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Regulación jurídica de las «Fake News» en la UE: ¿Un atentado en contra de la democracia?

Legal Regulations of «Fake News» in the EU: an Attack against democracy?

Régulation juridique des «Fake News» dans l’Union Europénne: attentat contre la démocratie?

Palabras clave: noticias falsas, Unión Europea, democracia

Keywords: fake news, European Union, democracy

Mots clés: fake news, Union Européenne, démocratie

Citar este artículo

Ciréfice, Ronan (2018). Regulación jurídica de las “Fake News” en la UE: ¿un atentado en contra de la democracia? Derecho y Economía de la Integración n. 5, pp. 119-141. https://juri-dileyc.com/regulacion-juridica-de-las-fake-news-en-la-ue-un-atentado-en-contra-de-la-democracia/

Resumen

Las «fake news», o noticias falsas, se han convertido en una pesadilla para los Estados. Los ejemplos se multiplican: manipulaciones de elecciones en Estados Unidos y en Cataluña, desinformación a gran escala durante el referéndum sobre el Brexit o durante el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia. Si bien es cierto que el fenómeno no es nuevo, no cabe duda que con el uso cada vez mayor de las tecnologías de la información, su alcance es global y sus repercusiones imprevisibles. La respuesta jurídica que debe darse tampoco resulta clara. Una posible pista la ha dado la Unión Europea, con el establecimiento en noviembre de 2017 de un Grupo de Expertos de Alto Nivel para impedir la propagación de información falsa y, por consiguiente, la probable adopción de una legislación europea en la materia. Pero al mismo tiempo, esos avances legislativos deben hacernos pensar sobre la necesidad, o no, de regular jurídicamente el tema.

Abstract

Fake news has become a nightmare for the States. Various are the examples: manipulations of elections in the United States and Catalonia, disinformation on a large scale during the referendum on Brexit or during the plebiscite on the Peace Agreement in Colombia. While it is true that the phenomenon is not new, there is no doubt that with the increasing use of information technologies, its scope is global and its repercussions unpredictable. The legal response that must be given is not clear either. A possible clue has been given by the European Union, with the institution in November 2017 of a Group of High Level Experts to prevent the spread of false information and, consequently, the probable adoption of European legislation on the matter. But at the same time, these legislative advances should make us think about the need, or not, to legally regulate the issue.

Résumé

Les «fake news», ou fausses nouvelles, sont devenues un cauchemar pour les États. Les exemples se sont multipliés: manipulations d’élections aux États-Unis et en Catalogne, désinformation à grande échelle lors du référendum sur le Brexit ou lors du plébiscite sur l’Accord de paix en Colombie. S’il est vrai que le phénomène n’est pas nouveau, il ne fait aucun doute qu’avec l’utilisation croissante des technologies de l’information, sa portée est mondiale et ses répercussions imprévisibles. La réponse juridique qui doit être donnée n’est pas claire non plus. Un indice possible a été donné par l’Union européenne, avec l’institution en novembre 2017 d’un groupe d’experts de haut niveau pour empêcher la diffusion de fausses informations et, par conséquent, l’adoption probable d’une législation européenne en la matière. Mais en même temps, ces avancées législatives devraient nous faire réfléchir sur la nécessité, ou non, de réglementer légalement la question.

Ronan Ciréfice

Doctor en Derecho | Profesor de Derecho Internacional Público, de Derecho de la UE y de Derecho de la Integración | Universitat Oberta de Catalunya, España

Francia

I. Introducción

Hasta diciembre de 2017, al menos 18 Estados fueron victimas de campañas masivas de desinformación durante sus procesos electorales: Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Colombia, Ecuador, Indonesia, Kenia, Ruanda, Tailandia, Gambia, Turquía, Corea del Sur y Zambia (Freedom House, 2017). El fenómeno sigue intensificándose, hasta convertirse en un problema de seguridad nacional e internacional para los afectados. En este sentido, la Unión Europea (en adelante UE) teme que las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en junio de 2019, se vean especialmente alteradas por ataques exteriores, permitiendo a grupos extremos llegar hasta la cúspide de la democracia del continente y, por qué no, quebrantar el sistema político europeo.

No cabe duda que el desafío es enorme. La UE, consciente de los riesgos a los que se enfrenta, decidió nombrar en noviembre de 2017 un Grupo de Expertos de Alto nivel para impedir la propagación de información falsa. El pasado 12 de marzo, el primer Informe titulado «Un enfoque multidisciplinar a la desinformación» fue presentado por la Comisión Europea. Tras proponer una serie de recomendaciones para abordar la problemática, el estudio apuesta por una autorregulación de la materia, mediante un código de buena práctica con 10 principios que ya cuentan con el apoyo de las grandes empresas tecnológicas.

Pues bien, tras delimitar lo que son las noticias falsas (II) y analizar las medidas hasta ahora empleadas tanto por la Unión Europea (III) como por los Estados miembros (IV), resulta de suma importancia determinar si pueden ser consideradas como justificadas y, por tanto, conllevar unas restricciones a principios fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión o al derecho a la información, o si, por el contrario, constituyen un atentado en contra de la democracia, que no puede permitirse en un Estado de derecho (V).

II. Delimitación del problema: fake news, noticias falsas y desinformación

La existencia de las fake news, o noticias falsas, no es un fenómeno nuevo. Robert Darnton [1], profesor emérito de Harvard, nos recuerda al respecto que ya en el siglo VI, Procopio, historiador bizantino, había escrito un libro lleno de historias de dudosa veracidad, con el fin de arruinar la reputación del emperador Justiniano. Lo que sí es nuevo es la rapidez con la que circula hoy en día la información, o en este caso, la desinformación, especialmente a través de las redes sociales. Según el periódico británico Independent, el uso de dicha palabra, popularizada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, habría aumentado un 365% desde 2016 [2].

Pero, cabe preguntarse, ¿qué significa exactamente la expresión «fake news»? ¿A qué tipo de contenido se refiere? ¿Son sinónimos los términos «fake news» y desinformación? Pues bien, para el diccionario Cambridge [3], las «fake news» son las «historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en Internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir en las opiniones políticas o como una broma». El diccionario Collins lo define como «información falsa, a menudo sensacional, diseminada bajo la apariencia de reportaje de noticias» [4]. Por su parte, el Parlamento Europeo va a definir las «noticias falsas» como las que recogen historias deliberadamente fabricadas (desinformación y engaños) que se presentan como periodismo con el objetivo de manipular a los lectores [5].

En la práctica, la expresión «fake news» genera confusión y se refiere a varios tipos de información: desde los errores que los periodistas podrían cometer, o el discurso político partidista, hasta la manipulación a gran escala por Estados extranjeros o grupos, con el fin de socavar el proceso político [6]. Para el periódico francés Le Monde, esta confusión sería principalmente un problema de traducción. En efecto, el inglés distingue lo que es «false» (falso en el sentido de erróneo) de lo que es «fake» (falso en el sentido de una imitación) [7]. Las «fake news», tales como la conocemos ahora, pertenecerían al segundo grupo, el del engaño.

La confusión proviene, asimismo, de su propio uso tanto por los medios de comunicación como por los políticos. Así, por ejemplo, en un artículo titulado «Cómo las noticias falsas se convierten en un verdadero proyecto de ley» [8], el periódico The Atlantic califica de «fake news» un artículo del New York Times que escribe, de manera errónea, que el autor de la matanza de San Bernardino había publicado varios mensajes a favor del yihad en las redes sociales. También varios partidos políticos no duden en emplear este término para criticar cualquier mensaje, incluso proveniente de prestigiosos títulos de prensa, que podrían ir en su contra [9].

Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de la UE en la materia, el término «fake news» no sería el más adecuado para captar el problema de la desinformación. Además de engañoso, sería inadecuado, dado que involucra contenido que no es en realidad completamente falso, sino información inventada mezclada con hechos y prácticas que van más allá de cualquier cosa que se podría asemejar a «noticias» (cuentas automáticas, redes de seguidores falsos, videos manipulados, etc.) e involucra un amplio abanico de comportamiento digital que va en el sentido de una circulación de la desinformación más que de la producción de esta desinformación. Y sería engañoso en cuanto que algunos políticos lo usan para descartar una opinión que va en su contra. Por tanto, se ha convertido en un arma con la que los actores pueden interferir en la circulación de la información (Grupo De Expertos De Alto Nivel, 2018, p. 10).

