos informales. A mayor nivel de formación la persona tiene más opciones para ocupar un empleo formal y, asimismo, obtener una mejor retribución. Pues, precisamente, la escolaridad es uno de los factores que, al lado del sexo, «explican la desigualdad en la distribución de los ingresos» (CEPAL-OIT, 2014, p. 21). Por poner algunos ejemplos, los datos sobre ingresos en el sector formal e informal de Perú, para 2007, muestran que la diferencia se incrementa a favor del sector formal «a medida que el nivel educativo avanza, llegando a ser el doble en el nivel superior universitario (S/. 2594 contra S/.1294)» (INEI, 2014, p. 89). Asimismo, en Paraguay, «la mitad de los trabajadores (informales) tienen algún grado de educación primaria» o no la tienen, frente a los trabajadores no informales que «tienen algún curso de educación terciaria» (González, 2010, p. 7).

Una de las obligaciones que han asumido los Estados para hacer efectivo el derecho al trabajo consiste en tomar medidas para la formación y orientación técnico profesional o capacitación técnico profesional. Así está previsto tanto en el artículo 6 del PDSEC como en el art. 6 del Protocolo de San Salvador. Sin embargo, hemos constatado que la mayoría de los trabajadores informales en la región no tienen formación. Estas personas no han accedido a la capacitación para el trabajo que debe proveer el Estado, esencialmente, para facilitar la inserción al mercado de trabajo de la población económicamente activa. Por tanto, para estos trabajadores las opciones de mejora del empleo, y el ejercicio efectivo de su derecho al trabajo se obstaculiza día a día cuando laboran en el empleo informal.

VI. Conclusiones

1. El empleo informal está al margen de las leyes laborales y de seguridad social. Por tanto, el trabajador informal tiene poca protección y garantías. Esta situación, aunque parezca un mero análisis legalista, a su vez, tiene una consecuencia social de mucha trascendencia, pues, favorece la pobreza de un segmento importante de la población. Asimismo, afecta la productividad de América Latina.

2. El trabajador informal, si bien realiza un trabajo, no podemos considerar que tal labor sea una expresión genuina del derecho fundamental al trabajo. La libertad de trabajar se ve seriamente condicionada por la necesidad de subsistir que es característica, aunque no definitoria, de la informalidad laboral. Además, la libertad de trabajar encuentra condicionantes en el nivel de escolaridad de los trabajadores, pues, una persona con un bajo nivel educativo también es arrastrada a los empleos informales.

3. El derecho humano al trabajo no solo implica la libertad de trabajar, sino que se cumplan con unas condiciones mínimas que permitan que la persona realice las labores en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Según los datos de la OIT sobre la informalidad en América Latina y las demás informaciones recabadas podemos decir que más del 50% de la población económicamente activa en la región se enfrenta a obstáculos para hacer efectivo su derecho fundamental al trabajo. Puesto que las condiciones en que se realiza el trabajo informal impiden que cumplan con las condiciones mínimas que dotan de dignidad al trabajo.

4. Los Estados de la región están obligados a garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de los latinoamericanos. Sin embargo, dada la vinculación entre la economía del país y la generación de empleo se ha justificado la dificultad de creación de empleo formal. No obstante, el ejercicio efectivo del derecho fundamental al trabajo no necesita, exclusivamente, de un crecimiento económico en la región, sino de un fortalecimiento institucional que le permita a los Estados adoptar medidas articuladas en distintos aspectos como el educativo, el de fiscalización de aplicación de las normas y el de concienciación sobre buenas prácticas empresariales, que contribuyan a que exista un tránsito de la informalidad a la formalidad.

Notas:

[1] Un trabajo en el que se explora las consecuencias políticas de la informalidad laboral. Vid. Baker, Berens, Feierherd & Menéndez González (2020).

[2] En la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (2003) se consideran como empleo informal «Los trabajadores por cuenta propia y los empleadores dueños de sus propias empresas del sector del sector informal (…). La situación en el empleo de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores es casi indisociable del tipo de empresa de la que son propietarios. La naturaleza informal de esos puestos de trabajo es, pues, consecuencia directa de las características de la empresa». Por su parte, respecto de los trabajadores miembros de las cooperativas de productores informales, se sostiene que «la naturaleza informal de sus puestos de trabajo se desprende directamente de las características de la cooperativa de la que son miembros».

[3] Ídem, párrafo. 10. De otro lado, debemos considerar que la libertad de trabajar también puede estar condicionada en el caso de los migrantes irregulares quienes, en muchos casos, aceptan trabajos informales por su situación administrativa y la necesidad de subsistir. Sobre la relación entre migración laboral y empleo informal, Vid. Carmona Bayona, 2018.

[4] En el estudio se destaca que los departamentos como Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Alta Verapaz son los que tienen más elevados porcentajes de ocupados informales, además, estos departamentos tienen los más altos porcentajes de desnutrición crónica.

[5] Precisamente, en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT -Declaración de Filadelfia- se reafirma como principio que el trabajo no es una mercancía.

[6] Acuerdo número 537-2013, de 26 de diciembre de 2013: acuerda fijar los salarios mínimos para actividades agrícolas, no agrícolas y de la actividad exportadora y de maquila.

[7] El estudio del INEI indica que los hogares con un 100% de ingresos formales perciben mensualmente S/. 1043 (nuevos soles corrientes) y los hogares con ingresos provenientes del sector informal perciben S/. 247 (nuevos soles corrientes).

[8] En este estudio se aborda el problema de la informalidad desde el punto de vista del empleo con acceso a la seguridad social. Igualmente destacamos, que, en cuanto a los ingresos en el trabajo informal, se constata que los ingresos de los trabajadores informales superan a los no informales en el cuarto quintil. El estudio señala expresamente que «La presencia de patrones y cuentapropistas empresarios, profesionales calificados, comerciantes, entre otros, determinan que los ingresos de los informales del quintil más rico sean superiores a su contraparte» (p. 12).

[9] La OIT, en el informe El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (2016), las define como «toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios» (p. 1).

[10] La FAO destaca, sobre los trabajadores migrantes en la industria bananera, los siguientes perfiles migratorios: nicaragüenses en el noreste de Costa Rica e indígenas panameños en el sur de Costa Rica. Y, destaca como desafíos a los que se enfrentan los migrantes: la inseguridad del empleo, un poder de negociación mínimo, el alojamiento temporal y sub-estándar y acceso limitado o inexistente en atención sanitaria y seguridad social. Vid. FAO. Trabajadores migrantes en la industria bananera. Recuperado de: http://www.fao.org/world-banana-forum/projects/good-practices/migrant-workers/es/.

[11] Existe un convenio específico de la OIT, el n.º 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción.

[12] Existe un convenio específico de la OIT, el n.º 176 sobre Seguridad y Salud en las Minas.

Bibliografía