| COMENTARIO

La propuesta de Directiva encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con mas eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior

The Proposal for a Directive to Empower the Competition Authorities of the Member States to be More Effective Enforcers and to Ensure The Proper Functioning of the Internal Market

La proposition de Directive visant à doter les autorités de concurrence des États Membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

Palabras clave: derecho de la competencia, mercado interior

Keywords: competition law, internal market

Mots clés: droit de la concurrence, marché intérieur

Citar este artículo

Hernández Bataller, Bernardo (2017). La propuesta de Directiva encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con mas eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Derecho y Economía de la Integración n. 3, pp. 95-112. https://juri-dileyc.com/la-propuesta-de-directiva-encaminada-a-facultar-a-las-autoridades-de-competencia-de-los-estados-miembros-para-aplicar-la-normativa-con-mas-eficacia-y-garantizar-el-correcto-funcionamiento-del-mercado/

Resumen

El pasado 22.3.2017, la Comisión aprobó esta propuesta de Directiva – COM (2017) 142 final – que contiene una propuesta legislativa con la finalidad que puedan capacitar a las Autoridades Nacionales de Competencia para ejecutar con más eficacia las normas de competencia de la Unión Europea con el fin de garantizar que estas autoridades tengan las necesarias garantías de independencia y recursos, así como competencias de aplicación e imposición de multas.

También pretende, la propuesta de Directiva facultar a las Autoridades Nacionales de Competencia para que se presten asistencia mutua que garantice unas condiciones equitativas y salvaguardar una estrecha cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

Abstract

On 22nd March 2017, the Commission approved this proposal for a Directive that contains a legislative proposal with the objective of enabling National Competition Authorities to carry out more effectively the competition rules of the European Union, in order to ensure that these authorities have the necessary guarantee of independence and resources, as well as competencies for application and imposition of fines.

This proposal for a Directive, also seeks to empower National Competition Authorities in order that they can provide mutual assistance that guarantees equitable conditions and protect or safeguard a close cooperation within the European Competition Network.

Résumé

Le 22 mars dernier, la Commission a adopté ce projet de directive contenant une proposition législative visant à doter les autorités nationales de concurrence des moyens pour mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence de l’Union européenne, leur octroyant ainsi des garanties nécessaires d’indépendance et de ressources d’une part, et des pouvoirs d’exécution et d’imposition d’amendes d’autre part.

Par ailleurs, cette proposition de directive permet aux autorités nationales de concurrence de s’assister mutuellement, garantissant de cette manière des conditions
équitatives et une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.

Bernardo Hernández Bataller

Consejero del CESE (Comité Económico y Social Europeo)

España

I. Antecedentes

Desde que se aprobó el Reglamento n.° 1/2003 para la aplicación de las normas de competencia [1] las autoridades Nacionales de Competencia están facultadas junto con la Comisión para la aplicación de los acuerdos o prácticas que sean susceptibles de tener un efecto sobre el comercio entre Estados miembros.

La Comisión suele investigar los acuerdos o prácticas contrarias a la competencia que afecten a tres o más Estados miembros, o cuando la investigación sea útil para sentar un precedente a escala europea. Por su parte, las Autoridades Nacionales de Competencia suelen actuar cuando la competencia se pueda ver afectada, sustancialmente, en su territorio.

Debe tenerse en cuenta que el Reglamento (CE) n.° 1/2003 no abordó los medios e instrumentos por los que las Autoridades Nacionales de Competencia aplican las normas de competencia de la Unión Europea y muchas de ellas no disponen de todos los medios e instrumentos que necesitan para aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 TFUE, como por ejemplo que:

  • Algunas Autoridades Nacionales de Competencia carecen de garantías efectivas que les permitan aplicar las normas de competencia de la Unión Europea de forma independiente, sin aceptar instrucciones de entidades públicas o privadas.
  • Otras Autoridades Nacionales de Competencia no disponen de todas las herramientas que necesitan pata detectar y afrontar eficazmente las infracciones del Derecho de la competencia.
  • No todas las Autoridades Nacionales de la Competencia pueden imponer multas efectivas en caso de infracciones de la legislación de competencia.
  • Aunque los programas de clemencia son un instrumento esencial para la detección de cárteles, existen divergencias en los programas de clemencia.
  • Las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las Autoridades Nacionales de Competencia también socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la Red Europea de Competencia. Por ejemplo las Autoridades Nacionales de Competencia administrativas no pueden pedir la ejecución de sus multas transfronterizas si el infractor no tiene presencia en su territorio.

La propuesta de Directiva complementará el Reglamento (CE) n.° 1/2003 al dotar de contenido la obligación establecida en el artículo 35 del indicado Reglamento que establece que los Estados deben designar a las Autoridades Nacionales de Competencia de manera que puedan velar por el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el mismo, garantizando que puedan disponer de competencias efectivas para tomar decisiones e imponer multas, reconociendo el derecho otorgado a las Autoridades Nacionales de Competencia en cuanto el derecho de adoptar decisiones e imponer multas en caso de aplicarse los artículos 101 y 102 del TFUE.