Lo más probable es que, cuando se utiliza dicha expresión, los ciudadanos la van a asociar «con un debate partidista y un periodismo deficiente en general, en lugar de formas de desinformación más perniciosas y precisamente definidas» (Grupo De Expertos De Alto Nivel, 2018, p. 10). Por esta razón, el grupo prefiere utilizar en su lugar la palabra «desinformación», entendida como formas de expresión que caen fuera de las formas de habla ya ilegales, en particular la difamación, la incitación al odio, la incitación a la violencia, etc., pero que pueden ser nocivas [10]. Puede ser de iniciativa estatal, pero también tener su origen en grupos no-estatales. Incluye, asimismo, las tradicionales plataformas tales como Facebook o Twitter, pero no únicamente, dado la extrema rapidez de la evolución de las tecnologías de la información. Por tanto, involucrará también la comunicación a través de aplicaciones de mensajería privada, chatbot, sistemas operados por voz, realidad aumentada y virtual, o bien el contenido generado o manipulado por la inteligencia artificial.

A su vez, las noticias falsas deben relacionarse con otro término, la «posverdad» (o mentira emotiva). Según la definición de la Real Academia Española, esta palabra se refiere «a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público» [11].

De todo lo anterior, podemos resaltar 3 elementos para intentar delimitar jurídicamente el concepto de noticias falsas: un elemento material – la divulgación masiva de información falsa; un elemento cognoscitivo – el conocimiento efectivo de la falsedad de la información que se fabrica y/o divulga; y un elemento volitivo – la intención de engañar o confundir al público o a una fracción de él (Botero Marino, 2018).

III. La respuesta europea

Los primeros esfuerzos. Si bien la desinformación no es nueva en el continente europeo, podemos sin embargo mencionar el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015 como fecha de inicio de la lucha oficial contra las noticias falsas. En sus conclusiones [12], el Consejo destacará la absoluta necesidad de contrarrestar las campañas de desinformación de Rusia e invitará a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores a que, en cooperación con los Estados miembros y las instituciones comunitarias, prepare un plan de acción sobre comunicación estratégica. Asimismo, el texto instará a la creación de un equipo de comunicación, como primera medida en ese sentido [13].

El resultado será el establecimiento del East StratCom Team (Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este), dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior. Este Equipo, conjuntamente con las instituciones y los Estados miembros, plasmará en junio de 2015 las medidas que deberán adoptarse frente a los Estados vecinos orientales [14]. Como objetivos generales de su Plan de Acción sobre Comunicación Estratégica [15], destaca la voluntad, por un lado, de fortalecer los medios de comunicación de los países orientales, incluido el apoyo a la libertad de los medios y el fortalecimiento de los medios independientes y, por otro lado, de mejorar la capacidad de la UE para pronosticar, abordar y responder a actividades de desinformación por parte de agentes externos.

Compuesto por 14 miembros, el equipo tiene como principal función informar y analizar las tendencias de desinformación, explicar y corregir esas desinformaciones, así como aumentar la conciencia sobre esta problemática. Cada semana, publica un boletín de «desinformación», el cual contiene una compilación de los informes recibidos por los miembros de su red, así como un análisis de la desinformación proveniente de Rusia. También dispone de una página web específica [16], que recoge el conjunto de su trabajo. Cuenta además con una amplia red de periodistas, funcionarios y representantes de organizaciones no gubernamentales y grupos de pensamiento ubicados en más de 30 países.

Su falta de recurso propio impide, sin embargo, enfrentar el problema de la desinformación en su conjunto. En este sentido, el Parlamento Europeo instó, el 23 de noviembre de 2016, a que se reforzará el Grupo especial sobre comunicación estratégica de la Unión para convertirle en una auténtica unidad dentro del servicio exterior, responsable de los países vecinos del Este y del Sur y dotado del personal y de los recursos presupuestarios adecuados, en su caso mediante una línea presupuestaria específica [17].

El 21 de marzo de 2017, un grupo de destacados expertos en seguridad, historia y derecho publicará una carta abierta [18] en contra de la actuación de la Alta Representante Federica Mogherini. Titulado «¡Por favor, comienza a tomar en serio la amenaza de la desinformación rusa!», el documento critica abiertamente la postura «irresponsablemente débil» de la alta funcionaria sobre la campaña de desinformación brutalmente agresiva de Rusia, financiada por más de mil millones de euros anuales. Además, los signatarios piden para el East StratCom Team un presupuesto de 1 millón de euros «para que pueda comenzar a cumplir su mandato».

Por otra parte, la Comisión Europea y los principales prestadores de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Twitter, Youtube y Microsoft) también decidieron impulsar un código de conducta para luchar contra la propagación de la incitación ilegal al odio en Internet en Europa [19]. Claramente, se trata de un primer experimento que ha servido, sin lugar a dudas, a los Estados para definir unos meses más tarde sus propias legislaciones en materia de noticias falsas [20]. Concretamente, el texto, que se basa sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal [21], que define con claridad los distintos contenidos en línea ilícitos, propone, entre otros [22], que las empresas cuenten con procedimientos claros y eficaces para examinar las notificaciones relativas a la incitación ilegal al odio que se produzcan en el marco de los servicios que prestan, de manera que puedan retirar o deshabilitar el acceso a dicho contenido. Asimismo, se prevé que esas mismas empresas revisen la mayoría de las notificaciones válidas para la retirada de manifestaciones de incitación ilegal al odio en menos de 24 horas, y retiren o deshabilitan, en su caso, el acceso a dicho contenido. También deberán «educar» y sensibilizar a sus usuarios sobre los tipos de contenidos no autorizados.

El Grupo de Alto Nivel sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia es el encargado de velar por el buen cumplimiento del código. Formado por los Estados miembros de la UE, representantes del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), de la Organización para la seguridad y la cooperación (OSCE) en Europa, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) y de organizaciones de la sociedad civil, ha dado sus primeras conclusiones en diciembre de 2016 [23].

La progresiva intensificación para prevenir la desinformación. El 5 de abril de 2017, la sesión plenaria del Parlamento Europeo llevó a cabo un debate acerca de cómo se podría responder a los fenómenos de odio, populismo y noticias falsas en las redes sociales [24]. El 31 de agosto del mismo año, la institución presentó una Propuesta de Resolución sobre el nuevo grupo de trabajo europeo contra las noticias falsas. El texto insta al ejecutivo comunitario a proceder «con determinación hacia un nuevo marco legislativo sobre noticias falsas e incitación al odio, que abarque un tipo de responsabilidad de los gestores de plataformas en línea que sea compatible con la libertad de expresión, pero sin exonerar al proveedor de los controles necesarios y técnicamente posibles» [25].

El 26 de octubre de 2017, la Comisión Europea respondió al Parlamento, respaldando un proceso con todas las partes interesadas (plataformas, medios de comunicación, investigadores y organizaciones de la sociedad civil), con el fin de encontrar las soluciones adecuadas coherentes con los principios fundamentales (libertad de expresión, pluralismo, derecho de los ciudadanos a una información diversa y confiable) y aplicables de forma coherente en el conjunto de la Unión [26]. Decide, asimismo, lanzar una consulta pública para reunir las opiniones de los interesados sobre la temática, lanzar una encuesta de opinión pública para medir y analizar las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos en torno a las noticias falsas, establecer un grupo de alto nivel y organizar una conferencia sobre las noticias falsas para definir los límites del problema, evaluar la efectividad de las soluciones ya implementadas por las redes sociales y acordar los principios clave para futuras acciones.

La conferencia multilateral se llevó a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2017 en Bruselas [27]. Primera etapa del diálogo deseado por la Comisión en la materia, fue inaugurada por la Comisaria Europea Mariya Gabriel, encargada de Economía y Sociedad Digitales. En su discurso [28], hizo énfasis en los 3 elementos que deben guiar la acción europea: conciencia, calidad de los medios de comunicación (especialmente públicos) y educación. Y para ello, recordó la necesidad de guardar como puntos de referencia cuatro principios rectores: transparencia, diversidad de la información, credibilidad de la información y soluciones inclusivas.

Aprovechó, la oportunidad, asimismo, para lanzar una consulta pública sobre información falsa y desinformación en línea [29]. Sus resultados deberían ayudar a evaluar la eficacia de las medidas ya existentes, así como la necesidad de intensificarlas e introducir otro tipo de medidas que podrían resultar más adecuadas [30]. Dos cuestionarios distintos fueron puestos a la disposición del público: uno para los ciudadanos en general; otro para los periodistas y las personas jurídicas.

