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Tutela Efectiva de la Justicia a partir del COVID-19. La Innovación y la Eficiencia como Condiciones para la Sustentabilidad

Effective Protection of Justice since COVID-19. Innovation and Efficiency as Conditions for Sustainability

Tutelle efficace de la justice du Covid-19. L’innovation et l’efficacité comme conditions de durabilité

Palabras clave: tutela efectiva de la justicia, acceso a la justicia, innovación, eficiencia, sustentabilidad

Keywords: effective protection of justice, access to justice, innovation, efficiency, sustainability

Mots clés: protection efficace de la justice, accès à la justice, innovation, efficacité, durabilité

Citar este artículo

Palma, Luis María (2020). Tutela efectiva de la justicia a partir del Covid-19. La innovación y la eficiencia como condiciones para la sustentabilidad. Derecho y Economía de la Integración n. 8, pp. 27-55. https://juri-dileyc.com/tutela-efectiva-de-la-justicia-a-partir-del-covid-19-la-innovacion-y-la-eficiencia-como-condiciones-para-la-sustentabilidad/

Resumen

En el artículo se analiza la tutela efectiva de la justicia desde un enfoque interdisciplinario, haciendo hincapié en la crisis derivada de la pandemia y sus impactos en el sistema judicial. Se centra en la necesidad de ampliar y diversificar el acceso a la justicia y sus servicios mediante una modernización sustentable. Esta requiere del fomento de la creatividad que se materializa en la innovación tecnológica, la cual hace posible una mayor eficiencia para la asignación de recursos aún más escasos como consecuencia de la crisis. Examina contenidos de documentos internacionales relacionados, con especial detenimiento en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre las oportunidades de la digitalización para el acceso a la justicia; esto, en la convicción de su gran valor para los países latinoamericanos como antecedente a efectos del diseño e implementación de las políticas de modernización y la cooperación, en el marco o más allá de los procesos de integración regional. Describe distintos desarrollos de la innovación tecnológica aplicada a la justicia, destacando sus beneficios actuales o potenciales. Concluye enfatizando la necesidad de la práctica del diálogo y la participación para hacer realidad la modernización requerida, tanto en los sistemas judiciales nacionales y locales, como en el escenario internacional a través del trabajo en red y la cooperación entre los Estados.

Abstract

The article analyzes the effective protection of justice from an interdisciplinary approach, emphasizing the crisis derived from the pandemic and its impacts on the judicial system. It focuses on the need to expand and diversify access to justice and its services through sustainable modernization. This requires the promotion of creativity that is materialized in technological innovation, which makes possible greater efficiency for the allocation of even scarcer resources as a consequence of the crisis. It examines the contents of related international documents, with special attention to the Council of the European Union Conclusions on the opportunities of digitization for access to justice; this, in the conviction of its great value for Latin American countries as a precedent for the design and implementation of modernization and cooperation policies, within the framework or beyond regional integration processes. It describes different developments of technological innovation applied to justice, highlighting its current or potential benefits. It concludes by emphasizing the need for the practice of dialogue and participation to turn the required modernization into a reality, both in national and local judicial systems, as well as in the international arena through networking and cooperation among States.

Résumé

L’article analyse la protection effective de la justice à partir d’une approche interdisciplinaire, mettant l’accent sur la crise dérivée de la pandémie et ses impacts sur le système judiciaire. Il met l’accent sur la nécessité d’élargir et de diversifier l’accès à la justice et à ses services grâce à une modernisation durable. Cela nécessite la promotion de la créativité qui se matérialise dans l’innovation technologique, ce qui rend possible une plus grande efficacité pour l’allocation de ressources encore plus rares en raison de la crise. Il examine le contenu des documents internationaux connexes, avec une attention particulière aux conclusions du Conseil de l’Union européenne sur les possibilités de la numérisation pour l’accès à la justice; ceci, dans la conviction de sa grande valeur pour les pays d’Amérique latine comme précédent pour la conception et la mise en oeuvre de politiques de modernisation et de coopération, dans le cadre ou au-delà des processus d’intégration régionale. Il décrit les différents développements de l’innovation technologique appliquée à la justice, en soulignant ses avantages actuels ou potentiels. Il conclut en insistant sur la nécessité de pratiquer le dialogue et la participation pour faire de la modernisation requise une réalité, à la fois dans les systèmes judiciaires nationaux et locaux, ainsi que sur la scène internationale grâce à la mise en réseau et à la coopération entre les États.

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2020. Fecha de aceptación: 28 de diciembre de 2020.

Luis María Palma

Pos-Doctor en Derecho, Doctor en Ciencia Política y Doctor en Sociología
Director del Centro de Estudios sobre la Justicia, Universidad de Buenos Aires

Argentina

I. Introducción

La tutela efectiva de la justicia tiene una importancia esencial para el ejercicio, salvaguarda o restauración de los derechos individuales, colectivos o sociales.

La necesidad de mejorarla es especialmente acuciante en América Latina, donde numerosos sistemas de justicia encuentran serias restricciones para modernizarse y así satisfacerla, además de haber sido conmovidos en su funcionamiento por la crisis derivada del COVID-19.

Consecuentemente, llevaré a cabo el análisis de la tutela, documentos y desarrollos relacionados y distintas oportunidades de mejora a través de un enfoque interdisciplinario.

Para hacerlo, precisaré conceptualmente distintos términos y expresiones relevantes que le dan marco. Podré énfasis en la innovación tecnológica, en tanto aporta creciente sustento a la tutela en los sistemas de justicia y contribuye a la integración superando los escollos de la territorialidad.

Analizaré contenidos de diferentes documentos internacionales concernientes al acceso a la justicia y los derechos, vista su relevancia para la construcción de políticas de modernización sustentables a la luz de los cambios que emergen de la pandemia.

Describiré luego las características de servicios y los modelos de gestión cuya prestación o funcionamiento es o sería gravitante para una tutela efectiva.

Concluiré destacando la necesidad del diálogo y la construcción de consensos entre los Estados para coordinar e implementar políticas que contemplen la interoperabilidad tecnológica y fomenten la innovación, para así lograr una justicia de mayor calidad en beneficio de cada vez más personas.

II. Conceptos Fundamentales

A. La Tutela Efectiva de la Justicia

La evolución de las vías para solucionar las diferencias con justicia va mucho más allá de la sede estrictamente jurisdiccional. Así resulta del uso cada vez mayor de métodos alternativos de resolución de disputas como la mediación, el arbitraje, la conciliación o la evaluación neutral temprana.

La crisis de la justicia se ve reflejada en lo dilatado de sus tiempos, los costos que irroga, y también una evolución social, cultural y económica en la cual las personas desean tener mayor libertad para solucionar sus diferencias, ya eligiendo la vía para hacerlo, ya haciéndolo por sí mismas.

Como asevera Fernando Martín Diz (2014, pp. 162 y 166), puede apreciarse el tránsito desde el derecho a la tutela judicial efectiva hacia la tutela efectiva de la justicia sin necesidad de que la persona deba acudir exclusivamente a los órganos jurisdiccionales para obtener esta última.

A través de la tutela efectiva de la justicia es posible mejorar la calidad de vida democrática gracias al mayor protagonismo que las personas adquieren para superar sus diferencias mediante el uso de vías participativas, sean estas accesibles de manera presencial o en entornos virtuales (Palma, 2020).

B. Sistema judicial

La justicia es analizada como un sistema (Passos de Freitas & Palma, 2015), es decir, un todo que se ordena en base a sus partes [1] o conjunto de partes interdependientes e interrelacionadas en función de un fin (Palma, 2020-2021). Las partes constituyen un todo complejo o unitario y adquieren su sentido último en cuanto son integrantes de este (Bertalanffy, 1989, p. 45) [2].