Por su parte, el artículo 22 del Reglamento n.° 1/2003 establece que se debe dar a las Autoridades Nacionales de Competencia las competencias de investigación efectivas para que puedan llevar a cabo estas medidas en nombre de los otros miembros de la Red Europea de Competencia.

II. Base jurídica

La base jurídica de la propuesta son los artículos 103 y 114 del TFUE que persiguen varios objetivos:

1. Dar cumplimiento los principios establecidos en los artículos 101 y 102 del TFUE al capacitar a las Autoridades Nacionales de Competencia para que sean más eficaces en la aplicación de las normas.

2. Garantizar que no sea falseada la competencia en el mercado interior, los consumidores y las empresas no estén en desventaja por las leyes y medidas nacionales que impidan a las Autoridades Nacionales de Competencia ser eficaces en la aplicación de las normas.

3. Velar por que existan las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional de competencia cuando se aplique paralelamente a los artículos 101 o 102 del TFUE a fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones.

4. Implantar normas efectivas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

5. Poder garantizar que las Autoridades Nacionales de Competencia cuentan con los medios e instrumentos para aplicar de manera más efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE entra dentro del ámbito del artículo 103, apartado 1.º del TFUE puesto que conduce a garantizar la plena efectividad de la normas de competencia. El artículo 103, apartado 1.º faculta al Consejo para adoptar reglamentos o directivas «para la aplicación de los principios enunciados en los artículos 101 y 102 TFUE».

En particular, tales medidas pueden adoptarse con arreglo al artículo 103, apartado 2, letra e) del TFUE «definir las relaciones entre las legislaciones nacionales, por una parte, y las disposiciones de la presente sección y las adoptadas en aplicación del presente artículo por otra» y con arreglo al artículo 103, apartado 2, letra a), «garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en el apartado 1.º del artículo 101 y en el artículo 102, mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas».

Por otra parte, la propuesta de Directiva tiene el objetivo de intentar reforzar el funcionamiento del mercado interior, en especial:

  1. abordando normas nacionales que impiden una aplicación eficaz por parte de las Autoridades Nacionales de Competencia, creando así una protección más homogénea para las empresas y los consumidores.
  2. velando por que existan las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional de competencia cuando se aplique paralelamente los artículos 101 y 102 del TFUE a fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones.
  3. implantando normas efectivas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

Según la propuesta de la Comisión, la aplicación desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE en Europa falsea la competencia en el mercado interior y va en detrimento de su correcto funcionamiento.

La armonización de legislación se considera que resulta necesaria por la divergencia existente entre legislaciones, ya que en algunos Estados miembros la legislación nacional impide que las Autoridades Nacionales de Competencia puedan imponer multas efectivas a empresas por infracciones de las normas de competencia de la Unión Europea.

Además, las diferencias entre los Estados miembros en los principios básicos relativos a los programas de clemencia significan que las empresas pueden recibir un trato diferente dependiendo de la autoridad que actúe. También, existen limitaciones o carencias en las legislaciones nacionales que puedan impedir a las Autoridades Nacionales de Competencia recabar pruebas efectivas. Estas carencias o limitaciones de los instrumentos y garantías de las Autoridades Nacionales de Competencia se traducen en que las empresas que participan en prácticas contrarias a la competencia pueden no verse, en absoluto, obligadas a cumplir las normas en virtud de los artículos 101 o 102 TFUE [2], o en que, su aplicación no sea eficaz, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas practicas o porque las empresas pueden eludir su responsabilidad en las multas.

La propuesta de Directiva aborda la aproximación de las legislaciones nacionales, ya que su ámbito de cobertura abarca la aplicación de las normas nacionales de competencia, por lo que, puede tener un impacto en las disposiciones de la legislación nacional de competencia aplicadas en paralelo por parte de las Autoridades Nacionales de Competencia.

Es difícil disociar dicha aplicación paralela de la legislación nacional y de los artículos 101 y 102 del TFUE. Si no existieran las mismas garantías cuando se apliquen paralelamente, causaría una inseguridad jurídica para que la protección de los procedimientos de clemencia y transacción pueda resultar significativa, sino también para la aplicación independiente de las disposiciones equivalentes del derecho nacional [3].

En cuanto a las limitaciones para prestar la asistencia mutua por parte de las Autoridades Nacionales de Competencia, la mayoría de ellas, actualmente, no puede notificar medidas de aplicación clave ni pedir la ejecución de sus multas transfronterizas. Para ello, la propuesta pretende proporcionar un sistema para la notificación transfronteriza de cargos preliminares en relación con las supuestas infracciones de los artículos 101 y 102 TFUE y de las decisiones de aplicación de dichos artículos, así como la ejecución transfronteriza de las multas impuestas por las Autoridades Nacionales de Competencia administrativas.

