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Los desafíos políticos y jurídicos de la globalidad

The Political and Legal Challenges of Globality

Les défis politiques et juridiques de la globalité

Palabras clave: globalidad, globalización, globalismo

Keywords: globality, globalization, globalism

Mots clés: globalité, globalisation, globalisme

Citar este artículo

Díez de Urdanivia, Xavier (2018). Los desafíos políticos y jurídicos de la globalidad. Derecho y Economía de la Integración n. 5, pp. 11-21. https://juri-dileyc.com/los-desafios-politicos-y-juridicos-de-la-globalidad/

Resumen

Hacia finales del siglo XX se produjo la revolución telemática, que generó efectos inusitados en la expansión de los sistemas sociales, los que dejaron de estar circunscritos a los espacios determinados por las fronteras estatales, para expandirse al ámbito mundial a través del fenómeno conocido generalmente como «globalización». La apariencia inmediata y la celeridad de los cambios en ese terreno han conducido a algunos a pensar que el origen y los principales efectos de la globalización son sólo de naturaleza económica porque ha sido en ese ámbito que primerio y de manera obvia se hizo notar el fenómeno.

Abstract

Towards the end of the 20th century there was a telematic revolution, which generated unusual effects in the expansion of social systems, which were no longer confined to the spaces determined by state borders, but expanded to the world level through the known phenomenon generally as «globalization». The immediate appearance and speed of the changes in this area have led some to think that the origin and the main effects of globalization are only of an economic nature because it was in this area that the phenomenon was first and obvious to be noted.

Résumé

Vers la fin du XXe siècle, une révolution télématique a produit des effets inhabituels dans l’expansion des systèmes sociaux, qui ne se limitaient plus aux espaces déterminés par les frontières étatiques, mais s’étendaient au niveau mondial à travers le phénomène connu généralement comme «mondialisation». L’apparition immédiate et la rapidité des changements dans ce domaine ont conduit certains à penser que l’origine et les principaux effets de la mondialisation ne sont que de nature économique car c’est dans ce domaine que le phénomène a été le premier et le plus évident.

I. Introducción

Hacia finales del siglo XX se produjo la revolución telemática, que generó efectos inusitados en la expansión de los sistemas sociales, los que dejaron de estar circunscritos a los espacios determinados por las fronteras estatales, para expandirse al ámbito mundial a través del fenómeno conocido generalmente como «globalización».

La apariencia inmediata y la celeridad de los cambios en ese terreno han conducido a algunos a pensar que el origen y los principales efectos de la globalización son sólo de naturaleza económica porque ha sido en ese ámbito que primerio y de manera obvia se hizo notar el fenómeno.

A pesar de ello, mi opinión, corroborada largamente con los hechos, es que, a pesar de ser el económico el aspecto más perceptible, no es el único, ni siquiera el más importante, puesto que también los ámbitos de las relaciones y los sistemas políticos y sociales se han visto afectados, y las estructuras jurídicas puestas en jaque, al grado de existir un vacío crítico en cuanto a la estructura jurídica del nuevo sistema global, básicamente porque no existe la previsión necesaria de órganos y procedimientos ad hoc para generar normas jurídicas aptas para regular válidamente ese ámbito, dado que el diseño del derecho internacional y las instituciones que a su amparo se han creado se ciñen a las relaciones entre los estados, y lo hace, por regla general, a partir de instrumentos convencionales.

Por razones de método, el presente trabajo se concentrará en los subsistemas político y jurídico, al considerar que si por sistema social se entiende un conjunto de interacciones personales -independientemente de su contenido, extensión o signo- en el que se entrelazan diversos factores físicos, ideológicos, psicológicos, históricos, culturales y de cualquier otro tipo que permitan la acción humana recíproca, cabe sin duda alguna hablar hoy en día de una sociedad global, dada la extensión y naturaleza de las relaciones que en ese nivel de extensión se dan.

«La realidad de los grupos sociales consiste a fin de cuentas en una red de interacciones…» afirma Luis Recasens Siches , y ese es un hecho bien acreditado hoy por hoy, mundialmente.

Para delinear apenas los contornos y vislumbrar el fondo de la cuestión planteada en este trabajo es necesario ubicarse en una perspectiva sistémica, porque sólo de esa manera será posible detectar los problemas estructurales del sistema social global en los subsistemas político y jurídico.

Es importante, por tanto, dejar sentado que por sistema se entiende aquí todo conjunto de elementos recíprocamente interdependientes, con fundamento en los conceptos de Ludwig von Bertalanffy (1984) y John P. van Gigch (1987).

