Mercados nacionales de suministro de gas: anulación de una Decisión de la Comisión que desestima la denuncia presentada por un mayorista polaco

by Redacción Juri-Dileyc

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Feb 2, 2022

El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión que desestima la denuncia presentada por un mayorista polaco.
La Comisión no respetó los derechos procedimentales que ostentaba el referido mayorista polaco en el marco del procedimiento que dio lugar a esa Decisión.

Tribunal General, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisión, 2 de febrero de 2022, as. T-399/19

Competencia, Abuso de posición dominante, Mercados de gas de Europa central y oriental

Entre 2011 y 2015, la Comisión Europea adoptó varias medidas para investigar el funcionamiento de los mercados del gas en Europa central y oriental. En ese contexto, incoó una investigación frente a Gazprom PJSC y Gazprom export LLC (en lo sucesivo, conjuntamente, «Gazprom») respecto al suministro de gas en ocho Estados miembros, a saber, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Eslovaquia (en lo sucesivo, «países afectados»).

El 22 de abril de 2015, la Comisión envió un pliego de cargos a Gazprom, reprochándole que abusaba de su posición dominante en los mercados nacionales de suministro de gas al por mayor en sentido ascendente en los países afectados con el fin de impedir la libre circulación de gas, infringiendo el artículo 102 TFUE, que prohíbe tales abusos.

En el pliego de cargos, la Comisión consideró, en particular, que Gazprom había supeditado sus suministros de gas en Polonia a la obtención de determinadas garantías relativas a las infraestructuras de transporte de gas. Tales garantías se referían a la aceptación, por parte de la demandante, el mayorista polaco Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., del refuerzo del control de Gazprom en la gestión de las inversiones en el tramo polaco del gasoducto Yamal, uno de los principales gasoductos de tránsito en Polonia (en lo sucesivo, «imputaciones Yamal»).

Mediante Decisión de 24 de mayo de 2018, la Comisión aprobó y convirtió en obligatorios los compromisos presentados por Gazprom con el fin de responder a las inquietudes de la Comisión en materia de competencia y dio por cerrado el procedimiento administrativo en este asunto.

En paralelo a ese procedimiento, la demandante presentó una denuncia el 9 de marzo de 2017 en la que denunciaba prácticas abusivas de Gazprom, que se solapaban, en gran medida, con las preocupaciones expresadas por la Comisión en el pliego de cargos. La citada denuncia incluía alegaciones conforme a las cuales Gazprom había supeditado, en el contexto de un déficit de suministro sufrida por la demandante en 2009 y 2010, la celebración de un contrato de suministro de cantidades de gas adicionales a requisitos que pretendían en particular reforzar su influencia sobre la gestión del tramo polaco del gasoducto Yamal (en lo sucesivo, «alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura»). Estas últimas alegaciones denunciaban, en parte, prácticas similares a las recogidas en las imputaciones Yamal.

El 23 de enero de 2018, la Comisión indicó por escrito a la demandante que tenía previsto desestimar la denuncia y le instó a dar a conocer su punto de vista en un plazo de cuatro semanas («carta de intenciones de desestimación»). Mediante Decisión de 17 de abril de 2019 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión desestimó la denuncia interpuesta por la demandante.

En el marco de su examen de las alegaciones, la Comisión distinguió las alegaciones de la denuncia que correspondían a las inquietudes en materia de competencia cubiertas por los compromisos de Gazprom de las demás alegaciones formuladas en la denuncia y, por lo que respecta a la segunda categoría de alegaciones, rechazó, en particular, las alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura.

La demandante interpuso un recurso de anulación contra la Decisión impugnada, que ha sido estimado por la Sala Octava ampliada del Tribunal General.

Apreciación del Tribunal General

El Tribunal General examina en primer lugar las alegaciones de la demandante que reprochan a la Comisión haber vulnerado su derecho a ser oída e informada en el marco del procedimiento administrativo incoado a raíz de su denuncia.

A este respecto, el Tribunal General recuerda ante todo que, conforme al tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 773/2004, cuando la Comisión considere que, sobre la base de la información que obra en su poder, no hay motivos suficientes para instruir una denuncia, informará al denunciante de sus razones y fijará un plazo en el que este podrá formular sus observaciones por escrito.