El sistema cumple su actividad en el ambiente social en tanto a él ingresa información –input– a efectos de su procesamiento o transformación con vistas a la generación de un resultado o salida –output (Easton, 1999, p. 176) [3].

En el sistema judicial, las entradas son «demandas de tutela de justicia», se manifiestan en los casos o diferencias a resolver y se trasladan al sistema, que las articula y agrega mediante la organización en que se desempeñan los agentes. Estos o -en su caso- las personas interesadas pueden filtrar dichas entradas, seleccionar las vías para lograr sus soluciones o salidas, o alcanzarlas por sí mismas (Palma, 2012, p. 29).

Son componentes o partes del sistema judicial:

  1. Acceso a justicia. En forma consistente con lo expresado al considerar la tutela efectiva, el acceso a justicia refiere a vías para la obtención de una solución justa que van más allá de los tribunales, que incluyen: el suministro de información clara sobre los derechos y los medios para su respeto o restauración, orientación, derivación, asistencia jurídica gratuita, y métodos alternativos de resolución de los conflictos de utilización presencial o a través de entornos tecnológicos.
  2. Capacitación. La educación permanente tiene la mayor importancia para la sustentabilidad y mejora continua del sistema judicial, dado que cualquier avance en otros componentes solo podrá producir los resultados esperados a partir de su óptimo desempeño por los agentes y, en lo pertinente, los profesionales y los auxiliares de la justicia.
  3. Gestión. Involucra la organización interna de las unidades judiciales y la distribución y ejecución de las tareas, en función de las particularidades de cada fuero o jurisdicción. Requiere del aprendizaje y la práctica del liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la realización de reuniones presenciales y virtuales, etc.
  4. Administración. Comprende a las personas que trabajan en la organización judicial, su ingreso y progreso en la carrera, la elaboración y administración del presupuesto, la utilización de indicadores, y el análisis del funcionamiento de fueros y unidades de trabajo.
  5. Refiere al entorno físico o virtual en que se prestan los servicios y utilizan los insumos, los cuales incluyen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la generación de información estadística a ser procesada y utilizada por la administración para analizar el funcionamiento y, en su caso, formular recomendaciones a efectos de la toma de decisiones por los órganos de gobierno.
  6. Se identifica con las normas legales o internas que conciernen a la organización y el funcionamiento del sistema, sus unidades de trabajo, y los servicios que prestan de manera presencial o remota. Si bien tal vez se haya atribuido desmedida relevancia a este componente -basada en la creencia de que mediante la modificación de las reglas es posible hacer lo propio con la realidad- las normas deben con frecuencia ser reformadas a efectos de encauzar los cambios necesarios para mejorar los servicios y, así, el funcionamiento de la organización.
  7. Construcción de consenso. La modernización del sistema judicial necesita, para ser sustentable, del diálogo y la participación de las personas que trabajan en él y con él. Y esto requiere la utilización regular de canales de comunicación institucionales y personales, así como la difusión de la información del sistema y sus servicios, el diálogo sobre estos y las formas de optimizar y ampliar el acceso presencial o virtual.
  8. Cooperación. La conciencia sobre la interdependencia es esencial para que quienes trabajan en la justicia y con ella lo hagan coordinadamente a fin de posibilitar la consecución de sus fines. Más allá de las características de cada fuero o jurisdicción, existen problemáticas comunes y compartidas, y el trabajo en red puede contribuir a su asistencia, potenciar sinergias y mejorar los servicios que se prestan desde la organización en su conjunto. El uso de las TIC tiene una relevancia cada vez mayor para que así sea.

C. Eficiencia

La eficiencia consiste en el logro del objetivo con el mínimo de consecuencias no deseadas y los menores costos. Implica alcanzar aquel con el mayor rendimiento (Greco, 2006, p. 218), «produciendo» más al mínimo costo. Se relaciona así los beneficios totales de una situación con los costos totales de esta.

Para Richard A. Posner (2014, posición 887), la meta social más enfatizada en la economía moderna no es la felicidad ni la utilidad, sino la asignación eficiente de los recursos en algún sentido especial. Hay eficiencia cuando los recursos de la economía se utilizan de la mejor manera posible para satisfacer los deseos y las necesidades de las personas (Samuelson & Nordhaus, 2005, p. 13).

La eficiencia implica la generación de mayor valor con idéntico uso de recursos, o la generación de idéntico valor con menor uso de recursos (Pampillón, 2007, p. 20). Mediante una conducta eficiente, la sociedad aprovecha sus recursos escasos de la mejor manera posible [4].

Al relacionar la eficiencia con el derecho y la justicia, Julio H. G. Olivera (2009) asevera que el valor de un orden jurídico depende positivamente de la certeza y la justicia proporcionadas por las normas, y negativamente del costo en términos de libertad -entendida como marco para el desarrollo de la personalidad- asociado a tales normas. Un orden jurídico factible será más eficiente que otro si proporciona un grado mayor de certeza y justicia con un costo no mayor en términos de libertad, o si involucra un costo menor en términos de libertad proporcionando una medida no menor de certeza y justicia. Desde esta perspectiva, puede concluirse que la justicia presupone la eficiencia.

D. Análisis Económico del Derecho

El análisis racional del comportamiento individual o colectivo lleva a preguntarse si existen alternativas de regulación que maximicen la consecución de los objetivos de justicia o igualdad, e integren tales valores en el análisis crítico de la norma jurídica. El Análisis Económico del Derecho (AED) proporciona instrumentos para objetivar, en cierta medida, el razonamiento jurídico. Permite potenciar la búsqueda de la eficacia de la norma -en el sentido de lograr el objetivo- como un elemento no solamente vinculado a su aplicación, sino a su legitimidad. Brinda herramientas que permiten mejorar la calidad de las normas -como el análisis de costo-beneficio de las reglas jurídicas- y proporciona argumentos para el análisis crítico del derecho vigente. Como asevera Miguel Ángel Ciuro Caldani (s.f., p. 48), no es posible comprender cabalmente el significado de un fenómeno jurídico sin reconocer -al menos entre otras perspectivas- su eficiencia, y al fin su significado económico. El derecho posee un papel fundamental en la humanización de nuestro mundo, fuertemente dominado por la economía. Pero para cumplirlo, debe tener en cuenta los significados de esta última: «Hay que superar las realidades económicas; ignorarlas puede ser suicida». A modo de síntesis de la necesaria integración de los saberes, el maestro concluye que «así como quien no sabe de economía no sabe derecho, quien solo sabe de economía no sabe derecho» (entrevista con el autor, abril de 2020).

El AED no es, pues, la herramienta epistemológica por excelencia, sino una vía que proporciona elementos para el estudio del fenómeno normativo desde una perspectiva multidisciplinaria [5].

E. Innovación

El término se vincula generalmente con la concreción de una nueva forma de producir, prestar un servicio o solucionar un problema, logrando así una mejora de lo existente.

La innovación puede ser conceptualizada como el resultado de un proceso complejo que lleva al mercado nuevas ideas en forma de productos o servicios y de sus procesos de producción o provisión, que son nuevos o significativamente mejorados (Mulet Meliá, s.f.).

En la era de la información, la innovación se asocia estrechamente a la evolución de la tecnología que es sello distintivo de la globalización (Preuße, 2008, p. 212) [6]. Esta evolución ha sido determinante para la integración de los mercados (Olivera, 2004, p. 309) [7], y la interpenetración e interdependencia de los países reflejadas en el aumento de las transacciones en bienes, servicios y capital (Basedow, 2005, p. 823) [8]. Y es también con incidencia de las TIC que se produce la reformulación de las entidades públicas y privadas, sus formas de organización y funcionamiento.

Por lo expresado, la creatividad que permite la innovación tiene una importancia clave para hacer realidad renovados instrumentos y aplicaciones a fin de que la tutela de la justicia sea cada vez más efectiva.

