Sistema republicano y democrático estatal en el Mercosur: Recepción de valores y derechos políticos internos en la integración regional

by Leandro Omar El Eter

}

Ene 31, 2022

| DOCTRINA

Sistema republicano y democrático estatal en el Mercosur: Recepción de valores y derechos políticos internos en la integración regional

Republican and democratic state system in Mercosur: Reception of internal political values and rights in regional integration

Système étatique républicain et démocratique dans le Mercosur : Réception des valeurs et des droits politiques internes dans l’intégration régionale

Derecho y Economía de la Integración
[n.º 9 – enero de 2022; pp. 135-148]

Fecha de publicación en línea: 31 de enero de 2022

Palabras clave: democracia, República, órganos, poder, modelo.

Keywords: democracy, Republic, organs, power, model.

Mots-clés: démocratie, République, organes, pouvoir, modèle.

Resumen: El presente artículo explica la recepción de valores democráticos y republicanos en el Mercosur. Se realiza una suerte de análisis del sistema democrático de los miembros permanentes, en relación con el ente supraestatal. Complementariamente, se ahonda en la historicidad del proceso republicano, y en las inconsistencias y deficiencias en la aplicación práctica de dicho modelo.

Además, se realiza una enumeración de los diferentes órganos de poder, y se pretende indagar acerca de las virtudes y falencias de los mismos.

Abstract: This article explains the reception of democratic and republican values in Mercosur. A sort of analysis of the democratic system of the permanent members is carried out in relation to the supranational entity. In addition, it delves into the historicity of the republican process and the inconsistencies and deficiencies in the practical application of said model.

In addition, an enumeration of the different organs of power is made, and it is intended to inquire about their virtues and weaknesses.

Résumé: Cet article explique la réception des valeurs démocratiques et républicaines dans le Mercosur. Une sorte d’analyse du système démocratique des membres permanents est effectuée, par rapport à l’entité supra-étatique. En outre, il approfondit l’historicité du processus républicain, ainsi que les incohérences et les lacunes dans l’application pratique dudit modèle.

De plus, une énumération des différents organes du pouvoir est faite, et il est prévu de s’enquérir de leurs vertus et de leurs défauts.

CITAR ESTE ARTÍCULO

El Eter, Leandro Omar (2022). Sistema republicano y democrático estatal en el Mercosur: Recepción de valores y derechos políticos internos en la integración regional. Derecho y Economía de la Integración n.º 9, pp. 135-148. https://juri-dileyc.com/sistema-republicano-y-democratico-estatal-en-el-mercosur/

I. Introducción

El presente artículo tiene como núcleo central al estudio del sistema republicano y democrático supraestatal en el Mercosur, y el análisis de la recepción de valores y derechos políticos en la integración regional.

Por medio de la presente investigación, se pretende probar la recepción de valores y derechos políticos /republicanos y democráticos en la integración regional sudamericana. De la misma manera, se pretende manifestar cuáles son las inconsistencias y las imprecisiones en una implementación de un modelo republicano, caracterizado por una deformación de principios básicos, y por la confusión de los límites de la «cosa pública» con lo «privado».

Indagar acerca de la filosofía política del Mercado Común del Sur permite comprender su razón de ser y su finalidad.

A nivel mundial, se ha promovido a la democracia como «forma ideal de gobierno», en contraposición con los sistemas totalitarios y dictatoriales. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en pos de la defensa de la misma. Es claro que existe una suerte de reconocimiento y protección de los derechos humanos (CANEPA, 2015). Así, el «Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos» y el «Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR» muestran una política enfocada en el respeto de las libertades y derechos inherentes a la condición humana.

Si bien existen muchos Estados en el mundo que no han adoptado sistemas democráticos, es preciso mencionar que los Estados americanos han conservado sus estructuras participativas y plurales.

En cuanto a los sistemas republicanos, la región de Sur América (con excepción de Guyana, Guyana Francesa, Suriname y colonias inglesas como las Islas Falkland) han sido influenciada por la revolución francesa de 1789, lo que implica la existencia de la división de poderes, la periodicidad de funciones y el control de las cuentas públicas. El autoritarismo de Luis XVI (reconocido por su famosa frase: «El Estado soy yo») ha sido superado por un sistema que no concentra el poder en una sola persona, sino todo lo contrario.

Por otra parte, la idiosincrasia inglesa ha constituido un sistema diferente influenciado por el parlamentarismo. Dicha diferenciación obedece a razones meramente históricas y políticas.

No cabe duda que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (miembros plenos del Mercosur) comparten una historia y cultura política, con características similares o afines. La falta de una cultura compartida y de costumbres parecidas suscitaría conflictos y asperezas. La necesidad de la creación de un cambio político y la formación de una nueva identidad es imprescindible para el proceso de integración (CAETANO, 2011).

