| COMENTARIO

La integración contractual de la cláusula de vencimiento anticipado tras la STJUE de 26 de marzo de 2019

The Contractual Integration of the Anticipated Expiration Clause After the CJEU Judgment of March 26, 2019

L’intégration contractuelle de la clause d’expiration anticipée après l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2019

Palabras clave: derecho de consumo, cláusulas abusivas, integración contractual, vencimiento anticipado, préstamo hipotecario

Keywords: consumer law, unfair terms, contractual integration, accelerated repayment, mortgage loan

Mots clés: droit de la consommation, clauses abusives, intégration contractuelle, échéance anticipée, prêt hypothécaire

Citar este artículo

Rincón Andreu, Gerard (2019). La integración contractual de la cláusula de vencimiento anticipado tras la STJUE de 26 de marzo de 2019. Derecho y Economía de la Integración n. 7, pp. 75-85. https://juri-dileyc.com/la-integracion-contractual-de-la-clausula-de-vencimiento-anticipado-tras-la-stjue-de-26-de-marzo-de-2019/

Resumen

A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo español, se determina la operatividad de la integración contractual de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo hipotecario. Por ello, se verá qué alcance tiene la nulidad de esta cláusula abusiva respecto de los procedimientos especiales de ejecución hipotecaria.

Abstract

From the judgment of the European Union Court of Justice on March 26, 2019, in response to the questions referred for a preliminary ruling by the Spanish Supreme Court, the contractual integration operability of accelerated repayment clause is determined in a mortgage loan contract. Therefore, you will see the scope of annulling this unfair term with respect to special mortgage enforcement procedures.

Résumé

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2019, en réponse à la question posée par la Cour suprême espagnole, définit le fonctionnement de l’intégration contractuelle de la clause d’échéance anticipée dans les contrats de prêt hypothécaire. Par conséquent, nous analyserons quelle est la portée de la nullité de cette clause abusive en ce qui concerne les procédures spéciales de forclusion.

Fecha de recepción: 28 de octubre de 2019. Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2019.

Gerard Rincón Andreu

Profesor de Derecho Civil | Director de la Maestría en Derecho Médico | Investigador del grupo de investigación GICPODERI |Universidad Santiago de Cali, Colombia

España

1. Introducción

Como es sabido, en España las consecuencias de la última rescisión económica golpearon duramente a la sociedad, que se ha visto sometida a circunstancias económicas críticas e irreparables, en parte, debido a los procedimientos en masa de ejecución hipotecaria y los consiguientes desahucios. En este sentido, huelga destacar la conocida popularmente como «burbuja inmobiliaria» y la concesión de innumerables préstamos hipotecarios bajo la modalidad de contratos de adhesión, los cuales en gran medida incluían cláusulas abusivas que han agravado, aún más, el perjuicio patrimonial de muchos prestatarios.

Tradicionalmente, y en un marco de relaciones contractuales no presididas por la multiplicidad y la universalidad, el principio rector en derecho de obligaciones contractuales era el del pacta sunt servanda, al responder a la concepción del contrato perfeccionado entre partes en igualdad de condiciones. Con todo, esta concepción pactista, plenamente respetuosa con la autonomía de la voluntad, entró en crisis cuando se incorporaron a la realidad negocial las condiciones generales de la contratación (BLANCO GARCÍA-LOMAS, 2014). Por dicho motivo, nos encontramos ante una nueva realidad contractual, en la cual como indica el Tribunal Supremo español (en adelante, TS) en su sentencia del Pleno de la Sala Civil, de 9 de mayo de 2013, hemos pasado del diálogo individualizado al «monólogo de predisposición».

Dado que la negociación en masa y no individualizada de los contratos se caracteriza por la desigualdad entre las partes, encontrándose la parte adherente (consumidor) en un plano de inferioridad respecto del predisponente (entidad bancaria), el legislador comunitario consideró necesario abandonar el carácter liberal de la regulación contractual e introducir un cierto intervencionismo estatal para restablecer el equilibrio negocial.

