(*) La versión española de esta recensión fue corregida por Roxana Balaur.

I. ANÁLISIS

El volumen «Construcción del Derecho Privado en la Unión Europea. Sujetos y Relaciones Jurídicas» hace una valiosa contribución a la literatura sobre el programa de integración en la Unión Europea (en adelante UE).

En Europa, a causa de la profunda relación entre el ordenamiento de la UE y el de los Estados miembros, el programa de integración europea se lleva a cabo a través de instrumentos jurídicos capaces de producir efectos vinculantes en los ordenamientos de los países miembros, pero el autor ofrece ensayos tópicos y perspicaces sobre la experiencia de los instrumentos propios del derecho privado con aspectos de la integración.

La importancia de este libro reside en su exhaustividad: ofrece una visión muy detallada de las teorías, las instituciones, los procesos y las políticas de integración regional en la UE y, al mismo tiempo, intenta exponer las causas profundas de la realidad actual del proceso de integración europea que últimamente se realiza también mediante el recurso a los instrumentos propios del derecho privado.

La integración regional es una política que, como tal, persigue objetivos específicos y determinados y se encuentra, necesariamente, dotada de instrumentos propios. Entre estos, naturalmente, se incluyen los de naturaleza jurídica que regulan el proceso de integración. Dichas leyes en su esencia están constituidas por el conjunto de reglas que prevén y que rigen las estructuras institucionales de las áreas integradas. La naturaleza de este tipo de leyes es convencional o de derecho internacional. A ellas se unen leyes de derecho derivado, dictadas por los órganos pertenecientes a los respectivos sistemas institucionales que componen el organismo supranacional.

En la UE, los instrumentos de derecho privado, que históricamente nacieron para regular las relaciones interpersonales, están convirtiéndose en medios para la realización de políticas de integración regional. Estos permiten alcanzar de manera eficaz los fines establecidos por la política, integrando y completando los dispositivos tradicionales de las políticas públicas de integración regional. El derecho privado de la UE se ha convertido – o se está convirtiendo cada vez más – en un instrumento capaz de acelerar los procesos de integración regional.

El libro pretende trazar «la integración jurídica que supone la organización supranacional», y explicar cómo «está sirviendo para modificar las mismas nociones y toda la sistemática del Derecho privado en Europa (…)». Al mismo tiempo pretende «analizar la influencia que tiene la integración jurídica comunitaria sobre los derechos y los distintos estatus de las personas» (p. 9).

El libro se divide en siete capítulos.

La Introducción es dedicada casi exclusivamente a las «Permanencias», constantes éticas inigualables de la historia del derecho, que representan la superposición entre los derechos civiles permanentes y las diversas culturas éticas (p. 15). «Las permanencias, entendidas como principios, incluyen conceptos como la protección de los derechos (tanto patrimoniales como no patrimoniales) de la persona, la prohibición del abuso del derecho, el equilibrio de la transmisión de los elementos del patrimonio, la prohibición de la lesión de la esfera jurídica de los demás, la protección de los débiles» (PALAZZO, 2008).

Si bien en el pasado solo las normas del derecho privado establecían estos principios, ahora, la función fundamental de las permanencias se observa también en procesos de integración supraregional. En la UE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, «se hace referencia a las permanencias en el Tratado de Roma, que, en su versión modificada por el Tratado de Lisboa, en el art. 2 dice que la UE se funda sobre los valores comunes de los Estados miembros. Las normas comunitarias hacen frecuentemente referencia a los principios de los derechos comunes a los Estados miembros (como en la disciplina de la responsabilidad no contractual, art. 340 Tratado UE). El Tribunal de Justicia a menudo se refiere a la tradición jurídica europea común en sus argumentos» (PALAZZO, 2008).

El primer capítulo que, sin duda, representa el mayor valor añadido del libro, contiene un espectro de contribuciones en profundidad sobre las relaciones y la valorización del derecho privado como instrumento de integración regional (p. 33).