Se trata de un auténtico proceso unificador (diferenciado de otros tipos de procesos como los imperialistas, nacionalista y federalistas) (MOLINA DEL POZO, 2015; MOLINA DEL POZO & ROJAS, 2000) .

Existe una suerte de transposición de la concepción de los órganos de poder de las estructuras estatales internas a los órganos de poder supraestatales. Dicho con otras palabras, el poder ejecutivo, legislativo y judicial pertenecientes al Mercosur conforman una fiel y autentica expresión de los principios franceses de igualdad, libertad y fraternidad.

II. Órganos estatales y supraestatales. Importancia de la participación ciudadana en el Mercosur

La geografía y la historia de Sur América han determinado una suerte de recepción de ideales europeos. La influencia ha contemplado un sinfín de aspectos: sociales, económicos, políticos, culturales, ideológicos y religiosos.

Un hito trascendente en la historia del continente americano fue el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 (determina el fin de la edad media y el comienzo de la edad moderna). Como consecuencia de dicho cambio en el cauce de la historia, comenzaron a difundirse los ideales europeos.

Con posterioridad al desembarco de europeos al continente americano, hubo otros hechos históricos que determinaron el carácter y la personalidad del pueblo americano. Las influencias de las corrientes inmigratorias han transformado las culturas y tradiciones de la región.

Puntualmente y desde un aspecto estrictamente político, la revolución francesa de 1789 (determina el fin de la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea) ha producido un «estallido social», que ha trascendido las fronteras europeas. Producto de dicha influencia y con posterioridad a la fecha señalada, comenzaron a declararse las independencias de los pueblos americanos, como consecuencia de la promoción de la libertad y la igualdad (la «autodeterminación de los pueblos» modificó el curso ordinario de la historia).

Lo trascendente radica en la incorporación de los principios republicanos en los sistemas de gobierno americanos. La existencia de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial es una herencia francesa, sustentada en la «teoría de los contrapesos de Montesquieu» y en el «contrato social de Rousseau» . Teóricamente, es un sistema que parecería perfecto y sin ningún tipo de fisuras, sin embargo, la práctica ha mostrado inconsistencias asociadas a la intromisión de un órgano de poder sobre otro. El fenómeno americano del «hiperpresidencialismo» ha mostrado la primacía del órgano ejecutivo por encima de los otros órganos. Hubo una readaptación de las «formas políticas adquiridas», de acuerdo a las características e intereses americanos.

Es preciso mencionar que dicho sistema político, trasciende los límites estatales dado que muchos procesos de integración regional han conformado sus órganos de poder con caracteres idénticos a los estatales.

En el caso del Mercosur, se encuentran perfectamente delimitados los tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. Es cierto que  se encuentran en un proceso de maduración por motivo que el nacimiento del Mercosur es reciente, y necesita afianzarse y establecerse. Por el contrario, la Unión Europea ha conformado una estructura sólida y madura (por ejemplo, existe un Banco de la Unión Europea, que es el encargado de la creación del euro como moneda única, lo que implica una integración monetaria).

El Protocolo de Ouro Preto, en su artículo 1, establece que «los órganos con capacidad decisoria en el Mercosur son: el Consejo del Mercado Común, el grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio». Dichas instituciones representan una suerte de equivalencia con el órgano ejecutivo.

Paralelamente, el Parlasur se encuentra integrado por los representantes de los Estados-partes; y el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, se encuentra conformado por árbitros provenientes de los Estados-Partes. El espíritu de las normas que crean dichas instituciones es la participación igualitaria, equitativa y equilibrada, es decir, que en la medida que haya una justa composición de los espacios de poder, se posibilita la legalidad y la legitimidad de las decisiones adoptadas.

La integración regional es un proceso multidimensional, cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las sociales, culturales y ambientales.

La constitución y el funcionamiento de un organismo regional posee características específicas. La cercanía geográfica, la presencia de una concepción cultural similar y los objetivos en común constituyen los elementos tipificantes. La aproximación geográfica se identifica con la regionalidad; y los propósitos o fines comunes se asocian con la fundación de cualquier tipo de asociación. Así, en el «Tratado de Asunción» se regulan los objetivos de Mercosur.

Otro carácter del Mercosur (que no es compartido con otros procesos de integración como es el caso de la Liga de Países Árabes) es la presencia de valores democráticos. Dicho aspecto denominado «democratización» no fue concebido en otros periodos históricos en zonas americanas, sino que forma parte de una etapa de maduración política, atravesada por la incorporación de derechos de primera, segunda y tercera generación. La creación de la Organización de las Naciones Unidas (como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial), y los tratados que tienen como contenido elemental el fomento de los derechos humanos, representaron un esquema jurídico sustentado en la solidaridad y dignidad humana.