De este modo, los juzgados nacionales -de oficio o a instancia de parte-, amparados por el marco normativo comunitario pro consumidor, encabezado por la relevante Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en adelante, Directiva 93/13/CEE), han analizado rigurosamente las escrituras de crédito o préstamo con garantía hipotecaria, postergando la efectividad de multitud de lanzamientos.

En el sí de la ejecución hipotecaria y la incidencia de clausulado abusivo, hay que destacar la cláusula de vencimiento anticipado -omnipresente en todos los préstamos hipotecarios- la cual llevó al propio Tribunal Supremo a elevar una cuestión prejudicial resuelta recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), en su sentencia de 26 de marzo de 2019 (asuntos acumulados C‑70/17 y C‑179/17).

Asimismo, este breve artículo indaga sobre las cuestiones problemáticas de los pactos de vencimiento anticipado dilucidadas en la citada STJUE de 26 de marzo de 2019, con especial atención a la posibilidad de suprimir el inciso abusivo concerniente al impago de una sola cuota, manteniendo la validez del pacto y del contrato con la aplicación supletoria del derecho nacional. Para ello, se analizará la integración contractual a partir de distintas sentencias del Tribunal de Luxemburgo, examinando también la resolución del TS en su sentencia 463/2019, de 11 de septiembre, que viene a interpretar y aplicar los criterios comunitarios referente a la estipulación de vencimiento anticipado emanados de esta última cuestión prejudicial.

2. El foco conflictivo de la cláusula de vencimiento anticipado

Todo contrato realizado entre empresarios y consumidores exige una transparencia y unas garantías mínimas en cuanto a la protección de los consumidores, puesto que así viene establecido por el derecho comunitario desde 1975 [1] (RINCÓN, 2019, p. 108). De hecho, como señala LARRAZÁBAL (2011, p. 29), el Tratado de Maastricht de 1992 ya estableció una base jurídica específica para la protección de los consumidores, evolucionando hacia una protección más reforzada con los posteriores Tratados de la Unión Europea (TUE): el Tratado de Ámsterdam de 1997 y el actual Tratado de Lisboa de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

De este modo, el art. 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) -antiguo 153 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE)-, establece la protección de los consumidores como uno de los principios básicos a salvaguardar por los Estados Miembros de la UE, disponiendo que «para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses». Es más, inclusive la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 38, establece que «en las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores».

Por consiguiente, este fervor europeo en defensa de los consumidores y usuarios frente a los contratos de adhesión y las cláusulas generales abusivas se materializa mediante la creación, consolidación y expansión de un marco jurídico comunitario, que tiene su traslación a nivel nacional en desarrollo del art. 51 de la Constitución Española (en adelante, CE), que como principio rector de la política social y económica se propone garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. En virtud de todo ello, ha irrumpido con fuerza el sector jurídico del derecho de consumo, caracterizado por su interdisciplinariedad y por representar una nueva realidad contractual (RINCÓN, 2019, p. 109) [2].

Concretamente, el pacto de vencimiento anticipado se caracterizaba por habilitar a la entidad bancaria a vencer anticipadamente un contrato de préstamo o crédito hipotecario formalizado a largo plazo -a treinta o hasta a cuarenta años- por el mero hecho de impagar una cuota mensual.

Ante esta práctica amparada por una cláusula incluida en la absoluta totalidad de los contratos de adhesión firmados por los consumidores, el primer pronunciamiento importante del TJUE es la Sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto Aziz), por medio de la cual se establecía que el pacto de vencimiento anticipado no podía considerarse abusivo per se, pero podía ser tachado como abusivo en ciertas circunstancias. Concretamente, se dispuso que la facultad del profesional de dar por vencido anticipadamente la totalidad de un préstamo de larga duración, suscrito con quién tiene la condición de consumidor, debía atender a la magnitud o gravedad del incumplimiento del deudor; es decir, este incumplimiento obligacional debía revestir un carácter esencial en el marco de la relación contractual, teniendo un «carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo» (STJUE, 14 de marzo de 2013, asunto Aziz, apartado 73).