Al hablar de Derecho privado general, lo que se quiere decir es que el Derecho civil de la UE comprende solamente aquellas disposiciones que tengan este carácter. Excluyendo, por tanto, el Derecho comunitario público y el Derecho comunitario especial. Se habla de Derecho civil de la UE porque ese tiene una doble naturaleza: sigue siendo Derecho comunitario en cuanto a sus principios e interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) y, al mismo tiempo, es Derecho civil, por cuanto que su materia o contenido pertenece a este área. El Derecho civil de la UE es parte del acervo comunitario, incluso cuando pasa a integrarse en los ordenamientos jurídicos de los países miembros.

El Derecho civil de la UE comprende todas las normas emanadas de las Instituciones de la Unión con competencia legislativa para regular el Derecho privado general. Estas normas pueden referirse a la persona en su mismidad y en los derechos que le corresponden como tal, por ejemplo, el estado civil de ciudadano europeo y sus derechos fundamentales; a la persona como miembro de una familia y a sus relaciones familiares (residencia, principio de igualdad), y a la persona formando parte de la comunidad como sujeto de derechos y obligaciones.

De las relaciones de naturaleza privada, por lo tanto, se espera que desarrollen la misma función reservada a los derechos en las relaciones verticales. El sistema de tutelaje predispuesto por el ordenamiento europeo (incluido el nacional) refuerza la ya mencionada consideración. Las relaciones de naturaleza privada, por lo tanto, originadas en el sistema de estudio en un segundo momento, se usan para desarrollar la misma función que está reservada a los derechos en las relaciones verticales: el sistema jurídico de la UE asigna a los principios típicos del derecho civil la función de garantía del orden económico dictado por la Unión (CAFAGGI & WATT, 2009). Por ejemplo, está claro que el Tribunal de Justicia de la UE concibe la responsabilidad extra-contractual en las relaciones entre entes privados y entre entes privados y Estado como un instrumento a través del cual garantizar la plena eficacia del derecho de la UE.

Así, sucesivamente, el volumen estudia cómo el reconocimiento de derechos a los particulares puede influir en el crecimiento de la Unión y en el alcance de sus fines (Capítulo Segundo, p. 63).

En la historia de la UE, fue el reconocimiento de derechos a los particulares lo que ha permitido el crecimiento de la Unión y la consecución de sus fines (COLCELLI, 2013). Esta tendencia tiene su origen en una precisa y lejana decisión tomada por el Tribunal de Justicia que, para garantizar la existencia del sistema jurídico de la Unión y la supremacía de su derecho, optó por confiar en los individuos particulares y no en los Estados miembros (WEILER, 2003, p. 47). En la sentencia Van Gend & Loos, el individuo pasa de ser el fin a convertirse en el medio de las acciones de la Comunidad.

La jurisprudencia del Tribunal fija la operatividad de la ley europea en el hecho de que ésta sea capaz de crear derechos. La estrategia de los tribunales en Luxemburgo se centra, de este modo, en la promoción del tutelaje jurisdiccional de estos últimos (COLCELLI, 2009).

De esta manera, las situaciones jurídicas de los ciudadanos europeos – y de las personas que no son ciudadanos de la UE pero que se encuentran en Europa – hoy en día se ven profundamente influenciadas por el Derecho comunitario.

Este Derecho ha cambiado los estatus individuales con respecto a como los consideraba el derecho civil tradicional (el estatus de trabajador, el estatus de familiar, el de ciudadano, etc.). De hecho, aunque se podría pensar que la legislación europea está caracterizada por la atención centrada en la economía y en el derecho relacionado con su regulación, en realidad coloca a la persona en el centro del sistema legal comunitario y, sobre todo, es el destinatario de la legislación.

