| ARTÍCULO

Las empresas transnacionales, los Estados-nación y los derechos humanos en el contexto de la globalización

Transnational Companies, States-Nation And Human Rights In The Context Of Globalization

Sociétés transnationales, États-Nations et Droits de l’Homme dans le contexte de la mondialisation

Palabras clave: globalización, Derechos Humanos, empresas multinacionales

Keywords: globalization, Human Rights, transnational corporation

Mots clés: mondialisation, Droits de l’Homme, entreprises multinationales

Citar este artículo

Botero Gómez, Santiago (2018). Las empresas transnacionales, los Estados-nación y los derechos humanos en el contexto de la globalización. Derecho y Economía de la Integración n. 6, pp. 129-141. https://juri-dileyc.com/las-empresas-transnacionales-los-estados-nacion-y-los-derechos-humanos-en-el-contexto-de-la-globalizacion/

Resumen

Este artículo es un avance de una investigación en curso. Su objetivo se limita a presentar una de las variables críticas que fundamentan el problema principal de dicho trabajo, así como algunas de las posibles alternativas de abordaje. Nos referimos al hecho de que las empresas transnacionales han resultado ser las mayores beneficiarias del proceso de profundización de la globalización, un nuevo marco caracterizado por una evidente asimetría entre sujetos fuertes y sujetos débiles, por el declive del poder de configuración normativa de los Estados-nación y por cierto grado de anarquía comercial en el orden internacional, condiciones estas que algunas de dichas corporaciones han explotado en su exclusivo beneficio, sin consideración alguna por los intereses y los derechos de las personas y las comunidades que se ven afectadas por su proceder.

Abstract

This article shows a progress of an ongoing investigation. Its objective is limited to presenting one of the critical variables that underlie the main problem of this work, as well as some of the possible alternatives of approaching. I refer to the fact that transnational corporations have proved to be the biggest beneficiaries of the process of deepening globalization, a new framework characterized by an obvious asymmetry between strong subjects and weak subjects, by the decline of power of normative configuration of nation-states and by some degree of commercial anarchy in the international order, conditions that some of these corporations have exploited in their exclusive benefit, without any consideration for the interests and rights of the people and communities that are affected by their proceeding.

Résumé

Cet article est une avancée d’une enquête en cours. Son objectif se limite à présenter l’une des variables critiques qui sous-tendent le problème principal de ce travail, ainsi que certaines des alternatives d’approche possibles. Nous nous référons au fait que les sociétés transnationales se sont révélées être les principales bénéficiaires du processus d’approfondissement de la mondialisation, nouveau cadre caractérisé par une asymétrie évidente entre sujets forts et sujets faibles, en raison du déclin du pouvoir de configuration normative des États-nation et par un certain degré d’anarchie commerciale dans l’ordre international, conditions que certaines de ces sociétés ont exploitées à leur avantage exclusif, sans aucune considération pour les intérêts et les droits des personnes et des communautés affectées par leurs actions.

SANTIAGO BOTERO GÓMEZ

Profesor Universidad Anáhuac México | Investigador Nacional Nivel I del SNI – CONACYT | Director Académico de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana (RIJIA) | Posdoctorando en la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

I. Acerca de las empresas transnacionales

Nick Dearden, reconocido columnista de The guardian, recientemente ha sostenido que: «A este ritmo de crecimiento bastará solo con una generación para que el mundo entero esté dominado por grandes corporaciones». Esta afirmación, que a primera vista puede parecer tan solo una profecía fruto de un burdo ejercicio de futurología y más una gruesa exageración que otra cosa, es, en realidad, la descripción del asentamiento de uno de los grandes paradigmas que están delineando la vida en común en esta primera mitad del siglo XXI a nivel global. Nos referimos al rol protagónico que han ido cobrando cada vez con mayor intensidad los conglomerados financieros internacionales y con ellos las empresas transnacionales (ETN).

En el momento neoliberal que vivimos y en pleno auge de la globalización (más allá de los recientes movimientos que promueven una ralentización de los procesos de integración) las empresas en general y las ETN en particular han vivido un vertiginoso proceso de transformaciones que se ha acentuado a su favor en las últimas décadas, pasando por diversos estadios y asumiendo cada vez un rol más protagónico en las dinámicas económicas y sociales (Botero Gómez, 2015, pp. 11-18).