Ante este pronunciamiento, en España, el Tribunal Supremo se vio obligado a reformular el criterio para validar la estipulación de vencimiento anticipado, precisando la trascendencia del incumplimiento del deudor, por lo que la declaró abusiva y consiguientemente nula si se configuraba de forma general, sin establecer o modular la gravedad de los incumplimientos del deudor [3].

Con todo, a pesar de que parecía casar la jurisprudencia comunitaria con la del Alto Tribunal español, este, por medio de Auto de 8 de febrero de 2017, decidió elevar cuestión prejudicial de interpretación conforme al artículo 267 del TFUE, al considerar que respecto a la validez de esta cláusula subsistían dudas en la acomodación del derecho nacional al derecho comunitario aplicable. En este sentido, el ulterior objetivo era el de conocer con certeza cómo debe sintonizarse la declaración de nulidad en el proceso declarativo y su incidencia en la ejecución, advirtiendo que en muchas ocasiones la aplicabilidad del vencimiento anticipado «no era consecuencia de la cláusula, sino de la previsión legal del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) sobre el umbral de incumplimientos que permitían dar por vencido todo el préstamo en la ejecución» (FERNÁNDEZ, 2019, pp. 6-7).

En este contexto, el Gabinete Técnico de la Sala Civil del Tribunal Supremo emitió nota de prensa el 9 de febrero del 2017 [4], exponiendo sintéticamente las dos preguntas formuladas al TJUE:

1- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.

2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.

A colación de las preguntas planteadas, se aprecia como la preocupación del TS español recae en los efectos de la declaración de nulidad del citado clausulado, puesto que sostiene que un sobreseimiento de la ejecución hipotecaria puede ser más perjudicial para el consumidor porque el proceso especial le reporta unas ventajas que no le ofrece la ejecución ordinaria derivada de previo juicio declarativo; en especial, las de liberación del bien y rehabilitación del contrato, mediante la posibilidad de evitar la pérdida de la vivienda pagando solamente las cuotas impagadas.

Consiguientemente, en el mismo ATS de 8 de febrero de 2017, más allá de elevar las preguntas concernientes a la cuestión prejudicial, el TS recoge los argumentos de sus sentencias núm. 705/2015, de 23 de diciembre y 79/2016, de 18 de febrero, adelantando su posición en el litigio. Por ello, considera que la opción válida debe ser proseguir con la ejecución hipotecaria si la facultad de vencimiento se había ejercitado de modo no abusivo, porque, como antedicho, el proceso especial permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación.

A mayor abundamiento, el Auto destaca que aparte de la pérdida de estas ventajas, la apertura de un juicio declarativo para declarar la resolución del préstamo hipotecario por incumplimiento del deudor -vía art. 1124 del Código Civil (CC)-, «conllevará dos efectos perjudiciales adicionales para el consumidor: la previsible acumulación de condenas al pago de las costas procesales en la fase declarativa y en la ejecutiva, y un incremento de los intereses de demora procesales por el tiempo de duración del procedimiento» (ATS de 8 de febrero de 2017).

En consecuencia, esto lleva al TS a concluir en su reiterado Auto de 8 de febrero de 2017 que «el sobreseimiento del proceso especial de ejecución hipotecaria en caso de apreciación de abusividad de una cláusula determinante del despacho de ejecución, que se prevé en el art. 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no supone en todo caso una mejor solución para el deudor consumidor», puesto que se vería abocado a un juicio declarativo con la consiguiente reclamación íntegra del préstamo, por el cual, además, también podría acabar perdiendo su vivienda.