La propuesta pretende garantizar el buen funcionamiento del sistema de competencias paralelas de la Red Europea de Competencia suspendiendo las actuales normas nacionales vigentes sobre plazos de prescripción mientras duren los procedimientos ante las Autoridades Nacionales de Competencia de otro Estado miembro o de la Comisión.

En conclusión, la propuesta de Directiva persigue un doble objetivo estratégico:

  • uno relativo a la aplicación efectiva de la política de competencia de la UE, y ,
  • otro, al buen funcionamiento del mercado interior.

Según la propuesta de Directiva, las ANC deben contar con las mismas garantías e instrumentos para la aplicación de disposiciones del Derecho nacional de la competencia cuando estas se apliquen, en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, debido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones.

En atención a lo expuesto, la propuesta considera necesario prever mecanismos de asistencia mutua transfronteriza eficaces para garantizar unas condiciones más equitativas y salvaguardar el sistema de competencias paralelas dentro de la REC.

La propuesta de Directiva pretende garantizar que la aplicación de las normas de competencia sea efectiva a nivel nacional concediendo a las Autoridades Nacionales de Competencia las garantías e instrumentos que necesitan para ser eficaces, teniendo en cuenta que las Autoridades Nacionales de Competencia aplican normas con una dimensión transfronteriza [4]. Por ello, la propuesta pretende garantizar que la cooperación transfronteriza funcione de manera efectiva y la interconexión entre los programas de clemencia de las autoridades de competencia en Europa, puesto que los solicitantes de clemencia sigue siendo distinto en cuanto a si están exentos del pago de las multas o incluso a si pueden obtener una reducción de las multas.

Es necesaria la acción de la UE para garantizar que exista un único sistema de clemencia y éste se aplique de manera similar en todos los Estados miembros, considerando la Comisión que la propuesta se ajusta a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, dado que los objetivos no pueden resultar, de forma suficiente, alcanzados por los Estados miembros y que debido a la necesaria eficacia y uniformidad de la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, en particular teniendo en cuenta su ámbito de aplicación territorial.

En muchos aspectos, la propuesta fija normas mínimas encaminadas a facultar a las Autoridades Nacionales de Competencia para hacer cumplir de forma efectiva las normas de competencia de la Unión Europea. Además, los Estados miembros, podrán seguir fijando niveles más altos y adaptar sus normas a las especificidades nacionales.

Solo en el ámbito de las condiciones para la concesión de clemencia en cárteles secretos, la propuesta considera que son necesarias normas más detalladas que puedan permitir obtener valor añadido en cuanto a la aplicación de las normas de competencia.

Las considerables diferencias entre los programas de clemencia aplicables en los Estados miembros generan inseguridad jurídica a los potenciales solicitantes de clemencia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las normas nacionales deben garantizar la plena efectividad del Derecho de la competencia de la Unión. El Tribunal de Justicia también ha declarado que la regulación procesal nacional del funcionamiento de las autoridades nacionales de competencia no debe ser contraria al objetivo del Reglamento (CE) n.º 1/2003, que es garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 del TFUE y 102 del TFUE por dichas autoridades.

III. La propuesta de directiva

La propuesta de Directiva consta de 10 capítulos que comprenden 34 artículos.

III.1. El objetivo, el ámbito de aplicación y las definiciones

En el Capítulo I, aborda el objeto, ámbito de aplicación y las definiciones.

Dentro del objeto de la Directiva está establecer normas para garantizar que las Autoridades Nacionales de Competencia dispongan de las garantías de independencia, los recursos y las competencias de aplicación e imposición de multas que se necesita para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE y la Red Europea de Competencia.

El ámbito de aplicación de la Directiva abarca la aplicación de:

  • los artículos 101 y 102 TFUE y
  • de las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE al mismo asunto, con la excepción del artículo 29-2.º, que se extiende también a la legislación nacional de competencia aplicada exclusivamente.

También establece normas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

Las definiciones utilizadas reflejan en gran medida las utilizadas en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 y la Directiva 2014/1047 UE sobre daños y perjuicios por infracciones de las normas de competencia, tales como autoridad nacional de competencia; autoridad de competencia; Red Europea de competencia; programa de clemencia; declaración en el marco de un programa de clemencia; información preexistente; solicitud de transacción; solicitante; autoridad requirente; autoridad requerida.

III.2. Derechos fundamentales

Están regulados en el Capítulo II, los Derechos Fundamentales que se pretenden proteger con la propuesta de Directiva, con una remisión general a la Carta de Derechos Fundamentales.

Para ello, se consta que el ejercicio de las competencias de las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia la Directiva estará sujeto a salvaguardias adecuadas, incluido el respeto de los derechos de defensa de las empresas y el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En concreto la propuesta garantiza, en especial, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la buena administración y a la tutela judicial, contenidos en los artículos 16, 17, 41 y 47 de la Carta. Así se obligara a los Estados miembros a aportar las salvaguardias adecuadas para el ejercicio de estas competencias que cumplan como mínimo las normas de la Carta [5] y sean conformes con los principios generales del Derecho de la Unión Europea, incluido el debido respeto de los derechos de protección de datos de las personas físicas.

