Supuesto abuso de posición dominante en el mercado de los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Polonia

by Redacción Juri-Dileyc

}

Feb 9, 2022

El Tribunal General anula la decisión de la Comisión que desestimó una denuncia contra PKP Cargo, sociedad controlada por el Estado polaco, por un supuesto abuso de su posición dominante en el mercado de los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Polonia.
El Tribunal General examina por primera vez la incidencia de las deficiencias sistémicas o generalizadas del Estado de Derecho en un Estado miembro sobre la determinación de la autoridad de competencia mejor situada para examinar una denuncia.

Tribunal General, Sped-Pro/Comisión, 9 de febrero de 2022, as. T-791/19

Competencia, Abuso de Posición dominante, Mercado de los servicios de transporte ferroviario de mercancías

En el marco del ejercicio de actividades en el sector de la prestación de servicios de expedición, la sociedad de Derecho polaco Sped-Pro S.A. («demandante») recurrió a los servicios de transporte ferroviario de mercancías prestados por PKP Cargo S.A., sociedad controlada por el Estado polaco.

El 4 de noviembre de 2016, la demandante presentó una denuncia contra PKP Cargo ante la Comisión Europea. En esa denuncia, alegaba que PKP Cargo había abusado de su posición dominante en el mercado de los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Polonia al negarse supuestamente a celebrar con ella un contrato de cooperación plurianual en condiciones de mercado.

El 12 de agosto de 2019, la Comisión desestimó la denuncia mediante la Decisión C(2019) 6099 final («Decisión impugnada»), debido, en esencia, a que la autoridad polaca de la competencia estaba mejor situada para examinarla.

En esas circunstancias, la demandante presentó un recurso ante el Tribunal General con el que pretende obtener la anulación de la Decisión impugnada. En apoyo de su recurso, plantea tres motivos, basados, respectivamente, en la vulneración de su derecho a que su asunto se tramite dentro de un plazo razonable y en la falta de motivación de la Decisión impugnada; en la violación del principio del Estado de Derecho en Polonia, y en errores manifiestos en la apreciación del interés de la Unión en proseguir el examen de la denuncia.

Mediante su sentencia de 9 de febrero de 2022, el Tribunal General estima el recurso y anula de Decisión impugnada en su totalidad. En esta ocasión, examina por primera vez la incidencia de las deficiencias sistémicas o generalizadas del Estado de Derecho en un Estado miembro sobre la determinación de la autoridad de competencia mejor situada para examinar una denuncia. También aporta precisiones importantes acerca de las circunstancias en las que el incumplimiento del plazo razonable puede implicar la anulación de una decisión de desestimación de una denuncia en materia de competencia.

Apreciación del Tribunal

En primer lugar, por lo que respecta al principio del plazo razonable, el Tribunal General recuerda, por un lado, que el respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho de la Unión. El artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reafirma también el principio del plazo razonable de un procedimiento administrativo. Así pues, el Tribunal General subraya que la Comisión tiene la obligación de pronunciarse sobre una denuncia en materia de competencia dentro de un plazo razonable. Sin embargo, el Tribunal General aclara, por otro lado, que la violación del principio de observancia de un plazo razonable solo puede dar lugar a la anulación de una decisión que desestima una denuncia cuando la parte demandante demuestre que el incumplimiento del plazo razonable ha influido en la posibilidad de defender su posición en ese procedimiento, lo que sucedería en particular si el citado incumplimiento le hubiera impedido recabar o alegar ante la Comisión elementos de hecho o de Derecho relativos a las prácticas contrarias a la competencia denunciadas o al interés de la Unión en instruir el asunto.

A la luz de esos principios, el Tribunal General considera que, en el presente asunto, no resulta necesario pronunciarse sobre el respeto por parte de la Comisión del principio del plazo razonable, ya que la demandante no ha aportado ningún elemento que pueda demostrar que el incumplimiento alegado de ese plazo haya influido en la posibilidad de defender su posición en ese procedimiento. En consecuencia, el Tribunal General considera infundada la imputación basada en la violación del principio del plazo razonable.

En segundo lugar, por lo que respecta a la apreciación del interés de la Unión en proseguir el examen de la denuncia, el Tribunal General subraya que, en el presente asunto, la Comisión no cometió ningún error manifiesto de apreciación al considerar que las prácticas denunciadas afectaban principalmente al mercado de los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Polonia, que la autoridad polaca de la competencia había adquirido un conocimiento detallado del sector, y que, sobre la base de estos factores, dicha autoridad estaba mejor situada para examinar la denuncia. Además, el Tribunal General precisa que la demandante incurre en error cuando sostiene que, en el presente asunto, la Comisión también debería haber tenido en cuenta otros factores a efectos de la apreciación del interés de la Unión en instruir el asunto.

