La propuesta de Directiva de crédito al consumo: ¿Una armonización a la carta?

by Bernardo Hernández Bataller

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Ene 31, 2022

| DOCTRINA

La propuesta de Directiva de crédito al consumo: ¿Una armonización a la carta?

The proposed consumer credit Directive: a harmonization a la carte?

La proposition de Directive sur le crédit à la consommation: une harmonisation à la carte ?

Derecho y Economía de la Integración
[n.º 9 – enero de 2022; pp. 49-79]

Fecha de publicación en línea: 31 de enero de 2022

Palabras clave: armonización de legislaciones plena y selectiva u opcional, ámbito de aplicación de la Directiva de crédito al consumo, publicidad e información precontractual, evaluación de la solvencia y protección de la intimidad ante las bases de datos, intermediarios.

Keywords: full and selective or optional harmonization of legislation, scope of application of the Consumer Credit Directive, advertising and pre-contractual information, evaluation of the solvency and protection of privacy before the databases, intermediaries.

Mots-clés: harmonisation complète et sélective ou facultative de la législation, champ d’application de la directive sur le crédit à la consommation, publicité et informations précontractuelles, évaluation de la solvabilité et de la protection de la vie privée par rapport aux bases de données, intermédiaires.

Resumen: La nueva Agenda del Consumidor viene a cubrir cinco ámbitos prioritarios: transición ecológica; transformación digital; tutela y el respeto de los derechos de los consumidores; las necesidades específicas de determinados grupos de consumidores y la cooperación internacional. La Agenda adopta un enfoque holístico que abarca varias políticas de la Unión que revisten especial importancia para los consumidores.

Más allá de las críticas que pueda merecer el enfoque de la Comisión en el desarrollo de está política de la Unión, lo cierto es que, se compromete a ejecutar 22 acciones, entre la que se encuentra la acción n.º 10 en la que prevé preparar la propuesta de la revisión de la Directiva de crédito al consumo, para reforzar la protección de los consumidores en el contexto de la digitalización de los servicios financieros minoristas.

Abstract: The new Consumer Agenda covers five priority areas: ecological transition; digital transformation; protection and respect for the rights of consumers; the specific needs of certain consumer groups and international cooperation. The Agenda takes a holistic approach covering various Union policies that are of particular importance to consumers. 

Beyond the criticism that the Commission’s approach in the development of this Union policy may deserve, the truth is that it undertakes to execute 22 actions, among which is action No. 10 in which it provides prepare the proposal for the revision of the Consumer Credit Directive, to strengthen consumer protection in the context of the digitization of retail financial services.

Résumé: Le nouvel agenda du consommateur couvre cinq domaines prioritaires : la transition écologique; transformation numérique ; protection et respect des droits des consommateurs; les besoins spécifiques de certains groupes de consommateurs et la coopération internationale. Le programme adopte une approche holistique couvrant diverses politiques de l’Union qui revêtent une importance particulière pour les consommateurs.

Au-delà des critiques que l’approche de la Commission dans l’élaboration de cette politique de l’Union peut mériter, la vérité est qu’elle s’engage à exécuter 22 actions, parmi lesquelles l’action n° 10 dans laquelle elle prévoit de préparer la proposition de révision de la directive sur le crédit à la consommation, pour renforcer la protection des consommateurs dans le cadre de la numérisation des services financiers de détail.

CITAR ESTE ARTÍCULO

Hernández Bataller, Bernardo (2022). La propuesta de Directiva de crédito al consumo: ¿Una armonización a la carta? Derecho y Economía de la Integración n.º 9, pp. 49-79. https://juri-dileyc.com/la-propuesta-de-directiva-de-credito-al-consumo-una-armonizacion-a-la-carta/

I. Introducción

1.1. La nueva Agenda del Consumidor [1] viene a cubrir cinco ámbitos prioritarios: transición ecológica; transformación digital; tutela y el respeto de los derechos de los consumidores; las necesidades específicas de determinados grupos de consumidores y la cooperación internacional. La Agenda adopta un enfoque holístico que abarca varias políticas de la Unión que revisten especial importancia para los consumidores.

Más allá de las críticas que pueda merecer el enfoque de la Comisión en el desarrollo de está política de la Unión, lo cierto es que, se compromete a ejecutar 22 acciones [2], entre la que se encuentra la acción n.º 10 en la que prevé preparar la propuesta de la revisión de la Directiva de crédito al consumo, para reforzar la protección de los consumidores en el contexto de la digitalización de los servicios financieros minoristas.

Hay que tener en cuenta que el sector de los servicios financieros minoristas se ha transformado profundamente debido a la transición digital que introduce nuevas tendencias y soluciones, diversifica la oferta de productos y servicios financieros.

Los prestadores no tradicionales de dichos servicios – tales como las empresas tecno-financieras y los prestamistas inter pares – se han unido a los prestamistas tradicionales, quienes también utilizan cada vez más los canales de venta en línea. Los nuevos productos, tales como los préstamos de alto costo a corto plazo, se contraen por un corto plazo pero pueden generar costes considerables para el prestatario, se comercializan y venden cada vez más de forma digital. Las nuevas tecnologías, como las soluciones de pago instantáneo, pueden aportar beneficios tangibles para los consumidores, pero pueden requerir medidas específicas de protección de los consumidores [3].

El uso de categorías alternativas de datos, en combinación con la toma de decisiones automatizadas sobre la calificación crediticia, fomentaba dudas con respecto a qué datos deben utilizarse para evaluar la solvencia de los consumidores y destaca los riesgos de discriminación derivados de las decisiones basadas en algoritmos, lo que complica la protección del consumidor derivada de la utilización de la inteligencia artificial.

Dado que los consumidores son la parte más débil en una transacción, sus intereses económicos merecen protección. Pero, además, existen grupos de consumidores que resultan especialmente vulnerables. Puede deberse a circunstancias sociales o a características, individuales o de grupo, tales como la edad, genero, estado de salud, alfabetización digital, capacidad de cálculo situación económica.

El aumento de la vulnerabilidad financieras de muchos hogares de la UE resulta especialmente preocupante; sin embargo, la UE no ha procedido a regular el sobreendeudamiento de las familias a pesar de haberlo solicitado el Comité Económico y Social Europeo [4].

1.2. Los antecedentes, más inmediatos vienen de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito [5] al consumo: estableció un marco armonizado de la UE para el crédito al consumo, con objeto de facilitar la emergencia de un mercado interior con un funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo y lograr un elevado grado de protección de los consumidores con el fin de garantizar la confianza de los consumidores [6].

Desde la adopción de la Directiva de 2008 (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 2009; BULLAGERA GOMÉZ, 2019; LUGUIN BERGARECHE, 2015; NIETO CAROL, 1998; RODRÍGUEZ-URIA SUÁREZ, 2019), según la Comisión, la digitalización ha cambiado profundamente el proceso de toma de decisiones y los hábitos de los consumidores en general, que actualmente quieren un proceso de obtención de crédito más fluido y rápido y suelen realizarlo en línea. Esto también afecta al sector crediticio, que se está digitalizando progresivamente.

También la aparición de nuevos operadores del mercado, como las plataformas de préstamo entre particulares, ofrecen contratos de crédito en distintos formatos y han aparecido nuevos productos, como los créditos de alto coste a corto plazo. La digitalización también ha aportado nuevas formas de revelar información por medios digitales y de evaluar la solvencia de los consumidores, utilizando sistemas automatizados de toma de decisiones y datos no tradicionales.

La crisis de la COVID-19 y las medidas de confinamiento resultantes también han desestabilizado la economía de la UE y han tenido una repercusión muy significativa en el mercado del crédito y los consumidores, en particular los más vulnerables, colocando en una situación de mayor vulnerabilidad económica a muchos hogares de la UE. En contrapartida, la crisis también ha acelerado la transformación digital.

En el contexto de la crisis de la COVID-19, los Estados miembros adoptaron una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera de la ciudadanía y los hogares, como las moratorias de reembolso de los préstamos que, en general, se hicieron extensivas al crédito al consumo y que resultaban ajenas al Derecho de la Unión que no estaba preparado para asumir una respuesta y los propios Estados miembros que actuaron individualmente.

1.3. El mercado interior como base jurídica de la propuesta. La base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 114 del TFUE, relativo a la realización del mercado interior, teniendo debidamente en cuenta el artículo 169 del TFUE [7]. El artículo 114 del TFUE confiere a la UE la competencia de adoptar medidas para la aproximación de las normas nacionales relativas al establecimiento y funcionamiento del mercado interior [8]. Mediante la creación de un alto nivel de protección de los consumidores, la propuesta pretende contribuir al buen funcionamiento del mercado interior.

El Tratado (MOLINA DEL POZO, 2015) prevé actuaciones dirigidas a garantizar la creación y el funcionamiento de un mercado interior, con un elevado nivel de protección de los consumidores, así como la libre prestación de servicios. Un mercado de este tipo para el crédito al consumo que se ve limitado todavía por varios obstáculos. Estos obstáculos limitan el nivel de la actividad transfronteriza, tanto de la oferta como de la demanda, y reducen así la competencia y en consecuencia las posibilidades de elección de los consumidores.

Según la Comisión, como los objetivos de la actuación propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por la escala y los efectos de la actuación propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la UE, por lo que esta propuesta de Directiva se basa en una armonización que es de carácter total en lo que regula, es decir armonización plena; pero no se trata de una armonización completa de todo su ámbito de aplicación, porque la propuesta -como se expondrá- solamente regula parcialmente el sector del crédito al consumo que contempla determinados supuestos y, que resulta complejo es que dicha armonización se realiza en cada uno de ellos con un nivel de armonización diferente.

La Comisión considera que una armonización plena es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la Unión se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para crear un mercado interior que funcione bien, pero en realidad la propuesta permite la consolidación de diferentes niveles de armonización.

En consecuencia, los Estados miembros no deben poder mantener o adoptar disposiciones nacionales que discrepen de las previstas en la presente Directiva, salvo que en ella se haya dispuesto de otro modo. Sin embargo, tal restricción solo debe aplicarse cuando en la propuesta de Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados miembros son libres de mantener o adoptar normas nacionales.

En este sentido, los Estados deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que versen sobre:

  • la responsabilidad solidaria del vendedor o proveedor de servicios y el prestamista;
  • tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la terminación del contrato de venta de bienes o prestación de servicios en caso de que el consumidor ejerza su derecho de desistimiento del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa;
  • en el caso de los contratos de crédito de duración indefinida, debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de fijar un plazo mínimo que tenga que transcurrir entre el momento en que el prestamista solicita el reembolso y la fecha en que ha de reembolsarse el crédito.