III.3. La independencia de las autoridades nacionales de competencia y sus recursos

En el Capítulo III se abordan los principios de independencias y los recursos de estas Autoridades.

En cuanto a la independencia, la propuesta considera que debe reforzarse a fin de garantizar la aplicación eficaz y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE.

Para ello, considera que debe disponerse expresamente en el Derecho nacional que, las Autoridades Nacionales de Competencia estén protegidas de intervenciones externas o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que les hayan sido sometidos. A tal efecto, establece que deben fijarse de antemano las normas relativas a los motivos de despido de los miembros del órgano decisorio de las Autoridades Nacionales de Competencia con el fin de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la imparcialidad de este órgano y su impermeabilidad respecto de factores externos.

La propuesta establece que para garantizar la independencia de las Autoridades Nacionales de Competencia, su personal y los miembros del órgano decisorio deben actuar con integridad y abstenerse de cualquier acción que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones.

La necesidad de evitar que la evaluación independiente del personal o de los miembros del órgano decisorio se vea comprometida implica que, mientras dure su relación laboral y su mandato y durante un periodo razonable posteriormente, deben abstenerse de cualquier actividad profesional incompatible, sea o no remunerada.

Además, esto también supone que, mientras dure su relación laboral y su mandato, no deberían tener intereses en ninguna empresa u organización que tenga relación con una Autoridad Nacional de Competencia, puesto que esto podría comprometer su independencia.

El personal y los miembros del órgano decisorio deben declarar cualquier interés o activo que pueda crear un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. También, están obligados a informar al órgano decisorio, a los demás miembros del mismo o, en el caso de las Autoridades Nacionales de Competencia en las que el poder decisorio recaiga en una sola persona, a su autoridad facultada para proceder a los nombramientos si, en el ejercicio de sus funciones, deben decidir sobre un asunto en el que tengan un interés que pudiera menoscabar su imparcialidad.

La independencia de las Autoridades Nacionales de Competencia no excluye al control jurisdiccional ni una supervisión parlamentaria conforme al Derecho de los Estados miembros. Los requisitos de rendición de cuentas contribuyen también a garantizar la credibilidad y la legitimidad de las actuaciones de las Autoridades Nacionales de Competencia. Entre los requisitos de rendición de cuentas proporcionados están los informes periódicos sobre sus actividades que las Autoridades Nacionales de Competencia transmiten a un organismo gubernamental o parlamentario. Las Autoridades Nacionales de Competencia pueden asimismo ser objeto de control o de seguimiento de sus gastos financieros, siempre y cuando ello no afecte a su independencia.

En cuanto a los recursos: Las Autoridades Nacionales de Competencia deben poder dar prioridad a sus procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE para hacer un uso eficaz de sus recursos y centrarse en la prevención y erradicación de las conductas contrarias a la competencia que falsean la competencia en el mercado interior.

Para ello, deben poder desestimar aquellas denuncias que no constituyan una prioridad. Esto debe entenderse sin perjuicio de la facultad de las Autoridades Nacionales de Competencia de desestimar denuncias por otros motivos, como carecer de competencias, o de decidir que no existen motivos para una intervención por su parte. La facultad de las Autoridades Nacionales de Competencia de dar prioridad a sus procedimientos de aplicación se entenderá sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro de dar orientaciones prioritarias de política general a las autoridades nacionales de competencia que no estén relacionadas con procedimientos específicos para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben contar con los recursos necesarios, en cuanto a personal, conocimientos específicos, medios económicos y equipo técnico para garantizar que puedan desempeñar de manera eficaz sus funciones a la hora de aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. En caso de que se amplíen sus obligaciones y competencias en virtud de la legislación nacional, los recursos necesarios para llevar a cabo dichas tareas deben seguir siendo suficientes.

III.4. Las facultades de inspección

En el Capítulo IV se abordan las facultades de las Autoridades Nacionales de Competencia, distinguiendo entre la facultad para inspeccionar locales comerciales, la facultad para inspeccionar otros locales, las solicitudes de información, la constatación y cese de la infracción, las medidas cautelares y los compromisos.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben disponer de un conjunto mínimo de competencias comunes de investigación y toma de decisiones para aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben estar facultadas para tener competencias de investigación eficaces que permitan detectar todo acuerdo, decisión o práctica concertada prohibida por el artículo 101 del TFUE, así como todo abuso de posición dominante prohibido por el artículo 102 del TFUE, en todas las fases de los procedimientos presentados que les sometan.

Las competencias de investigación de las autoridades administrativas nacionales de competencia deben ser suficientes para hacer frente a los retos que supone el entorno digital en cuanto a la aplicación de la normativa y deben permitir que las autoridades nacionales de competencia obtengan toda la información en formato digital, incluidos los datos obtenidos por procedimientos técnico-legales, relativos a la empresa o asociación de empresas que esté siendo investigada, con independencia del soporte en que se almacene, tales como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.

Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar facultadas para inspeccionar los locales tanto de las empresas como de las asociaciones de empresas sometidas al procedimiento para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, así como de otros agentes del mercado que puedan estar en posesión de información que sea relevante para dicho procedimiento. Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la posibilidad de llevar a cabo tales inspecciones cuando haya al menos motivos razonables para sospechar de la existencia de una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE.

Para ser efectiva, la facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de realizar inspecciones debe permitirles tener acceso a información a la que puedan acceder la empresa, la asociación empresarial o la persona que se esté investigando y que esté relacionada con la empresa investigada.

Para reducir al mínimo la prolongación innecesaria de las inspecciones, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de seguir realizando búsquedas de copias o extractos de libros y registros relacionados con la actividad de la empresa o asociación de empresas investigada en las oficinas de la autoridad o en otros locales designados.

La experiencia demuestra que pueden conservarse documentos de índole profesional en los domicilios particulares de los directivos y de los colaboradores de las empresas, especialmente debido al mayor uso de modalidades de trabajo más flexibles. A fin de garantizar que las inspecciones sean eficaces, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de acceder a todos los locales, incluidos los domicilios particulares, cuando exista una sospecha razonable de que se conservan documentos de índole profesional que pueden ser relevantes para demostrar una infracción grave del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE.

El ejercicio de esta facultad debe estar supeditado a la autorización previa de una autoridad judicial. Ello no impide a los Estados miembros encomendar las funciones de una autoridad judicial nacional a una autoridad administrativa nacional en materia de competencia que actúe como autoridad judicial, en casos de extrema urgencia.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben tener competencias reales para solicitar que se les entregue la información que sea necesaria a fin de detectar cualquier acuerdo, decisión o práctica concertada prohibida por el artículo 101 del TFUE o cualquier abuso prohibido por el artículo 102 del TFUE. Esto debe incluir el derecho de solicitar información con independencia de dónde se almacene, siempre y cuando sea accesible para el destinatario de la solicitud de información. La experiencia pone de manifiesto que la información facilitada con carácter voluntario por parte de terceros, tales como competidores, clientes y consumidores en el mercado, también puede ser una valiosa fuente de información para una aplicación rigurosa e informada y las Autoridades Nacionales de Competencia deberían fomentarla.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben disponer de medios eficaces para restablecer la competencia en el mercado imponiendo medidas correctoras estructurales y de comportamiento proporcionadas.

Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o de una práctica las empresas o asociaciones de empresas ofrezcan a las Autoridades Nacionales de Competencia compromisos que den respuesta a sus reservas, dichas autoridades deben poder adoptar decisiones que hagan vinculantes y exigibles estos compromisos para las empresas en cuestión. Tales decisiones relativas a los compromisos deben constatar que ya no hay motivos para la intervención de las Autoridades Nacionales de Competencia sin pronunciarse sobre si ha habido o no una infracción del artículo 101 del TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderán sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse sobre una infracción y adoptar una decisión sobre el asunto.

III.5. Las multas y las multas coercitivas

El Capítulo V, aborda el tema de las multas y multas coercitivas, regulando las multas a empresas y asociaciones de empresas, el cálculo del importe de las multas, el importe máximo de la multa y las multas coercitivas.

Para garantizar la aplicación efectiva [6] y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas que infrinjan los artículos 101 o 102, ya sea ellas directamente en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea solicitando la imposición de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que prevea la imposición de sanciones por los órganos jurisdiccionales en procedimientos penales por la infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE.

Para garantizar que las empresas y asociaciones de empresas respeten las competencias de investigación y toma de decisiones de las Autoridades Nacionales de Competencia, éstas deben poder imponer sanciones eficaces en caso de incumplimiento, y pagos de multas coercitivas para obligar al cumplimiento de estas competencias, ya sea ellas directamente en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea solicitando la imposición de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio de las legislaciones nacionales de los Estados miembros que prevean la imposición de tales multas por los órganos jurisdiccionales en procedimientos judiciales penales.

Por otra parte, la propuesta de Directiva no afecta ni a las normas nacionales en materia de fuerza probatoria ni a las obligaciones de las Autoridades Nacionales de Competencia de determinar los hechos del asunto pertinente, siempre y cuando la fuerza probatoria y las obligaciones sean compatibles con los principios generales del Derecho de la Unión. Las multas y multas coercitivas deben determinarse de forma proporcional al volumen de negocios total de las empresas y asociaciones de empresas en cuestión [7].

Para garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE, el concepto de empresa, tal como figura en los artículos 101 y 102 del TFUE, debe aplicarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que designa una unidad económica, aun cuando esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Por consiguiente, las Autoridades Nacionales de Competencia deben poder aplicar el concepto de empresa para considerar responsable a una sociedad matriz, e imponerle multas, por la conducta de alguna de sus filiales cuando la sociedad matriz y su filial formen una única unidad económica [8].