El legislador de la UE emana actos legislativos ordenándolos según el tipo de beneficiario, identificando conjuntos de eventos económicos en torno a los cuales se desarrolla la disciplina de todas sus actividades. Para la creación y regulación del mercado interior, se han identificado a los sujetos que se mueven en ese mercado y, posteriormente, se han reglamentado sus actividades. En particular, se ha dedicado abundante legislación a aquellos sujetos que son la parte débil en las relaciones contractuales de dicho mercado.

En una primera fase las situaciones jurídicas subjetivas se referían a los individuos como actores económicos. Sucesivamente los derechos reconocidos por la legislación comunitaria se extendieron hacia áreas aún más amplias de la vida de los ciudadanos europeos, conectadas directa o indirectamente con la creación del mercado interior y, sobre todo, con la aplicación de la libertad de movimiento. Se pueden utilizar como paradigma situaciones como la del trabajador o la del estudiante que adquiere un papel que es condición previa para el ejercicio de las libertades fundamentales reconocidas por la UE.

Se ha previsto, por lo tanto, el estatus de carácter económico, el de consumidor, que no existía antes, como también se ha previsto la condición o estatus de quien se encuentra en una posición diferente, como el estatus de profesional.

Desde la perspectiva del derecho civil, la libre circulación prevista por el Derecho comunitario ha tenido como consecuencia el reconocimiento implícito de una subjetividad europea.

Después del Tratado de Maastricht, se ha extendido el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de un Estado miembro, a todos los ciudadanos europeos – no sólo para los trabajadores – independientemente de la realización de cualquier actividad de trabajo (artículo 21 del TFUE) (PIZZOLO, 2013).

Por lo tanto, cualquier persona que tiene la condición de ciudadano de un Estado miembro y, en consecuencia, la condición de ciudadano europeo, puede celebrar contratos y ejercitar cualquier situación jurídica en relación con dicho estatus en todos los Estados miembros de la Unión, y sin limitación alguna por razones de nacionalidad o por efecto de principios tradicionales como la reciprocidad.

De este modo, el reconocimiento de la subjetividad jurídica en la UE, permite superar – por lo menos en cuanto a los derechos patrimoniales y en lo que se refiere a derechos patrimonialmente neutros (SASSI, 2013) – ciertas normas de derecho internacional privado o de derecho interno que, a veces, limitan la misma subjetividad jurídica en relación con el país de origen. Este es el caso, en Italia, del artículo 16 de las disposiciones preliminares del «Codice civile» (que establece el principio de reciprocidad) que a la luz del ordenamiento de la UE ya es, sin duda, aplicable a aquellos que tienen la condición de ciudadano europeo.

Los derechos que derivan de la ciudadanía comunitaria han contribuido inevitablemente al proceso de integración europea, ya sea directamente (a través de las disposiciones de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales), o indirectamente a través de la aplicación judicial de la libre circulación y al principio de no discriminación.

El derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia destacan el papel de las relaciones familiares desde el punto de vista de la libre circulación de los ciudadanos.

El debate del ámbito del derecho de familia se realiza en el Capitulo Tercero (p. 103).

La reflexión sobre los estatus personales – respecto a la libre circulación de las mercancías y de los trabajadores – oscila entre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo y del principio de «no discriminación en base a la ciudadanía», encontrando un doble nivel de cualificación respecto al estatus de familiar y luego también de hijo.

Las dos orientaciones reflejan el doble criterio de la Unión respecto a la persona en su sistema, orientada entre el mercado y los derechos fundamentales, donde la libertad de circulación es el instrumento de balance entre los dos. El derecho de la UE y la elaboración jurisprudencial por parte del TJUE evidencia las relaciones familiares y las exalta a la luz de la efectividad en la libertad de circulación de los ciudadanos.