La Comisión considera que, la actuación de la UE puede garantizar un nivel uniformemente elevado de protección a los consumidores y un marco jurídico más claro y más armonizado que en la actualidad, reduciendo los obstáculos para la concesión de créditos en otros Estados miembros (mediante la concesión transfronteriza directa o la creación de filiales), olvidando o mejor dicho dejando que los Estados miembros regulen de manera dispar, supuestos importantes cuya divergencia puede llegar a distorsionar el funcionamiento del mercado interior, como es el caso del sobreendeudamiento de las familias [9].

Con la digitalización y la posible entrada en el mercado del crédito de nuevos actores digitales, cabe prever el aumento de la concesión transfronteriza de créditos. Esto puede hacer que las normas comunes de la UE adaptadas a la era digital no sean eficaces para alcanzar los objetivos estratégicos de la UE.

La propuesta, intenta cumplir el principio de proporcionalidad, puesto que, según la Comisión, no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. Así pues, no regula todos los aspectos de la actividad crediticia, sino que se centra en aspectos clave de las operaciones de crédito al consumo para facilitar el desarrollo de la prestación transfronteriza de servicios y proteger a los consumidores en este contexto.

La Directiva [10] propuesta sustituirá a la Directiva de 2008, pero conservará muchos de sus elementos. Esto permitirá a los Estados miembros modificar la legislación en vigor (resultante de haber transpuesto la Directiva 2008/48/CE) en la medida necesaria para garantizar su cumplimiento, limitando así el impacto de una reforma de este tipo en sus sistemas legislativos. La Directiva propuesta es un instrumento de armonización plena en los ámbitos que abarca; sin embargo, en ciertos ámbitos, algunas opciones reglamentarias se dejan a la discreción de los Estados miembros.

La evaluación detectó una serie de deficiencias relacionadas con el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE, sus definiciones y términos que a veces son poco claros, obligaciones de información no adaptadas a los soportes digitales, una falta de claridad en las disposiciones relativas a la evaluación de solvencia que da lugar a una insuficiente protección para los consumidores, y diferencias en el cumplimiento [11].

La propuesta de Directiva simplifica determinados requisitos de información y tiene por objeto adaptar los requisitos al uso digital. Más concretamente, la propuesta reducirá los costes publicitarios para los proveedores/intermediarios de crédito en determinados medios, como la radio, mientras que garantizará que los consumidores obtengan una información más clara que resulte más fácil de procesar y de comprender.

La digitalización ha contribuido a cambios en el mercado que no se previeron en el momento de la adopción de la Directiva 2008/48/CE. De hecho, los rápidos avances tecnológicos registrados desde la Directiva de 2008 han traído consigo cambios significativos en el mercado de los créditos al consumo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda, entre los que se encuentra la aparición de nuevos productos y la evolución del comportamiento y las preferencias de los consumidores.

La redacción imprecisa de determinadas disposiciones de la Directiva 2008/48/CE, que permite a los Estados miembros adoptar disposiciones divergentes que van más allá de las previstas en dicha Directiva, ha dado lugar a un marco normativo de la Unión fragmentado en una serie de aspectos del crédito al consumo.

La justificación de esta situación de hecho y de derecho resultante de estas diferencias nacionales da lugar, en algunos casos, a distorsiones de la competencia entre los prestamistas de la Unión y crea obstáculos al mercado interior. La mencionada situación limita la capacidad de los consumidores para beneficiarse de una oferta cada vez mayor de crédito transfronterizo, que se espera que siga creciendo como resultado de la digitalización. Estas distorsiones y restricciones pueden tener como consecuencia, a su vez, una reducción de la demanda de bienes y servicios. La situación también conduce a un nivel inadecuado e incoherente de protección de los consumidores en toda la Unión [12].

La adaptación de los requisitos de información para el uso digital, sobre todo a través de un nuevo Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo, tiene un coste inicial. Sin embargo, a largo plazo reduciría la carga sobre las empresas [13], que podrían facilitar el formulario completo de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo por correo electrónico, sin necesitar adaptarlo a pantallas digitales.

II. Contenido de la propuesta

2.1. Se establece en la propuesta que el objetivo de la Directiva es armonizar aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a determinados contratos de crédito al consumo y servicios de crédito de financiación participativa [14] .

Además de la base jurídica del artículo 169, apartado 1º y apartado 2, letra a), que establecen que la Unión debe contribuir a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE (mercado interior), se refuerza la base jurídica con el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que dispone que las políticas de la Unión han de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores

La propuesta de Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en especial, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la propuesta Directiva respeta plenamente el derecho a la protección de datos personales, a la propiedad, a la no discriminación, a la protección de la vida familiar y profesional y a la protección de los consumidores con arreglo a la Carta [15] .

Los consumidores que residan legalmente en la Unión no deben ser discriminados por razón de su nacionalidad o lugar de residencia, o por cualquier motivo contemplado en el artículo 21 de la Carta, al solicitar, celebrar o suscribir un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa dentro de la Unión, cumpliendo con el principio de no discriminación por nacionalidad.

La propuesta de Directiva complementa las normas establecidas en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [16] relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. A fin de garantizar la seguridad jurídica, debe aclararse que, en caso de conflicto entre ambas disposiciones, debe aplicarse la disposición de la Directiva de Crédito al Consumo al considerarse como lex specialis.

Para mejorar el funcionamiento del mercado interior de los créditos al consumo, se prevé un marco comunitario armonizado de la Unión en una serie de ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el desarrollo del mercado del crédito al consumo, en particular a través de internet, y la creciente movilidad de los ciudadanos europeos, una normativa de la Unión, orientada hacia el futuro, que pueda adaptarse a futuras formas de crédito y que permita a los Estados miembros un grado idóneo de flexibilidad [17] en su aplicación, ayudará a establecer unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.

2.2. El ámbito de aplicación de la propuesta abarca determinados contratos de crédito al consumo y servicios de crédito de financiación participativa. Siguen siendo válidas algunas exenciones permitidas por el artículo 2 de la Directiva 2008/48/CE, pero se suprimen las relativas a los importes mínimos, los contratos de arrendamiento financiero con una opción de compra de bienes o servicios, la posibilidad de descubierto, los créditos libres de intereses sin gastos o los créditos que han de reembolsarse en el plazo de tres meses con gastos mínimos.

En cuanto a las definiciones [18], son propias del derecho derivado de la Unión conteniendo los términos específicos y propios utilizados en la propuesta. No es una armonización total, pero sí es plena en los aspectos que regula. Por ello, en la explicación de la propuesta la Comisión hace constar que, en toda la medida de lo posible, las definiciones se han armonizado con las de otros textos de la UE, en particular la Directiva 2014/17/CE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial [19].

Las definiciones que contiene la propuesta Directiva determinan el alcance de la armonización que, como se ha indicado es plena, pero no total, y en cierta forma armoniza de una forma «sui generis», como se expondrá.

La obligación de los Estados miembros de aplicar la presente Directiva se limita, por consiguiente, al ámbito que dichas definiciones establecen. No obstante, la propuesta de Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho de la Unión, apliquen las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. De este modo, un Estado miembro podría mantener o adoptar legislación nacional correspondiente a la Directiva o a determinadas disposiciones de la Directiva relativas a los contratos de crédito fuera del ámbito de aplicación de esta, por ejemplo, sobre los contratos de crédito en los que se pide al consumidor que entregue un bien al prestamista como garantía y en los que la responsabilidad del consumidor está estrictamente limitada a dicho bien pignorado [20].

Además, los Estados miembros también podrán aplicar la Directiva a los créditos vinculados que no entren en la definición de contrato de crédito vinculado de la presente Directiva. De este modo, las disposiciones de la propuesta de Directiva sobre contratos de créditos vinculados podrían aplicarse a los contratos de crédito que sirvan solo parcialmente para financiar un contrato de suministro de bienes o prestación de servicios.

Hay que tener en cuenta que varios Estados miembros han aplicado la Directiva 2008/48/CE más allá de su ámbito de aplicación para mejorar el nivel de protección de los consumidores.

De hecho, varios de los contratos de crédito que quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva pueden ser perjudiciales para los consumidores, incluidos los préstamos de alto coste a corto plazo, cuyo importe suele ser inferior al umbral mínimo de 200 EUR establecido por la Directiva 2008/48/CE.

En este contexto, y con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y facilitar el mercado transfronterizo del crédito al consumo, el ámbito de aplicación de la propuesta Directiva abarca algunos contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE, como los contratos de crédito al consumo por un importe inferior a 200 EUR.

Del mismo modo, otros productos potencialmente perjudiciales, debido a los elevados costes que conllevan o a tasas elevadas en caso de impago, están cubiertos por la Directiva, a fin de garantizar una mayor transparencia y una mejor protección de los consumidores, lo que redunda en una mayor confianza de estos.

En este sentido, no se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva:

  • los contratos de arrendamiento financiero;
  • los contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto y en los que el crédito deba reembolsarse en el plazo de un mes;
  • los contratos de crédito en los que el crédito se conceda sin intereses y sin ningún otro gasto, incluidos los sistemas «Compre ahora, pague después», es decir, los nuevos instrumentos financieros digitales que permiten a los consumidores realizar compras y pagarlas a lo largo del tiempo;
  • los contratos de crédito bajo cuyas condiciones el crédito debe reembolsarse en un plazo de tres meses y solo se cobran unos gastos mínimos;
  • además, todos los contratos de crédito de hasta 100 000 EUR deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Por otra parte, el umbral superior de los contratos de crédito contemplados en la propuesta de Directiva debe incrementarse para tener en cuenta la indexación y adaptarlo a los efectos de la inflación desde 2008 y en los próximos años.

En el caso de los contratos de crédito específicos a los que solo se aplican algunas disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros deben seguir teniendo libertad para regular, en su Derecho interno, tales tipos de contratos de crédito en lo que respecta a otros aspectos no armonizados por la presente Directiva.

Los contratos relativos a la prestación continua de servicios o al suministro de bienes de un mismo tipo, en los que el consumidor paga cuotas periódicas mientras dura la prestación, pueden presentar grandes diferencias, tanto en lo que se refiere a los intereses de las partes contratantes como a las modalidades y la ejecución de las operaciones, en comparación con los contratos de crédito cubiertos por la presente Directiva. Por tanto, tales contratos no deben considerarse contratos de crédito a los efectos de la presente Directiva. Estos contratos incluyen, por ejemplo, los contratos de seguros en los que el seguro se paga mediante cuotas mensuales.

Los contratos de crédito relativos a la concesión de créditos garantizados por bienes inmuebles y los contratos de crédito cuyo objeto sea financiar la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o proyectados deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya que dichos contratos están regulados por la Directiva 2014/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [21].