Para evitar que las empresas eludan su obligación de pagar una multa por las infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE mediante cambios jurídicos u organizativos, las Autoridades Nacionales de Competencia han de poder considerar responsables a los sucesores jurídicos o económicos de la empresa, e imponerles multas, por una infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con objeto de garantizar que las multas impuestas por infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la importancia económica de la infracción, las Autoridades Nacionales de Competencia deben tener en cuenta la gravedad de la misma. Las Autoridades Nacionales de Competencia también deben poder fijar multas que sean proporcionales a la duración de la infracción.

Estos factores deben evaluarse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, por lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la infracción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que deben tenerse en cuenta las circunstancias del asunto, el contexto en el que se produce la infracción y el efecto disuasorio de las multas [9]. Factores que puedan formar parte de esta evaluación son el volumen de negocios de los productos y servicios respecto de los cuales se ha cometido la infracción, así como la dimensión y la capacidad económica de la empresa, puesto que reflejan la influencia que la empresa haya podido ejercer en el mercado. Por otra parte, la reincidencia en las infracciones por parte del mismo infractor pone de manifiesto su propensión a cometer tales infracciones y es, por tanto, un indicio muy significativo de la gravedad del comportamiento considerado y, por consiguiente, de la necesidad de elevar el nivel de la sanción para lograr un efecto disuasorio eficaz.

A la hora de determinar la multa que debe imponerse, las Autoridades Nacionales de Competencia deben tener en cuenta el valor de las ventas de la empresa de los productos y servicios a que se refiere la infracción directa o indirectamente. Del mismo modo, las Autoridades Nacionales de Competencia deben tener derecho a aumentar el importe de la multa que se imponga a una empresa o asociación de empresas que continúe la misma infracción, o cometa una infracción similar, después de que la Comisión o una autoridad nacional de competencia haya adoptado una decisión por la que se declare que la misma empresa o asociación de empresas ha infringido los artículos 101 o 102 del TFUE.

La experiencia ha demostrado que las asociaciones de empresas suelen desempeñar un papel en las infracciones de la competencia y las Autoridades Nacionales de Competencia deben poder multar efectivamente a dichas asociaciones. A la hora de evaluar la gravedad de la infracción con el fin de determinar el importe de la multa en un procedimiento interpuesto contra asociaciones de empresas cuando la infracción esté relacionada con las actividades de sus miembros, debe tenerse en cuenta la suma de las ventas de las empresas que son miembros de la asociación de los bienes y servicios a los que se refiere directa o indirectamente la infracción. Con objeto de garantizar el cobro efectivo de las multas impuestas a las asociaciones de empresas por las infracciones que hayan cometido, es necesario establecer las condiciones en las cuales las Autoridades Nacionales de Competencia pueden exigir el pago de la multa a los miembros de la asociación en caso de que la asociación sea insolvente. Al hacerlo, las Autoridades Nacionales de Competencia deben tener en cuenta las dimensiones relativas de las empresas que pertenezcan a la asociación y, en particular, la situación de las pequeñas y medianas empresas. El pago de la multa por parte de uno o varios miembros de una asociación se entiende sin perjuicio de las normas de Derecho nacional que prevean el cobro del importe pagado a otros miembros de la asociación.

El efecto disuasorio de las multas difiere ampliamente en Europa y en algunos Estados miembros la cuantía máxima de la multa que puede imponerse es muy baja. Para garantizar que las Autoridades Nacionales de Competencia puedan fijar multas disuasorias, la cuantía máxima de la multa debe fijarse en un nivel no inferior al 10 % del total del volumen de negocios mundial de la empresa de que se trate. Esto no debe impedir que los Estados miembros mantengan o instauren un importe máximo de las multas más elevado.

III.6. La clemencia

El Capítulo VI, regula la denominada «clemencia», abordando la dispensa de las multas, la reducción del importe de las multas, las condiciones generales de clemencia; el formulario de las solicitudes de clemencia; indicador de una solicitud formal de dispensa; las solicitudes abreviadas; la interacción entre los programas de clemencia y las sanciones impuestas a las personas físicas.

Los programas de clemencia [10] son una herramienta esencial para la detección de cárteles secretos y, por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposición de sanciones a las infracciones más graves del Derecho de la competencia.

No obstante, en la actualidad hay marcadas diferencias entre los distintos programas de clemencia aplicables en los Estados miembros. Estas diferencias ocasionan inseguridad jurídica a las empresas infractoras en cuanto a las condiciones en las que pueden solicitar clemencia así como a sus posibilidades de dispensa en virtud del programa o programas de clemencia respectivos. Esta incertidumbre puede debilitar los incentivos de los posibles candidatos para solicitar clemencia. Eso, a su vez, puede producir una aplicación de la competencia en la Unión menos eficaz, ya que se descubrirán menos cárteles.

Las diferencias entre los programas de clemencia de los distintos Estados miembros también ponen en peligro la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado interior. Por tanto, procede incrementar la seguridad jurídica reduciendo estas diferencias.