De aquí que, en la actualidad, haya quedado rezagada la primigenia idea de considerar a la empresa simplemente como una ficción jurídica a partir de la cual se formaliza el desarrollo de una serie de actividades productivas o de servicios, y, en cambio, hemos llegado a la implantación de la innovadora, retadora e inquietante idea de pretender establecer en torno a ella un nuevo tipo de racionalidad que vaya más allá del ámbito exclusivamente económico.

Así, la concepción de lo que se entiende por empresa se ha potenciado y ha superado las doctrinas clásicas que la explicaban como un ente estático que se encarga de transformar insumos o materias primas en productos destinados a satisfacer los gustos o las necesidades de sus clientes. Hoy, es necesario insistir en que la empresa es un organismo dinámico y que su motivación genuina y legítima de ánimo de lucro debe resultar compatible con los múltiples intereses que en ella confluyen, los cuales, por cierto, no son tan solo de naturaleza económica.

Esta transformación cobra una especial relevancia en tratándose de las ETN, pues al ser entidades económicas que poseen o controlan la producción, la distribución, los servicios y otras prestaciones fuera del país en que tienen su sede principal o matriz, su impacto positivo o negativo resulta mayor.

Sobre ellas debemos precisar que el término «multinacional» o «transnacional» debe ser entendido como descripción del ámbito de actuación, no de la naturaleza de la compañía; es decir, no obedece al hecho de que su origen esté en muchas naciones, sino a que opera y actúa en un número plural de ellas, expandiendo operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo en función de su visión global de la economía y de su ámbito de trabajo (Perez Ventura, 2013, párr. 2-3). Así, este tipo de organizaciones empresariales son multinacionales en el sentido de que tienen oficinas, ventas o instalaciones de producción en multitud de países, pero no por eso dejan de tener conexiones directas y más estrechas con países determinados, por ejemplo: Nestlé es suiza, Total es francesa, General Motors es estadounidense y Siemens es alemana (George, 2015, p. 15). Por eso, teniendo en cuenta que es la denominación oficial en Naciones Unidas y debido a la posibilidad de incurrir en errores conceptuales, resulta preferible referirse a este tipo de corporaciones como empresas transnacionales.

Es importante tener en cuenta que, dadas sus características, no existe un modelo único de ETN y por ende el grado de autonomía de las distintas entidades que componen cada caso varía de una a otra según el carácter de los lazos existentes entre ellas y sus respectivos campos de actividad, y teniendo en cuenta además la gran diversidad en la forma de propiedad, el tamaño, el carácter y la localización de las operaciones de las empresas. Por eso, dada la imposibilidad de establecer una definición única, nos remitimos a lo señalado por la OIT en su Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, para señalar que la expresión «empresas multinacionales» o ETN, sirve para designar las distintas entidades (compañías matrices o entidades locales, o ambas, así como también el conjunto de la empresa) según la distribución de responsabilidades entre ellas, partiendo de la base de que cooperan mutuamente y se prestan asistencia cuando resulta necesario (Organización Internacional Del Trabajo, 2017, p. 3).

II. La transferencia del poder de los Estados

Resulta evidente la capacidad con que cuentan las ETN para jugar un papel preponderante si se tratara de corregir el rumbo y procurar un adecuado desenvolvimiento de la economía en sociedades cada vez más globalizadas, pues, como es bien sabido, algunas de ellas gozan de amplios poderes fácticos y de posiciones de privilegio en las dinámicas macroeconómicas, lo cual se observa con total claridad en el fuerte influjo que tienen sobre los países en vías de desarrollo. Como bien señala Di Filippo, «la gravitación económica relativa de las empresas transnacionales o globales en las naciones periféricas es inmensa dado su papel protagónico en las exportaciones, en las ganancias macroeconómicas, en las inversiones y en la transmisión de tecnología» (Di Filippo, 2012, p. 36).