En la década del 70, en la región latinoamericana, existieron gobiernos dictatoriales de facto, y las autoridades políticas diseñaron grupos regionales con fines económicos y militares. La existencia de la ONU y de tratados internacionales no pudieron evitar la violación a los sistemas democráticos. La fundación de la ONU en 1945 fue creada para el fomento de la paz mundial, no obstante, su presencia y sus esfuerzos no fueron suficientes para contrarrestar las políticas contrarias a los derechos humanos.

El Mercosur fue creado en el marco de gobiernos democráticos. A partir de 1991, se reforzaron los mecanismos tendientes a eliminar toda injerencia de gobiernos de facto.

En definitiva, el ente posee como objetivos la representación de los intereses de los ciudadanos, y la existencia de una suerte de «cercanía de las gestiones regionales» a favor de los administrados (MOLINA DEL POZO, CIRÉFICE & JIMÉNEZ CARRERO, 2019).

Es menester señalar que durante la vigencia del Mercosur, en fecha 29 de junio de 2012 por medio de la «Decisión sobre la Suspensión del Paraguay en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático» resuelve «suspender a la República del Paraguay por violación del orden democrático» [1].

El Mercosur en fecha 5 de Agosto de 2017, por medio de la «Decisión sobre la suspensión de Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático», resuelve «supender a Venezuela por la violación al orden democrático» [2].

La suspensión de Paraguay obedeció a motivos políticos asociados con la destitución del Presidente Fernando Lugo por parte de la Cámara de Diputados por mal desempeño. Hubo una reacción internacional como rechazo a la inestabilidad del sistema democrático del país en cuestión. En el momento de restablecimiento del sistema democrático del país, se permitió el levantamiento de la suspensión y la consiguiente adhesión.

En el caso de Venezuela, la decisión de su suspensión radica en una «amenaza» en contra de las instituciones democráticas por parte del Presidente Nicolás Maduro.

Ambos antecedentes, posibilitan la creación de una concientización acerca de la importancia de la democracia como sistema de gobierno. De forma complementaria, las decisiones del Mercosur tienen una fuerza jurídica y moral, que posibilitan la formación de una «conciencia democrática». Ningún Estado puede subsistir individualmente en el sistema mundial, y el «apartamiento» de cualquier Estado significa la «pérdida de su razón de ser». Del mismo modo que las personas necesitan relacionarse para subsistir y para crecer, los Estados necesitan de sus pares para su crecimiento político, cultural, económico y estratégico. Las medidas de suspensión superan lo meramente simbólico, y se encuentran apoyadas por una comunidad internacional que mantiene valores idénticos.

El grupo regional es un sistema original de gobernanza, donde cada miembro cede parte de su soberanía en pos de la unión y promoción de intereses comunes (CIRÉFICE & CARMONA BAYONA, 2019).

Al margen de los casos expuestos, otros organismos internacionales tomaron medidas de suspensión. En julio de 2009, la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió a Honduras por haber violación el orden democrático. El Presidente democrático hondureño Manuel Zelaya fue depuesto por Roberto Micheletti, situación que generó la aplicación de los mecanismos regulados en la OEA, ante violaciones a los sistemas democráticos.

Por otro lado y en forma comparativa, la Unión Europea no tiene antecedentes en relación a la suspensión de Estados Partes, por razones de perturbación de los órdenes democráticos europeos. Sin embargo, el sistema normativo comunitario regula conductas contrarias a las estructuras democráticas. Dicho de otra manera, si se configura una conducta violatoria, los protocolos comunitarios facilitan mecanismos de protección.

La Unión Europea constituye la expresión económica de una «Europa integrada, pacífica y con valores compartidos», heredados de su cultura e historia antigua, medieval y moderna. La democracia, cuyo origen en la Grecia antigua le otorga la patente histórica a Europa, constituye uno de sus más importantes legados al mundo (SÁNCHEZ-CUENCA, 2020).

La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo, y está estrechamente vinculada al imperio de la ley, y al ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien la Carta de las Naciones Unidas no incluye ninguna mención de la palabra «democracia», las palabras iniciales de la Carta («Nosotros los Pueblos») reflejan como principio que la voluntad del pueblo es la fuente de legitimidad de los Estados soberanos y, por consiguiente, de las Naciones Unidas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, proyectó el concepto de democracia declarando «que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno».

La Declaración especifica los derechos que son esenciales para una participación eficaz. Desde su aprobación, la Declaración ha inspirado la elaboración de constituciones en todo el mundo; y ha contribuido, notablemente, a la aceptación mundial de la democracia como valor universal.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece la base jurídica de los principios de democracia con arreglo al derecho internacional, en particular:

  • la libertad de expresión (artículo n.° 19);
  • la libertad de reunión pacífica (artículo n.° 21);
  • el derecho a la libertad de asociación con otras personas (artículo n.° 22);
  • el derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente, o por conducto de representantes libremente elegidos (artículo n.° 25);
  • el derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo n.° 25).