Para que se pueda comprender cuál es la noción de estatus de familiar – y entre estos la de hijo – aceptada hoy por la UE, es necesario – como se ha mencionado en el párrafo de las premisas introductoras – hacer referencia a los principios gracias a los cuales las normas del país de origen son competentes para establecer los criterios de cualificación de un estatus. Es sabido que, en tema de circulación de mercancías, con la sentencia Dassonville [1] y Cassis de Dijon [2] el TJUE ha considerado que junto a las medidas nacionales directamente discriminatorias deben observarse aquellas indirectamente discriminatorias – en vigor en el Estado miembro destinatario – para cumplir con la disciplina de las libertades fundamentales de la Comunidad económica.

Estas sentencias históricas establecen el recurso del sistema al reconocimiento mutuo introduciendo el posible sindicato sobre las medidas estatales que – también indirectamente aplicables – constituyen un obstáculo a la libre circulación de las mercancías.

La jurisprudencia ha extendido el mismo principio a la libertad de establecimiento [3], a la libertad de circulación de los trabajadores [4], en tema de cualificaciones profesionales, actividades bancarias y del seguro y servicios financieros.

Luego existe una extensión del principio del reconocimiento mutuo a la libertad de circulación de las personas y del derecho de establecimiento.

Con referencia al individuo y sus cualidades, cristalizadas por el concepto de estatus, se ha subrayado que el así llamado principio de origen es más extendido con respecto de las posiciones jurisprudenciales relativas a las mercancías y las profesiones. En tema de personas y estatus familiares, la misma jurisprudencia del Tribunal de Justicia [5] no opone ninguna limitación en lo referente a la libertad de circulación de las mercancías (SNELL, 2003). En este último caso, de hecho, existe una obligación de conformación a las normativas europeas sobre la producción y la comercialización con respecto del estado de origen y de destino. La protección de la familia y de los menores, el respecto de la vida familiar y el derecho a casarse se consideran valores fundamentales de la construcción de la Unión, y hacia éstos se debe orientar la interpretación del derecho derivado de la UE y del nacional [6].

La noción de vida familiar y de menores adquiere importancia en aspectos particulares del derecho de la UE, como el derecho al asilo, la admisión y expulsión de los extranjeros, la reunión familiar de las libertades contenida en los tratados, etc. Es decir, los aspectos de la vida de la persona relativos a las competencias de la UE, que son funcionales para la realización de su mandato.

En realidad, la misma jurisprudencia del TJUE muestra su presencia siempre fuerte de manera más notoria en temas de libertad de circulación de las personas económicamente activas y se puede apreciar una consiguiente voluntad de favorecer la circulación de sujetos no económicamente activos [7], cuyo derecho deriva directamente de la ciudadanía europea, donde además sucede que el Tribunal da menor importancia al objetivo de realización del mercado y prioriza el objetivo de dar más protección al individuo (STRAETMANS, 2006).

La jurisprudencia del Tribunal, haciendo un creciente recurso a una definición unitaria del estatus de ciudadano de la UE, realiza una aplicación del principio de reconocimiento mutuo precisamente a los estatus de filiación, mucho más amplia que la recurrente en la Directiva n.° 2004/38.

La necesidad de una interpretación y aplicación uniformes de principios autónomos compartidos a nivel comunitario se cierne, sobre todo, en los aspectos éticos de la investigación científica (Capituló Cuarto, p. 131). En este contexto, se demuestra que ciertas reglas fundamentales, como la dignidad, la proporcionalidad y la precaución, así como otros principios fundamentales que ya están consagrados en términos de regulación en las principales fuentes de la UE, son objeto de una investigación en curso por la jurisprudencia europea, con el fin de identificar un sistema supranacional de la ética que debe orientar las actividades de investigación científica en la UE.

En el volumen, la contribución de los organismos judiciales europeos en el desarrollo de principios éticos compartidos es analizada desde la perspectiva de una constante búsqueda de equilibrio entre los diferentes contextos culturales y el sistema ideológico y político de cada Estado miembro, lo que implica la necesidad de una comparación y una mediación continua entre diferentes perspectivas.