3. La integración contractual como solución

Ante este mar de dudas, lo que pretende el Supremo es obtener el aval del TJUE para la separabilidad de los distintos elementos autónomos de la cláusula de vencimiento anticipado, con la aplicación supletoria del derecho nacional (en concreto, de la vigente disposición 693.2 LEC). Es decir, la posibilidad de concretar qué elementos de un pacto son abusivos y cuáles son válidos, vinculantes y útiles para las partes, expulsando un elemento abusivo, con el mantenimiento del contenido válido de la cláusula y la aplicación de una disposición supletoria de Derecho nacional para permitir la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria; lo que, a todas luces, constituye una integración contractual.

En este punto, es preciso hacer un breve paréntesis e incidir en la proscripción de la denominada «reducción conservadora de la validez», en cuanto, como expone BLANCO GARCÍA-LOMAS (2014), la STJUE de 14 de junio de 2012 (caso Banesto vs. Joaquín Calderón Camino) y la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik) establecieron contundentemente cuál debería ser el efecto de la nulidad de una cláusula abusiva, que en ningún caso permite moderar, integrar o sustituir dicha cláusula contractual por otra en aplicación del derecho dispositivo; pues lo contrario supondría debilitar el efecto disuasorio dificultando la consecución del objetivo a largo plazo establecido en el art. 7 de la Directiva 93/2013 (GARCÍA-VILLARRUBIA, 2016).

La STJUE de 30 de abril de 2014, asunto Kásler y Káslerné Rábai, expone de forma muy didáctica, en su apartado 79, que la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas

contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, ya que los profesionales seguirían estando tentados de utilizar esas cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la invalidez de las mismas, el contrato podría ser integrado no obstante por el juez nacional en lo que fuera necesario, protegiendo de este modo el interés de dichos profesionales (sentencia Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 69).

Por consiguiente, si el juzgador nacional dictaminara que la cláusula declarada abusiva conforma un elemento esencial de la contratación, sin la cual el contrato no puede pervivir, operaria una nulidad total, con los efectos de restitución recíproca de obligaciones del prestamista al prestatario y viceversa. Sin embargo, clama al cielo que una nulidad absoluta expone al consumidor a consecuencias especialmente nefastas, al verse obligado a devolver la totalidad del saldo del préstamo pendiente de amortizar.

En atención a lo anterior, autores como SERRA RODRÍGUEZ (2013, p. 22) ya advirtieron en su momento que la doctrina sentada por la STJUE de 14 de junio de 2012 podía tener un efecto perverso para el consumidor, y que a diferencia de los efectos obligacionales que conlleva una nulidad absoluta, «normalmente lo que interese al consumidor sea el mantenimiento del contrato eliminada la cláusula abusiva y sustituida por una regla que restablezca la igualdad entre las partes».

Siguiendo esta línea, la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la de considerar que la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional -presumiendo que esta no será abusiva- «está plenamente justificada por la finalidad de la Directiva 93/13, ya que consigue el resultado de que el contrato pueda subsistir pese a la supresión y siga obligando a las partes» (STJUE de 30 de abril de 2014, apartado 81).

Al respecto, el Tribunal de Justicia en la propia sentencia estudiada (sobre los asuntos acumulados C‑70/17 y C‑179/17), recuerda que la disposición supletoria de Derecho nacional lo que pretende es «reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas, y no anular todos los contratos que contengan cláusulas abusivas» [5].

En este sentido, adentrándonos al caso concreto de la cláusula de vencimiento anticipado, el TJUE mantiene la posibilidad de integración contractual solo en aquellos supuestos en que el contrato no pudiese pervivir con la supresión del pacto, por afectar a un elemento esencial, exponiendo a la parte prestataria a una restitución recíproca de las obligaciones como efecto de la plena nulidad. Al respecto, el razonamiento de la STJUE de 26 de marzo de 2019 (apartado 64), es el siguiente:

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

En virtud de ello, dado que se permite solo la integración de cláusulas esenciales en aras de evitar una nulidad absoluta del préstamo que golpearía de sobremanera los intereses económicos del consumidor, lo importante será determinar si el pacto de vencimiento anticipado se configura como una cláusula esencial o accesoria de la contratación.