Sus resultados preliminares fueron publicados el pasado 12 de marzo de 2018 [31]. Como datos destacables, podemos mencionar, entre otros, que más del 99% de los ciudadanos encuestados han sido confrontados con noticias falsas; además, su difusión a través de las redes sociales es fácil porque apelan a las emociones de los lectores (86%), se difunden para orientar el debate público (84%) y se conciben para generar ingresos (65%). Para la mayoría de los encuestados, las noticias se comparten sin verificación previa (85%) o no se verifican (80%) antes de publicarse. En cuanto a las áreas afectadas por esta desinformación se encuentran los asuntos políticos, la inmigración, las minorías y la seguridad. Tampoco existe un consenso claro en cuanto a qué medidas tomadas por las redes serían más efectivas para combatir las noticias falsas. La información y la educación de los usuarios aparecen como las más relevantes, seguidas por la verificación de los hechos y la limitación de los ingresos publicitarios.

Las personas jurídicas encuestadas (empresas privadas de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, plataformas en línea, instituciones académicas y de investigación y autoridades públicas) dieron algunas pistas para prevenir la difusión de la desinformación. Así, el 71% está a favor de una mayor inversión en educación y capacitación de los usuarios; el 69% apoya el desarrollo de nuevas formas de cooperación entre los actores (medios de comunicación, verificadores de datos y organizaciones de la sociedad civil) para implementar nuevos enfoques; el 64% respalda el papel de la sociedad civil para mejorar el monitoreo y desacreditar las noticias falsas; el 60% cree que más transparencia, por ejemplo informando a los usuarios sobre los criterios y/o algoritmos utilizados para mostrar el contenido, también podría ser efectiva.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel y su Informe final. Finalmente, la Comisaria anunció, también durante la Conferencia multilateral de noviembre de 2017, la creación de un Grupo de Expertos de Alto Nivel. Encargado de asesorar a la Comisión sobre todas las cuestiones que pueden surgir en el contexto de la información falsa difundida a través de los medios de comunicación tradicionales y sociales, sus principales misiones son analizar la situación actual y el marco legal, así como los posibles riesgos políticos y sociales asociados con la difusión de la desinformación en línea; definir el alcance del problema y buscar cómo limitar la difusión de contenido falso; establecer una distinción entre la información falsa, que equivale a contenido ilegal según la legislación de la UE o nacional, y la información falsa que cae fuera del alcance de tales leyes y, por lo tanto, no es ilegal; definir los roles y las responsabilidades de los interesados; evaluar la eficacia de las medidas voluntarias implementadas hasta ahora por las plataformas en línea y los medios de comunicación y proponer posibles mejoras; mejorar la alfabetización mediática; e identificar principios rectores para una posible autorregulación [32].

Reuniendo a 39 expertos [33], la primera reunión del Grupo tuvo lugar el pasado 15 de enero de 2018 [34], la segunda el 7 de febrero, la tercera el 23 de febrero y la cuarta el 7 de marzo. Su Informe final fue presentado el 12 de marzo de 2018 [35]. Titulado «Un enfoque multidimensional para la desinformación», recomienda una serie de respuestas interconectadas y que se refuerzan mutuamente, que deben basarse en 5 pilares fundamentales: mejorar la transparencia de las noticias en línea; promover la alfabetización mediática e informativa para contrarrestar la desinformación y ayudar a los usuarios a navegar en el entorno de los medios digitales; desarrollar herramientas para empoderar a usuarios y periodistas para abordar la desinformación y fomentar un compromiso positivo con las tecnologías de la información en rápida evolución; salvaguardar la diversidad y la sostenibilidad del ecosistema de los medios de comunicación europeos; y promover la investigación continua sobre el impacto de la desinformación en Europa para evaluar las medidas tomadas por diferentes actores y ajustar constantemente las respuestas necesarias.

Como primer paso, el Grupo sugiere adoptar un enfoque de autorregulación, dentro del cual todos los actores relevantes en el tema se comprometen a respetar un Código de conducta, de 10 principios clave, que refleje claramente las respectivas funciones y responsabilidades de cada una de las partes interesadas:

  • 1.°) Las plataformas deben adaptar sus políticas publicitarias, incluida la adhesión al principio de «seguir el dinero», a la vez que evitan los incentivos que conducen a la desinformación, para desalentar la difusión y amplificación de la desinformación para el progreso. Estas políticas deben basarse en criterios claros, transparentes y no discriminatorios;
  • 2.°) Las plataformas deben garantizar la transparencia y la responsabilidad pública respecto al procesamiento de los datos de los usuarios para las colocaciones publicitarias, con el debido respeto a la privacidad, la libertad de expresión y el pluralismo de los medios;
  • 3.°) Las plataformas deben garantizar que el contenido patrocinado, incluida la publicidad política, se distinga de manera apropiada de otros contenidos;
  • 4.°) Las plataformas deberían tomar las medidas necesarias para permitir el acceso a datos que cumplan con la privacidad para las actividades de verificación e investigación de hechos;
  • 5.°) Las plataformas deben poner a disposición de sus usuarios configuraciones y controles avanzados para que puedan personalizar su experiencia en línea;
  • 6.°) Las plataformas deberían, en cooperación con los medios de comunicación europeos públicos y privados, adoptar, cuando proceda, medidas efectivas para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y facilitar el acceso de los usuarios a las mismas;
  • 7.°) Cuando corresponda, las noticias de tendencia deberían, si fuera técnicamente factible, ir acompañadas de sugerencias de noticias relacionadas;
  • 8.°) Las plataformas deberían, cuando corresponda, proporcionar herramientas amigables con los usuarios para permitir que los usuarios se conecten con fuentes confiables de verificación de hechos y permitan a los usuarios ejercer su derecho a contestar;
  • 9.°) Las plataformas que aplican sistemas de marcación y confianza que dependen de los usuarios deben diseñar salvaguardas contra su abuso por parte de los usuarios;
  • 10.°) Las plataformas deberían cooperar mediante inteligencia artificial, proporcionando datos relevantes sobre el funcionamiento de sus servicios, incluidos datos para investigación independiente e información general sobre algoritmos con el fin de encontrar un enfoque común para abordar la difusión y amplificación de la desinformación.

Mediante la definición de estos principios, el Grupo claramente intenta promover la transparencia y la inteligibilidad de los canales de información digital. Y para su efectivo cumplimiento, recomienda la creación de una coalición entre las partes interesadas, con el fin de garantizar su implementación, monitoreo y revisión continua.

Como medidas a largo plazo, el Grupo llama a una intensificación de los esfuerzos, especialmente educativos, por parte de todos los actores: Comisión Europea, Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, plataformas y medios de comunicación. En particular, hace un llamado al ejecutivo comunitario para que fortalezca las acciones de alfabetización mediática e informativa para todos los ciudadanos, incluido el intercambio de mejores prácticas y formación para profesores (mediante Erasmus +, Training and Education 2020), prestando una atención especial a las necesidades específicas de ciertas subregiones (Báltico o Europa del Este); también para que apoye a la construcción de una comunidad de práctica a escala europea, utilizando, como medidas de financiamiento, las asociaciones público-privada. En el mismo orden de ideas, llama a las plataformas a desarrollar herramientas para compartir hojas de información estándar para los usuarios creadas por instituciones independientes (educativas), con el objetivo de crear una conciencia sobre la desinformación digital y los hallazgos emergentes sobre los riesgos digitales.

El Eurobarómetro sobre noticias falsas y desinformación en línea. Desde el año 1973, los ciudadanos europeos pueden dar su opinión respondiendo a unas encuestas específicas. El eurobarómetro, instrumento fundamental para la Comisión europea para medir la opinión pública europea antes de tomar una decisión, toca todos los principales temas relacionados con la UE: prioridades sobre la UE, terrorismo, fraude fiscal, paro, seguridad, inmigración, medio ambiente, etc.

En febrero de 2018, unas encuestas fueron especialmente diseñadas para conocer la opinión de los europeos en materia de noticias falsas y desinformación en línea. El resultado del euro barómetro fue presentado el pasado 12 de marzo de 2018 [36], junto con el Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel. Como primer dato destacable, cabe mencionar que más de 26.000 personas de todos los Estados miembros contestaron, por vía telefónica, a las preguntas [37]. De manera muy clara, el 83% de los encuestados estimaron que las noticias falsas representan un peligro para la democracia.