Es por esto que la OIT considera que las ETN desempeñan un papel importante en las economías de la mayor parte de los países y en las relaciones económicas internacionales, y resalta que mediante las inversiones directas, el comercio y otros medios, estas empresas pueden aportar beneficios substanciales, tanto para los países de origen como para los países anfitriones, al contribuir a una utilización más eficaz del capital, la tecnología y el trabajo, así como contribuir a la promoción del bienestar económico y social, a la mejora del nivel de vida y la satisfacción de las necesidades básicas, a la creación de oportunidades de empleo directo e indirecto y al ejercicio efectivo de los derechos humanos en todo el mundo (Organización Internacional Del Trabajo, 2017, p. 2).

Dicha centralidad se evidencia en que este tipo de corporaciones han tomado el control de partes importantes de nuestra vida, desde los alimentos que comemos hasta la medicina que necesitamos para mantenernos saludables (Global Justice Now, 2016). Y en el hecho de que desde hace por lo menos una década la producción de bienes y servicios se encuentra globalizada en torno a redes productivas de aproximadamente 53.000 empresas multinacionales y sus 415.000 empresas auxiliares. Como bien señala Castells, aunque estas redes emplean tan sólo a unos 200 millones de trabajadores (de los casi 3.000 millones de personas que trabajan para vivir en todo el planeta), allí se genera el 30% del producto bruto global y 2/3 del comercio mundial. Por lo tanto, el comercio internacional es el sector del que depende la creación de riqueza en todas las economías y esas dinámicas expresan la internacionalización del sistema productivo en el que las ETN son protagonistas centrales gracias a su movilidad, poder y riqueza (Castells, 2007, pp. 37-38).

Hemos llegado, inclusive, al punto en que existen ETN cuyo tamaño las hace más fuertes económicamente que muchos países. Según un estudio realizado por la Fundación Global Justice Now entre los años 2015 y 2016, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Canadá, España y Australia son las entidades económicas más grandes del mundo; justo después de ellas se ubican las corporaciones Walmart, Sinoppec y Royal Dutch Shell, por encima de países como Rusia y Holanda. El listado de las diez ETN más grandes se complementa apenas algunos renglones abajo con Exxon Mobil, PetroChina, Volkswagen Group, Toyota Motor y Glenore International. El valor combinado de estas diez ETN es comparable al producto interior bruto de los 180 países más pequeños del planeta, dentro de los cuales se encuentran economías relevantes como Irlanda, Indonesia, Israel, Colombia, Grecia, Sudáfrica y Vietnam (Pozzi, 2016). Otro hallazgo importante del estudio consiste en que, de las cien entidades económicas más grandes del mundo 69 son corporaciones y solo 31 son países (Global Justice Now, 2016).

Algo similar ocurre con las grandes ETN de tecnología. En términos comparativos. por ejemplo, si Apple fuera un país tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza; Microsoft -con un valor de mercado de 465.000 millones de euros- equivaldría nada menos que a la riqueza de Suecia (con 480.000 millones de euros de PIB real) o de Bélgica (436.000 millones de euros de PIB); mientras que Facebook tiene para el año 2017 un precio de mercado de 379.000 millones de euros, cifra cercana al PIB de Irán que se encuentra en 382.000 millones de euros (Domínguez Cebrián, 2017).

Estos datos nos evidencian que el poder de las ETN se continúa expandiendo rápidamente, por lo que algunas de ellas gozan de una verdadera posición de primacía en el contexto internacional y no resulta descabellado hablar de ellas como verdaderos «semiestados». En este sentido, advierte Ramonet que estos datos se refieren a la economía real, entendiendo por ella en la que se producen y comercializan bienes y servicios concretos, pero que «si a esto le añadimos los actores principales de la economía financiera (cuyo volumen es cincuenta veces superior al de la economía real), es decir, los principales fondos de pensiones americanos y japoneses que dominan los mercados financieros, el peso de los Estados se hace casi despreciable» (Ramonet, 2003, p. 105), y esto se debe a que hay, en el contexto económico internacional, nuevos actores cada vez más influyentes, como las nuevas firmas de inversión, los fondos especulativos y mercados como los dark pools, donde se negocia la compraventa de acciones al margen de las autoridades supervisoras [1].