La reciente STJUE de 26 de marzo de 2019 señala que «incumbe a los órganos jurisdiccionales remitentes comprobar, con arreglo a las normas de Derecho interno y adoptando un enfoque objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 32), si la supresión de ese clausulado tendría como consecuencia que los contratos de préstamo hipotecario no puedan subsistir».

Por tanto, para determinar si la poda del pacto de vencimiento anticipado afecta o no la subsistencia del préstamo, el juzgador debe despreocuparse del derecho comunitario y acudir, simple y llanamente, a las normas básicas de derecho civil contractual y a los principios generales del derecho. En ese marco, es erróneo sostener que solo se deberá dilucidar si la eliminación de dicho clausulado provoca la desaparición de uno de los requisitos esenciales para la validez de los contratos, es decir, consentimiento, objeto y causa (art. 1261 CC); pues, como apunta GIMÉNEZ (2019, pp. 11-14), también cabe considerar principios básicos del derecho de obligaciones y contratos como: el pacta sunt servanda, en cuanto los contratos obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias intrínsecas al mismo (art. 1258 CC); el principio de buena fe como concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo y leal; y el principio de la necessitas, ex art. 1256 CC, al preguntarnos si la eliminación de dicha cláusula no supone dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes.

Igualmente, será trascendental analizar si tras la supresión de la cláusula de vencimiento anticipado subsistiría el objeto del contrato, «entendido como la realidad sobre que versa el contrato», así como «si subsiste la causa contractual, en tanto causa de la relación obligatoria que se establece en el contrato, como fin objetivo del mismo y en tanto función económica y social que el derecho reconoce como relevante» en este caso concreto (GIMÉNEZ, 2019, p. 13). Es decir, para el acreedor, si se anula la estipulación de vencimiento anticipado sin ulterior sustitución, se le condena a no poder acudir al procedimiento sumario de ejecución hipotecaria para forzar la venta de la cosa hipotecada en caso de impago. Por ende, si se restringe la facultad esencial del derecho de hipoteca, ¿no se elimina, con ello, la causa contractual intrínseca al préstamo hipotecario?

Al respecto, señala el TS en su recién sentencia 463/2019, de 11 de septiembre que «en el préstamo hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas y no pueden fragmentarse, pues atañen tanto a la obtención del préstamo por el consumidor en condiciones económicas más ventajosas, como a la garantía real que tiene el prestamista en caso de impago» [6].

A su vez, la propia STUE de 26 de marzo de 2019 (apartados 59 y 60) considera que el contrato de préstamo hipotecario tiene dos facetas -préstamo y garantía- [7]; doctrina jurisprudencial pacífica del TS, reiterada por sentencia 463/2019, de 11 de septiembre [8], la cual recuerda que «en el Derecho español, aunque en el contrato de préstamo hipotecario se incluyen dos figuras jurídicas diferentes, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), ambas son inescindibles y conforman una institución unitaria».

En definitiva, cuanto expuesto ut supra obliga a concluir que la cláusula de vencimiento anticipado se configura como un elemento esencial del contrato de préstamo hipotecario, por ser la esencia de esta institución unitaria. Pues es innegable que «el fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco)» [9]. En este marco, es interesante señalar lo siguiente:

De ser así, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa.

Parece claro que, si el contrato solo fuera un préstamo, la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Pero si es un negocio jurídico complejo de préstamo con una garantía hipotecaria, la supresión de la cláusula afecta a la garantía y, por tanto, a la economía del contrato y a su subsistencia (STS, Sala 1ª, 463/2019, de 11 de septiembre).

Bajo este razonamiento, no solo se ha facultado explícitamente a los tribunales de los Estados Miembros de la UE para la integración de esta cláusula contractual, sino que el propio TJUE, en el apartado 62 de la comentada sentencia de 26 de marzo de 2019, ratifica la disposición aplicable del derecho interno español, precisando lo siguiente:

La anulación de los contratos en cuestión y, según lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente, siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los órganos jurisdiccionales remitentes sustituyeran las cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales [10].