Como puntos especialmente interesante, podemos mencionar los siguientes: según los encuestados, los medios tradicionales son la fuente más confiable de noticias (radio – 70%; televisión – 66%; periódicos impresos y revistas de noticias – 63%); 37% de los que han respondido se cruza a diario, o casi a diario, con noticias falsas; a pesar de ello, el 71% afirma que puede identificarlas [38]. Asimismo, para el 85% de los encuestados, las noticias falsas son un problema en su país. Y según ellos, los periodistas (45%), las autoridades nacionales (39%) y las empresas de prensa y radiodifusión (36%) deberían ser los encargados de impedir la difusión de esta desinformación.

En cuanto a los jóvenes, el resultado demuestra claramente que se trata de un grupo especialmente vulnerable: son los que más confían en los periódicos digitales, revistas online y páginas web, así como en sitios web de alojamiento de video, tipo Youtube [39]. Y los usuarios cuyo nivel de educación es más bajo son más propensos a decir que nunca o rara vez se encuentran con noticias falsas [40]. Los que usan diariamente las redes sociales (el 22% de los encuestados) también esperan más de ese tipo de actores.

El conjunto de las iniciativas hasta el momento señaladas van a permitir a la Comisión europea diseñar, en las próximas semanas o meses, una estrategia específica sobre el tema, plasmada en una Comunicación. Aunque ante el desafío, la respuesta de los propios Estados miembros no se ha hecho esperar. Algunos han legislado sobre el tema, mientras otros están debatiendo sobre la utilidad de legislar al respecto.

IV. La respuesta de los Estados Miembros

Varios Estados miembros de la UE, muy preocupados por la difusión masiva de noticias falsas, han aprobado medidas legislativas concretas en la materia, o bien presentado proyectos de ley que podrían convertirse en leyes en los próximos meses.

Alemania. El 30 de junio de 2017, el Parlamento alemán adoptó la Ley NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), o Ley para mejorar la aplicación de la legislación en las redes sociales [41]. El texto, cuyo proyecto fue presentado e impulsado por el Ministro de Justicia, Heiki Maas, no esta exento de criticas [42]. A pesar de ellas, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2018. Aunque la iniciativa no es nueva. Ya en el año 2015, el entonces Ministerio Federal de Justicia y de Protección al Consumidor había establecido un grupo de trabajo junto con los operadores y representantes de la sociedad civil. El resultado fue el compromiso de las empresas interesadas de mejorar su respuesta frente a la existencia de contenidos delictivos en sus páginas. En la práctica, se comprometían a revisar y eliminar las publicaciones supuestamente ilegales en 24 horas. Sin embargo, para Alemania, ese compromiso resultó insuficiente: por ejemplo, si bien la plataforma de video Youtube retiraba el 90% de sus contenidos ilícitos, Facebook actuaba sólo en el 39% de los casos y Twitter sólo en el 1%.

Temiendo un fenómeno similar, durante las elecciones federales [43], a la última campaña electoral en Estados Unidos, el proceso legislativo se agilizó y condujo a un endurecimiento de las medidas destinadas a combatir de manera «efectiva e inmediata» [44] los delitos de odio. En esencia, el nuevo texto tiene como objetivo eliminar, restringir y evitar en el futuro las noticias falsas en las redes sociales, así como los mensajes de odio, comentarios discriminatorios, difamación, amenazas e incitación a la violencia. Además, regula la emisión y divulgación de mensajes asociados al terrorismo y a la pornografía infantil.

El mecanismo introducido por la norma es aplicable a los grandes operadores, o sea a las redes sociales, que tienen más de dos millones de usuarios. En este caso, deberán informar trimestralmente a la autoridad competente sobre el número de noticias falsas detectadas, así como las respuestas dadas a tales situaciones. Este deber de información quedará a disposición del público mediante la publicación del informe tanto en la Gaceta Oficial Federal como en la propia página web del operador. Por otra parte, y con el fin de gestionar de manera eficaz las reclamaciones, las redes sociales deben, asimismo, crear procedimientos efectivos y transparentes tanto para permitir la presentación de las denuncias como para eliminar de manera inmediata, y como máximo en un plazo de 24 horas, el contenido ilegal. En caso de infringir lo anteriormente señalado, el texto prevé una multa de 50 millones de euros para la empresa infractora, y hasta 5 millones de euros para el personal responsable de la gestión [45].

Como analizaremos más adelante, su aplicación práctica después de tres meses de vigencia demuestra que el mecanismo es imperfecto: en la mayoría de los casos, las redes sociales prefieren, para no recibir multas multimillonarias, bloquear de manera preventiva ciertos contenidos. Frente a esta situación, una posible revisión de la norma en los próximos meses podría prever la posibilidad para los usuarios de conseguir el restablecimiento del contenido eliminado de manera incorrecta, así como la creación de un organismo independiente con el fin de revisar y responder a los informes de contenido ofensivo [46].

Francia. El Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, anunció a principios de enero de 2018 la presentación de un proyecto de ley anti «fake news». La ahora denominada «loi de fiabilité et de confiance de l’information» (ley de fiabilidad y de confianza de la información – todavía no depositada ante el Parlamento [47]) debería atacarse a las noticias falsas propagadas por parte de entidades extranjeras en periodos electorales. Según las primeras informaciones expuestas por el gobierno francés, el objetivo del texto sería la lucha contra los dos principales vectores de difusión de esas noticias: las plataformas electrónicas y los medios de comunicación que se encuentran bajo la influencia de un Estado extranjero.

En este caso, la legislación prevista sería limitada en el tiempo: se aplicaría esencialmente durante los períodos electorales, cinco semanas máximo antes del escrutinio [48]. A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto convocando los electores y hasta el fin de las operaciones electorales, las plataformas estarían sometidas a una obligación reforzada de transparencia. En la práctica, eso significaría que los operadores deberán dar una información leal, clara y transparente sobre la identidad de los que pagan para promocionar contenidos informativos, así como publicar el monto de las remuneraciones cuando estas serán superiores a una cierta cantidad, fijada por vía reglamentaria. Fuera de este caso, las plataformas deberán elaborar un sistema fácilmente accesible y visible, que permitirá a todo ciudadano señalar la existencia de noticias falsas [49]. Por el momento, el régimen sancionador, que podría sufrir modificaciones durante la discusión del texto, previsto en caso de incumplimiento sería de un año de cárcel y de una multa de 75.000€ [50].

Importante novedad en comparación con las legislaciones adoptadas o previstas por sus países vecinos, el texto francés prevé específicamente la intervención – de urgencia, a petición del ministerio público o de toda persona que tendría un interés para actuar -del juez administrativo [51] en el caso en que unas noticias falsas, que podrían alterar la sinceridad del voto, tienen una difusión artificial y de manera masiva. En este caso, el juez, que deberá decidir en un plazo de 48h, podrá ordenar la suspensión de la página litigiosa de los motores de búsqueda, la supresión del contenido, la supresión de la cuenta de un usuario que habría contribuido de manera repetida a la difusión del contenido, o bien el bloqueo de la página web. Con este nuevo dispositivo, será el juez el encargado de calificar una noticia como falsa.

Otro punto de especial interés es el papel que jugará la Alta Autoridad en materia de Audiovisual (CSA, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). En concreto, podrá rechazar la firma de la convención para la distribución de un servicio bajo influencia extranjera siempre y cuando está prohibición sea necesaria para salvaguardar el orden público [52]. También podrá suspenderla o cancelarla si dicho servicio va en contra de los intereses fundamentales de la Nación o participa en un intento de desestabilización de sus instituciones [53].

Junto con este dispositivo legislativo, y en respuesta probablemente a las medidas contenidas en el Informe del Grupo de Alto Nivel Europeo, la Ministra de la Cultura francesa, François Nyssen, presentó el pasado 15 de marzo de 2018 una segunda parte a su dispositivo para luchar contra la desinformación [54]: desarrollar la educación a los medios de comunicación. Este plan será compuesto por tres partes: en primer lugar, se apoyarán acciones de sensibilización de los adolescentes organizadas por profesionales y asociaciones; en segundo lugar, se prevé la creación de un programa cívico; finalmente, las sociedades del audiovisual público deberán reforzar su misión educativa mediante el desarrollo de una oferta común en esta materia.