Por lo tanto, y en conexión con la predicción de Dearden, no parece descabellado que Jose Luis Sampedro haya vaticinado que la globalización es un proceso en el que se transfiere el poder de los estados a las ETN, y es precisamente en este contexto donde se comprende que cada vez sean más ellas y menos los gobiernos las que toman la iniciativa y el protagonismo en la economía mundial en detrimento de la política y de la propia democracia. Este poderío económico consiste en un aumento de interferencia en el poder de decisión en todos los niveles geográficos: local, nacional, regional y mundial, tal como lo evidencian los conocidos casos de ETN petroleras, del gas, financieras e informáticas que impactan positiva o negativamente y que controlan sectores muy importantes para el desarrollo de la vida de las personas y de los países (Perez Ventura, 2013).

Y también esto permitiría comprender que los países que dependen de la inversión extranjera directa para generar mayores niveles de empleo y desarrollo ajusten sus marcos regulatorios para hacerlos más favorables y atraer así a este tipo de corporaciones. Como dice Sales, la atracción de capitales extranjeros se ha convertido en objetivo prioritario de gobiernos de todo el mundo y, en especial, de los países empobrecidos y endeudados. Tanto si se trata de que la inversión sea directa como si el objetivo es que las empresas locales se conviertan en proveedoras de las grandes cadenas de producción y distribución internacionales, la lógica de lograr el crecimiento económico a través del capital internacional ha impregnado el pensamiento económico y político en todo el mundo, lo cual genera las condiciones ideales para que las ETN desarrollen su actividad, forzando a que los Estados-Nación compitan entre ellos para crear las mejores condiciones para la inversión a través de políticas de apertura comercial, de reducción de estándares laborales y ambientales o de exenciones fiscales, entre otras muchas medidas que impactan en la vida de las poblaciones (Observatorio De Multinacionales En América Latina, 2014, párr. 6).

No obstante, el establecimiento de estrategias en este sentido no es exclusivo de países en vías de desarrollo. A comienzos de 2017 se conoció por ejemplo que Dinamarca, país desarrollado e industrializado que tiene altos niveles de vida y es uno de los países europeo con mayor igualdad de rentas, nombraría a partir de septiembre del mismo año un «embajador digital» y se convertirá así en el primer país del mundo en establecer «relaciones diplomáticas» con las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple y Microsoft. Esta original decisión no deja de sorprender porque rompe con múltiples paradigmas políticos y jurídicos, pero tampoco resulta descabellada en un contexto como el que venimos describiendo, ya que, en palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de dicho país: «los gigantes del sector tecnológico tienen tanta influencia en Dinamarca como algunos países. Estas empresas se han convertido en una especie de nuevas naciones y tenemos que saber afrontar eso (…) necesitamos tener lazos más cercanos con algunas de las compañías que nos afectan» (Calvo, 2017).

Esto demuestra hasta qué punto es cierto lo señalado por Stiglitz en el sentido de que algunas ETN no sólo son ricas, sino políticamente muy poderosas, tanto que, si los gobiernos deciden fiscalizarlas o regularlas de alguna forma que no las satisfagan, amenazan con trasladarse, teniendo la certeza de que siempre habrá otro país que las acoja por los empleos que proporcionan y los impuestos que pagan (Stiglitz, 2006, p. 242).

Valga señalar, adicionalmente, que la mencionada preponderancia de las ETN no solo se verifica en el ámbito de lo estrictamente productivo y económico y en la política, sino como un verdadero efecto pluridimensional que abarca también consideraciones medioambientales, culturales [2], e, inclusive, toca de lleno el sensible tema de la protección de los derechos humanos, pues «esos sectores privados, y jurídicamente autónomos, se convierten en los verdaderos centros de referencia para los individuos aisladamente considerados» (De Vega García, 2016, p. 694), y en ocasiones también para comunidades enteras cuyos recursos y su propia subsistencia se encuentra enteramente ligada a una o varias empresas multinacionales.

Tal es su peso específico, que algunos sectores de la doctrina especializada sostienen que ciertas nociones como «empresa», «mercado» o hasta la idea de «la defensa de los derechos humanos», bien pueden ser percibidas fuera del mundo occidental como agresiones culturales a otros mundos y civilizaciones, o como términos utilizados dentro del camuflaje ideológico de un supuesto proceso orquestado a nivel mundial por las multinacionales (Sen, 2006, p. 373). Más allá de estas insostenibles teorías conspiratorias, lo cierto es que el realce al que hemos venido aludiendo se ha visto facilitado porque el Estado ya no es el protagonista absoluto de la política doméstica ni de la política internacional, y, en su lugar, las corporaciones transnacionales, las organizaciones internacionales y supranacionales (en particular en el ámbito de los espacios integrados), y las organizaciones no gubernamentales le disputan su antiguo lugar de privilegio (Scotti, 2016, pp. 33-34).