Las Autoridades Nacionales de Competencia deben conceder a las empresas la dispensa o la reducción de las multas si se reúnen determinadas condiciones. Se considerará que las empresas han aportado a una autoridad nacional de competencia pruebas de un cártel secreto que permita la constatación de una infracción del artículo 101 del TFUE si dicha autoridad nacional de competencia no disponía de pruebas suficientes para constatar una infracción del artículo 101 del TFUE en relación con el mismo cártel en el momento de la presentación por parte de la empresa de tales pruebas.

Los solicitantes deben tener la posibilidad de solicitar clemencia por escrito o, cuando proceda, por otros medios que no requieran la presentación de documentos, información u otros materiales en su posesión o bajo su custodia o control. Para ello, las Autoridades Nacionales de Competencia deben disponer de un sistema que les permita aceptar declaraciones de clemencia, ya sea oralmente o por otros medios, particularmente en formato digital.

Los solicitantes que hayan presentado una solicitud de clemencia a la Comisión Europea en relación con un presunto cártel secreto deben poder presentar solicitudes abreviadas en relación con el mismo cártel a las Autoridades Nacionales de Competencia que consideren pertinentes. Las Autoridades Nacionales de Competencia deben aceptar solicitudes abreviadas que contengan un conjunto de datos mínimo en relación con el presunto cártel y no solicitar información adicional además de este conjunto mínimo antes de que tengan intención de actuar en el asunto. No obstante, corresponde a los solicitantes informar a las Autoridades Nacionales de Competencia a las que hayan presentado solicitudes abreviadas si cambia el alcance de su solicitud de clemencia a la Comisión. Las Autoridades Nacionales de Competencia deben facilitar a los solicitantes un acuse de recibo en el que se indicará la fecha y la hora de recepción, e informarán al solicitante de si han recibido ya anteriormente un resumen o una solicitud de clemencia en relación con el mismo cártel. Una vez que la Comisión haya decidido no seguir adelante con el asunto, en su totalidad o en parte, los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completas a las Autoridades Nacionales de Competencia a las que hayan presentado solicitudes abreviadas.

La inseguridad jurídica en cuanto a si los empleados de las empresas están protegidos frente a posibles sanciones individuales puede impedir que los potenciales solicitantes soliciten clemencia. Los empleados y directivos, actuales y antiguos, de empresas que soliciten la dispensa del pago de las multas a las autoridades de competencia deben, por tanto, estar protegidos frente a cualquier sanción impuesta por las autoridades públicas por su participación en el cártel secreto a que se refiera la solicitud. Dicha protección debe depender de que dichos empleados y directivos cooperen activamente con las Autoridades Nacionales de Competencia de que se trate y la solicitud de dispensa sea anterior al inicio del procedimiento penal.

III.7. La asistencia mutua

El Capítulo VII, aborda la asistencia mutua, abordando la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia; las solicitudes para la notificación de cargos preliminares y decisiones; las solicitudes para la ejecución de decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas; litigios relativos a las solicitudes de notificación y de ejecución de decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas.

En un sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE se requiere una estrecha colaboración entre las Autoridades Nacionales de Competencia. En particular, cuando una Autoridad Nacional de Competencia realice una inspección en nombre de otra Autoridad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, la presencia y la asistencia de los funcionarios de la autoridad requirente debe poder aumentar la eficacia de dicha inspección, aportando recursos, conocimientos y competencias técnicas adicionales.

Del mismo modo, deben tomarse las medidas oportunas que permitan a las Autoridades Nacionales de Competencia solicitar asistencia mutua para la notificación de decisiones y cargos preliminares y la ejecución de las decisiones que impongan multas o multas coercitivas cuando la empresa de que se trate no tenga presencia legal en su territorio. De esta forma se aseguraría la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE y se contribuiría al buen funcionamiento del mercado interior.

III.8. La prescripción

El Capítulo VIII, regula los plazos de prescripción, abordando la suspensión de los plazos de prescripción para la imposición de sanciones.

Para garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de las Autoridades Nacionales de Competencia es necesario prever normas viables en materia de suspensión de la prescripción.

En particular, en un sistema de competencias paralelas, deben suspenderse los plazos de prescripción nacionales mientras duren los procedimientos ante la Autoridad Nacional de Competencia de otro Estado miembro o ante la Comisión. Ello no impide a los Estados miembros mantener o introducir plazos de prescripción absolutos, siempre y cuando la duración de tales plazos de prescripción absolutos no haga prácticamente imposible o excesivamente difícil la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

III.9. Las disposiciones generales

En el Capítulo IX se abordan las Disposiciones generales con temas tales como el papel de las autoridades administrativas nacionales de competencia ante los órganos jurisdiccionales nacionales; las limitaciones en la utilización de información; la admisibilidad de pruebas ante las autoridades nacionales de competencia; los costes del sistema de la Red Europea de Competencia y, finalmente la transposición y la entrada en vigor.

Con el fin de garantizar que los asuntos se tramiten de forma eficiente y eficaz dentro de la Red Europea de Competencia, en aquellos Estados miembros en los que una autoridad de competencia administrativa nacional sea competente para investigar las infracciones de los artículos 101 o 102 del TFUE y una autoridad de competencia judicial nacional sea competente para adoptar una decisión por la que se constate una infracción o se imponga una multa, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder interponer directamente recurso ante la autoridad de competencia judicial nacional.