F. Globalización, Tecnología y Creación Normativa

La impronta tecnológica se aprecia también en la reflexión jurídica (Hayakawa, 2000, pp. 27 y 28) y la creación normativa al darse cabida al análisis de la eficiencia (Palma, 2018, p. 1) para el desarrollo de tales actividades [9].

Es también una realidad en cambio constante la globalización del derecho a través de la tarea de organizaciones internacionales (Yueh, 2009, pp. 315 y 316) y no estatales dedicadas a la elaboración (Basedow, 2005, pp. 818 y 829-833) y el debate sobre normas de competencia internacional (Sweeney, 2009, pp. 209 y 210).

En la misma dirección, se han difuminado los límites del Derecho Internacional Público (DIPú) y Derecho Internacional Privado (DIPr) debido a los problemas y temáticas que tratan. Desde tales disciplinas se apunta a reconciliar el rol tradicional y el impacto del Estado con la legalización del sistema internacional, y a equilibrar derechos individuales universales con el reconocimiento de diversas culturas bajo la sombra de la globalización (Mills, 2009, pp. 1-3).

La evolución tecnológica se hace sentir especialmente en cuanto las relaciones patrimoniales y su eventual judicialización. Con el advenimiento de la cadena de bloques (blockchain) y la inteligencia artificial (IA), el campo legal atraviesa un proceso de cambio que va a permitir cada vez más la ejecución de los contratos y el logro de costos más bajos, así como acelerar las decisiones judiciales; por ejemplo, los contratos inteligentes (smart contracts) simplifican diversidad de actos y negocios jurídicos -como las hipotecas, las escrituras, la conversión de monedas para abonar prestaciones, etc.- mientras la inteligencia artificial investiga y procesa información legal a una velocidad que ninguna persona podría hacerlo (Ast, 2018).

G. Sustentabilidad

Es sustentable aquello que resulta susceptible de mantenerse sin agotar los recursos [10]. A título de ejemplo es de utilidad tener presente la definición del desarrollo sostenible proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [11], al considerarlo como el proceso en el cual las políticas -económicas, fiscales, comerciales, energéticas, agrícolas e industriales- se diseñan con miras a que produzcan un desarrollo que no implique afectar los recursos -naturales, económicos, etc.- de las futuras generaciones [12].

La sustentabilidad de la tutela efectiva de la justicia involucra que, para ser esta accesible a cada vez más personas, mediante su prestación no se agoten los recursos al efecto destinados y se haga de ellos un uso eficiente. La constante innovación tecnológica tiene en este aspecto una importancia cada vez mayor.

III. Documentos Internacionales

[13] Analizaré seguidamente contenidos de distintas fuentes internacionales, dada su relevancia para la tutela efectiva y la facilitación del acceso a la justicia.

Son estas:

  1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [14].
  2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [15].
  3. Las Conclusiones «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización», del Consejo de la Unión Europea [16].

Consideraré brevemente aspectos salientes de los dos primeros, para luego analizar los contenidos del tercero dada su estrecha vinculación con el objeto de estudio.

A. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Es de utilidad hacer inicial referencia a esta norma convencional, por referir a derechos cuya protección debe ser canalizada mediante la tutela efectiva.

El Pacto (art. 2, inc.1) consagra el compromiso de los Estados para adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos en él reconocidos.

Pero también prevé (art. 2, inc. 3) que los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos a personas que no sean nacionales suyos.

Pone así de realce la situación que muchas de estas naciones enfrentan para asegurar tales derechos, refiriendo a la nacionalidad como criterio susceptible de utilización para la toma de decisiones en un contexto de recursos limitados.

Como observa Jacques Amar (2017, posición 807), los derechos reconocidos en el Pacto devienen efectivos a partir del momento en que se aplican; hablar de su eficacia significa que además se alcanzan los objetivos marcados por los textos. Debe ser intensa y sostenida la tarea a desarrollar para que así suceda, particularmente en los países latinoamericanos.

La relevancia de este instrumento internacional surge al tener presente la necesidad de que el acceso a la justica se concrete a tenor de los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales [17].

El respeto, la salvaguarda o la restauración de tales derechos podrán verse favorecidos por una tutela de la justicia que dé creciente cabida a las TIC, con el potencial expansivo y la disminución los costos que su uso permite.

B. Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Apunta al logro de un desarrollo inclusivo a partir de una visión de largo plazo, a cuyo efecto enuncia 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [18].

El documento constituye una guía para la labor a ejecutar por la ONU hasta 2030, y es recomendable su consideración por los Estados miembros para planificar, concebir y ejecutar sus políticas públicas, efectuar su seguimiento y evaluación. La consecución de los objetivos necesita de la participación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el ámbito académico para debatir, formular e implementar propuestas (CEPAL, 2018, p. 5).

El ODS N° 16, bajo la denominación «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas», establece el objetivo de promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Para la consecución del objetivo son desagregadas diversas metas, especificándose indicadores a efectos de la medición de cada una de ellas y su evolución.

En cuanto al objeto de estudio, se establece como meta N° 16. 3 promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

A tales efectos, especifica como indicadores:

  • 16.1.1. Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente.
  • 16.1.2. Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total.

Resultaría de gran valor, en lo concerniente al acceso a la justicia y de manera consistente con los mencionados lineamientos de la CIDH, medir con periodicidad anual:

  1. la cantidad de personas que utilizaron servicios de acceso a la justicia;
  2. la cantidad de dispositivos que ofrecen servicios de acceso a la justicia en el territorio [19].

Podría así obtenerse información actualizada sobre el estado de situación, y su evolución a partir de la implementación de acciones que incrementen y diversifiquen el acceso.

En Iberoamérica tendría también gran importancia tomar en consideración lo expresado en las Reglas de Brasilia [20] para la determinación de otros indicadores para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad [21].

Además, en el contexto de la pandemia y ante la necesidad de actuar con recursos mermados por una crisis devastadora, es esencial que las políticas públicas, la asistencia y la cooperación aseguren el ejercicio de los derechos y la tutela mediante servicios de calidad, administrando con eficiencia los medios disponibles.

Si el resultado eficiente se alcanza, se liberan recursos para aplicarlos a la creación de más bienes públicos, contribuyendo a la sustentabilidad y haciendo posible el acceso de más personas (Palma, 2020a).

Por lo expresado, resulta de la mayor importancia de cara a la consecución de la meta referida, ampliar y diversificar las vías de acceso a la información, los métodos de resolución de disputas y a las jurisdicciones con sólido sustento en las TIC: estas permiten la comunicación en tiempo real y más allá de la territorialidad, haciendo posible un mayor y más inmediato acceso a la justicia a menores costos, y optimizando la utilización de los recursos disponibles.

C. Consejo de la Unión Europea. Conclusiones «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización»

El 13 de octubre de 2020 el Consejo de la Unión Europea dio a conocer sus conclusiones sobre las oportunidades de la digitalización para el acceso a la justicia [22].

Considerando documentos emanados del Consejo, otros órganos y agencias de la UE, comunicaciones, recomendaciones y encuentros, el texto desarrolla 52 conclusiones sobre las siguientes temáticas: a. Acceso a la justicia (C. 1-7); b. Justicia digital (C. 8-28); c. Habilidades digitales (C. 29-32); d. Inteligencia artificial (C. 33-46); e. Financiamiento (C. 47-50); f. Esfuerzos continuados de cooperación (C. 51-52).

Más allá del ámbito espacial para el cual el documento ha sido concebido, lo expresado en él resulta de la máxima importancia para el diseño e implementación de políticas para hacer realidad una tutela efectiva de la justicia.