El Pacto es vinculante para aquellos Estados que lo han ratificado. Hasta el 8 de julio de 2010, el número de partes del pacto era de 166, lo que constituye el 85% de los miembros de las Naciones Unidas.

La «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» estipula que los 186 Estados Partes (julio 2010)  deben garantizar a las mujeres, en las mismas condiciones que a los hombres, el derecho a votar en las elecciones y a ser elegidas, y la participación en la vida pública y toma de decisiones (artículo n.° 7).

Las actividades de las Naciones Unidas, en apoyo de la democracia y el buen gobierno, son aplicadas por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Asuntos Políticos, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), entre otros. Tales actividades son inseparables de la labor de las Naciones Unidas en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, y la paz y la seguridad, e incluyen:

  • Ayuda a los parlamentos y a las estructuras de gobierno local descentralizadas para mejorar los frenos y contrapesos que permiten el florecimiento de la democracia;
  • Promoción de los derechos humanos, el imperio de la ley y el acceso a la justicia, ayudando a fortalecer la imparcialidad y eficacia de los mecanismos nacionales de derechos humanos y de los sistemas judiciales;
  • Garantía de la libertad de expresión y acceso a la información mediante el fortalecimiento de la legislación y de la capacidad de los medios de información;
  • Asistencia electoral y apoyo a largo plazo para los órganos de gestión electoral y;
  • Promoción de la participación de la mujer en la vida pública y política.

La incidencia de la ONU en la difusión de la democracia en los procesos de integración regional ha posibilitado la incorporación de sistemas inclusivos, fomentados en la diversidad y la tolerancia.

La realidad del Mercosur no admite un miembro que posea «irregularidades y deficiencias democráticas». Es preciso resaltar que se han detectado maniobras tendientes a debilitar los sistemas democráticos. Así, las posturas adoptadas por los actores políticos que evaden los controles legislativos o intentan reformar la constitución para «perdurar en el poder», representan un aspecto de radicalización política, que erosionan la democracia. Las tendencias ideológicas de los líderes, enmarcadas en determinadas condiciones estructurales, pueden afectar su razón de ser (RÍOS SALDARRIEGA & ORDOÑEZ, 2020).

Por último, el término «Complejo de Seguridad Regional» contempla a la estabilidad democrática de los miembros de la integración regional. Lo que denota la trascendencia de la permanencia de los sistemas participativos.

III. Compatibilidad de los sistemas políticos estatales con el sistema político del Mercosur. Recepción de valores democráticos y políticos

No cabe duda acerca de la compatibilidad de los sistemas republicanos internos con el sistema republicano y democrático existente en el Mercosur. Existe una coordinación de normas internas con las normas comunitarias; el responsable de garantizar dicha armonización es el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.

Los ideales políticos provienen de una cultura compartida, es decir, que la cercanía geográfica ha determinado que los miembros plenos posean una forma similar de concepción de los procesos políticos. El pueblo sudamericano fue receptor de principios y valores europeros; y los mismos fueron procesados y adaptados a las necesidades e intereses regionales. Vale decir, que la presencia de una historia compartida posibilita la unión y la asociación, con fines que trascienden los límites estatales.

La recepción de valores republicanos y democráticos forma parte de la esencia política. A pesar de ello, es preciso distinguir la cuestión republicana y la cuestión democrática, por motivo que las nociones asociadas a la democracia fueron inspiradas durante la edad antigua; en la Grecia antigua (más precisamente, en el ágora en Atenas), se implementó el sistema de la democracia directa, donde todos los ciudadanos participaban de forma igualitaria, sin la necesidad de designar representantes. Por el contrario, las nociones republicanas se ubican, cronológicamente, durante el fin de la edad moderna y el comienzo de la edad contemporáneo. No es menos cierto que el análisis de la república, como forma de gobierno, implica el conocimiento de la conceptualización de democracia, es decir, que dichos conceptos no se excluyen, sino que se complementan, de una forma tan exacta como una pieza en un rompecabezas.

La coexistencia de un sistema republicano y democrático posibilita la creación de órganos independientes (dotados de autonomía funcional y financiera).

La existencia de canales de comunicación de la administración de las cuentas y decisiones públicas, y la participación ciudadana han posibilitado la construcción de un sistema sólido en cuanto lo teórico; sin embargo, existen fisuras e inconsistencias en la implementación práctica, lo que muestra una distancia entre la idealización y la realidad.

Dicho modelo ha sido tomado en las estructuras supraestatales a pesar de su fracaso en países de tercer mundo (el uso de los términos «republiqueta» y «república bananera» muestra una «aplicación deficiente» de los «principios elementales» en la administración de los asuntos públicos).

El modelo republicano y democrático posee una consistencia estable pero la «instrumentación errónea» ha causado un rechazo y repudio social. El problema no tiene asidero en el modelo en sí, sino en el desempeño de las autoridades, dado que han «prostituido» al sistema como consecuencia de hechos asociados a la corrupción, a la malversación de caudales públicos, a la utilización del tráfico de influencias, entre otros.