No obstante, no deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva los créditos no garantizados cuya finalidad sea la renovación de un bien inmueble de uso residencial, incluidos aquellos que supongan un importe total del crédito superior a 100 000 EUR.

La Directiva deberá aplicarse con independencia de que el prestamista sea una persona física o jurídica. No obstante, la propuesta de Directiva no debe afectar al derecho de los Estados miembros a limitar la concesión de créditos al consumo únicamente a las personas jurídicas o a algunas personas jurídicas [22].

Tampoco la Directiva regula cuestiones de Derecho contractual relativas a la validez de los contratos de crédito o de los contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. Por consiguiente, en ese ámbito, los Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones nacionales que sean conformes con el Derecho de la Unión [23].

Los Estados miembros están facultados para establecer el régimen jurídico que regula la oferta para celebrar un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, en particular cuándo debe ofrecerse esta y durante cuánto tiempo es vinculante para el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa.

Si dicha oferta se hace al mismo tiempo que la información precontractual prevista en la propuesta de Directiva, debe facilitarse en un documento aparte, al igual que cualquier otra información adicional que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deseen facilitar al consumidor. Este documento aparte podrá adjuntarse a la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.

No obstante, habida cuenta de las características específicas de esta Directiva, algunas se han adaptado a las necesidades de la propuesta [24].

2.3. La financiación participativa. La financiación participativa es una forma de financiación que está cada vez más disponible para los consumidores, normalmente para pequeños gastos o inversiones. El Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo [25] excluye de su ámbito de aplicación los servicios de financiación participativa, incluidos los que facilitan la concesión de créditos, que se prestan a los consumidores tal como se definen en la Directiva 2008/48/CE.

En este contexto, la propuesta Directiva de crédito al consumo tiene por objeto complementar el Reglamento (UE) 2020/1503, corregir esta exclusión y aportar claridad jurídica sobre el régimen jurídico aplicable a los servicios de financiación participativa cuando un consumidor desea obtener un crédito a través de un proveedor de servicios de crédito de financiación participativa [26].

Un proveedor de servicios de crédito de financiación participativa opera a través de una plataforma digital abierta al público con objeto de poner en contacto a prestamistas potenciales con consumidores que buscan financiación o facilitar el contacto entre ellos.

Dicha financiación podría adoptar la forma de crédito al consumo. Cuando los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa faciliten directamente crédito a los consumidores, se les aplicarán las disposiciones de la propuesta de Directiva relativas a los prestamistas.

Cuando los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa faciliten la concesión de créditos entre los prestamistas que actúan en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional y los consumidores, las obligaciones de los prestamistas en virtud de la propuesta de Directiva deben aplicarse a dichos prestamistas. En tal situación, los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa actúan como intermediarios de crédito, por lo que deben aplicárseles las obligaciones contempladas en la propuesta de Directiva para los intermediarios de crédito.

Algunas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse, además, a los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa que actúen en calidad de prestamistas o intermediarios de crédito, cuando faciliten la concesión de créditos entre, por una parte, las personas que conceden créditos al consumo fuera del ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional y, por otra, los consumidores. En este contexto, el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa debe cumplir determinadas normas y obligaciones de la presente Directiva, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de solvencia y de cumplir las normas sobre información precontractual.

Las personas que concedan créditos al consumo al margen del ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional a través de una plataforma de crédito de financiación participativa no deben estar sujetas a las obligaciones para los prestamistas en virtud de lo previsto en la propuesta de Directiva, por lo que no entrarían dentro de su ámbito de aplicación.

Se considera que los consumidores deben estar protegidos contra las prácticas desleales o engañosas, en particular en lo que respecta a la información facilitada por el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, de conformidad con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [27]. Dicha Directiva sigue aplicándose a los contratos de crédito y a los servicios de crédito de financiación participativa, y funciona como una «red de seguridad» que garantiza el mantenimiento de un elevado nivel común de protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales en todos los sectores, en particular complementando el resto del Derecho de la Unión.

El principio de no discriminación contenido en la propuesta exige a los Estados miembros que se aseguren de que los consumidores que residen legalmente en la UE no sean discriminados por razón de su nacionalidad, residencia o por cualquier razón contemplada en el artículo 21 de la Carta, cuando soliciten, celebren o suscriban un contrato de crédito o servicios de crédito de financiación participativa en la UE.

Por su parte, respecto a los contratos de crédito o contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa de duración indefinida, la propuesta determina las condiciones específicas para poner fin a los contratos de crédito de duración indefinida, remitiendo al derecho de los Estados miembros para que garantice la finalización de duración indefinida [28].

2.4. La información precontractual. En la propuesta de Directiva se deben adoptar disposiciones específicas sobre la publicidad relativa a los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa y sobre algunos elementos de información básica que deben facilitarse a los consumidores para que puedan comparar diferentes ofertas. Dicha información debe proporcionarse de forma clara, concisa y destacada, mediante un ejemplo representativo.

La información básica deberá mostrarse desde el inicio y de forma prominente, en un formato atractivo. Debe ser claramente legible y estar adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los teléfonos móviles. Las condiciones promocionales temporales, como los tipos de interés con tasa inicial reducida para los primeros meses del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa, deben identificarse claramente como tales. Los consumidores deben ver toda la información esencial de un vistazo, incluso cuando utilicen la pantalla de un teléfono móvil. El número de teléfono y la dirección de correo electrónico del prestamista y, en su caso, del intermediario de crédito y del proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben comunicarse al consumidor para que este pueda ponerse en contacto con el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa de forma rápida y eficiente.

Cuando no se pueda indicar el importe total del crédito, a saber, la suma de todas las cantidades puestas a disposición del consumidor, debe indicarse un importe máximo, en particular cuando el contrato de crédito dé al consumidor libertad para disponer de crédito con una limitación respecto del importe. El importe máximo debe indicar la cantidad máxima del crédito que se puede poner a disposición del consumidor. En casos concretos y justificados, con el fin de mejorar la comprensión por parte de los consumidores de la información divulgada en la publicidad de los contratos de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa cuando el medio utilizado no permita visualizarla, como en la publicidad radiofónica, podría reducirse la cantidad de información divulgada.

Además, los Estados miembros deben conservar la libertad de regular en su Derecho interno los requisitos relativos a la publicidad de los contratos de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa en la que no se incluye información sobre el coste del crédito.

Como regla general existe una obligación de facilitar información gratuita a los consumidores de conformidad con la Directiva, lo que implica que tanto la información a los consumidores, como la información precontractual o la información general, debe facilitarse gratuitamente.

Con el fin de poder tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa, los consumidores deben recibir información adecuada, que podrán examinar cuidadosamente cuando mejor les convenga, al menos un día antes de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, lo que incluirá información sobre las condiciones y el coste del crédito y sobre sus obligaciones, así como explicaciones adecuadas al respecto. Estas normas se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE [29].

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE y de las obligaciones precontractuales en el marco de la propuesta de Directiva, y a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, se considera que debe ofrecerse información al consumidor, a su debido tiempo y antes de cualquier modificación de las condiciones del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, que incluya una descripción de los cambios propuestos y, en su caso, indique al consumidor si es necesario su consentimiento o le informe de los cambios realizados por ministerio de la ley; el calendario de aplicación de dichos cambios; los medios de reclamación a disposición del consumidor, así como el plazo para que el consumidor presente una reclamación, y el nombre y la dirección de la autoridad competente ante la que puede presentarse la reclamación. La modificación de un contrato no debe afectar a ningún derecho de los consumidores, incluidos los derechos de información recogidos en la propuesta de Directiva.

En cuanto a la publicidad y comercialización de los contratos de crédito y de los servicios de crédito de financiación participativa, la propuesta introduce principios generales sobre las comunicaciones publicitarias y comerciales, en el sentido de que sean leales y clara y no resulten engañosas, prohibiéndose expresamente que se prohibirá toda redacción que pueda generar en el consumidor falsas expectativas sobre la disponibilidad o el coste de un crédito.

La información básica que debe incluirse en la publicidad de los contratos de crédito y los servicios de crédito de financiación participativa, en el artículo 8 de la propuesta, establece la forma y el contenido de la información que debe incluirse en la publicidad. La información básica se refiere a las características esenciales del crédito. En casos concretos y justificados, cuando el medio utilizado para comunicar la información que debe figurar en la publicidad no permita su visualización, como en el caso de la publicidad radiofónica, dicha información deberá reducirse para evitar el exceso de información y recudir la carga innecesaria. Estas disposiciones complementan las obligaciones de la Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Respecto a la información general exige que los prestamistas o, en su caso, los intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa faciliten en todo momento información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito.

En cuanto a la información precontractual establece la obligación para los prestamistas, intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de facilitar a los consumidores información personalizada precontractual sobre la base del formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo [30], además del cual recibirán un Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo de una página en el que se esbocen las características principales del crédito en cuestión, para ayudarles a comparar ofertas diferentes. El objetivo es asegurarse de que los consumidores vean toda la información esencial de un vistazo, incluso en la pantalla de un teléfono móvil. El contenido y la presentación del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo se detallan en el anexo II, mientras que el contenido y la presentación del formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo se detallan en el anexo I.

La información precontractual debe facilitarse al menos un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito, o contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa u oferta. Si la información precontractual se facilita menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito, contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa u oferta, los prestamistas, los intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa tienen que recordar a los consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

La información precontractual relativa a contratos de crédito contemplados en el artículo 2, apartados 5 o 6) obliga a los prestamistas e intermediarios de crédito a facilitar a los consumidores información precontractual personalizada para determinados tipos de crédito al consumo basada en el formulario de la Información Europea sobre el Crédito al Consumo, además del Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo de una página. El contenido y la presentación del formulario se detalla en el anexo III de la propuesta.

Para otros contratos de crédito, la información precontractual debe proporcionarse al menos un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato u oferta de crédito. En caso contrario, los prestamistas y los intermediarios de crédito tienen que recordar a los consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito.

Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas puedan compararse, la información precontractual debe incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Unión. Dado que en esta fase la tasa anual equivalente solo puede indicarse mediante un ejemplo, este debe ser representativo. Por tanto, debe corresponder, por ejemplo, a la duración media y al importe total del crédito concedido para el tipo de contrato o de servicios de crédito de financiación participativa en cuestión y, en su caso, a los bienes adquiridos.

