Propuesta de Iniciativa Ciudadana “Minority SafePack” (C-899/19)

by Redacción Juri-Dileyc

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Ene 20, 2022

El Tribunal confirma la decisión de la Comisión de registrar la propuesta de iniciativa ciudadana europea “Minority SafePack – un millón de firmas por la diversidad en Europa”.
El Tribunal General no incurrió en error de Derecho al sostener que el respeto de los derechos de las minorías y el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, como valores y objetivos de la Unión, deben tenerse en cuenta en las actuaciones de la Unión en los ámbitos cubiertos por la presente propuesta.

TJUE, Rumanía/Comisión, 20 de enero de 2022, as. C-899/19

Iniciativa ciudadana, Reglamento (UE) n.º 211/2011, Registro de una propuesta de iniciativa ciudadana

Según el Tratado de la UE, en el marco de una Iniciativa Ciudadana Europea (en lo sucesivo, “ICE”), los ciudadanos de la Unión, que suman al menos un millón, nacionales de una cuarta parte de los Estados miembros, pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión proponer al legislador de la Unión la adopción de un acto jurídico a efectos de la aplicación de los Tratados. Antes de que puedan comenzar a recopilar el número requerido de firmas, los organizadores de la ICE deben registrarla ante la Comisión, que revisa su propósito y objetivos. La Comisión podrá denegar el registro de la ICE, en particular cuando el objeto de esta última claramente no sea de su competencia.

El 15 de julio de 2013, un comité de ciudadanos presentó una propuesta de ICE a la Comisión titulada “Minority SafePack – Un millón de firmas para la diversidad en Europa”. Esta ICE tiene como objetivo invitar a la Unión a mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y fortalecer la diversidad cultural y lingüística en la Unión mediante la adopción de una serie de actos legislativos.

Mediante decisión de 13 de septiembre de 2013, la Comisión denegó el registro de la propuesta de ICE por considerar que excedía manifiestamente el ámbito de sus competencias para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión.

Los organizadores de la ICE impugnaron la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea que, en su sentencia de 3 de febrero de 2017, anuló esta decisión por falta de motivación de la Comisión. A raíz de esta sentencia, la Comisión registró parcialmente esta ICE mediante decisión de 29 de marzo de 2017 (en adelante, la “decisión impugnada”).

El 28 de junio de 2017, Rumanía interpuso un recurso de anulación de la Decisión impugnada. Mediante sentencia de 24 de septiembre de 2019, el Tribunal General desestimó su recurso. Rumanía recurrió ante el Tribunal de Justicia. Según Rumanía, el Tribunal General se equivocó al interpretar las disposiciones de los Tratados relativas a las competencias de la Unión y a la obligación de motivación de la Comisión. También alega que el Tribunal General cometió irregularidades procesales durante la fase oral del procedimiento.

En la sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que una propuesta de ICE debe ser registrada por la Comisión, siempre que “no quede manifiestamente fuera del marco de las competencias de la Comisión en virtud de las cuales puede presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados”.

El Tribunal de Justicia también observa que, contrariamente a lo que sostiene Rumanía, el Tribunal General ni equiparó los valores en los que se basa la Unión con los objetivos específicos de la Unión que le permiten realizar actos jurídicos ni amplió los poderes de esta última hasta el punto de considerar que podría adoptar actos jurídicos, sin fundamento jurídico, con el objetivo de asegurar el respeto a los valores de la Unión. De hecho, sostuvo, sin incurrir en error de derecho, que, siempre que estén válidamente fundados en una base legal, los actos de la Unión también pueden buscar el respeto de los valores de la Unión, tales como el respeto a los derechos de las minorías, así como la diversidad cultural y lingüística.

En cuanto a la obligación de motivación que incumbe a la Comisión, el Tribunal señala que debe apreciarse a la luz de las circunstancias del caso, que debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trata y mostrar de forma clara y de manera inequívoca el razonamiento de la institución autora del acto, a fin de que los interesados ​​puedan conocer las justificaciones de la medida adoptada y el tribunal competente para ejercer su control.

A este respecto, el Tribunal considera que la motivación de la decisión impugnada permitió a Rumanía conocer las razones por las que la Comisión consideró que la propuesta de ICE no estaba manifiestamente fuera de su competencia y al Tribunal de la Unión ejercer su control sobre dicha decisión.

En cuanto a las irregularidades procesales presuntamente cometidas durante la fase oral del proceso, la Corte recuerda que el principio contradictorio implica, como regla general, el derecho de las partes en un juicio a pronunciarse sobre los hechos y documentos en que se fundará una decisión judicial, así como para discutir las pruebas y observaciones presentadas ante el juez y los fundamentos de derecho invocados de oficio por el juez. De hecho, para cumplir con los requisitos vinculados al derecho a un juicio justo, es importante que las partes puedan debatir tanto los elementos de hecho como los elementos de derecho que son decisivos para el resultado del procedimiento.

El Tribunal de Justicia señala a este respecto que el Tribunal General se pronunció exclusivamente sobre los motivos invocados por Rumanía, que las partes pudieron oponerse entre sí durante las fases escrita y oral del procedimiento ante el Tribunal General. Por lo tanto, no se puede reprochar al Tribunal haber desconocido el principio contradictorio en la medida en que no formuló preguntas específicas sobre cada uno de los argumentos expuestos. Además, Rumanía no ha identificado ningún elemento esencial a efectos del resultado del procedimiento del que no hubiera podido tener conocimiento y sobre el que no hubiera podido tomar posición ni en la fase escrita ni en la fase oral del procedimiento ante la Corte.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 9/2022
(Traducción no oficial – Redacción Juri-Dileyc)

Texto completo de la sentencia (francés)

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