El «déficit democrático» es , sin dudas, un detonador que genera tensiones en el proceso de integración, erosionando el modelo del multilateralismo y de cooperación (ÁVILA LÓPEZ, UPEGUI DÍAZ & SÁNCHEZ MORENO, 2020).

El «déficit de institucionalidad» del Mercosur produce una carencia de una estrategia definida (MOLINA DEL POZO, 2017). Sin dudas, lo manifestado representa el desafío de la región (PERROTA & PORCELLI, 2020; BOBBIO, 2020; SANDOZ, 2020).

El Mercosur posee una estructura orgánica, que contiene espacios políticos destinados a la toma de decisiones ejecutivas; a la creación de normas parlamentarias; y a la resolución de controversias suscitadas entre las normas internas y comunitarias.

La organicidad es una noción inherente a la formación y funcionamiento del Mercosur. Desde su creación (por medio del Tratado de Asunción de 1991) se ha dispuesto la importancia de su operatividad. El análisis de la historicidad del ente supraestatal en cuestión, ha mostrado avances políticos, sociales, culturales y educativos. A pesar de ello, se observa una falta de maduración en los espacios de participación ciudadana.

Es cierto que el Parlasur (Parlamento del Mercado Común del Sur) permite la elección de los parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No obstante, la ciudadanía desconoce las problemáticas tratadas en el recinto, y la utilidad práctica de las mismas. Si bien, existe una difusión en las redes sociales de las políticas parlamentarias, la forma de comunicación es débil y deficitaria (la ciudadanía desconoce su finalidad).

Por otra parte, el órgano ejecutivo se encuentra formado por ministros de los Estados-Partes. Dicha conformación no es democrática, sino discrecional. De la misma forma que se eligen los Presidentes en los Estados americanos, debería elegirse a las autoridades ejecutivas del Mercosur.

Lo contraproducente podría identificarse con un fenómeno arraigado en la cultura latinoamericana: «el hiperpresidencialismo». Si bien una práctica democrática aceptable se encuentra relacionada con la elección popular de las autoridades ejecutivas, no es menos cierto que el abuso de poder y la tiranía pueden inmiscuirse en los espacios de poder (los gobiernos latinoamericanos han sido gobernados por «líderes populistas», que han realizado gestiones de gobierno contrarias al bienestar general).

Por último, el Tribunal Permanente de Revisión tiene como función compatibilizar las normas internas con las comunitarias. No ha logrado la misma madurez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero muestra una composición sustentada en la diversidad y en la pluralidad (así, los árbitros titulares y suplentes son de origen argentino, brasilero, paraguayo y uruguayo). Si bien existe una pretensión de participación igualitaria (al igual que los otros órganos de poder), la designación discrecional de los magistrados por parte de los Presidentes de Estado, no garantiza la idoneidad, sino que impera la conveniencia política, lo que pone en tela de juicio la independencia, la imparcialidad y la autonomía judicial.

La existencia de un consejo encargado de la tramitación del concurso o de una institución similar que se encargue de la selección de árbitros del Mercosur, podría permitir una participación más democrática de los ciudadanos. La exigencia de requisitos (asociados a cuestiones académicas, edad, inexistencia de condenas penales, etc.) para participar del concurso en cuestión, podría permitir una ampliación de derechos.

Para afianzar los tres órganos de poder, se requiere la existencia de un intercambio dinámico de normas estatales; la armonización de cuestiones culturales; la difusión del conocimiento del idioma español y portugués y su consiguiente enseñanza obligatoria (el idioma oficial de Brasil es el portugués; mientras que el idioma oficial de Argentina, Paraguay y Uruguay es el español); políticas comunitarias que permitan la incorporación de otros Estados en calidad de miembros plenos; la erradicación de la corrupción; fortaleza en las economías regionales; la creación de un Banco del Mecosur; la creación de una moneda única; y la formación de canales de información y comunicación, con la consiguiente posibilidad de participación ciudadana.

Las funciones de los órganos se encuentran en proceso de desarrollo. La independencia de cada órgano es una condición necesaria para consolidar al ente. Por otra parte, la continuidad y perdurabilidad de políticas supraestatales no puede depender de cuestiones ideológicas ni de las gestiones estatales de turno, sino que los objetivos deben convertirse en una gestión que no dependa de ninguna «bandera política», sino del bienestar de la región.

La fragilidad de los sistemas republicanos estatales representa una cultura política, que impide la construcción de una «república supraestatal» auténtica y democrática.

Filosóficamente y lógicamente, puede afirmarse que si los elementos (Estados) que componen al sistema (Mercosur), se encuentran «endebles», difícilmente podrá constituirse una estructura bien definida y constituida. Lejos de la realización de un planteo pesimista, se pretende mostrar la realidad en su integridad.