Conviene destacar que es necesario distinguir entre los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Estos últimos, entre los que se encuentran los sistemas sociales, son aquellos que no son inmanentes, sino que, por el contrario, están insertos en un ambiente -compuesto también de sistemas- con el que está relacionado interactivamente. Esta característica en un elemento toral para entender el desempeño de los sistemas sociales en general y, entre ellos, los políticos y jurídicos, que no pueden ser válidamente estudiados, en consecuencia, de manera aislada.

Es de advertirse que, adicionalmente y con el propósito de precisar los conceptos básicos, se hará una breve referencia a las nociones de globalización, globalidad y globalismo, para proceder luego al examen de sus repercusiones en los sistemas sociopolíticos y normativos, a fin de demostrar cómo la globalización es un fenómeno integral que afecta no solo a los elementos económicos, sino también, y muy primordialmente, los elementos políticos y jurídicos.

II. Acerca de la globalidad, la globalización y el globalismo

Para mejor entender el fenómeno de la globalización, creo conveniente despojarlo de cargas ideológicas, efecto que, a mi juicio, logra bien Ulrich Beck (1998), quien propone, además, una distinción entre los conceptos de globalismo, globalidad y globalización que a la postre resultará muy útil.

Por globalismo entiende él «la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo». Por globalidad, el hecho de que «hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, que las distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de entremezclarse […] Por su parte, la globalización significa los procesos [sic] en virtud de los cuales los Estados nacionales se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios».

Atribuye este autor a la que él llama ideología del liberalismo un proceder monocausal y economicista, que reduce la pluridimensionalidad de la globalización a la dimensión económica, a la que, además y como agravante, considera de manera lineal y «pone sobre el tapete (cuando, y si es que, lo hace) todas las demás dimensiones -las globalizaciones ecológica, cultural, política y social- sólo para destacar el presunto predominio del sistema del mercado mundial», lo que ha ocasionado el desplazamiento de la política y el derecho, sus instrumentos, actores y fines, por la economía, o mejor dicho, por los nuevos actores económicos, quienes exigen, cada vez más activa y efectivamente, la supeditación de todas las otras estructuras a los fines propios de su particular afán, que sin importar las actividades diversas a que puedan dedicarse, no es otro, a fin de cuentas, que el animus lucrandi.

Beck (1998) concluye que «la singularidad del proceso de globalización radica (y radicará sin duda también en el futuro) en la ramificación, densidad y estabilidad de sus recíprocas redes de relaciones regionales-globales empíricamente comprobables y de su autodefinición de los medios de comunicación, así como de los espacios sociales y de las citadas corrientes icónicas [sic] en los planos cultural, político, económico [y] militar…», para continuar diciendo que «La sociedad mundial no es, pues, ninguna mega sociedad nacional que contenga -y resuelva en sí- todas las sociedades nacionales, sino un horizonte mundial caracterizado por la multiplicidad y la ausencia de integrabilidad (sic), y que sólo se abre cuando se produce y conserva en actividad y comunicación» (p. 31) [1].

Coincido con Beck en que, a la manera en que la revolución industrial originada en la máquina de vapor produjo las transformaciones sociales, económicas, políticas y hasta ideológicas características de la era industrial, la nueva revolución tecnológica ha detonado una reacción en cadena de transformaciones cualitativas en los sistemas sociales, cuyos alcances no son todavía vislumbrables en su expresión plena.

Es cierto que en la etapa inicial del proceso ha sido el sistema económico el más destacadamente activo y que los más beneficiados han sido en ella las grandes corporaciones transnacionales, pero no pueden pasarse por alto las múltiples muestras de transformación cultural, de integración de redes sociales, de inéditas tensiones políticas y de reacciones que en el nivel mundial suceden cotidianamente.

La globalización es una verdadera transformación de las sociedades mundiales, cuya expresión quizás más gráfica sea la dilución de las fronteras geográficas entre territorios sometidos al poder de los estados.

Se trata del nacimiento de una nueva cultura, de un nuevo modo generalizado de interactuar, de percibir los problemas como comunidad mundial, de reaccionar frente a ellos; se trata, en suma, de una nueva conciencia de pertenencia a una sociedad que ha trascendido todos los límites posibles.

La globalización, en su dimensión sociológica, cuenta con su propia lógica, sus propias dimensiones y sus particulares consecuencias.