Así entonces, las empresas, y particularmente las ETN, se han convertido en entidades económicamente preponderantes y en importantes referentes sociales, políticos y culturales, gracias a lo cual tienen la capacidad de ser uno de los elementos que logren sujetar a los individuos para compartir en armonía una cultura construida con esfuerzos conjuntos (Yepes, Peña & Sánchez, 2007, pp. 112-113); y tienen la posibilidad de jugar un papel protagónico en el adecuado desenvolvimiento de las dinámicas intersubjetivas a gran escala.

No obstante, como lo ha advertido la OIT, los progresos realizados por las ETN en la organización de sus operaciones que transcienden el marco nacional, pueden dar lugar a una concentración abusiva de poder económico y a conflictos con los objetivos de las políticas nacionales y los intereses de los trabajadores. Además, su complejidad y la dificultad de percibir claramente sus estructuras, operaciones y planes son a veces motivo de preocupación en el país de origen de las empresas, en el país anfitrión, o en ambos (Organización Internacional Del Trabajo, 2017, p. 2).

Y es precisamente esto lo que hemos presenciado en muchos casos a lo largo de las últimas dos décadas: un aprovechamiento desmedido del anarquismo mercantil y de la asimetría que existe en el ámbito del derecho internacional, razón por la cual podemos asegurar, siguiendo en esto a Ramonet, que algunas ETN no tienen centro, son organismos sin cuerpo y sin corazón, no son más que redes constituidas por diferentes elementos complementarios, esparcidos por el planeta, y que se articulan unos con otros según una pura racionalidad económica, obedeciendo exclusivamente a dos palabras clave: rentabilidad y productividad (Ramonet, 2003, p. 98).

Así, algunas de las más importantes corporaciones multinacionales se mueven exclusivamente bajo la batuta del enriquecimiento a toda costa y a toda velocidad, con una casi total ausencia de comportamientos éticos y de escrúpulos en la carrera por incrementar periódicamente sus utilidades, comportamientos que en ocasiones se traducen en la afectación de los intereses de ciertos grupos que tienen una conexión directa o indirecta con el quehacer empresarial (trabajadores, proveedores, comunidades, etc.) y que pueden llegar inclusive a constituir flagrantes violaciones a los derechos humanos de quienes conforman estos «grupos de interés» (stakeholders) [3]. Como sostiene Cernic (2010): «Durante las últimas décadas, la globalización ha significado un número de desarrollos positivos y negativos en entornos nacionales e internacionales. Una característica importante de la globalización es el aumento del poder económico, social, cultural y político de las corporaciones. Mientras que unas actividades corporativas pueden contribuir positivamente a la subsistencia de los individuos, comunidades y sociedades, un número de opositores sostienen que las corporaciones han estado involucradas en la violación sistemática de los derechos humanos [4].

III. Deslocalización y Derechos Humanos

Un problema adicional que se desprende de las características de la globalización que hemos expuesto, es la existencia de un escenario propicio para relativizar las posturas éticas de las empresas según las diferentes localidades donde actúen. Es por esta razón que Marín Egoscozábal señala con atino que:

(…) la internacionalización de la empresa supone una oportunidad de mejora (…) y en definitiva implica un acercamiento a mercados de trabajo y estructuras sociales que pueden corresponderse a países menos desarrollados, especialmente en lo que se refiere a la deslocalización o internacionalización productiva (…). Entre los aspectos asociados a esta proximidad, conviene señalar que el comportamiento ético de las empresas no debe variar en función del área geográfica de actuación. Si bien es cierto que en los negocios internacionales las circunstancias culturales modifican las pautas de comportamiento, es importante huir del relativismo ético que permitiría relajar los planteamientos según la conveniencia geográfica e incluso los usos (ej. salarios mínimos, trabajo infantil, inseguridad laboral, entre otros). En este sentido, el respeto a la legislación vigente en el país de origen de la empresa en lugar de la adecuación a la legislación (eventualmente más laxa) del país destino, puede ser una adecuada guía de actuación (Marín Egoscozábal, s.f.).