La diversidad de los temas tratados, la claridad del lenguaje utilizado y los lineamientos que expresa para el sector pueden ser de gran valor para que otros actores públicos tomen al documento como antecedente a efectos de la formulación de sus propias políticas y acciones.

a. Acceso a la justicia

Considera (C. 1) al acceso a la justicia como derecho fundamental y elemento central del estado de derecho, destacando que conforme al art. 19 del Tratado de la UE los Estados deben proporcionar recursos suficientes para garantizar una protección jurídica eficaz en los ámbitos cubiertos por la legislación de la UE. Confía la responsabilidad compartida de garantizar la revisión judicial dentro del orden jurídico de la UE a los tribunales nacionales.

Realza (C. 2) el mandato de desarrollar la cooperación judicial en materia civil como penal con implicaciones transfronterizas, y el objetivo asociado de garantizar el acceso efectivo a la justicia en la UE y en los Estados miembros.

Reafirma (C. 3) el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante un tribunal independiente e imparcial, a una audiencia justa y pública, y al asesoramiento letrado, la defensa y la representación.

Con particular pertinencia a la realidad de la innovación tecnológica aplicada a la justicia, manifiesta (C. 4) que el derecho a una protección jurídica efectiva debe afirmarse plenamente en las condiciones creadas por la transformación digital. Esto, a fin de garantizar la aplicación plena y efectiva de la legislación de la UE, mejorar la aceptación de los sistemas judiciales y fortalecer la confianza en el estado de derecho.

Dado el carácter instrumental de la tecnología a efectos de la realización de la justicia, reafirma (C. 5) que el desarrollo digital del sector debe estar centrado en el ser humano, y ser constantemente guiado y alineado con los principios fundamentales de los sistemas judiciales: independencia e imparcialidad de los tribunales, garantía de una protección jurídica efectiva, y derecho a una audiencia pública y justa en un plazo razonable.

Destaca (C. 6) también la utilidad de las TIC en los sistemas judiciales para promover la adhesión a las normas del estado de derecho, el ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales.

Enfatiza (C. 7) que, dado que todos los ciudadanos deben beneficiarse de las posibilidades digitales y disfrutar de las mismas oportunidades en cuanto al acceso digital a la justicia y procedimientos justos, la participación debe garantizarse incondicionalmente a todos los grupos sociales sin discriminación alguna. Deben tenerse en cuenta las necesidades de las personas vulnerables, incluidos los niños y los adultos en tal situación como las personas de edad, las personas con discapacidad, y las víctimas de delitos. Reafirmando nuevamente la consideración de la tecnología digital como una herramienta, se manifiesta que el uso de aquella en los sistemas judiciales no debe disminuir las garantías procesales para quienes no tienen acceso a la misma.

b. Justicia digital

Tras reconocer el impacto de la transformación digital en la vida de las personas (C. 8), destaca (C. 9) la labor que desde los sistemas judiciales de la UE se lleva adelante para poner a disposición de los ciudadanos las posibilidades tecnológicas adecuadas. Valora (C. 10) los avances logrados mediante la digitalización de los procedimientos judiciales, la comunicación electrónica entre partes, tribunales y autoridades, la transmisión electrónica de documentos, la realización de audiencias y videoconferencias, y el trabajo en red.

Exalta (C. 13) el potencial de las herramientas digitales para ampliar y mejorar el acceso a la justicia, estructurar mejor los procedimientos, automatizar y acelerar el manejo de tareas estandarizadas y uniformes, y aumentar así la eficacia y eficiencia de los procedimientos.

De las precedentes conclusiones surge la importancia de la coordinación en el marco de la integración, que en el sector analizado contempla el diseño e implementación de acciones en beneficio de los ciudadanos y la modernización de los sistemas judiciales, con fuerte basamento en los desarrollos tecnológicos. A tales efectos parte del reconocimiento de lo realizado, para luego plantear los lineamientos de los caminos a seguir en el marco de la integración, con sus específicas adaptaciones en cada Estado miembro.

El documento alienta (C. 14) a los Estados a utilizar medios seguros de identificación electrónica y servicios de confianza para promover un acceso rápido, cómodo, seguro, confiable y generalizado al sistema de justicia.

Enfatiza (C. 15) la conveniencia de desarrollar soluciones digitales interoperables para todo el curso de los procedimientos judiciales, tanto para permitir procedimientos más rápidos y seguros como a efectos de facilitar la cooperación civil y penal entre los Estados miembros. Todo, en un marco de respeto a la independencia del poder judicial y los requisitos constitucionales de la Estados miembros, garantizando una representación adecuada de las autoridades, los Estados y las partes interesadas clave.

Reafirma (C. 17) el objetivo de mejorar la calidad y la transparencia de las decisiones judiciales mediante el uso de las TIC, y que el empleo de estas no debe socavar los derechos a un juicio imparcial en paridad de condiciones, a un proceso contradictorio, a un juicio público, en ciertos casos el derecho a una audiencia oral en presencia física del afectado, y el derecho de recurso.

Advierte (C. 21) que, dada la sensibilidad de la información judicial, el uso de tecnologías digitales debe cumplir con los estándares más avanzados en materia de seguridad informática y cibernética, y respetar plenamente la legislación sobre privacidad y protección de datos. Considera de gran importancia una supervisión humana cuidadosa de los sistemas, incluidos los que utilizan inteligencia artificial, y una mayor transparencia para garantizar la confianza del público.

Subraya (C. 18) las ventajas de la digitalización para facilitar el acceso a la información jurídica, como legislación y decisiones judiciales anónimas e información sobre los avances del propio caso. A tales efectos observa la conveniencia de que la información esté abiertamente disponible, sea interoperable, más fácil de encontrar, comprender, usar y reutilizar.

En el terreno de las acciones futuras, el documento resalta la importancia de la interoperabilidad de las soluciones digitales y el carácter instrumental de estas para la realización de la justicia con mayores calidad y transparencia. Así, previene sobre los límites a observar para la formulación de los desarrollos tecnológicos (tema al cual volverá de manera específica), teniendo para ello presentes la independencia judicial, las normas constitucionales y los derechos involucrados en el acceso a la justicia.

Destaco particularmente estas consideraciones por cuanto sería de gran utilidad que los actores públicos latinoamericanos las tuvieran presentes para sus políticas de modernización: esto, dados sus rasgos comunes en ámbitos como el acervo histórico y cultural, los sistemas legales y judiciales, la evolución político-institucional y las problemáticas socio-económicas (Palma, 2010, p. 13).

El texto resalta (C. 19) también que el acceso digital a la justicia puede beneficiar a las personas que se encuentran en áreas remotas y rurales siempre que se cumplan todos los requisitos previos técnicos necesarios, como el acceso a Internet de banda ancha de alta capacidad.

Sin perjuicio de lo anterior, reconoce (C. 20) la necesidad de mantener operativos los procesos tradicionales no digitales y, cuando estén disponibles, los servicios de asistencia física, junto con las nuevas formas digitales para proporcionar a los ciudadanos que aún no pueden participar plenamente en los desarrollos tecnológicos una protección jurídica efectiva y acceso a la justicia. Otro aspecto destacado es el de la claridad del lenguaje respecto de cómo pueden los ciudadanos utilizar los servicios digitales y hacer valer sus derechos.

Destaca (C. 24) que la crisis del COVID-19 ha confirmado la necesidad de invertir y hacer uso de herramientas digitales en los procesos judiciales, en los Estados miembros y en los procesos transfronterizos.

Las conclusiones precedentes tienen señalada importancia para apreciar los beneficios de las TIC y las limitaciones de la realidad: si bien el diseño de una política para la tutela de la justicia tiene en los recursos tecnológicos un canal fundamental, la exigencia de que aquella cubra las necesidades de todas las personas involucra especialmente pensar en quienes carecen de tales recursos o del acceso a ellos. Es pues imprescindible mantener operativos los procesos tradicionales en cuanto estos resulten necesarios.