Al elegir el ejemplo representativo debe tenerse también en cuenta la frecuencia de ciertos tipos de contratos de crédito o de servicios de crédito de financiación participativa en un mercado concreto. En lo que se refiere al tipo deudor, la frecuencia de los pagos a plazos y la capitalización de intereses, los prestamistas deben recurrir al método de cálculo habitualmente utilizado para el crédito al consumo respectivo. Si la información precontractual se facilita menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito o cualquier contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben recordar a los consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

El coste total del crédito para el consumidor debe incluir todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos, la remuneración de los intermediarios de crédito y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba abonar en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, exceptuando los gastos notariales. El conocimiento real de los gastos que posee el prestamista debe evaluarse de forma objetiva, teniendo en cuenta los requisitos en materia de profesionalidad establecidos en la propuesta de Directiva.

En otra muestra de armonización «plena» pero no total, los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que prohíban al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa exigir al consumidor, en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, la apertura de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios o el abono de los gastos o las remuneraciones de esas cuentas bancarias o de esos servicios accesorios. En los Estados miembros que autoricen esas ofertas combinadas, los consumidores deben ser informados antes de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa acerca de los servicios accesorios que sean obligatorios para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas. Los costes pagaderos por dichos servicios accesorios, en particular las primas de seguros, deben incluirse en el coste total del crédito.

Alternativamente, cuando el importe de dichos gastos no pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente informados de su existencia en la fase precontractual.

Debe suponerse que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa conoce el coste de dichos servicios accesorios que, él mismo o en nombre de un tercero, ofrece al consumidor, salvo si el precio está en función de las características específicas del consumidor o de su situación particular.

Sin embargo, en el caso de ciertos tipos específicos de contratos de crédito, y con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección de los consumidores sin imponer una carga excesiva a los prestamistas o, en su caso, a los intermediarios de crédito, conviene limitar los requisitos de información precontractual, teniendo en cuenta el carácter específico de dichos tipos de contratos.

El consumidor debe ser ampliamente informado antes de la celebración del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, con independencia de que en la venta del crédito haya participado o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla general, los requisitos de información precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de crédito [31]. No obstante, a los proveedores de bienes y servicios que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario no procede imponerles la obligación legal de proporcionar la información precontractual tal como se establece en la presente Directiva.

También, en la propuesta figura que los Estados miembros deben tener la posibilidad de regular el carácter potencialmente vinculante de la información que debe facilitarse al consumidor antes de la celebración del contrato de crédito o de los servicios de crédito de financiación participativa, así como el período de tiempo durante el cual el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben quedar vinculados por ella, con lo que la pretendida armonización plena va disminuyendo a medida que se avanza en su lectura.

Por su parte, en el artículo 12 de la propuesta, bajo el epígrafe de «explicaciones adecuadas» obliga a los prestamistas, intermediarios de crédito y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa a explicar adecuadamente a los consumidores los contratos de crédito, los servicios de crédito de financiación participativa y los servicios accesorios que les proponen, con el fin de permitirles evaluar si están adaptados a sus necesidades y a su situación financiera.

En resumen, la información que debe facilitarse antes de la celebración del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, está armonizada en lo que se refiere a la publicidad y comercialización de los contratos de crédito y de los servicios de crédito de financiación participativa, así como su información básica, la información general y la información precontractual, con la peculiaridad de los contratos en los que figura el coste total del crédito para el consumidor y el importe total adeudado por el consumidor, dejando, otros aspectos, como las denominadas «explicaciones adecuadas» que quedan en manos de los Estados miembros.

2.5. La protección de datos personales. Uno de los aspectos más interesantes es el relativo a la protección de la intimidad las categorías y fuentes de datos personales que puedan utilizarse a los efectos de evaluar la solvencia.

En el artículo 13 de la propuesta se aborda el tema de las ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado, estableciendo la obligatoriedad de informar a los consumidores cuando se les presentan ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles [32].

Como se destaca en la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial [33]), los sistemas de inteligencia artificial (IA) pueden desplegarse fácilmente en múltiples sectores de la economía y la sociedad, también a través de las fronteras, y pueden circular por toda la Unión.

En este contexto, los prestamistas, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben poder personalizar el precio de sus ofertas para consumidores específicos o categorías específicas de consumidores sobre la base de la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles de comportamiento de los consumidores que les permitan evaluar el poder adquisitivo del consumidor.

Por tanto, cuando el precio que se ofrezca a los consumidores esté personalizado en función de un tratamiento automatizado, se les debe informar claramente de ello, a fin de que puedan tener en cuenta los riesgos potenciales de su decisión de compra.

La propuesta en su artículo 19 aborda las «bases de datos», introduciendo disposiciones para garantizar que los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa puedan tener acceso a información procedente de bases de datos pertinentes de manera no discriminatoria.

Las ventas de crédito que no hayan sido solicitadas por los consumidores pueden, en algunos casos, estar asociadas a prácticas perjudiciales para el consumidor. A este respecto, debe prohibirse la venta no solicitada de crédito, incluidas las tarjetas de crédito previamente aprobadas no solicitadas y enviadas a los consumidores, o el aumento unilateral del descubierto o del límite de las tarjetas de crédito de los consumidores.

Serán los Estados miembros quienes deban tomar las medidas adecuadas para promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su mercado del crédito. Entre estas medidas pueden figurar, por ejemplo, ofrecer información y formación a los consumidores con advertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo. En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario, lo cual resulta loable como finalidad, aunque los medios utilizados no se consideren los más pertinentes desde un punto de vista supranacional.

El ámbito sancionador, queda competencia de los Estados miembros que deben llevar a cabo la supervisión necesaria para evitar este comportamiento de los prestamistas y determinar los medios necesarios para establecer las sanciones correspondientes [34]. Sin perjuicio de las disposiciones sobre el riesgo del crédito de la Directiva 2013/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [35], los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben ser los responsables de verificar individualmente la solvencia del consumidor.

A tal efecto, se les deberá permitir servirse de la información facilitada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa, sino también durante toda la relación comercial. A los consumidores, por su parte, solamente les queda actuar con prudencia y, en todo caso, cumplir sus obligaciones contractuales.

Existe una complementariedad entre la protección de los consumidores y la protección de datos. La propuesta tiene una repercusión indudable en la protección de los derechos y de las libertades individuales en lo que se refiere al tratamiento de datos personales, en particular, debido a las disposiciones relativas a la evaluación de solvencia, las ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado y el uso de datos personales en el contexto de las actividades de asesoramiento y de otra índole.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos [36], en su dictamen sobre la propuesta de Directiva [37] recomendó delimitar con claridad las categorías y fuentes de datos personales que pueden utilizarse a los efectos de evaluar su solvencia, ya que la propuesta de Directiva debe tener en cuenta las posibles consecuencias negativas para los afectados, por lo que el Supervisor considera que deberían abordarse los requisitos, la función y las responsabilidades de las bases de datos sobre créditos o de los terceros que realicen calificaciones crediticias. Igualmente, considera que, también debería aclararse en qué situaciones es necesaria y proporcionada la consulta a las fuentes externas.

Respecto a la información previa considera que los consumidores deben recibir en todo caso, información significativa previa cuando la evaluación de su solvencia se realice mediante un tratamiento automatizado. Cuando la elaboración de perfiles u otro tipo de tratamiento automatizado de datos personales, debe ofrecerse a los consumidores la opción de solicitar y obtener una evaluación realizada por una persona.

Teniendo en cuenta las posibles consecuencias negativas para los afectados, el Supervisor Europeo de Protección de datos considera que deberían confirmarse expresamente la plena aplicación del Reglamento n.º 2016/796 [38] a todo tratamiento de datos personales incluidos en el ámbito de aplicación de la propuesta.

Los consumidores deben recibir en todo caso, información significativa previa cuando la evaluación de su solvencia se realice mediante un tratamiento automatizado y conlleve la elaboración de perfiles u otro tipo de tratamiento automatizado de datos personales; debe ofrecerse a los consumidores la opción de solicitar y obtener una evaluación realizada por una persona.

Por lo que se refiere a las ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado, el Supervisor recomienda introducir la obligación para el prestamista de proporcionar una información clara, significativa y uniforme sobre los parámetros utilizados para determinar el precio.

El informe del Supervisor acoge positivamente la propuesta, pero recomiendo delimitar mejor las categorías de datos que pueden o no utilizarse para evaluar la solvencia; aclarar qué fuentes externas pueden considerarse pertinentes en el contexto de la evaluación de solvencia; abordar los requisitos, la función y las responsabilidades de las bases de datos sobre créditos; incluido un procedimiento para el control de calidad de los datos, y que cuando la evaluación de la solvencia se base en el tratamiento automatizado se informe de la circunstancia al consumidor en todos los casos y no sólo cuando se deniegue la solicitud del crédito como consta en la propuesta.

En definitiva, se insiste en la obligación de informar a los consumidores, en especial, la realizada con carácter previo a la evaluación de la solvencia, especificando que no se permitirá usar para fines de publicidad y comercialización los datos recogidos y tratados en el contexto de la evaluación de solvencia.

Esperemos que estas observaciones del dictamen del Supervisor Europea sean tenidas en cuenta por la Comisión y se modifique la propuesta en este sentido en el sentido indicado por esta autoridad independiente.

2.6. Los servicios de asesoramiento. A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, el consumidor puede necesitar asistencia para decidir qué contrato de crédito o qué servicios de crédito de financiación participativa, de entre todos los productos propuestos, son los que mejor se ajustan a sus necesidades y su situación financiera.

Se definen en el artículo 3.25 de la propuesta los «servicios de asesoramiento en materia de deudas: toda asistencia personalizada de carácter técnico, jurídico o psicológico prestada por operadores profesionales independientes a favor de consumidores que experimenten o puedan tener dificultades para cumplir sus compromisos».

Una vez más la propuesta remite a los Estados miembros para velar por que los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa proporcionen dicha asistencia a los consumidores en relación con los productos crediticios que les ofrecen, para lo cual han de facilitar las explicaciones adecuadas acerca de la información pertinente, incluidas, en particular, las características esenciales de los productos propuestos al consumidor de una forma personalizada, de manera que el consumidor pueda entender qué repercusiones pueden tener en su situación económica.

Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben adaptar el modo de proporcionar tales explicaciones a las circunstancias en que se ofrezca el crédito y a la necesidad de asistencia del consumidor, habida cuenta de los conocimientos y la experiencia crediticia de éste y de la índole de los productos de crédito específicos. Dichas explicaciones no deben constituir de por sí una recomendación personal.

El artículo 16 de la propuesta de Directiva regula los Servicios de asesoramiento, estableciendo normas para garantizar que, cuando quien presta el asesoramiento es el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, los consumidores tengan conocimiento de este extremo, sin establecer ninguna obligación de prestar asesoramiento. Introduce un requisito para que se considere un número suficiente de contratos de crédito o servicios de crédito de financiación participativa en el mercado y para que el asesoramiento ofrecido sea consonante con el perfil del prestatario.