En síntesis, acudiendo a GIMÉNEZ (2019, pp. 6-7), un interesante matiz doctrinal del TJUE respecto a la integración contractual de las cláusulas de vencimiento anticipado recogido tanto en su sentencia de 26 de marzo de 2009, como en los Autos de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16 y C-167/16), es que se insiste en conjugar «el objetivo del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE de disuadir la imposición de cláusulas abusivas a los consumidores, con otro objetivo no menos fundamental de dicho artículo consistente en restablecer el equilibrio real entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato».

Este equilibrio real entre los derechos y las obligaciones inter partes se pretende lograr con la promulgación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, al preceptuar su art. 24 una serie de requisitos acumulativos para poder instar al vencimiento anticipado, los cuales vienen a establecer la gravedad del incumplimiento de pago en función de unas equivalencias porcentuales entre las cuotas vencidas y no satisfechas y el capital concedido.

A mayor abundamiento, el TS concreta en su sentencia de 11 de septiembre de 2019 que se puede despachar ejecución hipotecaria a pesar de que la estipulación de vencimiento anticipado haya sido declarada abusiva por resolución judicial firme [11], por entender, muy acertadamente, que si se ha producido una no satisfacción de las cuotas mensuales de amortización del calibre dispuesto por la disposición imperativa de derecho interno [12], el procedimiento especial ya no va a ser consecuencia de la abusividad de la cláusula contractual, sino del incumplimiento grave por parte del prestatario de una disposición legal.

4. Conclusiones

En un primer momento, parecía que la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik) había establecido que el contrato ha de pervivir sin la cláusula contractual declarada nula por abusiva, sin modificar, integrar o agregar contenido alguno. Por tanto, en caso de que el contrato no pudiera subsistir sin la condición podada, debería declararse una nulidad absoluta, asumiendo las consecuencias que esto implicaría.

Sin embargo, el propio Tribunal de Justicia recuerda en múltiples resoluciones que ante la tesitura que la supresión de la cláusula imposibilite la subsistencia del contrato, la modificación de la estipulación anulada por una disposición supletoria de Derecho nacional no contraviene, en absoluto, el fin último del art. 6 apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. Al respecto, la STJUE de 26 de marzo de 2019 sigue dejando un elevado margen de apreciación a los tribunales nacionales, siendo de su competencia la determinación de si la cláusula configura el objeto principal del contrato y si es esencial para su subsistencia, evaluando si su eliminación acarrea la nulidad de todo el negocio jurídico.

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo preceptúa que el préstamo hipotecario con garantía real conforma una institución unitaria indisociable. Además, que el acreedor tenga una garantía eficaz para el recobro en caso de impago depende precisamente de la inclusión en el negocio jurídico de la cláusula de vencimiento anticipado, convirtiéndose en la esencia del préstamo por su propia naturaleza contractual.

Ante esta coyuntura, en aras de evitar que el consumidor se vea obligado a devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo que tenía proyectado pagar de forma fraccionada a largo plazo, se implementa la integración contractual como solución. Lo contrario, sería exponer al prestatario-consumidor a una situación de vulnerabilidad, porque dicha obligación de restitución excede claramente de su capacidad económica.

En suma, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de septiembre de 2019, asume la doctrina establecida por el TJUE en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y los AATJUE de 3 de julio de 2019, estipulando que las entidades bancarias no ven limitadas sus posibilidades de realización en el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, manteniendo la garantía real una certera ejecutoriedad. A tal fin, los tribunales nacionales ostentan la facultad de sustituir la estipulación de vencimiento anticipado declarada nula por la versión del art. 693.2 de la LEC (tras su reforma por Ley 1/2013), pudiéndose despachar ejecución hipotecaria sin la necesidad de acudir a la vía declarativa -dónde el consumidor no gozaría del derecho de enervación -.