Además, la región americana ha sufrido «ataques» e «interrupciones» a los regímenes democráticos como el caso de Paraguay (cuando la asamblea legislativa destituye al Presidente Lugo), de Bolivia (cuando se destituyó al Presidente Morales), de Honduras (cuando se destituyó al Presidente Zelaya), entre otros. De la misma manera y a nivel internacional, tanto Venezuela como Nicaragua han sido señalados como países que no respetan el orden democrático (Venezuela fue suspendida del Mercosur).

Lo expuesto muestra un panorama regional atravesado por «situaciones confusas» que amenazan a las instituciones democráticas. Dichas situaciones son repudiadas normativamente (Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Mercosur, entre otros, poseen normas tendientes a la defensa de la democracia) y socialmente. Si bien existe una concientización acerca de la cuestión, existen falencias patentes en la practicidad y ejecutoriedad de los derechos constitucionales.

La democracia forma parte de una exigencia mundial. La participación social y la vigencia y promoción de los derechos humanos se encuentran previstos en cuerpos normativos internacionales.

En el Mercosur, desde su fundación, se establecieron normas tendientes a la protección de los sistemas democráticos. No sólo la protección, sino también la permanencia y la continuidad de estructuras cívicas democráticas conformaron los contenidos de la integración.

Las prácticas democráticas se establecen por medio de los usos y costumbres, y por medio de sistemas normativos internos y supranacionales. La Organización de las Naciones Unidas, como máxima expresión de la unión internacional, fomenta la presencia y difusión de la democracia. No obstante ello, existen Estados Partes de la ONU que no poseen dichos modelos como el caso de Omán o Arabia Saudita.

A medida que los procesos de integración fueron madurando, aparecieron nuevas normas tendientes a reafirmar a la democracia como un derecho, y se crearon protocolos tendientes a la aplicación de medidas sancionatorias a los infractores de las normas comunitarias. En el Mercosur, existen dos casos resonantes: tanto Paraguay como Venezuela fueron sancionados.

En definitiva, el cumplimiento de los tratados y de los protocolos coincide con una política tendiente a la protección de los derechos humanos.

El desafío radica en establecer instituciones democráticas que faciliten la participación de los ciudadanos. La economicidad de las formas burocráticas y el debido acceso a las instituciones comunitarias de una forma flexible constituyen demandas contemporáneas. El acceso a la información y la facilitación de canales de acercamiento de las normas comunitarias exigen medios de comunicación con la suficiente eficacia para que exista una trascendencia de lo teórico a lo práctico (EL ETER, 2020).

IV. ¿ Existe un marco jurídico que regule la adopción de principios republicanos y democráticos en el Mercosur ?

Si bien existe una costumbre política heredada, es menester reconocer la positivización de los derechos republicanos y democráticos. Además, existe una «concientización mundial» de la importancia de la difusión de la democracia como forma de «gobierno perfecta». Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, el Mercosur o la Unión Europea regulan normas afines a la democracia; y en caso de incumplimiento, sancionan a los Estados infractores (existen sanciones severas como la expulsión).

El «Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile», del 24 de julio de 1998 reafirma los principios y objetivos del Tratado de Asunción y sus Protocolos. Del mismo modo, reafirma la «Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático de Las Leñas», del 27 de junio de 1992 [3].

Dicha convención representa un hecho decisivo para la consolidación democrática (RAMOS, 2020; ORTIZ, 2020).

El articulo n.° 1 del «Protocolo de Ushuaia» prescribe lo siguiente: «La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes».

Dicho artículo reafirma los valores previsto en el Tratado de Asunción de 1991, que fue el acuerdo que motivó la fundación.

Por su parte, el articulo n.° 3 prevé que: «Toda ruptura del orden democrático en unos de los Estados Partes del presente protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes».

La importancia de dicho protocolo radica en la instauración de procedimiento de sanción ante situaciones de violación normativa.

El articulo n.° 4 establece que: «En caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del presente protocolo, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado».

El articulo n.° 5 regula que: «Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, en el ámbito específico de los Acuerdos de Integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos».

La letra literal de los artículos 4 y 5 establece un mecanismo de defensa del «Estado afectado», recepcionando principios jurídicos sustentados en garantías y en la libertad de expresión.

En el año 2005, las Partes acuerdan el «Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos del Mercosur» [4]. Así, en su artículo n.° 1, prevé que: «La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes».

Dicho protocolo posee un contenido que contempla a los derechos humanos. En dicha normativa, se plantea una relación de género y especie, incorporando a la participación ciudadana dentro de una esfera universal, y mostrando al modelo democrático como una realidad incuestionable dentro de la órbita legal (constituyendo la solución más sensata y acertada de organización social).

En 2019, los Presidentes de los Estados Partes ratifican la «Declaración Presidencial sobre el fortalecimiento de la democracia en el Mercosur». Dicho instrumento reafirma las conquistas jurídicas realizadas.