Es así que por globalización es de entenderse el proceso generalizado que conduce a la configuración de un suprasistema abierto (la globalidad) que, en el nivel mundial, está a su vez compuesto de varios sistemas (económico, político, cultural) interactuantes todos entre sí, por lo que no puede ser estudiado alguno de ellos pasando por alto las repercusiones inevitables en los demás.

III. Efectos y desafíos políticos de la globalidad

En el proceso de globalización se ha propiciado la intensificación generalizada de las relaciones entre los seres humanos, borrando fronteras para casi todo efecto práctico y abriendo cauces inéditos a las comunicaciones entre los individuos, los grupos, las culturas y también entre las instituciones, que no son otra cosa que redes de relaciones.

Con ese fin es necesario discernir las características de todo sistema político, con apoyo en referencias inevitables a los sistemas que componen su ambiente, como lo hace David Easton (1996), quien propone las siguientes cuatro premisas generales para fundar el análisis político-sistémico:

a) Es útil -dice- considerar la vida política como sistema de conducta.

b) Todo sistema se puede distinguir de su ambiente, pero está abierto a influencias procedentes de él.

c) Las variaciones producidas en los procesos y estructuras internos de un sistema político pueden ser interpretados por los miembros del sistema como esfuerzos alternativos constructivos o positivos para regular o enfrentar las tensiones, no importa si proceden de fuentes internas o de ambientales.

d) Un sistema político es capaz de subsistir ante una tensión, en función de la información y demás influencias que retroalimentan a los actores de aquél y a quienes en él toman las decisiones (pp. 47 y ss).

Agrega que un sistema se forma cuando las interacciones que lo forman mantienen entre sí una cohesión natural, que es precisamente lo que ha ocurrido tras los intensos procesos de globalización sufridos por los sistemas sociales, y sus subsistemas, en las décadas recientes.

Puede afirmarse, por tanto, según lo hace Easton, que «…la naturaleza nos proporciona conjuntos de acciones interdependientes tales que cualquier cambio que se produzca en un lugar afectará probablemente lo que ocurra en otra parte. Sólo se incluirán dentro de un sistema las acciones que revelen coherencia y unidad o constituyan un todo».

En otros términos, para definir un sistema político es necesario atender al conjunto de actividades que en verdad interesan para la comprensión de los problemas teóricos que plantea un fenómeno concreto de esa naturaleza, desechando aquellas que sean fútiles. Ello se consigue, dice el autor aludido, cuando «las partes escogidas de la vida política sean relevantes, muestren algún grado de interdependencia y parezcan tener un destino común».

De acuerdo con la proposición de Easton, serán consideradas aquí políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores para una sociedad, donde se entiende por autoritaria la orientación hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados, acción que claramente denota su vinculación con la noción de poder, y es evidente que el poder que la tradición de los últimos cuatro siglos había hecho descansar en el estado, ha transitado hacia nuevos centros de poder estrictamente globales.

Por esa razón estimo atendible, aunque con alguna reserva, la opinión de Jessica Baños Poo (2002): «Hoy en día, aun cuando los Estados-nación siguen siendo los actores centrales en la toma de decisiones en el ámbito internacional, éstos han tenido que transferir amplios poderes hacia otras esferas. Por una parte, el surgimiento de organizaciones supranacionales ha derivado en la transferencia, hacia arriba, de algunos poderes que antes eran considerados estatales. Los Estados han tenido que aceptar que decisiones que antes eran materia de soberanía estatal, sean hoy tomadas por organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea (UE), la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras (además de que) el crecimiento del comercio mundial, aparejado al aumento de poder de las empresas transnacionales y del mercado financiero mundial (lo que ha) transformado el ámbito de decisión estatal…» (p. 25).

Esa dilución del poder soberano es un factor que mucho influye en la obsolescencia del sistema imperante, pero creo que más importante resulta la transformación -no sólo el desplazamiento- del poder político, que hoy es global y reside en centros diversos del estado, su tradicional detentador durante los últimos trescientos años.

Ya el viejo paradigma moderno del estado como estructura político jurídica apta para mantener una estructura social coherente y perdurable ha entrado en crisis, por lo que se hace necesario sustituirlo por uno que responda a la nueva circunstancia del mundo.

¿Cómo diseñarlo para que sea a un tiempo eficaz, legítimo y democrático?