En la carta de intenciones de desestimación remitida a la demandante en virtud de dicha disposición, la Comisión había considerado, en particular, que no había motivos suficientes para investigar con mayor profundidad las alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura, debido a la escasa probabilidad de demostrar la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE por parte de Gazprom. Tal conclusión provisional se basaba en dos justificaciones, a saber, por una parte, la decisión de la Urząd Regulacji Energetyki (Oficina reguladora de la energía polaca) que certifica al gestor del tramo polaco del gasoducto Yamal, Gaz-System S. A., como gestor de red independiente (en lo sucesivo, «Decisión de certificación») y, por otra parte, el «contexto intergubernamental» de las relaciones entre la República de Polonia y la Federación de Rusia en materia de gas.

Sin embargo, si bien, en la Decisión impugnada, la Comisión retomó la referencia a la Decisión de certificación como justificación del apoyo a su conclusión respecto a la escasa probabilidad de demostrar una infracción en relación con las alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura, introdujo también una referencia a la excepción denominada de la acción estatal como segunda justificación.

En este sentido, el Tribunal General recuerda que la excepción de la acción estatal, que ha de aplicarse de forma restrictiva, permite excluir un comportamiento contrario a la competencia del ámbito de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE cuando dicho comportamiento viene impuesto a las empresas de que se trate por una legislación nacional, por un marco jurídico creado por dicha legislación o incluso por presiones irresistibles ejercidas por las autoridades nacionales.

Pues bien, el Tribunal General constata que esa excepción no aparece en las consideraciones pertinentes de la carta de intenciones de desestimación que precedió a la Decisión impugnada. Habida cuenta del carácter particular, exoneratorio de responsabilidad, de la excepción de la acción estatal y del hecho de que la jurisprudencia no ha reconocido su aplicación en caso de coacción estatal ejercida por un Estado tercero, la Comisión, para permitir a la demandante ser oída oportunamente a este respecto, debería haber indicado expresamente, en la carta de intenciones de desestimación, que su apreciación provisional se basaba en un posible supuesto de aplicación de dicha excepción. Según el Tribunal General, la Comisión no puede esperar que la demandante deduzca esta justificación de forma implícita de los elementos expuestos en dicha carta.

Por ello, al no proporcionar esa información en la carta de intenciones de desestimación, la Comisión infringió su obligación de información frente a la demandante en virtud del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 773/2004. Además, a la luz de los datos obrantes en autos, el Tribunal General considera que, de no haberse producido la infracción del Reglamento n.º 773/2004, la Decisión impugnada habría podido tener un contenido diferente por lo que respecta a la justificación basada en la excepción de la acción estatal, de modo que esa infracción conlleva la anulación de la referida Decisión.

No obstante, tal anulación solo estaría justificada si la otra justificación recogida en la Decisión impugnada, vinculada a la Decisión de certificación, no sirve de base a la conclusión de la Comisión respecto a la escasa probabilidad de probar una infracción por parte de Gazprom en relación con las alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura.

A este respecto y en segundo lugar, el Tribunal General declara, por una parte, que la Comisión no podía atribuir una importancia decisiva a dicha Decisión de certificación sin tener en cuenta el hecho de que la parte dispositiva de dicha Decisión exigía que la explotación de las estaciones de compresión y medición situadas en el tramo polaco del gasoducto Yamal, llevada a cabo por una sociedad de propiedad común de la demandante y de Gazprom, fuera transmitida a Gaz-System y sin tener en cuenta las circunstancias que rodeaban la falta de dicha transmisión.

Por otra parte, el Tribunal General señala que, haciendo uso de las constataciones y apreciaciones que figuran en la Decisión de certificación relativas a las inversiones en el tramo polaco del gasoducto Yamal, la Comisión redujo las alegaciones expuestas en la denuncia únicamente al alcance de las imputaciones Yamal expuestas en el pliego de cargos, pese a que las prácticas en cuestión eran de naturalezas diferentes y excedían la cuestión de las inversiones.

Por tanto, el Tribunal General considera que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al hacer referencia a la Decisión de certificación para apoyar su conclusión relativa a la escasa probabilidad de demostrar una infracción de Gazprom del artículo 102 TFUE en relación con las alegaciones relativas a los requisitos en materia de infraestructura.

Como consecuencia de ese error manifiesto de apreciación y de la previa declaración de una infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 773/2004, en la medida en que la Comisión no respetó su obligación de informar a la demandante en lo que respecta a la justificación basada en la excepción de acción estatal, el Tribunal General anula la Decisión impugnada.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 22/2022

Texto completo de la sentencia

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