En consonancia con esto, Cantú Rivera advierte que uno de los principales aspectos que afectan la determinación de la responsabilidad jurídica de las empresas es la deslocalización de sus actividades, lo cual, aparejado con la teoría de la personalidad jurídica separada, en muchos casos impide que las empresas matrices vean comprometida su responsabilidad por los actos de sus filiales o cadenas de suministro. Esta situación se replica en los diferentes ámbitos de la actividad industrial, incluyendo en los sectores extractivo, automotriz, agroalimentario, textil, de telecomunicaciones, entre otros, lo cual implica un obstáculo más para que las víctimas puedan intentar obtener una reparación efectiva de los impactos negativos a sus derechos humanos. De allí que la cuestión de las cadenas de suministro [5] esté en el centro del debate internacional sobre la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. Todas las ETN trabajan bajo ese esquema, en el que a través de unidades en los distintos países desarrollan sus actividades con un objetivo común (Cantú Rivera, 2017, pp. 72-73).

Como hemos venido diciendo, la profundización y el mayor calado que ha tenido la globalización en las últimas décadas, ha tenido lugar en un escenario político mundial de profunda inestabilidad y en un contexto económico de crisis acentuada, hechos que han resultado propicios para que las grandes empresas multinacionales hayan sabido aprovechar y abusar de un ambiente marcado por el anarquismo comercial y el nihilismo ético, pudiendo así maniobrar con relativa libertad para satisfacer una serie de intereses que, si bien es cierto resultan legítimos conforme a los postulados del modelo económico hegemónico, valdría la pena ponderar con otros derechos igualmente legítimos, como aquellos de los individuos y de las comunidades que de una u otra forma se ven afectados por el actuar de este tipo de corporaciones.

Es así entonces como algunas grandes empresas transnacionales con astucia, y hasta con pillería, han logrado identificar y explotar para su propio beneficio y en detrimento de varios intereses de naturaleza social, una serie de condiciones laborales, tributarias y políticas con las que antes no contaban para incrementar sus utilidades. La deslocalización o traslado de ciertos procesos productivos o de servicios (e inclusive de empresas enteras) a países en vía de desarrollo donde la mano de obra es más económica, donde los beneficios tributarios son mayores y donde la regulación ambiental es escasa o fácilmente eludible, ha traído consigo un largo listado de abusos y ha sido uno de los factores que ha llevado a que desde diversas tribunas se promuevan los comportamientos socialmente responsables e inclusive que en algunos países [6] y regiones [7] se haya propuesto la necesidad de reglamentar con mayor rigor el ejercicio del mundo de los negocios, en general, y el de las sociedades mercantiles y la forma como ellas se comportan y se conducen, en particular.

Esta hija de la globalización que es conocida como la «deslocalización industrial» (offshoring) y que se entiende básicamente como el traslado total o parcial de una empresa a otro país, promovido por la reducción de costes y el correlativo aumento de la rentabilidad, trae consigo variados efectos de naturaleza económica, social y jurídica. Antes de entrar a analizar dichos efectos, especialmente en relación con los desafíos que implica el multiculturalismo, cabe señalar, siguiendo a Ermida Uriarte, que la deslocalización es, al igual que la globalización, un fenómeno complejo y que admite varias tipologías:

En efecto, la deslocalización puede ser total o parcial, puede ser interna o externa a la empresa, se puede producir dentro de una misma empresa multinacional o entre empresas diferentes, puede ser nacional o internacional (…) Incluso cuando la deslocalización es internacional, (…) todavía hay que distinguir según que ese otro país, el relocalizado o localizado, el país de destino, pertenezca a un mismo bloque regional (Unión Europea, por ejemplo) o no. Y hasta se da el caso (…) de que el destino sea una zona franca (lo que se llama «maquila» en Centroamérica), dentro de un país; la deslocalización no solamente puede ir a un país distinto, sino que además puede dirigirse a una zona exceptuada de determinados regímenes reglamentarios, incluyendo los laborales, dentro de ese otro país. Es más [podría darse el fenómeno de una] deslocalización, ya no a otro país, sino «a ninguna parte», en términos jurídicos. El proyecto en cuestión consistiría en un barco factoría ubicado (…) en aguas internacionales, para producir allí con gente que, como en las plataformas petroleras de alta mar, hace largas jornadas, luego usufructúa extensos períodos de descanso en tierra firme y así sucesivamente (Ermida Uriarte, 2007, p. 2).