En relación al organismo de contralor de los compromisos asumidos, el Observatorio de la Democracia del Parlamento (ODPM) fue creado con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de los objetivos del Protocolo de Ushuaia. Dicha institución, además, se encarga del cumplimiento y ejecución de las normas dictadas de forma posterior al Protocolo mencionado.

El rol del Observatorio consiste en acompañar los procesos electorales en los Estados Partes; coordinar acciones del Cuerpo de Observadores Electorales del Mercosur; realizar las actividades y proporcionar los informes que sean solicitados por el Parlamento o al menos por el Consejo del Mercado Común (CMC), presentar un informe anual de sus actividades al Pleno, que será remitido al CMC y a la Comisión de Representantes Permanentes (CRPM).

V. Conclusión

Puede afirmarse una recepción patente de los derechos republicanos y democráticos en el Mercosur. El conocimiento de dichos modelos forma parte de una cultura política compartida entre los Estados-Partes. El problema no estriba en el modelo elegido, sino en la carencia de un aprendizaje práctico de la aplicación de dichos valores en la sociedad. Las debilidades de las democracias estatales (durante largos periodos de tiempo, hubo gobiernos dictatoriales y hubo «amenazas» de golpes de Estado) han mostrado el retroceso de la región. Si los Estados son incapaces de implementar un sistema efectivo en sus «realidades internas», difícilmente puedan incorporar dichos principios en un ente supraestatal.

Lo recomendable sería: «antes de correr, aprender a caminar». Es decir, que no se puede concebir Estados que funcionen de forma aislada, sobre todo considerando la importancia de la globalización y del proceso de mundialización sin embargo, «una cosa no quita la otra». El fortalecimiento de las repúblicas estatales es un requisito imprescindible para fomentar la «república supraestatal».

Por otra parte, los órganos supraestatales conforman una representación de los órganos estatales, es decir, que existe un poder ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, es preciso que exista una mayor participación ciudadana por medio del afianzamiento de los canales de información como es el caso de las redes sociales. Tanto la elección de las autoridades ejecutivas como judiciales, deberían elegirse dentro de un proceso que priorice la idoneidad y la pluralidad.

El acuerdo social rousseauniano es una forma adecuada de convivencia social (EL ETER, 2019); dentro del seno del grupo regional, su captación es fundamental.

El sistema republicano supraestatal es compatible con los modelos internos. Así, la compatibilización del derecho interno con el comunitario representa una muestra política de la importancia de la integración. La recepción de valores republicanos es una realidad teórica, pero existe una incorrecta aplicación de los principios, lo que denota una inconsistencia en términos de pragmatismo. Fenómenos tales como el enriquecimiento ilícito, la intromisión de un órgano de poder sobre otro, la preeminencia del órgano ejecutivo por encima de los otros órganos, la pobreza, el hambre, la miseria, la distribución inequitativa de la riqueza, entre otros, han erosionado los lineamientos básicos de cualquier estructura republicana.

De igual manera, abundan las normas protectorias de los sistemas democráticos. A pesar de ello, parecería que el problema no tiene su origen en una cuestión normativa, sino en la concientización y en la puesta en práctica.

Razones históricas y culturales han contribuido a una coincidencia en cuanto a la defensa del sistema democrático como modelo ideal. No puede obviarse la influencia de los tratados internacionales que tienen como objeto la protección de los derechos humanos dado que crean una convicción jurídica y moral.

En la realidad práctica, no existe el grado de desarrollo suficiente para la promoción de la participación, lo que denota la necesidad de una incorporación de canales de comunicación más idóneos. Todo ello, sin olvidar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son herramientas para el fomento de un modelo participativo e integrador. Dichos instrumentos innovadores han generado una revolución tecnológica, pero su implementación no es la adecuada a nivel mundial, por las dificultades de su acceso y por la falta de conocimiento.

Desde la óptica empírica, se observa que los Estados miembros del Mercosur y los países latinoamericanos han mostrado dificultades en la consolidación de sus modelos democráticos.

En muchos Estados latinoamericanos, se produjeron golpes de estado. La variable que tienen en común es el uso de la violencia para reemplazar, arbitrariamente, del poder al gobernante de turno. La intervención de las fuerzas armadas forma una coincidencia en muchos de los casos.

La Organización de Estados Americanos envía misiones para fomentar el diálogo entre las instituciones que forman parte de las crisis, así como enviar observadores para las nuevas elecciones. Prácticamente, todas las instituciones internacionales regionales coinciden en el mantenimiento de los sistemas democráticos; y existe una conciencia de erradicación de los sistemas dictatoriales, autoritarios y totalitarios.