Notas:

[1] Los principales programas comunitarios que aluden a la importancia de la protección de los consumidores y usuarios han sido: la Resolución del Consejo de 14 de abril de 1975, sobre el programa preliminar de la Comunidad Europea para una política de protección e información de los consumidores; la Resolución del Consejo de 19 de mayo de 1981, relativa al segundo programa para una política de protección e información a los consumidores; la Resolución del Consejo de 23 de junio de 1986, relativa a la orientación futura de la política de la Comunidad Económica Europea para la protección y el fomento de los intereses de los consumidores; el art. 100 del Acta Única Europea de 1 de julio de 1987 y la Resolución del Consejo de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras prioridades para el relanzamiento de la política de protección del consumidor; entre otras (GUILLÉN, 2010, p. 23).

[2] Citando a ÁLVAREZ LATA (2004, p. 23). Autora recomendada para profundizar en materia de derecho de consumo, en especial: ÁLVAREZ LATA (2004). Invalidez e ineficacia en el derecho contractual de consumo español: análisis de los supuestos típicos de ineficacia en los contratos con consumidores. Cizur Menor: Thomson Aranzadi.

[3] Véase SSTS, Sala 1ª, 705/2015, de 23 de diciembre y 79/2016, de 18 de febrero.

[4] Nota de prensa del Tribunal Supremo, Gabinete Técnico de la Sala Civil, sobre el Auto planteando cuestión prejudicial en relación con la cláusula de vencimiento anticipado. 9 de febrero de 2017. Recuperado de: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-TJUE-sobre-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado (fecha de última consulta: 19-10-2019).

[5] Véase también SSTJUE Pereničová y Perenič, asunto C-453/10, apartados 28 y 31; Banco Español de Crédito, asunto C‑618/10, apartado 40; Kásler y Káslerné Rábai, asunto C‑26/13, apartado 82; Mostaza Claro, asunto C-168/05, apartado 36; Asturcom Telecomunicaciones, asunto C-40/08, apartado 30 y VB Pénzügyi Lízing Zrt., asunto C‑137/08, apartado 47.

[6] Según el artículo 1857.1º CC, uno de los requisitos esenciales de los contratos de hipoteca consiste en que se constituyan «para asegurar el cumplimiento de una obligación principal».

[7] También los AATJUE de 3 de julio de 2019 (asuntos C-92/16, C-167/16), en sus apartados 49 y 50.

[8] Reseñando otras SSTS del Pleno de la Sala, como la 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero.

[9] La STS, Sala 1ª, 463/2019, de 11 de septiembre, llega a esta conclusión «a la luz del apartado 32 de la STJUE Pereničová, del apartado 68 de las conclusiones de la Abogada General en ese asunto, y de las SSTJCE de 1 de abril de 2004, 14 de marzo de 2013 y 26 de enero de 2017», «bajo la consideración del contrato de préstamo hipotecario como un negocio jurídico unitario o complejo».

[10] Entendiéndose este art. 693.2 de la LEC, en su versión posterior a la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Ley 1/2013).

[11] De ello, se desprende que no tendrán efecto de cosa juzgada los autos de sobreseimiento de ejecuciones hipotecarias que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, dieron por vencidos el préstamo por nulidad de cláusula abusiva; así como los procesos posteriores a la Ley 1/2013 cuyo incumplimiento del deudor no reportara la gravedad prevista en el art. 24 de la Ley 5/2019.

[12] Dicha STS de 11 de septiembre de 2019, que resuelve el recurso por el cual se elevó cuestión prejudicial al TJUE, concreta que «el art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI (Ley 5/2019), al que ahora se remite, es imperativa».