Considerando la situación de los países latinoamericanos, si bien la crisis derivada de la pandemia ha potenciado muchísimo el uso de tales recursos, las desigualdades son enormes y las limitaciones continúan. Es esencial para su superación la planificación de corto, mediano y largo plazo para la acción coordinada de los actores públicos -es decir, los diferentes órganos del poder- y en lo pertinente, el sector privado y la sociedad civil.

El documento hace hincapié (C. 22) en que las TIC pueden mejorar el acceso a los medios extrajudiciales y alternativos de resolución de disputa, y a herramientas de información sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos que pueden contribuir a evitar controversias.

Reconoce (C. 23) que una mayor digitalización de la justicia y un mejor uso de las nuevas tecnologías son factores clave para garantizar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas judiciales. Subraya que los Estados miembros y la UE deben redoblar sus esfuerzos para promover y ampliar la digitalización en este sector, con miras a garantizar la igualdad de acceso y disponibilidad de los servicios digitales para todos.

Se ve así reafirmada la relevancia del acceso remoto a la información y la justicia, realzando la importancia de las vías participativas para lograr soluciones justas y celeras que indirectamente contribuyen a un mejor desempeño y una más eficiente utilización de los recursos por los tribunales: se evita la sobrecarga de estos y se facilita la concentración de los agentes judiciales en la resolución de los casos en que su intervención es imprescindible.

Solicita (C. 28) a la Comisión el desarrollo de una estrategia global de la UE hacia la digitalización de la justicia para finales de 2020, a efectos de proporcionar un acceso sin problemas a la justicia, mejorar la eficacia de los sistemas judiciales y permitir una cooperación transfronteriza eficaz. 

Lo expresado reafirma la continuidad de las políticas implementadas para la consecución de los objetivos, tanto en cada Estado miembro como a efectos de la labor en red que requiere la cooperación.

c. Habilidades digitales

Observa (C. 29) la necesidad de promover las competencias digitales para que los agentes y otros profesionales utilicen las TIC de manera eficaz y con el debido respeto por los derechos y libertades de quienes buscan justicia.

A tales efectos atribuye (C. 31) especial importancia a la capacitación judicial, tanto para aprovechar los beneficios de tales tecnologías, como para conocer los riesgos de su uso y los aspectos éticos relacionados. Tal formación debería considerar la protección de los derechos de las personas en los entornos digitales, incluidos el derecho a la privacidad y la protección de datos. La formación judicial también debería centrarse en la protección adecuada de los derechos de las personas en el espacio digital, incluido el derecho a la privacidad y la protección de datos.

Solicita (C. 32) a la Comisión que promueva actividades conducentes, incluso a través de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), así como el uso de tecnologías digitales en la formación judicial.

En la convicción de que la educación permanente es un vaso comunicante para la mejora del sistema judicial, destaca la necesidad del entrenamiento de los agentes para utilizar las TIC de manera eficaz, eficiente y ética. Esto, dados los beneficios y riesgos que derivan de su uso, y la necesidad de prevenir o evitar eventuales perjuicios.

Dadas las características del proceso de integración y la importancia de la interoperabilidad y el uso eficiente de los recursos, el documento enfatiza la importancia de la labor formativa en red, la utilización de la educación a distancia y las modalidades combinadas (blended learning).

Resalta (C. 30) la importancia de sensibilizar sobre el uso de tales herramientas y aplicaciones a la sociedad civil y aumentar la alfabetización digital, para que las personas puedan beneficiarse de estos recursos a fin de mejorar aún más su acceso a la justicia.

El texto hace así hincapié en el que aprovechamiento de los beneficios de las TIC debe comprender actividades presenciales y remotas que contribuyan a la toma de conciencia, tanto para utilizarlas responsablemente como a efectos de conocer mejor sus derechos, deberes y vías para hacerlos valer mediante el acceso.

d. Inteligencia artificial

El documento valora (C. 33) los estudios y avances en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales de la UE, algunos de los cuales se encuentran próximos a utilizarla. Recomienda (C. 34) el refuerzo de la coordinación a nivel de la UE para asegurar las sinergias y la interoperabilidad.

Refiere (C. 35) a las potencialidades del uso de la IA en los sistemas judiciales a efectos de realizar -dentro del marco legal de un Estado miembro- tareas cada vez más complejas como analizar, estructurar y preparar información sobre los casos, transcribir automáticamente registros de audiencias, traducir, apoyar el análisis y evaluación de documentos legales y sentencias judiciales, estimar las posibilidades de éxito de una demanda, anonimizar la jurisprudencia y proporcionar información a través de chatbots [23] legales.

Señala (C. 36) que tal desarrollo depende de la disponibilidad integral de grandes conjuntos de datos (Big Data), como archivos y sentencias anónimas de tribunales que sean de alta calidad en relación con los fines para los que se utilizarán.

Reconoce (C. 38) el potencial de la IA para mejorar el funcionamiento de los sistemas judiciales en bien de los ciudadanos y las empresas, acelerar los procedimientos y ayudar a mejorar la comparabilidad, la coherencia y, en última instancia, la calidad de las decisiones judiciales.

Pueden así apreciarse algunos de los beneficios susceptibles de lograrse en la tutela a través de la aplicación de la IA a partir del respeto de los marcos legales: reunir y clasificar información, agilizar y estandarizar procesos de trabajo, facilitar y contribuir a elevar la calidad de las actividades jurisdiccionales, de investigación o argumentación, optimizar la labor de los agentes, profesionales y auxiliares de la justicia, y proporcionar información y asistencia remota a los usuarios.  

Dados los riesgos y perjuicios que el uso de la IA puede aparejar, el texto concluye en la necesidad de realizar diferentes prevenciones concernientes a su diseño y aplicación. Estas incluyen restricciones concernientes al ejercicio de la jurisdicción, los derechos fundamentales, la transparencia, el marco legal [24], y también el diseño y la evaluación. 

Solicita (C. 37) a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, examine las condiciones para que la información sea legible, disponible, fiable, analizable y reutilizable, y cómo se pueden abordar los sesgos en los conjuntos de datos para evitar resultados discriminatorios.

Resalta (C. 39) que el uso de herramientas de IA no debe interferir con el poder de decisión de los jueces o la independencia judicial. La decisión judicial siempre debe ser tomada por un ser humano y no se puede delegar en una herramienta de IA.

Advierte (C. 40) sobre el riesgo de que la aplicación de la IA perpetúe y fortalezca la discriminación existente, y permita una toma de decisiones distorsionada u opaca, en perjuicio de derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho a la libertad, la no discriminación, la privacidad y protección de datos y el derecho a un juicio justo.

Destaca (C. 41) que a veces los resultados de los sistemas de IA basados en el aprendizaje automático no se pueden rastrear, lo que conduce a un efecto de caja negra que impide la responsabilidad adecuada y necesaria, y hace imposible verificar cómo se alcanzó el resultado y si cumple con los requisitos pertinentes. Esta falta de transparencia podría socavar la posibilidad de impugnar de manera efectiva las decisiones basadas en tales resultados y, por lo tanto, infringir el derecho a un juicio justo y un recurso efectivo.

Comparte (C. 42) lo expresado por la Comisión en el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, y considera que el sector judicial es un ámbito en el que los derechos de los ciudadanos pueden verse directamente afectados, por lo que sería relevante contar con un marco regulador europeo claro a su respecto [25].

Apoya (C. 43) la opinión de la Comisión de que el poder judicial es un sector en el que, dadas las características de las actividades típicamente realizadas, se puede esperar que ocurran riesgos significativos. Se necesitan salvaguardias suficientes para garantizar la protección de los derechos fundamentales y asegurar un desarrollo y uso responsable, confiable, orientado al interés público y centrado en el ser humano de las aplicaciones de IA en el sector.

Afirma (C. 44) la necesidad de explorar y decidir sobre los requisitos obligatorios para el diseño, desarrollo, despliegue, uso y evaluación de sistemas de IA en la justicia con el fin de abordar eficazmente los riesgos potenciales para los derechos fundamentales [26].