Se trata, en definitiva, de toda una tendencia propia de nuestra era que, como se desprende de lo anterior, incentiva una vez más la inagotable creatividad y astucia de las grandes empresas transnacionales y en paralelo pone a prueba a un poder regulador de los Estados cada vez más limitado frente a fenómenos que escapan a la ya obsoleta idea de un derecho puramente estatal.

En este sentido cabe señalar, junto con Daugareilh [8], que existe en la actualidad una dicotomía entre el contexto económico definido por la globalización de la economía y el contexto jurídico que continúa sin adaptarse fielmente a este nuevo orden internacional. Es por esta razón que, para intentar solucionar esta anomalía económico-jurídica, diversos organismos multilaterales e instituciones internacionales han proferido y han estimulado la adopción de ciertos instrumentos jurídicos no obligatorios, tendientes a moderar la actuación de las empresas multinacionales en este contexto de gran apertura. No obstante, debe tenerse en cuenta que dichos instrumentos son limitados, tanto por su naturaleza como por su campo de aplicación y alcance jurídico. Así entonces puede afirmarse, siguiendo a la mencionada autora, que las discusiones sobre los comportamientos empresariales socialmente responsables, dentro de los cuales habría que incluir las actuaciones de las empresas que «deslocalizan» sus procesos, constituyen una respuesta a la ausencia de regulación jurídica de las actividades de las empresas transnacionales en ciertos ámbitos, entre ellos el de los derechos humanos. Nos encontramos, entonces, frente a un ámbito propicio a la innovación jurídica en un contexto de globalización de la economía (Daugareilh, 2009).

Además de hacer evidente esta contrariedad, la deslocalización trae aparejado como efecto inmediato el hecho de que personas étnica y culturalmente diversas se vean en la necesidad de convivir en un mismo lugar y bajo las condiciones particulares propias de un centro de trabajo [9].

IV. A título de conclusión preliminar

Como bien explica Hernández, todas las personas jurídicas, incluyendo por supuesto las ETN, tienen la obligación de respetar las normas jurídicas so pena de sufrir sanciones, tanto a nivel nacional como a escala internacional en virtud de lo señalado en los instrumentos internacionales vigentes sobre diversas materias incluyendo los atinentes a derechos humanos. El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas en materia de derechos humanos, y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones a los mismos, queda consagrada en el Artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se encuentra afianzada en la doctrina y en numerosos convenios internacionales, especialmente en lo que refiere a la protección del medio ambiente. Por lo tanto -sostiene el mencionado autor citando a Galinsoga- la protección de los derechos humanos que ha sido concebida principalmente como una conquista de los individuos frente al poder del Estado debe verse potenciada y amplificada en la era de la globalización, pues las amenazas a éstos ahora no solo provienen de los abusos de poder del Estado, sino, paradójicamente, de sus limitaciones efectivas para cumplir con las funciones que le son propias (Hernández Zubizarreta, 2009, p. 267).

Entonces: «¿Las empresas violan los derechos humanos y deben ser sancionadas por eso? O ¿sería más prudente y riguroso seguir trillando el clásico enfoque de que las violaciones se caracterizan por la participación de los agentes del Estado?» Son algunas de las preguntas que formula Vanuchi para reafirmar la trascendencia actual que tiene la temática tratada (Vanuchi, 2017, p. 17).