Italia. Según la empresa italiana de investigación de mercado Doxa, el 80 % de los italianos cree que las noticias falsas condicionan la opinión pública. Y según la fundación Censis, más de la mitad de los italianos han consumido, compartido, avalado o reprobado, noticias falsas. Para luchar contra esta amenaza, el gobierno decidió lanzar un «proyecto de educación cívica digital para combatir la información falsa». En concreto, «Basta Bufale» [55] pretende convertir a 4,2 millones de alumnos de secundaria y universitarios en especie de «detectives virtuales», para que compartan únicamente las noticias verificadas.

Propiciado por el Ministerio de Educación italiano, el mecanismo previsto resulta ser bastante innovador en su intento de luchar contra la desinformación, implicando al conjunto de los actores interesados: 1/ la escuela y la universidad, para que desarrollen un uso consciente de Internet y enseñen a sus alumnos a utilizar las herramientas tecnológicas, para que puedan distinguir entre las distintas fuentes y desarrollen un sentido crítico; 2/ los periodistas, para que aumenten su esfuerzo de verificación de los hechos; y los editores, para que sean los garantes de la calidad y del fácil acceso de la información para los ciudadanos; 3/ las empresas, para que no permitan la difusión de anuncios publicitarios de contenido falso; 4/ las redes sociales, para que dirijan sus políticas hacia una mayor transparencia e inviertan más en recursos humanos y tecnologías para enfrentar el problema de la desinformación; 5/ finalmente, los protagonistas del mundo de la cultura y del deporte, para que su mensaje en contra de las noticias falsas lleguen al máximo de personas posibles.

En el marco legislativo, el Partido Democrático presentó a finales de 2017 un proyecto de ley, con el fin de perseguir la desinformación [56]. En esencia, el mecanismo previsto es similar al dispositivo alemán. De manera general, se aplicará a los servicios de redes sociales que operan con fines de lucro que tienen más de 1 millón de usuarios registrados en Italia (art. 1). Se excluye de su ámbito de aplicación las plataformas que ofrecen contenidos periodísticos o editoriales cuya responsabilidad es atribuible al proveedor del servicio, así como las diseñadas para permitir la comunicación individual o la difusión de contenidos específicos.

En cuanto a las categorías de contenido ilegal, el texto es amplio y se refiere a dos categorías: los crímenes graves contra la persona (difamación; pornografía infantil; amenaza; actos de persecución o acoso; procesamiento ilícito de datos personales) y los crímenes contra la República que atacan la seguridad pública, la convivencia civil y la claridad de la vida democrática (supresión, falsificación o sustracción de actos o documentos relativos a la seguridad del Estado; terrorismo; delitos contra una confesión religiosa a través de la difamación de personas; incitación criminal; instigación de pedofilia y pornografía infantil; asociación criminal; asociaciones de tipo mafioso; intimidación pública; falsificación de documentos públicos; fraude informático; apología del fascismo; incitación a la violencia racial).

Los proveedores de servicios de redes sociales deberán cumplir con ciertas obligaciones (art. 2). Entre ellas figura la de establecer un procedimiento eficaz, transparente y permanente para el manejo de las denuncias relacionadas con el contenido ilegal. De manera similar el sistema alemán, el texto italiano detalla explícitamente que el procedimiento deberá permitir la toma inmediata de la denuncia, la verificación de la ilegalidad del contenido problemático y su eliminación o bloqueo dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la denuncia. En caso de incumplimiento, es decir si la eliminación o bloqueo del acceso a contenidos ilegales no tiene lugar dentro de este plazo, el régimen sancionador podrá aplicarse y la red social interesada podrá incurrir en una multa de entre 500.000 y 5 millones de euros.

Por otra parte, el mecanismo prevé la creación de organismos específicos de autorregulación (art. 3). Acreditados por decreto del Ministro del Desarrollo Económico italiano, serán los encargados de gestionar los procedimientos de reclamación de las redes sociales y bloquear, en su caso, los contenidos ilegales. Para ser reconocido como tal, el organismo deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales figura la independencia de sus miembros.

Junto con este proyecto, podemos añadir otra iniciativa del país presentada por el ejecutivo poco antes de las elecciones generales celebradas el pasado 4 de marzo de 2018: la aprobación de un protocolo operativo para la lucha contra la difusión de las noticias falsas [57]. El dispositivo establece 3 fases: la recopilación de información, con la creación de un botón rojo en la propia pagina web de la policía para señalar la existencia de noticias falsas; análisis por parte de la policía del contenido denunciado; por último, y en caso en que averigüe que la noticia es falsa, la policía emitirá un aviso en su contra y podrá dar soporte a la persona afectada para solicitar su eliminación de la red social.

España. Especialmente golpeada por la problemática de las noticias falsas durante el proceso independentista en Cataluña, el Grupo Parlamentario Popular decidió presentar una proposición no de ley relativa al impulso de «las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España» [58]. En su proposición, el Grupo insta al Gobierno español a: impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por internet y que tienen como destino al ciudadano; introducir en las capacidades de los Servicios encargados de la Seguridad Pública sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras que hayan sido identificadas como destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones públicas y, en general, en los valores democráticos; promover la colaboración, la cooperación y la búsqueda de un acuerdo internacional contra la desinformación como amenaza global sobre los sistemas democráticos, específicamente si se trata de una amenaza gestionada por actores extranjeros con intenciones hostiles; reforzar la comunicación estratégica para hacer frente a las campañas de desinformación con objetivos de desestabilización planificadas y gestionadas por actores con intenciones hostiles contra países de la Unión Europea. Dicha proposición fue finalmente rechazada a principios de marzo de 2018 por el pleno del Congreso [59].

Reino Unido. El Consejo de Seguridad Nacional inglés decidió crear, a principios de enero de 2018, una nueva «unidad de comunicaciones de seguridad nacional», encargada, entre otros, de combatir la desinformación procedente de Estados y otros actores [60]. En el marco educativo, la BBC (corporación de radiotelevisión pública) anunció querer también implicarse en la lucha contra la desinformación. En este sentido, ayudará a los alumnos a identificar cuales son las noticias verdaderas, ofreciendo para ello talleres presenciales y módulos online [61].

V. Seguridad vs. democracia: ¿Regulación o autorregulación?

Desinformación y libertad de expresión. El gran debate abierto sobre las noticias falsas, o desinformación, resulta ser muy propicio para recordar uno de los «fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada persona» [62]: la libertad de expresión. Tanto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH), en su artículo 10, como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 11 – equivalente del artículo 10 del CEDH [63], proclaman el derecho de toda persona a la libertad de expresión. Este derecho comprende, según los propios términos de los textos señalados, «la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras».

Su alcance es muy amplio. En efecto, según los propios términos del Tribunal de Estrasburgo, la libertad de expresión exige que se proteja «no sólo a las ‘informaciones’ o ‘ideas’ que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’» [64].

Ahora bien, el propio apartado 2 del artículo 10 del Convenio fija unos límites a su ejercicio, que no puede ser incondicional: «El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial». En este sentido, el Tribunal declarará que «debe considerarse necesario en ciertas sociedades democráticas la sanción o incluso la prevención frente a cualquier expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio basado en la intolerancia» [65].

Siguiendo a Botero Marino (2018), únicamente tres tipos de discurso se encuentran excluidos, en razón de su contenido, del ámbito de protección de este derecho: la propaganda a favor de la guerra; la apología del odio nacional, racial o religioso que sea constitutiva de incitación a la violencia [66]; y la pornografía infantil.

Fuera de esos casos, debe prevalecer el principio de neutralidad estatal y, por consiguiente, el principio de presunción general de protección o cobertura. Tal como lo recuerda el Tribunal en su reciente sentencia del 13 de marzo de 2018, «tal como el artículo 10 lo establece, la libertad de expresión va acompañada de excepciones que, sin embargo, requieren una interpretación estricta, y la necesidad de restringirla debe establecerse de manera convincente» [67]. Para los jueces, el adjetivo «necesario», en el sentido del artículo 10.2 del Convenio, implica una «necesidad social imperiosa». Los Estados contratantes disfrutan de un cierto margen de apreciación para juzgar la existencia de tal necesidad, pero debe combinarse con un control europeo tanto de la ley como de las decisiones que la aplican.