En todo caso, la nueva estructura global tendrá que responder al reto de someter el poder mundial al derecho, y conforme a él ordenar su funcionamiento, para contener sus inevitables tendencias hacia el avance hegemónico y orientarlo en pos de la recuperación de la legitimidad perdida en el horizonte de la circunstancia emergente. Qué se requiere para ello es materia de la que se ocupará el epígrafe subsiguiente. El cómo, será abordado en el capítulo postrero, que no contiene propuesta alguna que pretenda ser tajante y definitiva, sino ofrecer una salida, sobre todo metodológica, al intrincado complejo de problemas con que el contexto político de nuestros días desafía a la creatividad y el talento de los seres humanos, en la teoría y en la práctica.

IV. Efectos y desafíos jurídicos de la globalidad

Cuando en el contexto global se han diluido los linderos en que la capacidad estatal fue suficiente para garantizar un razonable control de los espacios por él abarcados, sobre todo como garante del interés general dentro de sí mismo, ese efecto estabilizador de las relaciones entre los estados -condición sine qua non para la existencia de un orden internacional que de verdad lo sea- desaparece también, y con él la posibilidad, ontológica y deontológicamente hablando, de generar un orden jurídico legítimo y eficaz.

Hasta hoy, la conjunción de los elementos políticos y jurídicos se había presentado de una manera indisoluble, como expresión de una interacción insoslayable entre subsistemas abiertos que no pueden concebirse unos sin los otros.

En cualquier construcción teórica que tenga al estado como base de reflexión, el derecho es una expresión de voluntad imperativa que tiene por función garantizar que los integrantes de un grupo social adoptarán las conductas, individuales y colectivas, predeterminadas por el orden jurídico en vista de los valores prevalentes en un grupo social determinado.

Eso implica varios supuestos: en primer lugar, es necesario que exista un grupo social cuyos perfiles de unidad aporten un cierto grado de identidad que lo haga distinto de otros, en el que las estructuras de vida colectiva sean congruentes con los propios rasgos grupales; en y sobre esa base social, han de existir valores que sean también congruentes con la identidad del grupo, compartidos en su esencia por todos los integrantes de él, de tal manera que orienten en su seno, armónicamente y de la manera más extendida, los comportamientos de todos.

Para que esa vía de estructuración social sea efectiva, hace falta que exista un poder social suficientemente arraigado y ampliamente aceptado, capaz, en primer lugar, de expresar esa voluntad colectiva y, en segundo, de imponerla coactivamente, de tal manera que confiera solidez al concierto de conductas socialmente relevantes en el seno del grupo.

En el estado, esos presupuestos lógicos son detectables con relativa facilidad. En un contexto supraestatal, en el que inclusive el esquema de ordenación denominado internacional ha sido rebasado, encontrar respuestas a las interrogantes planteadas por la nueva circunstancia no es tarea fácil.

¿Cómo definir en tales circunstancias los desafíos que se enfrentan globalmente en materia política y también en materia jurídica?

En el fondo y en última instancia, el problema más grave será siempre el de la legitimidad en el acceso y ejercicio del poder, uno que pueda ser construido a partir de los principios de la democracia y salvaguarda de un interés general que no puede, a mi juicio, sino ser definido por la conjunción de las libertades individuales de todos los habitantes del mundo, en un sistema que garantice la armonía de todas ellas.

Hace falta aquello que Elena García Guitián (2003) llama gobernanza global, es decir, el resultado del conjunto de interacciones que tiene lugar por la confluencia de actores políticos, misma que «describe el sistema de coordinación política (formal e informal) que se da en diferentes niveles (desde lo local a lo global), entre autoridades públicas (Estados y organizaciones gubernamentales internacionales) y agentes privados que intentan cooperar para obtener metas comunes o solucionar problemas colectivos», con el resultado de «un proceso irreversible en el que la autoridad cada vez aparece más desagregada, y ello da lugar a un sistema de gobernanza global compuesto por múltiples centros de autoridad situados en cada esquina del mundo y en cada nivel de la comunidad» (p. 482).

Un sistema así se caracteriza por la multiplicidad de niveles de agregación sistémica (organismos supraestatales, regionales, los estados, la sociedad civil y las entidades subestatales, como las provincias, los ayuntamientos, etc.); por ser poliárquico o pluralista; contar con una geometría variable (determinada por las cambiantes relevancia de política y capacidad reguladora de esas instancias, mudable según las materias de que se ocupen y el lugar en que ello ocurra), además de una gran complejidad estructural y un crecimiento constante del papel que juegan los gobiernos estatales como lugares estratégicos para unir todas esas diversas infraestructuras de gobierno y legitimar su actuación.