Enfatiza (C. 45) la necesidad de que los sistemas de IA en el sistema judicial estén sujetos a un procedimiento de evaluación ex ante en cuanto a la confiabilidad, comprensibilidad, solidez y seguridad del sistema, entre otros aspectos. Concluye en la necesidad de contar con un sistema adecuado y eficaz para el seguimiento y revisión de las aplicaciones de IA y sus resultados.

Solicita (C. 46) a la Comisión que pondere los posibles beneficios, riesgos y requisitos específicos del sector judicial al diseñar un posible marco jurídico de la UE para la IA.

A modo de síntesis, el documento expresa así la cabal toma de conciencia sobre la utilización actual de la IA en variados campos, que incluyen el judicial en Estados miembros como Estonia [27], y otros como China [28]. Consecuentemente, apoya su desarrollo considerando sus beneficios y riesgos, y concluye en la necesidad de promoverla y, a la vez, fijar límites y ejercer controles para su utilización.

e. Financiamiento

Si bien la digitalización ofrece beneficios concretos y duraderos en términos de reducir los costos para el acceso a la justicia y el funcionamiento de los sistemas judiciales, las inversiones iniciales en diversas acciones requerirán una financiación adecuada. Por ello, solicita (C. 47) a la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento Europeo que garanticen una financiación adecuada a tales efectos.

También alienta (C. 48) a los Estados a participar en las convocatorias de propuestas de la UE y a desarrollar acciones relacionadas con la digitalización de la justicia haciendo uso de diversas oportunidades de financiación del presupuesto de la UE.

Dada la importancia de facilitar el acceso a los recursos, tiene presente (C. 49) la necesidad de simplificar los trámites administrativos conducentes.

Pide (C. 50) a la Comisión que promueva iniciativas en materia de digitalización e innovación tecnológica en la justicia, incluso cuando se encuentren en fase de investigación y desarrollo.

Se desprenden de lo expresado, tanto los comentados beneficios del uso de las TIC para el funcionamiento de los sistemas judiciales, como la relevancia de una planificación coordinada para la realización de las inversiones necesarias, además de desarrollar los Estados miembros sus propias iniciativas a tales efectos.

Un aspecto de gran valor reside en la solicitud concerniente a la promoción de iniciativas: la aceleración de los cambios que es propia de la evolución tecnológica, unida a las exigencias de trabajo judicial remoto derivadas de la pandemia, tornan imprescindible dar apoyo a la creatividad, condición esencial para que la innovación se concrete.

f. Esfuerzos continuados de cooperación

Solicita (C. 51) la cooperación de todas las partes interesadas en un esfuerzo común, constructivo y sostenible para promover una mayor digitalización de los sistemas judiciales.

Reconoce (C. 52) el trabajo e iniciativas realizadas y a desarrollarse sobre el uso de tecnologías digitales, incluida la IA en diferentes organismos de la Unión Europea y otros foros, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ONU, y enfatiza la importancia de la coherencia y la cooperación en este ámbito.

La conciencia de la interdependencia es el aspecto saliente de las precedentes conclusiones: así como la cooperación contribuye al logro de objetivos y resultados compartidos, resulta necesario ampliar la perspectiva mediante la consistencia de los desarrollos y la colaboración con otras organizaciones.

IV. Tutela, Innovación y Eficiencia (Palma, 2014, pp. 47-49)

Para aumentar el acceso a mayores niveles de tutela son de gran importancia la innovación y la mejor administración de los recursos, en un proceso de mejora continua [29] que no tiene fin.

Con relación a ello, describiré en esta última parte distintos cursos de acción conducentes al logro del resultado virtuoso mediante la ampliación y diversificación de los mecanismos de resolución de disputas, teniendo presente la estrecha relación existente entre el derecho y la justicia [30]. Es primordial la importancia de los sistemas legales y judiciales para determinar reglas y estándares, establecer normas para las interacciones entre los sectores público y privado, hacerlas cumplir desde los tribunales y otros canales alternativos, y resolver los conflictos entre individuos y grupos (Buscaglia & Ratliff, 2000, p. 5).

A. Acceso a la información legal

En los países en vías de desarrollo es generalizado el desconocimiento de las personas respecto de sus derechos, deberes y vías para hacerlos respetar o restablecer. Además, escasean los recursos para solventar los servicios legales a amplios sectores de la población con necesidades jurídicas insatisfechas. La crisis derivada del COVID-19 agravó la situación, debido a las prohibiciones o restricciones para concurrir a los centros de acceso a la justicia.

Consecuentemente, se reafirma la necesidad de proporcionar información legal y vías de acceso remotas con sustento en las TIC. Se facilitan así la educación legal, la posibilidad de que las personas se ocupen de sus asuntos o, cuando resulte imprescindible la representación o el patrocinio profesional, puedan colaborar con los abogados.

Entre los servicios en línea se encuentran (Susskind, 2017, pp. 97-99):

  1. el libre acceso a través de la web a los provistos por organizaciones comerciales o sin fines de lucro;
  2. suscripción a fuentes de información de firmas legales;
  3. ofertas con cargo de empresas, como editoriales jurídicas;
  4. producción de documentos estandarizados (contratos, testamentos, etc.);
  5. análisis de contratos y otros documentos para detectar y subsanar eventuales errores o inconsistencias, cláusulas faltantes, etc.
  6. acceso a información mediante sistemas inteligentes de autoayuda y chatbots [31], que hacen innecesaria la concurrencia a la sede del tribunal.
  7. formularios interactivos que permiten crear documentos con la información que el usuario proporciona para su presentación virtual o presencial [32];

El acceso a tales servicios y aplicaciones desde teléfonos, tabletas y computadoras facilita la respuesta automática a las consultas, y optimiza el tiempo de trabajo de los agentes judiciales, que pueden así concentrarse en otras tareas.

En los entornos virtuales, comunidades dotadas de experiencia legal crean reservorios de información que permiten a las personas aprender informalmente mediante las redes sociales sobre cuestiones legales que las afectan. Es también posible la consulta de sistemas reputacionales en línea, análogamente a los sitios que describen experiencias de quienes que utilizaron determinados servicios (hotelería, gastronomía, transporte aéreo, etc.): los potenciales clientes pueden así conocer las experiencias de otros usuarios con abogados y firmas legales en particular (Susskind & Susskind, 2015, pp. 68-70).

B. Acceso a la Justicia y Alianzas Estratégicas

Como es ampliamente sabido, las circunstancias derivadas de la pandemia han potenciado la utilización de las TIC. Pero en países con grandes desigualdades socioeconómicas en los que millones de personas carecen de acceso a recursos tecnológicos, es imprescindible que los servicios presenciales continúen y se amplíen en cuanto resulte posible.

Una política pública para ampliar y diversificar el acceso a la justicia debe entonces contemplar tal realidad y también hacer uso intensivo de las TIC para la implementación de canales como (Palma, 2012, p. 384):

  1. centros de orientación, derivación y asistencia jurídica fijos y móviles, para brindar el servicio de justicia allí donde las personas viven o trabajan;
  2. líneas telefónicas de acceso gratuito y accesibles a través de aplicaciones (WhatsApp, Telegram, etc.);
  3. sitios web;
  4. difusión de los derechos y medios de acceso a justicia en la vía pública, medios de comunicación masiva, redes sociales, etc.;
  5. plataformas y aplicaciones de uso gratuito en teléfonos, tabletas y computadoras;
  6. educación presencial y a distancia a través de los establecimientos de enseñanza de todos los niveles;
  7. actuación descentralizada, presencial y virtual, de organizaciones de la sociedad civil.

Añado a lo expresado que el acceso a la justicia puede verse fortalecido mediante la colaboración coherente y sostenida entre el Estado, el sector privado y el voluntario a través de alianzas estratégicas. Estas hacen posible la complementariedad entre conocimientos, recursos, capacidades y fortalezas de los actores, y una más eficaz contribución para la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades.