Se presta especial atención al principio de dignidad, sobre todo en lo que respecta a su aplicación en el campo de la biomedicina y las fuentes de referencia de la ley (en particular, el Convenio de Oviedo, pero también fuentes del derecho comunitario derivado – la disciplina de las invenciones biotecnológicas se introdujo por la Directiva n.° 98/44/CE) y en los perfiles relacionados con su reconciliación con el derecho fundamental a la autodeterminación del individuo.

Del régimen jurídico de los bienes, derechos reales y despatrimonilización, aunque si bien no son objeto de las competencias de la Unión, el derecho comunitario ha incidido sobre ellos (Capituló Quinto, p. 153).

A pesar de la ausencia de competencia directa y de la carencia en estos campos de actos de derecho derivado dotados de aplicabilidad directa, los ordenamientos internos no se substraen de la influencia del derecho comunitario en este sector.

En realidad, solamente en apariencia la UE ha dejado regular a los ordenamientos de los Estados – completa y autónomamente – el tema de los derechos reales. El art. 345 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE) (ex art. 295 TCE) desarrolla, en efecto, la función de regular la distribución de las competencias sin otorgar, al derecho de propiedad y a los bienes, una inmunidad absoluta de la influencia comunitaria.

La antedicha norma, en efecto, ha de leerse a la luz del principio general de subsidiariedad. Las instituciones están autorizadas a intervenir legislando sobre esta materia cuando los objetivos a alcanzar pueden ser alcanzados de una manera más efectiva a nivel europeo que nacional. Por parte de la UE se hace inevitable la intervención en materia de bienes y de derechos sobre los mismos, siendo llamada, ella misma a perseguir, entre otros, los objetivos de «un desarrollo armónico y sostenible de las actividades económicas», «un elevado nivel de protección del medio ambiente» [8].

Al derecho de propiedad se dedica también el art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, colocado en el capítulo dedicado a las «libertades». Al derecho de propiedad el TJUE siempre lo ha tratado como un derecho fundamental [9]. El texto del artículo corresponde esencialmente al del art. 1 del Primer Protocolo adicional a la Convención Europea para la salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH).

La misma convención encuadra el tema de los derechos reales que se refiere al derecho privado económico-patrimonial, entre los derechos humanos fundamentales.

El derecho de la UE, como la CEDH antes, confirma la tendencia de la doctrina de reconocer la existencia de una pluralidad de nociones de propiedad. Esta asume varias formas con respecto a la modalidad con la que un ordenamiento desea regular el derecho de cada categoría de bienes en el respeto de los intereses generales y de los propios valores fundamentales.

El término «propiedad», de esta manera, se utiliza, no sólo referido a la propiedad mobiliaria en general, a los bienes inmuebles, a los bienes culturales y por lo tanto a cosas de tipo material, sino que también se refiere a cosas o bienes, denominadas inmateriales. Los intellectual property rights son objeto también de reglamentación por las convenciones internacionales, incluso en la Carta de Niza, donde al derecho de propiedad se le dedica el art. 17, colocado en el capítulo dedicado a las «libertades». El art. 17 habla explícitamente del «derecho de propiedad» y de su contenido como derecho a gozar, a disponer de los bienes adquiridos legalmente o del derecho de dejarlos en herencia. El artículo enmarca el tema de los derechos reales entre los derechos fundamentales del ser humano. Lo coloca entre los derechos civiles, reagrupados en seis grandes capítulos: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

El derecho comunitario realiza entonces un proceso de individualización de los bienes que conllevan la idoneidad para circular en el mercado que está realizando. Esto dicta, por lo tanto, abundante normativa técnica que se genera tomando en consideración particulares intereses que merecen protección relacionadas con entidades objetivas específicas. Entre éstas resalta la exigencia de que los bienes no pueden producir daños pues esto alteraría el mercado. Por ejemplo, principalmente los bienes destinados a la alimentación tienen que ser seguros. La misma investigación, en función de su papel potencial en el mercado, se interroga sobre qué puede convertirse en un bien jurídico y qué no, y es en este sentido, desde el punto de vista ético del concepto, que se excluye la idea de que éste pueda ser el embrión [10].