Prestar asesoramiento en forma de recomendación personalizada – que en la propuesta se denominan «servicios de asesoramiento» – son unas actividades que pueden combinarse con otros aspectos de la concesión o la intermediación del crédito. Por lo tanto, para estar en condiciones de comprender la naturaleza de los servicios que se les prestan, debe informarse a los consumidores de en qué consisten tales servicios de asesoramiento y de si se están prestando o pueden o no prestarse. Dada la importancia que los consumidores conceden a la utilización de los términos «asesoramiento» y «asesores», los Estados miembros deben poder prohibir la utilización de esos términos o de otros similares cuando se presten servicios de asesoramiento a los consumidores por parte de prestamistas, intermediarios de crédito o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. Es conveniente que los Estados miembros impongan salvaguardias cuando el asesoramiento se describa como independiente, con objeto de garantizar que la gama de productos considerados y los contratos de remuneración guarden proporción con las expectativas de los consumidores respecto del asesoramiento.

Al prestar servicios de asesoramiento, el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben indicar si la recomendación se basará únicamente en su propia gama de productos o en una amplia gama de productos de todo el mercado, de modo que el consumidor pueda comprender la base sobre la que se formula la recomendación.

Además, el prestamista, el intermediario de crédito o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben facilitar una indicación de los gastos que se facturarán al consumidor por los servicios de asesoramiento o, si el importe no puede determinarse en el momento de la comunicación, del método utilizado para su cálculo.

2.7. Las ventas vinculadas y los servicios accesorios. El artículo 14 de la propuesta regula las «prácticas de venta vinculada y combinada» prohibiendo las prácticas de venta vinculada, salvo que pueda demostrarse que acarrean un beneficio para los consumidores, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los tipos de productos en cuestión, al tiempo que permite las prácticas de venta combinada.

Como norma general, no deben permitirse las prácticas de venta vinculada a no ser que el servicio o producto financiero ofrecido junto con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa no pueda ofrecerse por separado al constituir una parte del crédito plenamente integrada en el mismo, como por ejemplo en el caso de una posibilidad de descubierto. Si bien, teniendo en cuenta consideraciones de proporcionalidad, los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa deben poder exigir al consumidor que disponga de una póliza de seguro pertinente para garantizar el reembolso del crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la oportunidad de elegir a su propio proveedor de seguros. Esto no debe afectar a las condiciones de crédito establecidas por el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa, siempre que la póliza de seguro de dicho proveedor tenga un nivel de garantía equivalente al de la póliza de seguro propuesta u ofrecida por el prestamista o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de normalizar, en todo o en parte, la cobertura proporcionada por los contratos de seguro, con objeto de facilitar la comparación entre diversas ofertas para los consumidores que deseen buscar los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.

En algunos casos, las leyes nacionales ya prevén que los fondos no pueden ponerse a disposición del consumidor antes del término de un plazo determinado. En esos casos, es posible que el consumidor quiera asegurarse de que recibirá con antelación los bienes o servicios adquiridos. Por ello, para los contratos de crédito vinculados, los Estados miembros pueden establecer excepcionalmente que si el consumidor manifiesta de forma explícita su deseo de recibir con antelación los bienes o servicios, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento se reduzca al plazo de tiempo antes del cual no pueden ponerse los fondos a disposición del consumidor.

En caso de los contratos de crédito vinculados [39], existe una relación de interdependencia entre la adquisición de bienes o servicios y el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa celebrados a tal efecto. Por consiguiente, el consumidor que ejerza el derecho de desistimiento respecto de un contrato de compra, basándose en el Derecho de la Unión, debe dejar de estar obligado por el contrato de crédito vinculado. Ello no debe afectar a las normas nacionales aplicables a los contratos de crédito vinculados en caso de que un contrato de compra haya quedado anulado o de que el consumidor haya ejercido el derecho de desistimiento al amparo del Derecho interno.

Tampoco debe afectar a los derechos que las disposiciones nacionales otorgan a los consumidores, con arreglo a las cuales no podrá haber compromiso vinculante o pago alguno entre el consumidor y un proveedor de bienes o servicios hasta que el consumidor no haya firmado el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa para financiar la compra de bienes o servicios.

Por su parte, en lo que se refiere a los «acuerdos accesorios», el artículo 15 de la propuesta regula los denominados «acuerdos inferidos para la adquisición de servicios accesorios» que prohíben inferir el acuerdo del consumidor mediante opciones por defecto, como las casillas ya marcadas. Los servicios accesorios deben presentarse de manera clara y transparente. Además, no debe ser posible inferir el acuerdo del consumidor sobre tales servicios accesorios, sino que dicho acuerdo debe ser un acto afirmativo claro que establezca una indicación libre, específica, informada e inequívoca de la aprobación del consumidor. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento.

Por su parte, en el artículo 17 se establece la prohibición de las ventas de créditos no solicitado, prohibiendo expresamente cualquier venta no solicitada de créditos, incluido el envío a los consumidores de tarjetas de crédito preconcedidas no pedidas o el aumento del límite de gasto de la tarjeta de crédito o del límite de descubierto del consumidor de forma unilateral por el prestamista, sin que hayan sido previamente solicitados ni exista un acuerdo explícito.

2.8. Modificaciones del contrato de crédito y cambios de tipo deudor. Para garantizar una total transparencia debe facilitarse al consumidor información sobre el tipo deudor, tanto en la fase precontractual como en el momento de la celebración del contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

A lo largo de la relación contractual, debe informarse al consumidor sobre cualquier cambio del tipo deudor variable y de las modificaciones que tal variación comporte sobre los pagos. Esto se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Derecho interno no relacionadas con la información al consumidor que establecen las condiciones relativas a las modificaciones o las consecuencias de estas distintas de las que afectan a los pagos, en el tipo deudor y otras condiciones económicas que rigen el crédito. Se trata, por ejemplo, de las disposiciones que establezcan que el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa está facultado para cambiar el tipo deudor solo cuando exista un motivo válido para ello, o que el consumidor puede poner fin al contrato en caso de un cambio del tipo deudor o de otra condición económica relacionada con el crédito.

En caso de rebasamiento [40] significativo superior a un período de un mes, el prestamista debe presentar sin demora al consumidor información sobre el rebasamiento, incluido el importe en cuestión, el tipo deudor y las sanciones, gastos o intereses de demora aplicables. En caso de rebasamiento regular, el prestamista debe ofrecer al consumidor servicios de asesoramiento, si dispone de ellos, para ayudar a los consumidores a encontrar alternativas menos onerosas, o reorientar a los consumidores hacia servicios de asesoramiento en materia de deudas.

Los consumidores deben tener derecho de desistimiento sin penalización y sin obligación de justificación. Sin embargo, el derecho de desistimiento no debe utilizarse de mala fe.

Cuando un consumidor desista de un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa en relación con el cual haya recibido bienes, en particular una compra a plazos o un contrato de arrendamiento o de arrendamiento financiero con obligación de compra, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las normas de los Estados miembros que regulen la devolución de bienes o cualquier cuestión conexa.

2.9. Evaluación de la solvencia. En el Capítulo V de la propuesta de Directiva, se regula la evaluación de la solvencia y el acceso a las bases de datos. En concreto, el artículo 18 establece la obligación de evaluar la solvencia del consumidor por parte del prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa a evaluar la capacidad del consumidor de reembolsar el crédito, teniendo en cuenta el interés del consumidor y sobre la base de una información necesaria y proporcionada acerca de los ingresos y gastos del consumidor y otras circunstancias financieras y económicas, sin exceder lo estrictamente necesario para realizar dicha evaluación [41].

También obliga a que el crédito se conceda a los consumidores si el resultado de la evaluación de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa se cumplan según lo establecido en dichos contratos salvo en circunstancias concretas y justificadas.

Además, cuando las evaluaciones de solvencia se basen en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles [42], los consumidores tienen derecho a solicitar y obtener una intervención humana de la parte del prestamista, una explicación significativa de la evaluación de solvencia, y podrán expresar su punto de vista e impugnar dicha evaluación.

En el artículo 19 de la propuesta que regula las bases de datos, introduce disposiciones para garantizar que los prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa puedan tener acceso a información procedente de bases de datos pertinentes de manera no discriminatoria. Es una disposición importante, teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta respecto a la protección de los consumidores.

Por su parte, existen en la propuesta disposiciones específicas sobre:

  • Forma del contrato de crédito y del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa y,
  • La información que debe incluirse en el contrato de crédito (o en el contrato para la provisión de servicios de crédito financiación participativa); establecen la forma y la información que debe figurar en los contratos de crédito o en los contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

En la información relativa a la modificación del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa se establecen salvaguardias específicas que deben establecerse para los consumidores en caso de modificación de los contratos de crédito o de los contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

Respecto a los cambios del tipo deudor, determina la información concreta y específica que debe darse al consumidor si cambia el tipo deudor.

Resulta fundamental que la capacidad del consumidor de saldar el crédito y su predisposición a ello se evalúen y verifiquen con anterioridad a la celebración de un contrato de crédito o un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa. Esta evaluación de solvencia [43] debe realizarse en interés del consumidor, a fin de evitar las prácticas de préstamo irresponsables y el endeudamiento excesivo, y debe tener en cuenta todos los factores necesarios y pertinentes que puedan influir en la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito. Los Estados miembros deben poder emitir orientaciones adicionales sobre otros criterios y métodos para evaluar la solvencia de un consumidor, por ejemplo, estableciendo límites a las ratios préstamo/valor o préstamo/ingresos.

Los consumidores deben facilitar información sobre su situación financiera y económica a fin de facilitar la evaluación de solvencia. En principio, el crédito solo debe concederse al consumidor si el resultado de la evaluación de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa se cumplan según lo establecido en dicho contrato.

No obstante, en caso de que dicha evaluación sea negativa, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa pueden, excepcionalmente, facilitar créditos en circunstancias concretas y justificadas, como cuando mantienen una relación duradera con el consumidor, o en el caso de préstamos para financiar gastos sanitarios excepcionales, préstamos para estudiantes o préstamos para consumidores con discapacidad. En tal caso, al decidir si se concede o no el crédito al consumidor, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa deben tener en cuenta el importe y la finalidad del crédito, así como la probabilidad de que se cumplan las obligaciones derivadas del contrato.

La propuesta de Reglamento [44] por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial estipula que los sistemas de «Inteligencia artificial» utilizados para evaluar la calificación crediticia o la solvencia de las personas físicas deben clasificarse como sistemas de «Inteligencia artificial» de alto riesgo, ya que determinan el acceso de dichas personas a recursos financieros o servicios esenciales, como la vivienda, la electricidad y los servicios de telecomunicaciones.

