Si es necesaria para el ejercicio de una actividad periodística y respeta el principio de proporcionalidad.
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Y ello aun cuando no hayan impugnado judicialmente la cancelación ilegal de esos derechos.
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Lucha contra el consumo de tabaco entre los jóvenes: los Estados miembros pueden imponer a los operadores económicos que infrinjan la prohibición de venta a menores de edad sanciones administrativas como la suspensión de su licencia de ejercicio durante quince días.
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Esta exclusión constituye una discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las prestaciones de seguridad social.
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Dicha marca tiene carácter descriptivo y el público pertinente puede percibirla como una indicación
de la procedencia de los productos y servicios en cuestión.
Ambas sociedades reclamaban la reparación de los prejuicios económicos que estimaban haber sufrido como consecuencia de la ilegalidad de una decisión de la Comisión por la que se declaró la incompatibilidad con el mercado interior de una concentración notificada.
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El Tribunal de Justicia precisa los criterios que permiten a la autoridad judicial de ejecución apreciar el posible riesgo de vulneración del derecho fundamental de la persona buscada a un proceso equitativo.
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El Derecho de la Unión se opone a una norma nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales nacionales no están facultados para examinar la conformidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que ha sido declarada constitucional mediante una sentencia del tribunal constitucional del Estado miembro.
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Un Estado miembro puede ejercer su facultad de declarar inadmisible una solicitud de protección internacional debido a que otro Estado miembro ya ha concedido al solicitante el estatuto de refugiado.
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El método establecido por la ISO para determinar los niveles máximos de emisión de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, al que remite el Derecho de la Unión, es válido y oponible a los fabricantes de cigarrillos.
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El Pleno del Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por Hungría y Polonia contra el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a financiación procedente del presupuesto de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho.
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De conformidad con el TFUE, cuando la Comisión presente un recurso ante el TJUE por considerar que un Estado miembro ha incumplido una obligación derivada de los Tratados, el Tribunal puede imponer sanciones financieras.
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