En su última parte, el volumen analiza los «Contratos y Obligaciones como Herramientas de Integración» (Capituló Quinto, p. 177).

Esta rama particular del derecho privado, por lo tanto, juega un papel importante también en el proceso de integración, pero responde a lógicas relacionadas con la valorización del derecho privado como instrumento de integración regional. El legislador de la UE añade también al contrato una función reguladora (COLLINS, 1999; COLLINS, 2006, p. 213).

En este marco debe tenerse en consideración el hecho de que los contratos son instrumentos para la actuación directa de las políticas de la UE.

Después, la relación entre las Instituciones de la UE y los beneficiarios de la financiación se rige también por una base jurídica contractual, como es habitual para la ley de los Programas de la UE. Estos contratos representan un instrumento característico de las acciones de la Comunidad. Ellos contienen abundantes soluciones técnicas y una disciplina específica sin parangón en el financiamiento público o en el financiamiento de las organizaciones nacionales y internacionales. El acuerdo mediante el cual actúan los programas es entonces un contrato. Estos contratos pueden ser contratos públicos, subvenciones, préstamos, etc.

Todos estos tipos de contratos tienen características comunes. En primer lugar deben tener una relevancia pública, es decir, servir al logro de un fin público. El contrato mediante el cual pueden actuar los programas se refiere a una atribución patrimonial, destinada a lograr un objetivo, que se estableció en la base jurídica del programa comunitario. En segundo lugar ha de ser formal, en virtud del principio general establecido por el Reglamento n.° 1605/2002. Eso significa que se hará por escrito, entre otras cosas, las comunicaciones, los cambios y muchos otros aspectos de los eventos relacionados con estos contratos. En tercer lugar debe ser obligatorio. Y, por último, los contratos a través de los cuales actúan los programas son onerosos. En el Derecho comunitario y la interpretación judicial se utilizan expresiones como «contrato a título oneroso». La jurisprudencia considera que un contrato es «a título oneroso» cuando las partes han asumido «obligaciones mutuas» mientras es unilateral el contrato con obligaciones de una sola parte.

Los contratos «a título oneroso», por lo tanto, son contratos bilaterales regulados por el derecho de la UE: esto significa que el contrato es básicamente regulado por la base jurídica del Programa y de las otras fuentes del ordenamiento jurídico de la UE. La disciplina del contrato se completa con una referencia a la legislación nacional, como, por ejemplo, la Belga. Esto tampoco ve comprometida la base jurídica del derecho de la UE. La referencia a la legislación nacional es necesaria para la totalidad de las normas.

Todos los contratos (contratos públicos, subvenciones, préstamos, etc.), así como sus modelos son directamente orientados a la ejecución de las tareas institucionales de la UE. Así, los contratos representan un medio para el ejercicio de las funciones específicas de la Unión.

II. UNA REFLEXIÓN FINAL

Con su libro «Construcción del Derecho Privado en la Unión Europea. Sujetos y Relaciones Jurídicas», Roberto Cippitani contribuye a un vasto conjunto de libros de texto sobre la UE, pero con su propia originalidad.

El fondo teórico abarca también una gran cantidad de materia: el lector se introduce en los conceptos y perspectivas de las relaciones internacionales, la ley comparada y la literatura de integración europea.

La política de integración europea representa la integración europea como una mezcla muy interesante de ideas, circunstancias y eventos. La principal fuerza del libro es el análisis de la función del derecho privado, que se utiliza para explicar algunos de los mecanismos básicos del proceso de integración.

El libro está escrito en un lenguaje accesible con una claridad y estructura amigable recomendable también para los estudiantes. Por lo tanto, es particularmente adecuado como libro de texto para cursos de pregrado y postgrado.