En el caso Cengiz y otros contra Turquía del 1 de diciembre de 2015, el Tribunal, pronunciándose sobre la compatibilidad de la medida turca de bloquear el acceso a Youtube, afirmará que «YouTube es un sitio web de alojamiento de videos en el que los usuarios pueden subir, ver y compartir videos, y sin duda es un importante medio para el ejercicio de la libertad de recibir e impartir información e ideas. En particular (…), el contenido político a menudo ignorado por los medios tradicionales se comparte a través de YouTube, lo que fomenta el surgimiento del periodismo ciudadano» [68]. Añadirá, además, que el artículo 10 del Convenio garantiza a «todos» la libertad de recibir y difundir información e ideas, sin que se haga distinción según la naturaleza del objetivo perseguido o el papel desempeñado por las personas físicas o jurídicas en el ejercicio de ese libertad. El artículo 10 se aplica no solo al contenido de la información sino también a los medios de difusión, ya que cualquier restricción impuesta sobre esos medios interfiere necesariamente con el derecho a recibir y difundir información [69].

De manera general, y salvo que versen sobre uno de los discursos antes señalado, resulta imposible considerar las noticias falsas, o desinformación, como una categoría excluida de la protección que deriva del artículo 10. Al respeto, en una declaración conjunta del año pasado [70], el Relator Especial de ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, indicaron sin ambigüedad que «las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (fake news) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión (…) y deberían ser derogadas».

Especialmente relevante es la afirmación de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual «una interpretación correcta de las normas internacionales (…) nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos ‘errónea’, ‘no oportuna’ o ‘incompleta’ . Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión (…). Al exigir la verdad (…) en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable (…). La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas» [71].

La censura es precisamente lo que está apareciendo en Alemania tras la entrada en vigor de su nueva legislación en materia de lucha contra las noticias falsas. La contratación por Facebook de más de 1.200 personas para revisar las publicaciones habrá sido insuficiente para impedir que se borre, con el fin de no recibir la multa prevista por la normativa en caso de incumplimiento, más de lo necesario. Por su parte, Twitter también decidió suspender la cuenta de Beatrix Von Storch, vicepresidenta del partido político de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), después de haber lanzado un mensaje en contra de los musulmanes [72]. La propia Asociación Alemana de Editores de Periódicos (BDZV) acusó a la plataforma de censura tras el bloqueo de la cuenta de una revista satírica. En todo caso, el debate apenas empieza en el continente. Será por tanto necesario contrarrestar de manera muy detallada los datos de las redes sociales que irán apareciendo una vez la efectiva implementación de las distintas legislaciones para saber si, efectivamente, el intento político de frenar las «noticias falsas» en el continente vulnera, por la misma ocasión, la libertad de expresión.

Medidas de autorregulación: ¿freno a la desinformación? Una de las posibles soluciones al espinoso problema de la desinformación es la adopción, por parte de las plataformas digitales, de medidas de autorregulación, sin que sea necesario una disposición legislativa que les obliga a actuar en caso de contenido ilícito. Facebook ya lo práctica desde un poco más de un año, colaborando con distintos medios, tanto de comunicación como políticos, de la UE. Así, el pasado 22 de marzo de 2017, puso en marcha un mecanismo para etiquetar las noticias dudosas, utilizando herramientas tales como el International Fact Checking Network, una red de verificadores de hechos.

Si bien la medida puede saludarse, varias preguntas derivan de su aplicación: entre ellas, ¿qué legitimidad tiene Facebook, empresa privada, para decidir de la realidad de una información? ¿Si decide borrar algún tipo de contenido tras una denuncia, cómo un usuario afectado por la medida puede defenderse? Su posible asociación con otros actores, tales como la prensa, no está exenta de toda problemática al respecto. Por ejemplo, su decisión de asociarse con Wikipedia para dar mayor información del editor con el fin de ayudar a sus 1.500 millones de usuarios (lo que representa el 40% de la población mundial) a detectar si un artículo viene de una fuente de noticias reconocida y confiable es muy subjetiva. ¿Quid de los que no están referenciados en esta enciclopedia? ¿El artículo de un periodista que apenas empieza su oficio, publicado además en una nueva página web, se considerará como fuente reconocida y confiable o directamente será catalogado como una fuente no confiable?

La problemática es aún mayor cuando analizamos el factor financiero de tales medidas de autorregulación. Hoy en día, la mayoría de los editores de prensa independiente viven gracias a la red social. El experimento «Explore» [73] llevado a cabo en 6 países (Sri Lanka, Camboya, Eslovaquia, Serbia, Guatemala y Bolivia) demuestra claramente la alta dependencia económica hacia la plataforma: así en Bolivia, el periódico La Prensa vio un descenso de visitas de 90% en sus páginas que fueron colocadas en un segundo muro. Imagínense entonces ahora: ¿qué podría pasar con un artículo, o todo otro tipo de contenido, que viva de las suscripciones, considerado como no confiable por Facebook por el mero hecho de no estar referenciado en Wikipedia? Simplemente dejaría de aparecer en los muros de sus posibles clientes – los 1.500 millones de usuarios de Facebook. En este caso, la influencia de la red, y por consiguiente su poder sobre las empresas y los ciudadanos, es casi ilimitado. En efecto, tiene en sus manos tanto la posibilidad de actuar como censor como de regulador empresarial, al decidir qué empresas pueden seguir su trabajo, al ser «confiable».

Lo podemos apreciar, la aplicación por las propias redes sociales de medidas de autorregulación puede representar un importante riesgo para el disfrute de las libertades fundamentales. También pueden serlo las autorregulaciones que vendrían desde los propios ciudadanos. El botón rojo introducido por la policía italiana para denunciar supuestas noticias falsas es un claro ejemplo de posibles restricciones en este campo. En este caso, no se trata de una disposición legislativa, pero sí de una fuerte incitación a la población a denunciar, de manera voluntaria, ante la policía todo lo que podría considerarse como mentiras. Mediante tal dispositivo, es la propia democracia la que aparece aquí como en vía de extinción. Bajo la supuesta premisa de luchar contra la desinformación masiva, el gobierno italiano acredita directamente a la policía para que actúe como censor [74].

La educación masiva: mejor práctica para luchar contra las noticias falsas. Luchar en contra de la desinformación debe necesariamente pasar por más y mejores medidas educativas. La tarea en este ámbito debe ser muy ambiciosa, dado los datos inquietantes que aparecieron en las últimas encuestas sobre las noticias falsas: 6 de cada 10 usuarios de las redes sociales comparten una noticia sin haberla leído previamente [75].

La alfabetización mediática e informacional (AMI) de la ciudadanía en general, y especialmente de los jóvenes, es fundamental. ¿Pero en qué consiste exactamente? La Unión Europea definió el concepto en una Recomendación de 2009 [76]. Según el texto, la alfabetización mediática se define como la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con criterio diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos. También incluye la capacidad de establecer formas de comunicación en diversos contextos.

En febrero de 2017, la UNESCO (organización de las Naciones Unidas para la Educación) publicó sus 5 leyes [77] sobre la AMI, que considera como uno de los requisitos más importantes para fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento y para promover medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas. Dicho de otra manera, «contra la información, espíritu crítico» (Frau-Meigs, 2017).

En el mismo sentido va el Informe del Grupo de Alto Nivel de la UE. Según el Grupo, la alfabetización informativa es crucial para luchar contra la desinformación digital y, por tanto, debería incluirse explícitamente en la lista de las competencias clave de la UE para el aprendizaje permanente. El objetivo de esta inclusión es que sirva como punto de referencia para todas las futuras reformas educativas de la UE y de sus Estados miembros. Invita, asimismo, a la UE a hacer de la alfabetización mediática e informativa una prioridad, con el fin de integrarla dentro de las alfabetizaciones básicas garantizadas a todos los estudiantes de Europa, con un estatuto formal dentro de los planes de estudios nacionales (Grupo De Alto Nivel, 2018, p. 27).

VI. Conclusiones

El fenómeno de las noticias falsas es ciertamente preocupante para el buen desarrollo de la democracia. Su difusión masiva a una velocidad hasta ahora nunca visto gracias a los imparables avances tecnológicos hace que la desinformación llegue en el mundo entero casi en un instante, lo que, sin duda alguna, puede poner en peligro la estabilidad política. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, más inquietantes son los importantes retrocesos en los derechos fundamentales – especialmente en la libertad de expresión – que se experimentan bajo el pretexto de luchar contra las mentiras digitales.