Habida cuenta de lo mucho que hay en juego, cuando la evaluación de solvencia implique un tratamiento automatizado, el consumidor debe tener derecho a obtener la intervención humana de la parte del prestamista o de los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa.

El consumidor también debe tener derecho a obtener una explicación significativa de la evaluación realizada y del funcionamiento del tratamiento automatizado utilizado, que incluirá, entre otras cosas, las principales variables, la lógica y los riesgos que conlleva, así como el derecho a expresar su punto de vista y a impugnar la evaluación de solvencia y la decisión.

Para evaluar la situación crediticia de un consumidor, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben consultar las bases de datos sobre créditos. Las circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. Para evitar toda distorsión de la competencia entre prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa, debe garantizárseles el acceso a bases de datos sobre crédito privadas o públicas relativas a los consumidores de un Estado miembro en el que no estén establecidos en condiciones no discriminatorias respecto a los prestamistas o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de ese Estado miembro.

Los Estados miembros deben facilitar el acceso transfronterizo a bases de datos privadas o públicas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo [45]. Para aumentar la reciprocidad, las bases de datos sobre crédito deben, como mínimo, disponer de información sobre las demoras en el pago por parte de los consumidores, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho interno.

Cuando la decisión de denegar una solicitud de crédito se fundamente en la consulta de una base de datos sobre crédito, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa debe informar de ello al consumidor, así como de la información sobre el consumidor contenida en la base de datos consultada.

También, en la propuesta de Directiva se regula el Derecho de desistimiento, proponiendo la opción para los consumidores de desistir de un contrato de crédito o de un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa en circunstancias semejantes a las contempladas en la Directiva 2002/65/CE sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (Derecho de desistimiento) [46].

En su artículo 24, la propuesta regula las posibilidades de descubierto [47], introduciendo disposiciones para garantizar que se mantiene regularmente informados a los consumidores de determinados pormenores de su posibilidad de descubierto.

El artículo 25 de la propuesta de Directiva fija las normas sobre los descubiertos aceptados tácitamente mediante los cuales un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el saldo de la cuenta corriente del consumidor o la posibilidad de descubierto convenida. En caso de un rebasamiento importante, el consumidor ha de ser advertido e informado de las condiciones aplicables.

El Derecho de desistimiento de la propuesta otorga la opción para los consumidores de desistir de un contrato de crédito o de un contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa en circunstancias semejantes a las contempladas en la Directiva 2002/65/CE sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

Se tienen en cuenta los contratos de crédito o contratos para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa de duración indefinida, determina las condiciones específicas para poner fin a los contratos de crédito de duración indefinida.

En la propuesta se regula el «reembolso anticipado», institución ésta muy discutida y que ha dado lugar al importante pronunciamiento del TJUE (Gran Sala) 26 de marzo de 2019 [48]. En base a este pronunciamiento del TJUE la propuesta establece el derecho del consumidor a liquidar sus obligaciones antes de la fecha de vencimiento. En el caso de un reembolso anticipado total o parcial, el consumidor tiene derecho a una reducción del coste total del crédito, mientras que el prestamista tiene derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del crédito [49].

2.10. La TAE y los tipos de interés. El artículo 30 de la propuesta regula el cálculo de la tasa anual equivalente [50]. Se refiere al principal indicador utilizado para comparar productos de crédito al consumo. La comparación de dichos productos requiere el uso de la definición de la tasa anual equivalente (TAE) utilizada en la Directiva 2008/48/CE [51], que consta en una fórmula matemática establecida en el Anexo IV que equivaldrá anualmente al valor actual de todos los compromisos (disposiciones de créditos, reembolsos y gastos) futuros o existentes, acordados por el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa y el consumidor [52].

En el anexo IV figuran detalles del método de cálculo de la TAE y se establecen disposiciones para modificar la metodología a fin de poder tener en cuenta la evolución del mercado.

La propuesta de Directiva determina los límites máximos de los tipos de interés, de la tasa anual equivalente y del coste total del crédito para el consumidor. Introduce límites máximos que se deben imponer al tipo de interés aplicable a los contratos de crédito al consumo, a la TAE y/o al coste total del crédito. Los Estados miembros podrán decidir crear un límite máximo específico para una línea de crédito renovable.

Se garantiza la comparabilidad de la información relativa a las tasas anuales equivalentes en toda la Unión, con el fin de impulsar la realización y el funcionamiento del mercado interior y garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección en toda la Unión.

La fijación de límites máximos a los tipos de interés, a las tasas anuales equivalentes o al coste total del crédito para el consumidor es una práctica habitual en varios Estados miembros. Dicha aplicación del límite máximo ha demostrado ser beneficiosa para los consumidores. En este contexto, los Estados miembros mantienen su actual régimen jurídico, y sus competencias.

No obstante, en un esfuerzo por intentar aumentar la protección del consumidor, la propuesta de Directiva no impone límites innecesarios a los Estados miembros, pero introducen en toda la Unión límites máximos en los tipos de interés, en la tasa anual equivalente y/o en el coste total del crédito para el consumidor.

Perfeccionando los elementos determinantes de la tasa anual equivalente, se mejora la protección del consumidor con esta propuesta.

2.11. Educación financiera. Con objeto de aumentar la capacidad de los consumidores de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la contratación de préstamos y la gestión responsable de la deuda, la propuesta de Directiva prevé que los Estados miembros deben promover medidas destinadas a apoyar la educación de los consumidores en estos ámbitos, en concreto, en relación con los contratos de crédito al consumo.

Esta obligación podría cumplirse teniendo en cuenta el marco de competencias financieras elaborado por la Unión junto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Es especialmente importante facilitar orientaciones a los consumidores que obtengan por primera vez un contrato de crédito al consumo, y en particular acerca de las herramientas digitales. A este respecto, la Comisión debe especificar ejemplos de mejores prácticas para facilitar la ulterior elaboración de medidas destinadas a aumentar la concienciación financiera de los consumidores. La Comisión podrá publicar dichos ejemplos de mejores prácticas en coordinación con informes similares elaborados con vistas a otros actos legislativos de la Unión.

Dadas las importantes consecuencias que tienen los procedimientos de ejecución para los prestamistas y para los consumidores, así como, potencialmente, para la estabilidad financiera, conviene alentar a los prestamistas a abordar de forma preventiva en una fase temprana el riesgo de crédito emergente, y establecer las medidas necesarias para garantizar que los prestamistas se muestren tolerantes y hagan todos los esfuerzos razonables para resolver la situación por otros medios antes de iniciar los procedimientos de ejecución.

La propuesta considera que, en la medida de lo posible, deben encontrarse soluciones que tengan en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias individuales del consumidor, sus intereses y derechos, su capacidad para reembolsar el crédito y su necesidad de unos gastos de manutención razonables, así como limitar los costes para los consumidores en caso de impago. Los Estados miembros no deben impedir que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transferencia al prestamista de los bienes cubiertos por un contrato de crédito vinculado o de los ingresos derivados de la venta de dichos bienes basten para reembolsar el crédito.

En el artículo 34 de la propuesta de Directiva que versa sobre la educación financiera, introduce medidas de educación financiera que han de promover los Estados miembros, en particular en relación con los contratos de crédito al consumo, para mejorar los conocimientos financieros de los consumidores, también acerca de los productos vendidos por medios digitales.

Por su parte, en el artículo 35 de la propuesta se abordan las demoras y medidas de reestructuración o refinanciación, introduciendo medidas para alentar la tolerancia de forma razonable antes de iniciar los procedimientos de ejecución, pero sin carácter imperativo. Buena prueba de ello es que el artículo 36 de la propuesta, trata los servicios de asesoramiento en materia de deudas, exigiendo a los Estados miembros velar por que se pongan a disposición de los consumidores servicios de asesoramiento en materia de deudas.

2.12. Los intermediarios de crédito. El marco jurídico aplicable debe infundir en los consumidores confianza en los prestamistas, los intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa.

Deben tener en cuenta los intereses del consumidor, sobre la base de la información de que disponen en cada momento y de hipótesis razonables en cuanto a los riesgos que afectan a la situación del consumidor durante la vigencia del contrato de crédito o el contrato de servicios de crédito de financiación participativa propuesto. Para instaurar la confianza, es fundamental garantizar en el sector un elevado grado de equidad, honestidad y profesionalidad, una gestión adecuada de los conflictos de intereses, en especial los derivados de la remuneración, y exigir que se preste asesoramiento al servicio de los intereses de los consumidores.

Una vez más, la propuesta hace referencia al Derecho de los Estados miembros, el cual debe velar por que el personal correspondiente de los prestamistas, intermediarios de crédito y los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa posea los conocimientos y la competencia adecuados para alcanzar un alto nivel de profesionalidad. Por lo tanto, debe exigirse que se demuestren los conocimientos y la competencia pertinentes a nivel de la empresa, sobre la base de unos requisitos mínimos.

Una vez más la propuesta de Directiva remite a que sean los Estados miembros los que tengan la libertad de adoptar o mantener esas mismas exigencias por lo que respecta a las personas físicas.

A los efectos de la propuesta de Directiva, el concepto de «personal que interviene directamente en las actividades reguladas por la presente Directiva» debe incluir [53] tanto al personal de los servicios al cliente como al personal de los servicios de apoyo que desempeñe un papel importante en el proceso del contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa.

Las personas que desempeñen funciones de apoyo que no tengan relación con el proceso del contrato de crédito o de servicios de crédito de financiación participativa, que incluyen al personal de recursos humanos y al de tecnologías de la información y las comunicaciones, no deben considerarse «personal» en el sentido de la propuesta de Directiva [54].

Por último, la regulación de la posibilidad de cesión de derechos, contemplada en el artículo 39 de la propuesta que corresponde al artículo 17 de la Directiva 2008/48/CE, establece que en caso de cesión a un tercero de los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito, o de cesión a un tercero del propio contrato, han de mantenerse determinados derechos. Por nuevo titular se entiende toda persona a la que se hayan cedido los derechos del prestamista. Se trata, en particular, de aseguradoras de crédito, sociedades de cobro, sociedades de redescuento o de titulización.

III. Conclusiones

3.1. La propuesta de Directiva de crédito al consumo supone un avance en el proceso de armonización de legislaciones del crédito al consumo, respecto a las anteriores Directivas 87/102/CEE y 2008/48/CE.

En este sentido se ha aprovechado todo el acervo existente en la matera, incluidas las Sentencias del Tribunal de Justicia.