Una de las conclusiones que se presentarán en el entregable final de la investigación a la cual pertenece este artículo, estará orientada a sustentar que, en el fondo, ambos interrogantes formulan y encierran sendos falsos dilemas, pues del hecho de que las empresas en efecto violen los derechos humanos y deban ser sancionadas por esto, no se sigue de ninguna manera la necesidad de excluir la responsabilidad del Estado, conforme a lo establecido en múltiples tratados internacionales. Por lo tanto, la imputación a las empresas de ciertas conductas atentatorias de derechos fundamentales de sus grupos de interés y la responsabilidad del Estado en esos mismos casos ya sea por acción (por ejemplo, al actuar en coordinación con la empresa) o por omisión (por ejemplo, al no haber regulado o supervisado las actuaciones empresariales que se tradujeron en dichas vulneraciones), no pueden ser vistas como cuestiones excluyentes.

Notas:

[1] Los dark pools son redes privadas en las que los inversores compran o venden acciones para que no se sepan sus intenciones y evitar cambios de valor de los títulos que les perjudiquen. Un 42% del volumen diario negociado en los mercados se realiza en esos dark pools. Con información de El País: https://elpais.com/economia/2017/11/03/actualidad/1509714366_037336.html y https://elpais.com/economia/2014/07/11/actualidad/1405073832_986507.html [consultados el 1.° de junio de 2018].

[2] Cada vez está más globalizada una forma específica de vestir, determinados tipos de música, específicas series de televisión y películas, en parte, gracias, a ETN que han extendido sus operaciones de marketing y comerciales alrededor del mundo.

[3] Stakeholders son aquellas personas o grupos de personas que, gracias a su poder, a la legitimidad o a la urgencia de sus requerimientos, pueden afectar el logro de los objetivos de una organización o son afectados por el logro de tales objetivos. Cfr. Botero Gómez (2015, pp. 65-70).

[4] El texto en el idioma original de la citada obra dice: «Over recent decades, globalisation has stirred up a number of positive and negative developments in national and international environments. An important feature of globalisation is the rise of the economic, social, cultural and political power of corporations. While corporate activies may positively contribute to the livelihoods of individuals, communities and societies, a number of allegations have been made that corporations have been involved in systematically violating human rights».

[5] De acuerdo con Naciones Unidas, la cadena de valor de una empresa está constituida por las actividades que convierten los insumos en productos mediante la adición de valor. Incluye a las entidades con las que mantiene una relación empresarial directa o indirecta y que bien: a) proporcionan productos o servicios que contribuyen a los propios productos o servicios de la empresa; o b) reciben productos o servicios de la empresa. Cfr. Organización De Naciones Unidas (2012, p. 10).

[6] Téngase en cuenta, a título de ejemplo, que en Argentina desde la década de los años 2000 se estableció que las empresas que ocupen a más de quinientos trabajadores tienen la obligación de elaborar anualmente un balance social de carácter público (llamado BRSA) en el que deben recoger información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa.

[7] En abril de 2014 se expidió por parte del Parlamento Europeo la nueva «Directiva sobre la divulgación de información no financiera y de diversidad para grandes empresas». En virtud de esta disposición que deberá ser integrada en las legislaciones internas de los países miembros en los siguientes dos años, las empresas con más de 500 empleados (aproximadamente 6.000), tendrán que revelar información sobre sus políticas, riesgos y resultados relacionados a los asuntos ambientales, sociales y relacionados con los empleados, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y la diversidad en los órganos de gestión y de supervisión.

[8] En este sentido, Green (2003, p. 77) sostiene también que la reconfiguración de las esferas de responsabilidad de las empresas «se ha desarrollado en gran medida como respuesta a la incapacidad, real o percibida, de la legislación, reglamentación y ejecución, para controlar y regular el impacto de las actividades de la empresa en las personas y el medio ambiente. También ha surgido conjuntamente con la reducción progresiva de las medidas de control y dominio de muchos gobiernos en todo el mundo».

[9] Valga señalar que este efecto no es resultado exclusivo de las maniobras de deslocalización, pues claramente también puede darse como resultado del natural proceso de expansión comercial de este tipo de organizaciones. Nos referimos en particular al primero de los escenarios, pues en éste se ven reforzadas una serie de condiciones sociales que acentúan la verticalidad propia de las relaciones laborales.

Bibliografía

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  • Calvo, Carmen (2017), «Dinamarca nombrará a un embajador ‘digital’», ABC, 27 de enero de 2017. Recuperado de: http://elordenmundial.com/2013/04/05/empresas-multinacionales/ [consultado el 17 de mayo de 2017].
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