Cualquiera que sea las opciones elegidas por los Estados, debemos preguntarnos ¿hasta qué punto una legislación específica podría cambiar la tendencia? Nunca antes tuvimos un espacio de tal magnitud para comunicar entre nosotros, difundir ideas, compartir, etc. de manera tan sencilla y rápida. No se puede desaprovechar esta oportunidad única de instaurar un verdadero espacio digital, en el cual todas las ideas y opiniones son bienvenidas, siempre y cuando se respeta los tradicionales límites a tal derecho reconocidos por todos los sistemas democráticos. No creemos que sea el papel del legislador, y aún menos de empresas privadas, elegir lo que sería «verdadero» y lo que sería «falso». La propia educación de los ciudadanos, y sobre todo su capacidad para analizar y pensar de manera autónoma frente a tal cantidad de información y desinformación, es la que debe servir como única medida posible frente a este nuevo desafío digital.  

Notas:

[1] El País, «La verdadera historia de las noticias falsas», 30 de abril de 2017. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2017/04/28/actualidad/1493389536_863123.html.

[2] Vid. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fake-news-word-of-the-year-2017-collins-dictionary-donald-trump-kellyanne-conway-antifa-corbynmania-a8032751.html.

[3] Vid. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news. «False stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually created to influence political views or as a joke».

[4] Vid. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news. «False, often sensational, information disseminated under the guise of news reporting».

[5] Parlamento Europeo, «Cómo contrarrestar el poder de la desinformación», 10 de abril de 2017. Recuperado de: http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/video-como-contrarrestar-el-poder-de-la-desinformacion.

[6] Vid. Informe del Grupo de Alto nivel sobre noticias falsas.

[7] Vid. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/31/pourquoi-il-faut-arreter-de-parler-de-fake-news_5072404_4355770.html.

[8] Vid. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/how-fake-news-becomes-a-real-bill/447861/.

[9] Vid. Declaración de Viena (2017) de los cuatro relatores especiales en materia de libertad de expresión: «Alarmados ante instancias en que las autoridades públicas denigran, intimidan y amenazan a los medios de comunicación, entre otras cosas, manifestando que los medios son ‘la oposición’ o ‘mienten’ y tienen una agenda política encubierta, lo cual agrava el riesgo de amenazas y violencia contra periodistas, mella la confianza y la creencia del público en el rol de vigilancia pública del periodismo y podría confundir al público difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente».

[10] Según la Real Academia Española, la «desinformación» es: 1/ la acción y efecto de desinformar; 2/ la falta de información, la ignorancia. Y «desinformar» significa: 1/ dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines; 2/ dar información insuficiente u omitirla. Cambridge lo define de la siguiente manera: «Disinformation: false information spread in order to deceive people» (https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/disinformation).

[11] «Post-truth» en ingles. El Diccionario Oxford, que lo declaró palabra del año en 2017, la define como lo «relacionado con lo que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los recursos a la emoción y creencia personal».

[12] Vid. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/es/pdf.

[13] Punto 13.

[14] Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.

[15] Vid. http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf.

[16] Vid. https://euvsdisinfo.eu/.

[17] Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra, apartado 27.

[18] Open Letter of European security experts to Federica Mogherini: Please start taking the Russian disinformation threat seriously! Recuperado de: http://www.europeanvalues.net/mogherini/. «Las acciones agresivas del Kremlin no tienen precedentes en la era moderna. Invasión de países vecinos, bombardeos masivos y asesinatos de civiles, y la primera anexión foránea de tierras extranjeras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, constantes violaciones de las fronteras de otros estados, secuestro de ciudadanos extranjeros, hostigamiento de diplomáticos extranjeros o ataques masivos cibernéticos están todos en el juego de herramientas del régimen actual de Rusia. Todos estos incidentes ofensivos van acompañados de una campaña de desinformación masiva, persistente, continua y brutalmente agresiva. (…)».

[19] Tras el Coloquio de la UE sobre Derechos Fundamentales celebrado en octubre de 2015 sobre «Tolerancia y respeto: prevenir y combatir el odio antisemita y antimusulmán en Europa».

[20] Vid. Punto III de este trabajo: «La respuesta de los Estados miembros».

[21] Decisión marco 2008/913 (DOUE L 328, 6 de diciembre de 2008).

[22] Para una lista completa de los compromisos incluidos en el código de conducta, vid. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_es.htm.

[23] Los resultados del informe revelaron que, de 600 alertas, se eliminó el contenido en 169 casos. Así Facebook retiró el 28% de los contenidos señalados (270 alertas), Twitter el 19% (de las 163 alertas) y Youtube el 48,5% (de las 123 notificaciones). En cuanto al tipo de contenido ilícito, el 23,7% fueron contenidos de carácter antisemita, el 21% fueron críticas por el origen nacional y el 20,2% eran contenidos relativos al odio antimusulmán. Finalmente, cabe destacar que solo el 40% de los contenidos señalados fueron revisados en un plazo de 24h (el 43% de los casos fueron revisados en un plazo de 48h).

[24] Hate speech, populism, and fake news on social media – towards an EU response. Vid. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1491397770340.

[25] Vid. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0501+0+DOC+XML+V0//ES.

[26] Vid. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news.

[27] Vid. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recordings-multi-stakeholder-conference-fake-news.

[28] Vid. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4609_fr.htm.

[29] La consulta fue abierta hasta el pasado 23 de febrero de 2018. Recuperado de: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es.

[30] La consulta versó sobre 3 ámbitos: Definición de información falsa y su divulgación en línea; evaluación de las medidas tomadas por plataformas, medios de comunicación privados y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la divulgación de información falsa en línea; y alcance de futuras actuaciones para reforzar la calidad de la información y evitar la propagación de la desinformación en línea.

[31] La consulta ha recibido un total de 2986 respuestas: 2784 de individuos y 202 de organizaciones legales. El mayor número de respuestas vino de Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y España.

[32] Vid. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-group-fake-news.

[33] El Grupo esta dirigido por Madeleine de Cock Buning, profesora a la Universidad de Utrecht, especialista en derecho de los medios de comunicación y propiedad intelectual. Entre los expertos nombrados, hay expertos de medios de comunicación (como ARD, RTL Group, Mediaset, Sky News), actores de Internet (Mozilla, Google, Twitter, Facebook), profesores de Universidad y organizaciones de la sociedad civil). Vid. la lista completa en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation.

[34] Vid. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-6/minutes_15_january_2018_meeting_hlg_fake_news_59BB9FE9-A0B0-15BD-CB6B78C7B820F93E_49696.pdf.

[35] Disponible en inglés en : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation. Fue adoptado por 38 de los miembros. La Organización Europea de los Consumidores (BEUC) votó en contra: «consideramos que la exposición del consumidor a la desinformación debe abordarse principalmente desde su origen. La ausencia en el informe y sus recomendaciones de cualquier referencia a una de las principales fuentes potenciales de desinformación, el clickbait, es inaceptable. Evaluar el vínculo entre las políticas de ingresos publicitarios de las plataformas y la difusión de la desinformación, es decir, a través de una investigación sectorial, es desde la perspectiva de BEUC un elemento crucial para encontrar los mecanismos apropiados para abordar este fenómeno. Esperamos que en una etapa posterior, la Comisión revise su intervención sobre esta base».

[36] Vid. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-findings-eurobarometer-fake-news-and-online-disinformation.

[37] Las encuestas tuvieron lugar del 7 al 9 de febrero de 2018. Cubrió el conjunto de la UE (los 28 Estados miembros) y fue dirigido a un público general (mayores de 15 años). Durante el periodo correspondiente se realizaron 26.576 entrevistas.

[38] La confianza para identificarlas es mayor en Dinamarca (el 87%), en Irlanda (el 84%), en Finlandia (el 82%) y en Croacia (el 82%). En cambio, sólo el 55% de los españoles se sienten capaces de identificarlas.

[39] El 47% de los estudiantes estima que páginas como Youtube o Dailymotion son fuentes de información de confianza.

[40] El 19% de los menores de 15 años. El 35% de ellos se estima incapaz de identificarlas.

[41] Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Disponible en alemán en : http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0315-17.pdf.

[42] Especialmente, podemos mencionar la reacción del relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, según el cual «es probable que haya una mayor censura» (vid. http://www.lavoz.com.ar/tecnologia/que-establece-la-ley-alemana-netzwerkdurchsetzungsgesetz-y-por-que-preocupa-facebook).

[43] Las elecciones fueron celebradas el pasado 24 de septiembre de 2017. Según la encuesta realizada por la Fundación para la Nueva Responsabilidad (Stiftung Neue Verantwortung), una de cada tres personas en Alemania creen que las «fake news» tuvieron un gran impacto en la elección (http://www.dw.com/es/el-miedo-a-las-noticias-falsas-dej%C3%B3-huella/a-41114186).