Es menester destacar que se encuentra previsto, dentro del ámbito de la Organización de Estados Americanos, que en caso de riesgo del proceso institucional o del legítimo ejercicio del poder, se podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para la preservación de la institucionalidad democrática (ORTIZ, 2020) (un sistema similar existe en el Mercosur).

Notas:

[1] Decisión sobre la suspensión de Paraguay en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático (Ushuaia, 29 de junio de 2012). Recuperado de: https://www.mercosur.int/documento/decision-sobre-la-suspension-del-paraguay-en-el-mercosur-en-aplicacion-del-protocolo-de-ushuaia-sobre-compromiso-democratico/

[2] Decisión sobre la suspensión de Venezuela en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático (San Pablo, 5 de agosto de 2017). Recuperado de: https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur/

[3] Los miembros permanentes eran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bolivia y Chile ratifican el tratado en calidad de miembros asociados. Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático del MERCOSUR (Ushuaia,  24 de julio de 1998) y Declración Presidencial sobre compromiso democrático de Las Leñas (Las Leñas, 27 de julio de 1998). Recuperado de: https://www.mercosur.int/documento/protocolo-ushuaia-compromiso-democratico-mercosur-bolivia-chile/

[4] Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR (Asunción, 2005). Recuperado de: http://www.cartillaciudadania.mercosur.int/oldAssets/uploads/DEC_017-2005_ES_Protocolo%20DD-HH-MCS.pdf

VI. Bibliografía

  • ÁVILA LÓPEZ, J.F., UPEGUI DIAZ, G.L. & SÁNCHEZ MORENO, C. (2020). El déficit democrático como detonador de las tensiones comerciales que erosionan el modelo del multilateralismo. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia (Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables)
  • BOBBIO, N. (2020). Democracia y pluralismo. Ciencia Política, n.° 1 (Pontificia Universidad Católica de Chile), pp. 127-137.
  • CAETANO, G. ( 2011). Mercosur: 20 años (1ª Edición). Montevideo: CEFIR.
  • CANEPA, M. (2015). Los derechos humanos en el Mercosur, Revista de la Secretaria del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, n.° 6, pp. 161-177.
  • CIRÉFICE, R. & CARMONA BAYONA, E. (2018). El nuevo concepto de soberanía en un mundo globalizado: especial referencia a la gobernanza multinivel en la Unión Europea. En: Comunidades epistemológicas, n.° 1, pp. 22-63. Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali.
  • EL ETER, L. (2018). Derecho económico. Actores de la economía y factores de producción (1ª Edición). Tucumán: EAE.
  • EL ETER, L. (2019). Visión contractualista de Jean Jacques Rosseau: crisis filosófica de la representación política en el derecho argentino. Revista de Filosofía, n.° 92 (Universidad del Zulia), pp. 88-109.
  • EL ETER, L. (2020). Permanencia de los sistemas democráticos en los Estados miembros del Mercosur y de la Unión Europa como condición para formar parte de la integración regional. Revista de la secretaria del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, n.° 16, pp. 44-60.
  • MOLINA DEL POZO , C., CIRÉFICE , R. & JIMENEZ CARRERO, J. (2019). El papel fundamental de los entes regionales en la construcción de una nueva federación política europea. Madrid: Dykinson.
  • MOLINA DEL POZO, C. (2015). Derecho de la Unión Europea (1ª Edición). Madrid: Reus.
  • MOLINA DEL POZO, C. y ROJAS, J. (2000). Dimensiones de la integración europea y americana (1ª Edición). San José de Costa Rica: SIDALAC, Facultad de Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Costa Rica).
  • MOLINA DEL POZO, C. (2017). Evolución histórica y jurídica de los procesos de integración de la Unión Europea y el Mercosur. Buenos Aires: EUDEBA.
  • ORTIZ, F. (2020). La clausula democrática de la OEA: el reto de defender (y definir) la democracia en América Latina. Contextualizaciones latinoamericanas, n.° 23, pp. 21-32.
  • PERROTA, D. y PORCELLI, E. (2020). Mercosur 25 años: desafíos en su nueva etapa (2020). Márgenes (Revista de Economía Política), n.° 2, pp. 53-72.
  • RAMOS, H. (2020). La dimensión partidaria de la integración regional: los partidos políticos argentinos y el Mercosur (1991- 2006). Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
  • RÍOS SALDARRIEGA, M.A. & ORDOÑEZ, I.A. (2020). Las posturas ideológicas de los actores políticos y su influencia en la estabilidad democrática: el caso de Colombia y Uruguay. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
  • SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2020). La impotencia democrática: Sobre la crisis política de España. Madrid: Los Libros de la Catarata.
  • SANDOZ, E. (2020). Reflexiones sobre naturaleza humana, política y democracia. Ciencia Política, n.° 2 (Pontificia Universidad Católica de Chile), pp. 95-112.

Más información

Sobre el Autor

Leandro Omar El Eter

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) | Argentina

Más lectura

Artículos Relacionados