El juego cooperativo de estos sectores permitirá lograr mucho más que lo que podría alcanzar cada uno en forma separada, y gestionar mejor las tensiones entre las problemáticas generales y locales.

Gracias a las TIC es posible concretar una gestión coaligada y basada en la interactividad, en tanto la infraestructura brinde sustento a una descentralización coordinada entre los actores en sus ámbitos de competencia e interés.

C. Resolución de Disputas en Línea (Online Dispute Resolution – ODR)

La modernización de los métodos alternativos de resolución de disputas (RAD) adquirió impulso desde mediados de la década de 1990, cuando diferentes organizaciones sin fines de lucro llevaron a cabo el desarrollo del Online Dispute Resolution (ODR) (Wang, 2010, p. 144) mediante plataformas para resolver las disputas a través de Internet.. Son ellas: Virtual Magistrate, de la Universidad Villanova, Online Ombuds Office de la Universidad de Massachusetts, Online Mediation Project de la Universidad de Maryland, y el CyberTribunal Project de la Universidad de Montreal, Canadá (Hoeren, 2000, p. 43). Así, los mecanismos alternativos electrónicos ampliaron y diversificaron el acceso a justicia, aumentando la velocidad y la eficacia de tales procedimientos, y reduciendo los costos [33].

El ODR abarca una amplia gama de enfoques y formas (incluidos, entre otros, defensores del pueblo, juntas de quejas, negociación, conciliación, mediación, resolución facilitada, arbitraje y otros), y el potencial uso de procesos híbridos que comprenden elementos en línea o fuera de línea. Ofrece valiosas oportunidades para el acceso a la resolución de disputas por compradores y vendedores que concluyen transacciones comerciales transfronterizas, tanto en países desarrollados como en desarrollo (UNCITRAL, 2017, p. 1).

Ethan Katsh y Orna Rabinovich-Einy (2017) ponen de realce al respecto el alcance y las capacidades de la llamada «cuarta parte» tecnológica (junto a las partes tradicionales partes y el tercero neutral): la tecnología puede constituir una ayuda a la tercera parte humana en el proceso de resolución de disputas (p. 47).

Jie Zheng (2016, p. 45) enfatiza las ventajas resultantes del ODR en términos de eficiencia en comparación con el mecanismo tradicional, en términos de tiempo y economía de recursos: i) lo primero, dado las partes pueden participar en cualquier momento y desde el lugar en que se encuentren, siempre que haya acceso a Internet; ii) lo segundo, debido al ahorro en viajes, comunicaciones e incluso el uso de los propios servicios de ODR.

Es de gran importancia tener presente un beneficio no siempre apreciado que deriva del uso de ODR, conforme lo señalan Alina Huiu y Jeffrey Aresty: el fomento del respeto por el estado de derecho, que es vital para el desarrollo económico y social (Huiu & Aresty, 2011, p. 120). Cualquier forma de resolución de disputas que favorezca la equidad y la transparencia crea oportunidades para que las comunidades valoren los beneficios de esas prioridades, generando la posibilidad de fomentar buenos hábitos. El uso de estas plataformas desde teléfonos móviles es de gran valor desde la perspectiva de los países en desarrollo, dado que el grado de utilización de estos dispositivos es mucho mayor que otros soportes de infraestructura. Se facilita así que sus habitantes participen y se conviertan en socios activos de la comunidad económica mundial [34].

A modo de síntesis de sus beneficios en términos de acceso a la justicia, la contribución más significativa del ODR puede resultar de la superación del equilibrio entre eficiencia y equidad. La combinación de la recopilación de datos, la comunicación y el ODR abren la posibilidad de aumentar tanto la eficiencia como la equidad, lo que puede traducirse en un aumento tanto del «acceso» como de la «justicia». Si este potencial se realiza o no depende del diseño del software, los criterios para la evaluación del ODR y la naturaleza de las actividades de prevención de disputas (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017, p. 51).

Según explica Faye Fanfei Wang (2009, pp. 32-33), resulta necesario que el entorno de ODR, como medio de resolución de disputas, sea seguro, eficiente, flexible y fácil de usar, contemplando para ello tres pasos:

  1. la herramienta de apoyo a la negociación debe proporcionar retroalimentación sobre los resultados probables de la disputa si la negociación fracasara;
  2. la herramienta debe intentar resolver cualquier conflicto existente utilizando técnicas de diálogo;
  3. para aquellos problemas que no se resuelvan en el paso anterior, la herramienta debe emplear estrategias de compensación para facilitar la resolución de la disputa.

Si el resultado del tercer paso no es aceptable para las partes, la herramienta debe permitir que las partes regresen al segundo paso y repitan el proceso de forma recursiva hasta que se resuelva la disputa o se produzca una declaración.

Colin Rule (2002, p. 230) [35] asevera que para el diseño de sistemas ODR es esencial escuchar a las personas que usarán, usan o han usado tales servicios: estar «centrado en el cliente» resulta primordial para una resolución eficaz de disputas, dado que los grupos de usuarios pueden compartir sus reacciones honestas a la interfaces, procesos y servicios ofrecidos por los sitios.

Estos mecanismos se encuentran en medio de una transición que va de las aplicaciones que se enfocan en la comunicación y la conveniencia, a aplicaciones que emplean algoritmos y explotan el aprendizaje de máquinas y la IA. Se trata del cambio de la intervención humana a una asistida por software, y de un proceso que facilita la comunicación de información a uno que la procesa (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017, p. 47).

Es de gran importancia que los servicios de ODR obtengan financiación de fuentes públicas o privadas manteniendo su independencia. La financiación privada no siempre es tan transparente como se requiere para resolver disputas entre empresas y consumidores (Business to Consumers -B2C). Un mayor apoyo financiero público contribuiría a superar la falta de conciencia y confianza existentes (Cortés, 2011, p. 86).

La necesaria modernización que deriva de la pandemia requiere de la generalización de tales vías para la solución de los casos, con la deslocalización como nota característica.

D. Inteligencia Artificial, Aprendizaje de Máquinas y Analítica Predictiva

Entre las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) son habituales el procesamiento de grandes volúmenes de información (Big Data) y el desarrollo de procesos de aprendizaje de máquinas (Machine Learning) para formular predicciones. Mediante la analítica predictiva (Predictive Analytics -PA) se utilizan árboles de decisión para una enorme variedad de asuntos (legales, gubernamentales, industriales, médicos, etc.). La especialidad de cada árbol está determinada por los datos sobre los que «crece» (Siegel, 2016, pp. 158-159) [36].

En el ámbito de las decisiones judiciales, la utilización intensiva de esta técnica contribuirá a incrementar el acceso a la información y al logro de una jurisprudencia previsible. Esto permitirá importantes logros en términos de calidad y eficiencia, al reducir los tiempos para acceder a la información y, así, facilitar el trabajo de los agentes judiciales y los abogados.

En los sistemas de ODR, Katsh y Rabinovich-Einy [37] explican que la transición de procesos que valoran la confidencialidad a procesos que también se enfocan en la recolección y uso de datos, crea una oportunidad para reorientar la atención hacia la prevención. Si bien la recopilación digital de los datos plantea riesgos para la privacidad, permite un control de calidad sobre el diseño del software y la toma de decisiones en formas que no siempre están presentes o son incluso posibles en los tribunales. Pero existe la preocupación de que los algoritmos opacos con sesgos integrados resten valor a la equidad de los procesos de resolución de disputas. Ello puede derivar de la incertidumbre sobre la precisión de los algoritmos, la posibilidad de errores en los datos, una confianza equivocada en las correlaciones reveladas por Big Data, predicciones erróneas que subyacen en el diseño del algoritmo, etc. También existen preocupaciones en cuanto al posible impacto de la automatización en miembros de grupos protegidos (o sin poder), que los algoritmos puedan discriminar al utilizar consideraciones relacionadas con la identidad y tener un impacto negativo desigual en los miembros de grupos protegidos de una manera más indirecta al depender de bases de datos sesgadas.