[44] Ley NetzDG, A (Parte general), I (objetivo y necesidad de la regulación), último párrafo: «Dado que las herramientas y los compromisos existentes de las redes sociales son insuficientes y que existen problemas significativos para la aplicación de la legislación vigente, es necesario introducir reglas precisas de cumplimiento para las redes sociales a fin de combatir efectiva e inmediatamente los delitos de odio y otros contenidos delictivos en la red» (la traducción es nuestra).

[45] Según el Comité para la Protección de los Periodistas, «la ley deja que las plataformas individuales de medios sociales juzguen si el contenido denunciado por otros usuarios promueve el terrorismo, la provocación o el abuso infantil, o incluye difamación o insulto… las plataformas con más de 2 millones de usuarios en Alemania tienen 24 horas para eliminar las publicaciones reportadas como ilegales por los usuarios, y deben establecer un nuevo sistema de informas para que sea más fácil para los usuarios notificarles de las publicaciones que parecen incluir otros contenidos inapropiados. Si no se establece un sistema para que los usuarios denuncien mensajes presuntamente delictivos, se impone una multa de 50 millones de euros». Vid. https://www.ifex.org/europe_central_asia/2018/02/01/free-expression/es/. Asimismo, vid. https://cpj.org/blog/2018/01/as-german-hate-speech-law-sinks-titanics-twitter-p.php.

[46] Vid. https://lta.reuters.com/article/internetNews/idLTAKCN1GK2EK-OUSLI.

[47] Vid. la primera version presentada a la prensa. Recuperado de: https://cdn2.nextinpact.com/medias/fake-news—03-2017.pdf.

[48] Artículo L. 163-1 del código electoral.

[49] Artículo 6 de la ley 2004-575 relativa a la confianza en la economía digital.

[50] Artículo L. 112 del código electoral. El párrafo 2 del mismo artículo prevé la sanción aplicable cuando se trata de personas jurídicas.

[51] Artículo L. 163-2 del código electoral.

[52] Apartado IV del artículo 33-1 de la ley 86-1067 relativa a la libertad de comunicación.

[53] Artículo 42-6 de la ley 86-1067 relativa a la libertad de comunicación.

[54] Vid. http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Medias-un-plan-d-ensemble-pour-lutter-contre-la-desinformation.

[55] Vid. https://www.bastabufale.it/.

[56] Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news. Presentada el 14 de diciembre de 2017. Recuperado de: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48538.htm.

[57] Vid https://www.commissariatodips.it/fileadmin/src/doc/pdf/comunicato18012018.pdf.

[58] Vid. http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-280.PDF.

[59] 166 votos a favor, 177 en contra.

[60] Vid https://elpais.com/internacional/2018/01/23/actualidad/1516726464_623333.html.

[61] Vid. http://www.bbc.com/news/school-report-43391188?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/cjxv13v27dyt/fake-news&link_location=live-reporting-story.

[62] TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976.

[63] En virtud del art. 52.3 de la Carta, «En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio».

[64] TEDH, Handyside c. Reino Unido, 1976.

[65] TEDH, Erbakan c. Turquía, 6 de julio de 2006, apartado 56.

[66] Incluso en este caso, el Tribunal de Estrasburgo limita los casos admisibles. Vid. por ejemplo TEDH, Gündüz contra Turquía, 13 de noviembre de 2003. Para el Tribunal, si bien las expresiones de un líder islámico (afirmó que la democracia era despótica, despiadada e hipócrita, proponiendo la destrucción de la democracia y el establecimiento de un régimen basado en la Sharia) fueron polémicas, esas declaraciones fueron realizadas durante un debate público, televiso y de interés general. Además, existió un derecho de réplica. Por tanto, no existe en este caso violación del art. 10. Vid. Esquivel Alonso (2016). En el caso del 13 de marzo de 2018, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, el Tribunal estimará, sobre el hecho de quemar fotos del rey de Espana, que «un acte de ce type doit être interprété comme l’expression symbolique d’une insatisfaction et d’une protestation. La mise en scène orchestrée par les requérants en l’espèce, bien qu’ayant abouti à brûler une image, est une forme d’expression d’une opinion dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public, à savoir l’institution de la monarchie». Por tanto, condenar los interesados a 15 meses de cárcel no fue «ni proporcional ni necesaria en una sociedad democrática».

[67] TEDH, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, 13 de marzo de 2018, apartado 30.

[68] TEDH, Cengiz y otros contra Turquía, 1 de diciembre de 2015, apartado 52.

[69] Apartado 56.

[70] Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y «Noticias Falsas» («Fake News»), Desinformación Y Propaganda. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2.

[71] Vid. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2. Apartados 31 y ss.

[72] Vid. http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/02/en-allemagne-la-suppression-du-message-anti-musulmans-d-une-responsable-de-l-extreme-droite-fait-debat_5236843_3214.html.

[73] Vid. http://www.bbc.com/mundo/noticias-41762074. El experimento consistió en lo siguiente: los residentes de los países elegidos debían, para acceder a un muro con noticias y anuncios, apretar un botón, lo que les daba acceso al llamado «Explore Feed».

[74] Vid. la carta del Relator Especial de la ONU del 20 de marzo de 2018 dirigida al gobierno italiano (recuperado de: http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-ITA-1-2018.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1):

«El Protocolo tiene como objetivo combatir las ‘noticias manifiestamente infundadas y tendenciosas, o el contenido abiertamente difamatorio’, términos que no están definidos y que, por lo tanto, plantean preocupaciones de vaguedad. Aunque el Gobierno de su Excelencia ha indicado ciertos factores que tendrá en cuenta al revisar la falsedad del contenido presentado en el portal, estos no abordan la ambigüedad sobre el alcance del contenido de noticias que pueden ser informadas y medidas a través del Protocolo. Además, el Protocolo también vincularía la revisión de ‘Noticias falsas’ a las leyes penales contra la difamación, que imponen sanciones significativas por ‘dañar la reputación de una persona ausente a través de la comunicación’. Me preocupa que esto otorgue una discreción excesivamente amplia al gobierno para enjuiciar declaraciones que critican a figuras públicas y políticas.

La falta de claridad sobre cómo funcionaría el Protocolo, junto con la amenaza de sanciones penales, aumenta el peligro de que el Gobierno de su Excelencia se convierta en árbitro de la verdad en el ámbito público y político. En consecuencia, me preocupa que el Protocolo suprima desproporcionadamente una amplia gama de conductas expresivas esenciales para una sociedad democrática, incluidas las críticas al gobierno, las noticias, las campañas políticas y la expresión de opiniones impopulares, controvertidas o minoritarias».

[75] Vid. el estudio completo realizado por la Universidad de Columbia. Recuperado de: http://datascience.columbia.edu/new-study-highlights-power-crowd-transmit-news-twitter.

[76] Recomendación 2009/625/CE de la Comisión, de 20 de agosto de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente (DOUE L 227, 29 de agosto de 2009).

[77] Vid. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/mil_five_laws_spanish.png. Ley 1: la información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la tecnología e internet, así como otras formas de transmitir y comunicarse son usadas como formas de comunicación para el compromiso de la sociedad civil y el desarrollo sostenible. Son iguales en importancia y ninguna debe resaltar más que otra.

Ley 2: cada ciudadano es creador de contenido y trasmisor de mensajes. Todos deben ser alentados a comunicarse, trasmitir sus mensajes y expresarse. Los MIL son un nexo con los derechos humanos, y están dirigidos tanto a hombres como a mujeres.

Ley 3: las informaciones, conocimientos y mensajes, no siempre son neutrales o proceden de fuentes independientes y fiables. Cualquier conceptualización, uso o aplicación de los MIL debe hacerse de una manera fiable y comprensible para todos los ciudadanos.

Ley 4: cada ciudadano quiere saber y comprender las nuevas informaciones, conocimientos y mensajes, así como poder comunicarse, incluso si no es consciente de ello o admite hacerlo. Sus derechos nunca deben verse comprometidos.

Ley 5: la alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe. Es un proceso vivo y una experiencia dinámica, mucho más completa aún cuando incluye conocimientos, habilidades y aptitudes, así como el acceso, la cobertura, evaluación, asignación, uso, producción, y comunicación del contenido de los medios de comunicación.

Bibliografía

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