Ella llama al sistema nacido de esa interacción demarquía, que «desde la desconfianza hacia cualquier intento de diseñar una estructura de poder mundial que reproduzca el modelo estatal ante el riesgo de ser instrumentalizada por las potencias mundiales en su beneficio […] propone un modelo de democracia funcional descentralizado».

Su idea contiene aspectos que creo positivos, aunque no se comparta la perspectiva que apunta hacia autoridades mundiales especializadas «que tratarían problemas concretos y operarían como foros de discusión ciudadana», a los que denomina comités demárquicos.

Creo pertinente en este momento retomar la idea de la legitimidad del poder -y se verá claramente una interacción sistémica insoslayable- pues él descansa, en mi opinión, en tres soportes, también interactivos: el interés general (al que algunos se refieren como «bien común»), la democracia y el orden jurídico, cuya validez y eficacia son imposibles de alcanzar en un ámbito rigurosamente global.

¿Qué hacer para, cuando menos, enderezar la proa hacia ese horizonte?

La respuesta no es fácil, pero creo que en lo estructural, una relectura de Kant ayudaría mucho, porque en La paz perpetua, anticipó ya, con gran visión, la necesidad de integrar, federativamente y en el nivel mundial, una federación de naciones -que no necesariamente de «estados»- sin pretender absurdo alguno como un «gobierno mundial», sino una conjunción en la que cada nación fuera capaz de gobernarse a sí misma y darse su propio derecho, en armonía y con pleno respeto de los valores universales.

Ello naturalmente plantea cuestiones de orden técnico, especialmente para el sistema jurídico, que no será fácil -pero tampoco imposible- resolver, como son, por ejemplo, los mecanismos integradores de los órganos decisorios, el funcionamiento de éstos, la participación social en el proceso de toma de las decisiones o su aprobación, el establecimiento de mecanismos de responsabilidad pública y rendición de cuentas, etc.

Inclusive hay que considerar que hay niveles de actuación política -los más próximos a los ciudadanos- en los que podrían adoptarse sistemas de democracia directa, en los que la participación de ellos sin intermediaciones es cada día más accesible gracias a los medios electrónicos de telecomunicación, aunque en este caso no hay que perder de vista que una de las funciones primordiales -y una de sus virtudes, si bien se cuida- es que la representación permite la integración de órganos capaces de allegarse información suficiente, cualitativa y cuantitativamente, para mejor proveer a las decisiones que haya que tomar, además de que permite, al dar tiempo para la discusión y el diálogo, un nivel de reflexión compartida idealmente mayor.

La necesidad de un orden jurídico estructurador del sistema democrático que reclama como timbre específico del sistema político global es, por lo tanto, palmaria.

No bastaría atender nada más a la instauración de una democracia ajena al interés general y ayuna de juridicidad para resolver el problema.

Por todo lo anterior puede constatarse que la relación entre el poder, su legitimidad y el derecho, es indisoluble, aunque se trate de sistemas diversos, pues ellos no sólo no son sistemas cerrados, sino que están abiertos uno respecto del otro, con gran intensidad de intercambios mutuos.

V. Reflexión final (a manera de conclusión)

Si el sistema político tiene por función primordial la preservación de los valores colectivos y al sistema jurídico le corresponde fijarlos objetivamente a través de las normas, que son, en sustancia, una expresión de voluntad imperativa y coercible, la vinculación íntima entre ambos es inconcusa.

Contemplada desde una perspectiva exclusivamente jurídica, la expresión estado de derecho se antoja tautológica, o cuando menos reiterativa.

Desde el sistema político, en cambio, el derecho es visto como un instrumento que posibilita la realización de actividades y la obtención de fines políticos.

En otros términos, el sistema político requiere imprescindiblemente del jurídico para mantener la validez de los actos políticos, a la vez que puede ser modificada, en tiempo y forma, mediante impulsos políticos.

Por eso Luhmann (2001) atribuye a la validez jurídica -junto con el dinero proveniente del sistema económico- el carácter de condición de posibilidad más importante de hacer política. «Si uno eliminara del pensamiento esta condición, entonces se derrumbaría la política como sistema […] La política debe la poderosa expansión del campo de sus posibilidades, al derecho y al dinero».

De tal manera, «el sistema político se beneficia con el hecho de que en otra parte (en el derecho) se encuentra codificada y administrada la diferencia entre lo que es conforme a derecho y lo discrepante. A la inversa, el sistema jurídico se beneficia con el hecho de que la paz -la diferencia de poderes claramente establecida y el hecho de que las decisiones se puedan imponer por la fuerza- está asegurada en otra parte: en el sistema político» (p. 36); hay entre ambos una relación parasitaria, en el sentido de que uno y otro cuentan con posibilidades de crecer gracias a la fuerza, externa de sí, proveniente del sistema complementario.