3.2. Se ha procedido a una armonización plena de determinados ámbitos del crédito al consumo, mientras que en otros, se da un libre margen a los Estados miembros para que procedan a una regulación cuyo resultado puede resultar dispar.

En otra muestra de armonización «plena» pero no total, los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que prohíban al prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa exigir al consumidor, en relación con el contrato de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa, la apertura de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios o el abono de los gastos o las remuneraciones de esas cuentas bancarias o de esos servicios accesorios.

El objetivo de la Directiva es armonizar aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a determinados contratos de crédito al consumo y servicios de crédito de financiación participativa [55].

3.3. En cuanto a la publicidad y comercialización de los contratos de crédito y de los servicios de crédito de financiación participativa, la propuesta introduce principios generales sobre las comunicaciones publicitarias y comerciales, en el sentido de que sean leales y clara y no resulten engañosas, prohibiéndose expresamente que se prohibirá toda redacción que pueda generar en el consumidor falsas expectativas sobre la disponibilidad o el coste de un crédito.

3.4. La información precontractual debe facilitarse al menos un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito, o contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa u oferta. Si la información precontractual se facilita menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato de crédito, contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa u oferta, los prestamistas, los intermediarios de crédito o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa tienen que recordar a los consumidores, un día después de la celebración del contrato, la posibilidad de desistir del contrato de crédito o del contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa.

3.5. Uno de los aspectos más interesantes es el relativo a la protección de la intimidad, las categorías y fuentes de datos personales que puedan utilizarse a los efectos de evaluar la solvencia.

La obligación de informar a los consumidores, en especial, la realizada con carácter previo a la evaluación de la solvencia, especificando que no se permitirá usar para fines de publicidad y comercialización los datos recogidos y tratados en el contexto de la evaluación de solvencia.

3.6. A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, el consumidor puede necesitar asistencia para decidir qué contrato de crédito o qué servicios de crédito de financiación participativa, de entre todos los productos propuestos, son los que mejor se ajustan a sus necesidades y su situación financiera.

Se definen en el artículo 3.25 de la propuesta los «servicios de asesoramiento en materia de deudas: toda asistencia personalizada de carácter técnico, jurídico o psicológico prestada por operadores profesionales independientes a favor de consumidores que experimenten o puedan tener dificultades para cumplir sus compromisos».

3.7. El artículo 14 de la propuesta regula las «prácticas de venta vinculada y combinada» prohibiendo las prácticas de venta vinculada, salvo que pueda demostrarse que acarrean un beneficio para los consumidores, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los tipos de productos en cuestión, al tiempo que permite las prácticas de venta combinada.

3.8. En caso de los contratos de crédito vinculados, existe una relación de interdependencia entre la adquisición de bienes o servicios y el contrato de crédito o el contrato para la provisión de servicios de crédito de financiación participativa celebrados a tal efecto. Por consiguiente, el consumidor que ejerza el derecho de desistimiento respecto de un contrato de compra, basándose en el Derecho de la Unión, debe dejar de estar obligado por el contrato de crédito vinculado.

3.9. Establece la obligación de evaluar la solvencia del consumidor por parte del prestamista o al proveedor de servicios de crédito de financiación participativa a evaluar la capacidad del consumidor de reembolsar el crédito, teniendo en cuenta el interés del consumidor y sobre la base de una información necesaria y proporcionada acerca de los ingresos y gastos del consumidor y otras circunstancias financieras y económicas, sin exceder lo estrictamente necesario para realizar dicha evaluación.

Para evaluar la situación crediticia de un consumidor, el prestamista o el proveedor de servicios de crédito de financiación participativa también deben consultar las bases de datos sobre créditos. Las circunstancias jurídicas y reales pueden requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. Para evitar toda distorsión de la competencia entre prestamistas o proveedores de servicios de crédito de financiación participativa, debe garantizárseles el acceso a bases de datos sobre crédito privadas o públicas relativas a los consumidores de un Estado miembro en el que no estén establecidos en condiciones no discriminatorias respecto a los prestamistas o los proveedores de servicios de crédito de financiación participativa de ese Estado miembro.

3.10. Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas puedan compararse, la información precontractual debe incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Unión.

Determina los límites máximos de los tipos de interés, de la tasa anual equivalente y del coste total del crédito para el consumidor. Introduce límites máximos que se deben imponer al tipo de interés aplicable a los contratos de crédito al consumo, a la TAE y/o al coste total del crédito.

3.11. La educación financiera. Introduce medidas de educación financiera que han de promover los Estados miembros, en particular en relación con los contratos de crédito al consumo, para mejorar los conocimientos financieros de los consumidores, nuevas figuras, como los intermediarios de crédito.

Notas:

[1] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 13 de noviembre de 2020 [COM (2020) 6961 final], «Nueva Agenda del Consumidor. Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible».

[2] Algunas de ellas de una vaguedad e inconcreción extrema como la acción n.º 20: «A partir de 2021, la Comisión intentará fomentar el apoyo normativo, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades para los países socios de la UE, incluso en África».

[3] Estrategia de pagos Minoristas para la UE [COM (2020) 592 final].

[4] Se ha solicitado en diversas ocasiones por este órgano de la Unión; por ejemplo, en el Dictamen sobre «Protección de los consumidores y tratamiento adecuado del sobreendeudamiento para evitar la exclusión social», de 29 de abril de 2014, ponente, Sra. Mader (DOUE C 311, de 12 de septiembre de 2014).

[5] Directiva 2011/90/UE, modificada por la Directiva 2014/17/UE, y los Reglamentos UE, 2016/1011 y el Reglamento 2019/1243. Se trata de un tema que ya centró la atención de la UE en los años 80, pues de aquellos años data la primera Directiva sobre crédito al consumo [Directiva 87/102 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 (DOUE L 42, de 12 de febrero de 1987)].

[6] Una evaluación REFIT realizada en 2018-2019 concluyó que los objetivos que se fijó la Directiva de 2008, a saber, garantizar elevados niveles de protección de los consumidores y fomentar el desarrollo de un mercado interior de crédito, son aún pertinentes en el marco de un panorama normativo que presenta una importante fragmentación en toda la UE y se han alcanzado solo en parte. Esta fragmentación, junto con la inseguridad jurídica debida a la redacción imprecisa de algunas disposiciones de la Directiva, obstaculiza el buen funcionamiento del mercado interior del crédito al consumo y no garantiza un nivel uniformemente elevado de protección de los consumidores.

En 2020, la Comisión presentó otro informe sobre la aplicación de la Directiva, para exponer los principales resultados de la evaluación REFIT 2018-2019, así como las lecciones extraídas de la aplicación de la Directiva desde su adopción. El informe hacía hincapié en que los objetivos de la Directiva de 2008 siguen siendo pertinentes y que esta ha resultado parcialmente eficaz a la hora de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y el surgimiento de un mercado interior eficiente. Las razones por las que la Directiva solo ha resultado parcialmente eficaz se deben tanto a la propia Directiva (por ejemplo, la redacción imprecisa de determinados artículos) como a factores externos, como su aplicación práctica y el cumplimiento en los Estados miembros, y los aspectos del mercado de crédito al consumo que no contempla.

Por otra parte, es cierto que la Comisión pretende guardar una coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial de mercado interior, por ejemplo con la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores; la Directiva 2002/65/CE sobre comercialización a distancia de servicios financieros; la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y especialmente con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos.

[7] El artículo 169 del TFUE estipula que los objetivos de promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección pueden alcanzarse mediante medidas adoptadas en virtud del artículo 114 del TFUE.

[8] De conformidad con el artículo 26 del TFUE, el mercado interior implica un espacio en el que se garantiza la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento. El desarrollo de un marco jurídico más transparente y eficiente para el crédito al consumo debe aumentar la confianza de los consumidores y facilitar el desarrollo de actividades transfronterizas.

[9] Llama la atención que la UE no regule los problemas más domésticos de los ciudadanos y si regule la insolvencia de las empresas, por ejemplo, en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia (DOUE L 141, de 5 de junio de 2015, p. 19).

[10] El instrumento elegido es una directiva por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE. Una directiva es un instrumento jurídico vinculante en cuanto al resultado de conseguir el funcionamiento del mercado interior, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, conforme el artículo 288 del TFUE. Véase: MOLINA DEL POZO, 2015.

[11] El Parlamento Europeo también organizó una audiencia en marzo de 2021 sobre la revisión de la Directiva, y el Comité Económico y Social Europeo publicó un documento informativo en 2019 sobre la evaluación de la Directiva de crédito al consumo. Un grupo de autoridades encargadas de la cooperación en materia de protección de los consumidores, pertenecientes a la red CPC (red de autoridades de consumo de la UE), también realizaron, en marzo de 2021, una verificación coordinada de la conformidad de la publicidad en línea y de las ofertas para adquirir productos de crédito al consumo. El amplio proceso de consulta ha permitido identificar los puntos de vista de las principales partes interesadas acerca de problemas clave. Sus comentarios señalaron la digitalización del mercado como el principal factor a considerar en el proceso de revisión. Las organizaciones de consumidores, por su parte, eran partidarias de una revisión extensa de la Directiva para abordar varios problemas identificados en el examen vinculados con el ámbito de aplicación inadecuado de la Directiva, las prácticas de concesión irresponsables, la sobrecarga de información, el uso de los datos y el endeudamiento excesivo, en particular en el marco de la pandemia de COVID-19.

[12] En los últimos años, el crédito ofrecido a los consumidores ha evolucionado y se ha diversificado considerablemente. Han aparecido nuevos productos de crédito, en particular a través de internet, y su uso sigue desarrollándose. Esto ha generado inseguridad jurídica con respecto a la aplicación de la Directiva 2008/48/CE a estos nuevos productos.

[13] Puesto que cerca de una tercera parte de los consumidores suscribieron un contrato de crédito en línea, en última instancia esta reducción de la carga podría tener una repercusión positiva en 25 millones de préstamos bancarios personales cada año.

[14] En el artículo 45 de la propuesta se regula el ejercicio de la delegación estableciendo los procedimientos que se han de seguir para permitir que determinadas partes de la Directiva puedan adaptarse, especificarse o actualizarse mediante actos delegados.

[15] Es cierto que puede criticarse que no cumple estrictamente toda la Carta, pues conforme al artículo 34-3 debería la Unión combatir la exclusión social y la pobreza, el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda y no lo hace al no tratar adecuadamente el sobreendeudamiento de las familias a nivel de la Unión y, otros supuestos que pueden dar lugar a la exclusión financiera.

[16] Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DOUE L 271, de 9 de octubre de 2002, p. 16).