Dado el enfoque del libro sobre la función del derecho privado, el autor omite algunos de los debates teóricos y empíricos más tradicionales sobre la integración europea: no hay introducción al funcionalismo y tampoco se abordan las explicaciones teóricas basadas en la institucionalidad de la elección racional.

En suma, el libro ofrece una visión general de la integración europea en particular por la parte de la función del derecho privado, que nunca se trata en el sentido del reforzamiento y estrategia en el diseño de la integración Europea.

El derecho privado en el marco del la UE como un nuevo ius Gentium.

En primer lugar, la Comunidad Europea primero y la UE después, establecieron un ordenamiento jurídico propio [11] que se integra en el sistema jurídico de los Estados miembros, que vincula a todos los poderes públicos y que las jurisdicciones nacionales deben cumplir (WEILER, 2003).

Este Derecho comunitario, vinculante para los Estados miembros de la Unión, hizo que la doctrina recordase el Derecho común que durante siglos influyó en la organización jurídica de los Estados europeos y que se considera como «ius europeum», especialmente en lo que se refiere a las relaciones de Derecho privado, cumpliendo su misión al integrarse en buena medida en las codificaciones de los Derechos nacionales.

Pero el Derecho común se extendió en algunos Estados europeos mediante la recepción del Derecho romano como reconocimiento del vigor de una cultura jurídica de los pueblos.

El Derecho romano, asentado en el «ius civile», estatuto del ciudadano romano, crea el «ius gentium» que es, en cierto modo, un Derecho internacional nacido para regular las relaciones comerciales entre los pueblos, flexible, basado en la «aequitas» y que inspiró todo el Derecho romano, lo que permitió que este pudiera transformarse en Derecho común (PALAZZO, 2008).

Pero este Derecho común, que se extendió por el continente europeo desde el siglo XII hasta el XIX, no lo hizo con el fin de unificar o integrar la vida económica o jurídica de los distintos pueblos. Tampoco se impuso. Solo trató de incorporar soluciones racionales ya contrastadas con las cuestiones jurídicas de las organizaciones sociales que surgieron a partir de la Edad Media.

Por el contrario, el Derecho de la UE es un Derecho nuevo, que no trata de inspirar o dar soluciones al Derecho nacional, sino que se impone y vincula a los Estados.

El Derecho de la UE es un instrumento para la integración económica y monetaria de los Estados como meta obligada para conseguir la posterior integración política, que tendrá que superar los nacionalismos en los que encontramos el origen de los enfrentamientos de los pueblos europeos que no pudo impedir la existencia de un Derecho común enraizado en la tradición cultural de los países continentales europeos.

El Derecho de la UE nació de los Tratados de París y Roma, del Acta Única Europea, del Tratado de Maastricht, del Tratado de Ámsterdam, del Tratado de Niza y del Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, y es un nuevo orden jurídico que se integra en los ordenamientos de los Estados miembros, aunque no se confunde con ellos.

Entonces, todo el derecho de la Unión, incluido el derecho privado, parece estar destinado a regular relaciones intersubjetivas (verticales u horizontales) que no son relaciones intersubjetivas genéricas. De hecho, estas relaciones suelen ser instrumentales y se dirigen a perseguir la primauté comunitaria y la conservación del ordenamiento de la UE y de su mercado (LIIKANEN, 2000). De las relaciones de naturaleza privada, por lo tanto, se espera que desarrollen la misma función reservada a los derechos en las relaciones verticales. El sistema de tutela predispuesto por el ordenamiento de la UE (incluido el nacional) refuerza la ya mencionada consideración.

III. BIBLIOGRAFÍA

CAFAGGI, Fabrizio & WATT, Horatia Muir (2009), The Regulatory Function of European Private Law, Elgar Cheltenham, Northampton, 384 p.

COLCELLI, Valentina (2009), «Il sistema di tutele nell’ordinamento giuridico comunitario e selezione degli interessi rilevanti nei rapporti orizzontali», Europa e Diritto Privato, n.° 2, pp. 557-585.