En tercer lugar, por lo que respecta a la cuestión del respeto del principio del Estado de Derecho en Polonia, el Tribunal General examina la alegación de la demandante según la cual la Comisión estaba mejor situada para examinar la denuncia, habida cuenta de las deficiencias sistémicas o generalizadas del Estado de Derecho en Polonia, y, en particular, de la falta de independencia de la autoridad polaca de la competencia y de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en la materia.

En la Decisión impugnada, la Comisión comprobó si esas deficiencias se oponían a que desestimara la denuncia basándose en que la autoridad polaca de la competencia estaba mejor situada para examinarla. A este respecto, aplicó, por analogía, el análisis en dos etapas requerido en el marco de la ejecución de las órdenes de detención europeas con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a un proceso equitativo, de conformidad con la sentencia Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), que consiste en evaluar, en un primer momento, la existencia de un riesgo real de vulneración de ese derecho como consecuencia de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuestión, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en ese Estado, y, en un segundo momento, la realidad del riesgo al que estuvo efectivamente expuesta la persona de que se trata, habida cuenta de las circunstancias particulares del asunto concreto.

A este respecto, en primer término, el Tribunal General subraya que el cumplimiento de las exigencias del Estado de Derecho es un factor pertinente que la Comisión debe tener en cuenta para determinar la autoridad de competencia mejor situada para examinar una denuncia y que la Comisión podía aplicar el análisis en cuestión a tal fin. En efecto, aunque existen diferencias entre las circunstancias que dieron origen a la sentencia citada y las que dieron lugar al presente asunto, varias consideraciones de principio justifican la aplicación por analogía de la doctrina que se desprende de dicha sentencia para determinar la autoridad de competencia mejor situada para examinar una denuncia de una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. A este respecto, el Tribunal General señala, para empezar, que, al igual que el espacio de libertad, de seguridad y de justicia, la cooperación, a efectos de la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, entre la Comisión, las autoridades de competencia de los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales se basa en los principios de reconocimiento mutuo, de confianza mutua y de cooperación leal. A continuación, el Tribunal General señala que la jurisprudencia obliga ya a la Comisión, antes de desestimar una denuncia por falta de interés de la Unión, a cerciorarse de que las autoridades nacionales estén en condiciones de salvaguardar de modo satisfactorio los derechos del denunciante. Por último, el Tribunal General observa que el derecho fundamental a un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional independiente garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta reviste igualmente, al igual que en la sentencia antes citada, una importancia particular para la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, debiendo los órganos jurisdiccionales nacionales, por un lado, controlar la legalidad de las decisiones de las autoridades nacionales de competencia y, por otro lado, aplicar directamente esas disposiciones.

En segundo término, el Tribunal General subraya que el examen efectuado por la Comisión de la segunda etapa del análisis mencionado no era conforme con el Derecho de la Unión. En el presente asunto, la demandante había alegado, durante el procedimiento administrativo, una serie de indicios concretos que, en su opinión, tomados en su conjunto, podían demostrar que existían motivos serios y fundados para creer que estaba expuesta al riesgo real de que se vulnerarían sus derechos si su asunto fuera examinado por las autoridades nacionales. Esos indicios se basaban, en particular, en el control ejercido por el Estado sobre PKP Cargo, en la dependencia del Presidente de la autoridad polaca de la competencia respecto del poder ejecutivo, en el hecho de que la sociedad matriz de PKP Cargo figuraba entre los miembros de una asociación cuyo objetivo consistía en defender y promover la reforma del sistema judicial en Polonia, en la política clemente de la que gozó PKP Cargo por parte de la autoridad polaca de la competencia, en los recursos interpuestos por el Fiscal General contra decisiones de esa misma autoridad relativas a PKP Cargo, y en la incapacidad de los órganos jurisdiccionales competentes en materia de Derecho de la competencia debido a su propia falta de independencia. Pues bien, la Comisión no examinó esos indicios en la Decisión impugnada y se limitó, en esencia, a afirmar que estos no habían sido fundamentados. Al comprobar que la Comisión no examinó de manera concreta y precisa los distintos indicios señalados por la demandante durante el procedimiento administrativo, el Tribunal General determina que la Comisión incumplió las obligaciones que para ella se desprenden de la sentencia antes citada y su obligación de motivación.

Curia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Comunicado de Prensa N. 25/2022

Texto completo de la sentencia

Más lectura

Artículos Relacionados