La existencia de un sistema político mundial, en términos generales conformado y guiado por la evidente pretensión de imponer valores supeditados al elemento económico, se ha hecho incapaz de encontrar la necesaria legitimidad que, para decirlo con palabras de Francesc de Carreras Serra (1996), no es otra cosa que «asegurar la libertad y la igualdad del hombre o, dicho con más precisión, garantizar la ‘igual libertad’ de todos los hombres» (p. 4).

La que Held (1966) llama democracia cosmopolita pretende la creación de nuevas instituciones políticas, que puedan coexistir con el sistema basado en los estados, pero de tal manera que se ubique en un plano supraestatal, con una clara definición de esferas de actividad, en la que tales esferas cuenten con un demostrable carácter transnacional o internacional por sus consecuencias. Se trata, en principio, de la construcción de vías más amplias de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión en los niveles regional y global, y no simplemente de nuevas instituciones democráticas (pp. 354 y ss).

Todo ello sin olvidar que la sustancia democrática de que deben estar insufladas las instituciones y orientada la conducta de los actores es, sin duda, la garantía de esas «libertades» iguales a que se refirió Carreras.

La construcción del sistema jurídico idóneo requerirá, en todo caso, de contar con cualidades que lo hagan factible en términos prácticos, lo que significa que deben existir medidas que, siendo susceptibles de llevarse a la práctica, garanticen la coercibilidad sin la que el derecho es entelequia, al tiempo en que ofrezcan garantías y recursos viables y accesibles para que las personas, sin más limitaciones que las legítimamente impuestas, puedan hacer valer sus derechos ante y contra los órganos del poder.

Para concluir, vale decir con Pedro De Vega García (1998) que «si bien sin libertad no cabe hablar de democracia, sin democracia -como supuesto estructural y político de la libertad- no cabe tampoco hablar de libertad».

Ninguna de ellas, ni la legitimidad a la que le son indispensables, es viable sin un orden jurídico que estructure el sistema social que las prohíje y estimule, al mismo tiempo que proporcione coherencia, estabilidad, certidumbre y justicia al nuevo orden mundial.

Notas:

[1] El texto que se ha citado y se tiene a la vista dice irrevisable, cuando que por el sentido contextual debe entenderse, como ha quedado asentado, irreversible. Es, según parece, un error de traducción.

Bibliografía

  • Baños Poo, Jessica (2002), «Las nuevas estructuras transnacionales y el problema de la justicia global», Revista Internacional de Filosofía Política, n.° 20, Madrid: UNED, pp. 25-44.
  • Beck, Ulrich (1998), ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (traducción de Bernardo Moreno y Ma. Rosa Borrás), Barcelona: Paidós, 226 p.
  • Bertalanffy, Ludwig von (1984), Teoría General de los Sistemas (traducción de Juan Almela), 4ª reimpresión de la primera edición, México: Fondo de Cultura Económica, 356 p.
  • Carreras Serra, Francesc de (1996), El Estado de Derecho como sistema, Cuadernos y debates, serie minor, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 26 p.
  • De Vega García, Pedro (1998), «Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual», Revista de Estudios Políticos, n.° 100, Madrid, pp. 13-56.
  • Easton, David (1996), Esquema para el análisis político, 7ª reimpresión de la primera edición en castellano (1969), Buenos Aires: Amorrortu editores, 192 p.
  • García Guitián, Elena (2003), «Sociedad transnacional y democracia cosmopolita», en Aurelio Arteta, Elena García Guitián y Ramón Máiz (editores), Teoría política: poder, moral, democracia, Madrid: Alianza Editorial, pp. 478-487.
  • Gigch, John P. Van (1993), Teoría General de Sistemas, 3ª reimpresión de la segunda edición en español (1987), México: Trillas.
  • Held, David (1966), Models of Democracy, 2ª edición, Stanford: Stanford University Press, 400 p.
  • Kant, Manuel (2000), La paz perpetua (traducción de F. Rivera Pastor), reimpresión de la 1ª edición (1972), Colección «Sepan Cuantos…», México: Porrúa.
  • Luhmann, Niklas (2001), Poder, política y derecho (traducción de Javier Torres Nafarrete), Metapolítica, Vol. 5, n.° 20, México.