COLCELLI, Valentina (2013), «Situaciones jurídicas subjetivas otorgadas por la Unión Europea», en Mario A. ÁLVAREZ LEDESMA & Roberto CIPPITANI (eds), Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica, ISEG, Roma-Perugia-México, pp. 617-623.

COLLINS, Hugh (1999), Regulating Contracts, Oxford University Press, Oxford, 386 p.

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PALAZZO, Antonio (2008), «Permanenze dell’interpretazione civile nell’Europa moderna e contemporánea», en Antonio PALAZZO, Andrea SASSI & Francesco SCAGLIONE (Eds), Permanenze dell’interpretazione civile, ISEG, Roma- Perugia-Mexíco, p. 32.

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SASSI, Andrea (2013), «Derechos civiles Patrimonialmente Neutros», en Mario A. ÁLVAREZ LEDESMA & Roberto CIPPITANI (eds), Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica, ISEG, Roma-Perugia-México, pp. 213-219.

SNELL, Jukka (2003), «Who’s got the power? Free Movement an allocation of competence in EC law», Yearbook of European Law, Volume 22, Issue 1, pp. 323-335.

STRAETMANS, Gert (2006), «Non-Economic free Movement of European Union Citizens and family matters. Does the internal Market have any limit?», en Johan MEEUSEN, Marta PERTEGÁS, Gert STRAETMANS y Frederik SWENNEN (Coord.), International family lawfor the European Union, Oxford Press, Antwerpen, Oxford, pp.183-238.

WEILER, Joseph H. H. (2003), La costituzione dell’Europa, Il Mulino, Bologna, p. 47.

[1] TJUE, Dassonville, 11 de julio de 1974, C-8/74 (Rec. 1974, p. I-837).

[2] TJUE, Cassis de Dijon, 20 de febrero de 1979, C-120/78 (Rec. 1979, p. I-649).

[3] TJUE, Gebhard, 30 de noviembre de 1995, C-55/94 (Rec. 1995, p. I-4165).

[4] TJUE, Bosman, 15 de dicembre de 1995, C-415/93 (Rec. 1995, p. I-4921).

[5] TJUE, Keck y Mithouard, 24 de noviembre de 1993, C-267/91 y C-268/91 (Rec. 1993, p. I-6097).

[6] TJUE, Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken, 4 de marzo de 2010, C-578/08 (Rec. 2010, p. I-01839).

[7] TJUE, Gebhard, 30 de noviembre de 1995, C-55/94, cit.; TJUE, Carpenter, 11 de julio de 2002, C-60/00 (Rec. 2002, p. I-6279) y TJUE, Akrich, 21 de agosto de 2003, C-109/01 (Rec. 2003, p. I- 9607).

[8] Art. 2e 3 TCE, hoy respectivamente 3 TFUE y art. 2-3-4-5-6-7-8 TFUE.

[9] TJUE, Hauer/Land Rheinland-pfalz, 13 de diciembre de 1979, C-44/79 (Rec. 1979, p. 3727); TJUE, Nold KG/ Comisión, 14 de mayo de 1974, C-4/73 (Rec. 1974, p. 491).

[10] TJUE, Oliver Brüstle contra Greenpeace eV., 18 de octubre de 2011, C-34/10 (Rec. 2011, p. I-09821).

[11] TJUE, Van Gend en Loos, 5 de febrero de 1963, C-26/62 (Rec. 1963, p. 3).

PARA CITAR ESTA RECENSIÓN:

COLCELLI, Valentina, «Recensión: Construcción del Derecho Privado en la Unión Europea. Sujetos y relaciones jurídicas (Roberto Cippitani, Juruá Editora, 2017», Revista Derecho y Economía de la Integración, n.° 3 (julio-septiembre de 2017), Juri-Dileyc, Madrid, pp. 179-190.