Bibliografía

  • ÁLVAREZ LATA, N. (2004). Invalidez e ineficacia en el derecho contractual de consumo español: análisis de los supuestos típicos de ineficacia en los contratos con consumidores. Cizur Menor: Thomson Aranzadi.
  • BLANCO GARCÍA-LOMAS, L. (2014). La adaptación del régimen jurídico de la nulidad de las cláusulas abusivas al derecho de la Unión Europea (Art. 83 TRLGDCU). La Ley Mercantil, 3, pp. 30-46.
  • España. Constitución Española, 1978. BOE núm. 311 de 29/12/1978.
  • España. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7 de 08/01/2000.
  • España. Código Civil. Aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último. GACETA de 25/07/1889.
  • España. Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. BOE núm. 65 de 16/03/2019.
  • España. Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. BOE núm. 116 de 15/05/2013.
  • España, STS, Sala 1ª, 463/2019, de 11 de septiembre. M.P. Pedro José Vela Torres
  • España. ATS, 8 de febrero de 2017. M.P. Pedro José Vela Torres.
  • España. Nota de prensa del Tribunal Supremo, Gabinete Técnico de la Sala Civil, sobre el Auto planteando cuestión prejudicial en relación con la cláusula de vencimiento anticipado. 9 de febrero de 2017. Recuperado de:http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-TJUE-sobre-las-clausulas-de-vencimiento-anticipado
  • España. STS, Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo. M.P. Rafael Gimeno Bayón Cobos
  • GARCÍA-VILLARRUBIA, M. (2016). Efectos de la nulidad de las cláusulas abusivas. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, 43. Recuperado de: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Efectos-nulidad-clausulas-abusivas_12_982185001.html
  • GIMÉNEZ ALCOVER, P. (2019). STJUE 26 de marzo de 2019, sobre el vencimiento anticipado y Ley de contratos de crédito inmobiliario. Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios, 6, pp. 1-21.
  • GUILLÉN, R. (2010). El régimen jurídico de la oferta contractual dirigida a consumidores. Madrid: Centro de Estudios. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
  • FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª. (2019). La cláusula de vencimiento anticipado y la reciente STS de 11 de septiembre de 2019. Una sentencia pedagógica. Diario La Ley, núm. 9479.
  • LARRAZÁBAL BASÁÑEZ, S. (2011). La protección de los consumidores en la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho, núm. 22, pp. 21-35.
  • RINCÓN ANDREU, G. (2019). Cláusulas abusivas en contratación bancaria: doble control de transparencia en España y la Unión Europea. Novum Jus, vol. 13, núm. 2, pp. 105-128.
  • SERRA RODRÍGUEZ, A. (2013). Cláusulas abusivas en los contratos de crédito al consumo. Estudio doctrinal. Boletín del Ministerio de Justicia, Abril No 2153, pp. 1-25.
  • Unión Europea. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. DOCE núm. 95, de 21/04/1993.
  • Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE núm. C 326 de 26/10/2012.
  • Unión Europea. Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. DOUE C 306 de 17/12/2007.
  • Unión Europea. Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. DOUE C 340 de 10/11/1997.
  • Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. DOUE C 202 de 07/06/2016.
  • Unión Europea. ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-92/16. ECLI:EU:C:2019:560.
  • Unión Europea. ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-167/16. ECLI:EU:C:2019:570.
  • Unión Europea. STJUE de 26 de marzo de 2019, asuntos acumulados C‑70/17 y C‑179/17. ECLI:EU:C:2019:250.
  • Unión Europea. STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C‑26/13. EU:C:2014:282.
  • Unión Europea. STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C‑488/11. ECLI:EU:C:2013:341.
  • Unión Europea. STJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11. ECLI:EU:C:2013:164.
  • Unión Europea. STJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10. ECLI:EU:C:2012:349.
  • Unión Europea. STJUE de 15 de marzo de 2012, asunto C-453/10. ECLI:EU:C:2012:144.
  • Unión Europea. STJUE de 14 de junio de 2012, asunto C‑618/10. ECLI:EU:C:2012:349.
  • Unión Europea. STJUE de 9 de noviembre de 2010, asunto C‑137/08. ECLI:EU:C:2010:659.
  • Unión Europea. STJUE de 6 de octubre de 2009, asunto C-40/08. ECLI:EU:C:2009:615.
  • Unión Europea. STJUE de 26 de octubre de 2006, asunto C-168/05. ECLI:EU:C:2006:675.