Además, en la medida en que los órganos jurisdiccionales nacionales actúen como tribunales de apelación contra las decisiones de las Autoridades Nacionales de Competencia por las que se apliquen los artículos 101 o 102, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar plenamente legitimadas, conforme al artículo 28 de la propuesta, por derecho propio a participar como parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrutar de los mismos derechos que dichas partes en el procedimiento [11].

El riesgo de que se revele material autoinculpatorio fuera del contexto de la investigación para la que se hubiera proporcionado puede debilitar los incentivos de los posibles solicitantes de clemencia a cooperar con las autoridades de competencia.

El artículo 29 regula las limitaciones en la utilización y como consecuencia, con independencia de la forma en que se presenten las declaraciones de clemencia, la información contenida en dichas declaraciones obtenida a través del acceso al expediente solo debe utilizarse cuando sea necesario para el ejercicio de los derechos de defensa en procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en determinados casos muy limitados que estén directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso. Ello no debe impedir que las autoridades de competencia publiquen sus decisiones de conformidad con la legislación de la Unión o nacional aplicable.

Por su parte, el artículo 30 de la propuesta regula la admisibilidad de pruebas ante las Autoridades Nacionales de Competencia, al estimar que las pruebas son un elemento importante en la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Las Autoridades Nacionales de Competencia deben poder examinar las pruebas relevantes independientemente de si son escritas, orales o en forma de grabación, incluidas las grabaciones ocultas realizadas por personas físicas o jurídicas, siempre que no sean la única fuente de pruebas. Esto se entiende sin perjuicio del derecho a ser oído.

Para apoyar la estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia, la Comisión debe mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de información (Sistema de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de confidencialidad, protección de datos y seguridad de los datos. La Red Europea de Competencia depende de la interoperabilidad para su funcionamiento efectivo y eficaz. El presupuesto general de la Unión debe asumir los costes de mantenimiento, desarrollo, alojamiento, asistencia a los usuarios y funcionamiento del sistema central de información, así como otros costes administrativos incurridos en relación con el funcionamiento de la Red Europea de Competencia, en particular, los costes relacionados con la organización de reuniones.

Hasta 2020, está previsto que los costes del Sistema de la Red Europea de Competencia los cubra el programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas europeas (programa ISA2), supeditado a criterios de priorización y elegibilidad y a los recursos disponibles del programa.

Notas:

[1] Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (hoy artículos 101 y 102 del TFUE). DOUE L 1 de 4 de enero de 2003, p. 1.

[2] La regulación procesal nacional del funcionamiento de las autoridades nacionales de competencia no debe ser contraria al objetivo del Reglamento (CE) n.º 1/2003, que es garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 del TFUE y 102 del TFUE por dichas autoridades. TJUE, Vlaamse Federatie van vereinigingen van Brood-en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW, 7 de diciembre de 2010, C-439/08 (Rec. 2010, p. I-12471; apartados 56 y 57).

[3] Según el TJUE, las normas nacionales deben garantizar la plena efectividad del Derecho de la Competencia de la Unión. TJUE, Kone AG/ÖBB-Infrastruktur AG, 5 de junio de 2014, C-557/12 (apartado 32).

[4] TJUE, AGC Glass Europe, 26 de julio de 2017, C-517/15-P.

[5] Según la jurisprudencia del TJUE, las exigencias de la protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión vinculan, asimismo, a los Estados miembros cuando aplican la normativa de la Unión (TJUE, Karlsson y otros, 13 de abril de 2000, C-292/97, Rec. 2000, p. I-2737; y TJUE, Eturas, 21 de enero de 2016, C-74/14, apartado 38).

[6] La efectividad de las sanciones impuestas por las autoridades nacionales de competencia y la Comisión es un requisito para la aplicación coherente de las normas de competencia, según se hizo constar en la Sentencia dictada en el asunto C-429/07 (TJUE, Inspecteur van de Belastingdienst/X BV, 11 de junio de 2009, Rec. 2009, p. I-4833).

[7] Véase TJUE, Toshiba Corp./Comisión, 6 de julio de 2007, C-180/16-P.

[8] La Sentencia Akzo Nobel declara que debe demostrarse que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante sobre la filial que cometió la infracción (TJUE, Akzo Nobel NV/Comisión, 10 de septiembre de 2009, C-97/08 P, Rec. 2009, p. I-8237).

[9] Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (DOUE C 210 de 1 de septiembre de 2006, p.2).

[10] Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DOUE C 45 de 19 de febrero de 2002, p. 3).

[11] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permita que las ANC participen, como parte recurrida en un procedimiento judicial interpuesto contra una decisión de la que sea autora la propia Autoridad Nacional de Competencia (TJUE, VEBIC, 7 de diciembre de 2010, C-439/08, Rec. 2010, p. I-12471).