[17] En determinados aspectos se puede aplicar el Reglamento (UE) n.º 182/2011 que establece las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de competencias (DOUE L 55, de 28 de febrero de 2011, p. 13). Este Reglamento establece los principios generales relativos a los mecanismos de control por parte de los Estados miembros de la UE del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión conforme establece el artículo 291 del TFUE sobre los actos de ejecución. Puede verse al efecto: DE MIGUEL CANUTO, 2016.

[18] El artículo 3 de la propuesta contiene todas las definiciones detalladas previstas en dicho precepto; en concreto, las siguientes: consumidor; prestamista; contrato de crédito; servicios de crédito de financiación participativa; coste total del crédito para el consumidor; importe total adeudado; tasa anual equivalente o TAE; tipo deudor; tipo deudor fijo; importe total del crédito; soporte duradero; intermediario del crédito; información precontractual; elaboración de perfiles; técnicas de comunicación a distancia; prácticas de venta vinculada; prácticas de venta combinada; servicios de asesoramiento; posibilidad de descubierto; rebasamiento; contrato de crédito vinculado; reembolso anticipado; plataforma de financiación participativa; línea de crédito renovable y servicios de asesoramiento en materia de deudas.

[19] Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DOUE L 60, de 28 de febrero de 2014, p. 34).

[20] Lo que permite, en cierta forma, una armonización «a la carta», fruto de delicados acuerdos políticos para consensuar el texto.

[21] Vid. nota a pie de página n.º 19.

[22] Determinadas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a las personas físicas y jurídicas (intermediarios de crédito) que, en su actividad comercial, empresarial o profesional, a cambio de una remuneración, presentan o proponen contratos de crédito al consumo, asisten a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito o suscriben contratos de crédito con los consumidores en nombre del prestamista.

[23] Generalmente, todas las cuestiones relativas a la validez de los contratos suelen continuar siendo competencia de los Estados miembros.

[24] Como sucede con el artículo 4 de la propuesta que regula la conversión de las cantidades expresadas en euros a una moneda nacional, fija las normas para convertir las cantidades expresadas en euros en la Directiva a las monedas nacionales.

[25] Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937 (DOUE L 347, de 20 de octubre de 2020, p. 1).

[26] En el artículo 3 d) de la propuesta se definen los servicios de crédito de financiación participativa, como aquellos servicios prestados por una plataforma de financiación participativa para facilitar la concesión de créditos al consumo.

[27] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DOUE L 149, de 11 de junio de 2005, p. 22).

[28] Solamente se exige que se formule un preaviso al consumidor de al menos dos meses en papel o en otro soporte duradero.

[29] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DOUE L 95, de 21 de abril de 1993, p. 29).

[30] La información precontractual debe facilitarse a través del formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo. Para ayudar a los consumidores a comprender y comparar las ofertas, además del formulario de la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo, debe facilitarse un Resumen Normalizado Europeo sobre el Crédito al Consumo, que sintetice el elemento clave del crédito y a través del cual los consumidores deben ver toda la información esencial a simple vista, incluso en la pantalla de un teléfono móvil. La información debe ser clara, completamente legible y estar adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los teléfonos móviles. Debe presentarse de manera adecuada y válida en los diferentes canales, a fin de garantizar que todos los consumidores puedan acceder a dicha información en igualdad de condiciones y de conformidad con la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo.

[31] Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes y servicios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como intermediarios no constituye el objeto principal de su actividad comercial, empresarial o profesional. En tales casos, el consumidor sigue estando suficientemente protegido, ya que el prestamista debe garantizar que reciba la información precontractual completa, bien a través del intermediario de crédito, si el prestamista y el intermediario así lo acuerdan, o bien por cualquier otro medio adecuado.

[32] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016, p. 1).

[33] COM (2021) 206 final.

[34] En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario. Los Estados miembros deben llevar a cabo la supervisión necesaria para evitar este comportamiento de los prestamistas y determinar los medios necesarios para establecer las sanciones correspondientes.

[35] Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DOUE L 176, de 27 de junio de 2013, p. 338).

[36] El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) es una autoridad supervisora independiente que tiene como objetivo principal garantizar que las instituciones y órganos de la Unión Europea respeten el derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal. Su informe anual es discutido en el Parlamento Europeo. La base jurídica se encuentra en el artículo 16.1 del TFUE y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 (DOUE L 259, de 21 de noviembre de 2018, p.30) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y la libre circulación y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE. El Reglamento 2018/1725 establece las funciones y competencias del SEPD, así como su independencia institucional en su calidad de autoridad de control. También establece las normas para la protección de datos en las instituciones de la UE. En la práctica sus funciones principales son: control, asesoramiento y cooperación. En lo que respecta a la propuesta de Directiva de crédito al consumo, su labor se desarrolla en el marco de su función consultiva, ya que el SEPD asesora a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea sobre asuntos de protección de datos en una serie de ámbitos de intervención política. Esta función consultiva está relacionada con las propuestas de nueva legislación, así como otras iniciativas que pueden afectar a la protección de datos personales en la EU.

[37] Véase el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de una Directiva relativa a los créditos al consumo (DOUE C 43, de 6 octubre de 2021). En este dictamen el Supervisor Europeo de Protección de Datos subraya que la propuesta tendrá una repercusión indudable en la protección de datos, en particular, en vista de sus disposiciones relativas a la publicidad y comercialización de los contratos de crédito (artículo7); las ofertas personalizadas basadas en un tratamiento automatizado (artículo 13); obligación de evaluar la solvencia del consumidor (artículo 18); que puede requerir la consulta de las bases de datos pertinentes (artículo 18, apartado 9), incluyendo las alojadas en un Estado miembro distinto de aquel en que se encuentre el prestamista en el caso de los servicios de crédito transfronterizos (artículo 19); los servicios de asesoramiento (artículo 16) y las actividades incluidas en el artículo 32, apartado 1, letras a) a e).

[38] Véase, nota 29 ya citada.

[39] En la propuesta de Directiva, se definen en el artículo 3.16 las prácticas de venta vinculada, como toda oferta o venta de un paquete constituido o unos servicios de crédito de financiación participativa y otros productos o servicios financieros diferenciados, cuando el contrato de crédito de crédito o los servicios de crédito de financiación participativa no se ofrezcan al consumidor por separado.

[40] El artículo 25 de la propuesta regula el denominado «rebasamiento». Fija las normas sobre los descubiertos aceptados tácitamente mediante los cuales un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el saldo de la cuenta corriente del consumidor o la posibilidad de descubierto convenida. En caso de un rebasamiento importante, el consumidor ha de ser advertido e informado de las condiciones aplicables.

[41] Ya el TJUE se había pronunciado sobre el alcance de la obligación precontractual y la obligación del prestamista de comprobar la solvencia del consumidor. Véase: TJUE, Ultimo Portfolio Investiment (Luxembourg) SA c. K.M., 10 de junio de 2021, asunto C-303/20.

[42] La «elaboración de perfiles» se define en el artículo 3.14 de la propuesta como «toda forma de tratamiento automatizado de datos personales tal como se define en el artículo 4, punto 4 del Reglamento (UE) 2016/679».

[43] La evaluación de solvencia debe basarse en la información sobre la situación financiera y económica del consumidor, incluidos sus ingresos y gastos. Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre otorgamiento y seguimiento de préstamos (EBA/GL/2020/06) proporcionan orientaciones sobre qué categorías de datos pueden utilizarse para el tratamiento de datos personales a efectos de solvencia, lo que incluye las pruebas de ingresos o de otras fuentes de reembolso, la información sobre activos y pasivos financieros, o la información sobre otros compromisos financieros. Los datos personales, como los encontrados en las redes sociales o los datos sanitarios, incluidos los datos sobre el cáncer, no deben utilizarse al realizar una evaluación de solvencia.

[44] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión. COM (2021) 206 final, 24 de abril de 2021.

[45] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016, p. 1).

[46] Vid. nota a pie de página nº 16.

[47] Cuya posibilidad se definen en el artículo 3.19 como «un contrato de crédito explícito mediante el cual un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el saldo de la cuenta corriente del consumidor».

[48] Esta Sentencia del TJUE (asunto C-71/17 y C-179/17), deba respuesta al Auto del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2017. Ya ha influido en la regulación que presenta la propuesta de Directiva, sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado. Por su repercusión, ha sido tratada ampliamente por la doctrina, ver: FERNÁNDEZ SEIJO (2019); GARCÍA VALDECASASROREGO (2019); SÁNCHEZ GARCÍA (2019).

[49] El TJUE concluye que no puede mantenerse parcialmente la cláusula declarada nula por abusiva (en los casos de autos, se trataban de cláusulas que determinaban el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario ante cualquier impago, incluso un sólo plazo). Ahora bien, entiende que el juez nacional, en aplicación de principio del Derecho de los contratos, suprimida la cláusula abusiva, puede sustituirla por una disposición supletoria de derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto así el consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, que representen una penalización, recibiendo la jurisprudencia de la sentencia de 30 de abril de 2014, Kàsler y Kaslerne Rabai, asunto C-26/13, apartados 81 y 82).

[50] Es una referencia orientativa del coste o rendimiento efectivo anual de un producto efectivo anual de un producto financiero, independientemente de su plazo. Su calculo incluye la tasa de interés nominal, los gastos, comisiones, pagos e ingresos y permite comparar de una manera homogénea el rendimiento de productos financieros diferentes.

[51] Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativo a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DOUE L 133, de 25 de mayo de 2008, p. 66).

[52] Ya el TJUE se había pronunciado al respecto en el Auto de 25 de marzo de 2021 (asunto C-503/20, Banco de Santander/YC), interpretando que la Directiva de crédito al consumo «no se opone a una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia nacional, que establece una limitación de la tasa anual equivalente que puede imponerse al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, siempre que esta normativa no contravenga las normas armonizadas por estas Directivas en lo que en particular se refiere a las obligaciones de información».

[53] El artículo 38 de la propuesta regula las obligaciones específicas para los intermediarios de crédito y contiene disposiciones para medidas particulares relativas a los intermediarios de crédito.

[54] Los Estados miembros deben poner en marcha medidas para apoyar la sensibilización de los pequeños y medianos prestamistas (pymes) acerca de los requisitos de la presente Directiva y para facilitar su cumplimiento, como campañas de información, guías del usuario o programas de formación de los empleados.

[55] En el artículo 45 de la propuesta se regula el ejercicio de la delegación estableciendo los procedimientos que se han de seguir para permitir que determinadas partes de la Directiva puedan adaptarse, especificarse o actualizarse mediante actos delegados.

IV. Bibliografía

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Sobre el Autor

Bernardo Hernández Bataller

Consejero del CESE (Comité Económico y Social Europeo) | España

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