Entre los potenciales beneficios del uso de esta técnica es de gran importancia enfatizar que puede contribuir al fortalecimiento de algo aún más beneficioso que la resolución de las disputas: su prevención, que requiere analizar la información para rastrear patrones de disputas y abordarlos consecuentemente. Esta actividad podría ocurrir después de la resolución de disputas basadas en datos recopilados, o antes de que la parte agraviada tenga conocimiento del problema, su alcance y quién podría ser responsable. Si bien la prevención de disputas puede no aumentar el acceso a la justicia en un sentido directo, podría reducir los casos de injusticia y las barreras a la justicia. El uso del Big Data multiplica exponencialmente la posibilidad de la prevención de disputas, ya que la capacidad de buscar y cotejar varios tipos de datos puede generar conocimientos importantes sobre las fuentes de disputas para grupos de litigantes en diferentes entornos, y los conocimientos extraídos de los datos pueden utilizarse tanto para soluciones efectivas como para la prevención de futuros problemas (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017, pp. 51-52).

E. Arbitraje en Línea y en Cadena

El arbitraje es un bien de red cuyo principal atractivo para las partes depende de la generalización de su uso. Esta contribuye a establecer su calidad, las normas subyacentes y otros aspectos relacionados (Whincop & Keyes, 2001, p. 197).

El arbitraje basado en Internet amplía los márgenes para la resolución de disputas y la elección del derecho aplicable. Pero para ello es necesario que sus decisiones puedan ser cumplidas, lo que requiere reformas en los derechos nacionales para prever su utilización y la ejecución de los laudos (Rodríguez & Medina, 2012, pp. 125-126) [38].

Son de gran relevancia los avances en la utilización de la IA en el arbitraje para la resolución de disputas derivadas de contratos inteligentes, que operan en forma descentralizada y sin sujeción a las leyes nacionales. Con la celebración de los contratos en la plataforma de blockchain, esta puede contar con una autoridad de administración central para arbitrar las disputas. Las partes pueden acordar someterse a este arbitraje o incluir un acuerdo en los términos y condiciones de la plataforma. El arbitraje podrá integrarse «en cadena» dentro del contrato inteligente en disputa en la plataforma blockchain, lo cual facilitará una pausa en la transacción si fuera necesario, o la administración de soluciones; para esta, un algoritmo podrá resolver la disputa mediante el análisis de transacciones y disputas similares (Maxwell & Vannieuwenhuyse, 2018, p. 29).

F. Nuevos Modelos y E-Justicia. Diálogo y Participación

La tutela efectiva requiere, también y fundamentalmente, de la modernización del diseño de las unidades judiciales.

La confusión entre actividades jurisdiccionales o de investigación y administrativas, que es característica de la labor que cumplen los agentes judiciales en numerosos sistemas latinoamericanos, hacen esenciales la reingeniería de las metodologías de trabajo y el diseño de nuevos modelos de gestión.

Estas dificultades, patentes en la labor presencial, son más factibles de superarse en el trabajo a distancia: su eficiente ejecución remota necesita del rediseño, la simplificación y estandarización de documentos de uso frecuente para cumplir los diferentes procesos [39].

Dada la magnitud económica de los cambios a realizar, son esenciales el diálogo y la colaboración entre los órganos del poder público para planificar y ejecutar las reformas con énfasis en la modernización tecnológica y la digitalización, en reemplazo de la tramitación y el expediente en papel.

Esto requiere imprescindiblemente de su práctica en el interior del sistema judicial para establecer la comunicación y lograr la escucha empática de los agentes, la toma de conciencia de la interdependencia, la creación de confianza, la participación y la cooperación. Solo así los cambios serán percibidos como propios y dotados de legitimidad, en beneficio de la organización en su conjunto (Palma, 2012, p. 370).

La crisis del COVID-19 nos impulsa a percibir el cambio de paradigma que el uso intensivo de las TIC apareja para los órganos judiciales: resulta imprescindible la prestación de sus servicios en línea mediante herramientas accesibles y de menor costo como aplicaciones de videoconferencia, grabación digital, etc. Con ella se supera la tradicional consideración de la jurisdicción como identificada con el espacio físico.

Frente al interrogante planteado por Richard Susskind en cuanto a si el tribunal es un lugar o un servicio (2019, pp. 93 y 47), a partir de la pandemia puede afirmarse lo segundo con cada vez mayor naturalidad.

Se impone entonces la necesidad de dar cobertura remota, amplia y diversificada para acceder a información legal clara y comprensible, orientación y asistencia jurídica, métodos para negociar, contener o resolver conflictos, y vías justas y eficientes para dirimirlos. Tal curso de acción involucra la realización de la justicia tanto en salas físicas como mediante audiencias virtuales [40] y tribunales en línea. Para ello resultará necesaria la gestión de los casos diferenciándolos en función de su complejidad, asignando a cada cual el proceso que resulte más adecuado, y simplificando los procedimientos (Susskind, 2019, pp. 63).

G. Jurisdicción, Cooperación Internacional y TIC

La internacionalización de la vida de las personas que es propia del mundo globalizado hace necesario que los Estados acuerden mecanismos para la protección eficaz y eficiente de sus intereses. El derecho de los particulares a la tutela efectiva va transformando en obligatorias actividades estatales antes cumplidas con cierta espontaneidad. Además, específica pero no exclusivamente en el ámbito patrimonial, la cooperación pasa a constituir una exigencia inherente a las necesidades del gran mercado (Fernández Arroyo, 1998, pp. 61-62).

Con la crisis derivada de la pandemia se impuso la deslocalización de la jurisdicción a partir del uso generalizado de los recursos tecnológicos. A partir de ella es fundamental que los desarrollos en las TIC y el uso de blockchain -con la capacitación de los agentes- hagan posible el cumplimiento seguro, directo y en tiempo real de la cooperación jurídica internacional, así como la creación o fortalecimiento de redes judiciales [41] a los niveles local, regional y global [42].

Además, el deber de hacer respetar o restablecer los derechos realza la necesidad de diversificar las jurisdicciones judicial y arbitral con apoyo en la tecnología: solo así son posibles la comunicación en tiempo real y la superación de los escollos de la territorialidad y, con estas, un mayor y más inmediato acceso a la justicia.

V. Conclusiones

A partir de la crisis del COVID-19, en el mundo se tomó conciencia de la interdependencia con una potencia inédita para la mayor parte de quienes lo habitamos. Se generó un escenario para la acelerada modernización de los sistemas judiciales, cuya concreción requiere del desarrollo de técnicas y prácticas como las que fueran aquí consideradas. 

En este orden y de cara al objeto de estudio, el logro de una tutela de la justicia cada más efectiva requiere de la regular expansión y diversificación de las vías de acceso y la implementación de nuevos modelos. Para esto es esencial la constante innovación, basada en el fomento y desarrollo de la creatividad.

La mayor eficiencia resultante libera recursos que podrán asignarse a ampliar el acceso en beneficio de más personas, y a promover más creatividad y consecuentes innovaciones.

Mediante este círculo virtuoso de mejora continua aumentará la sustentabilidad del sistema judicial, podrá crecer la confianza pública en el mismo y, con todo ello, se contribuirá a fortalecer el estado de derecho y la calidad de vida democrática.

Pero para que lo anterior sea posible, en el ámbito nacional y local resultan imprescindibles la práctica del diálogo y la generación de sinergias a nivel interno y externo: i) interno, en tanto la modernización es posible cuando los agentes del sistema son escuchados, aportan ideas, participan y cooperan; ii) externo, en cuanto la dimensión de los cambios a concretar necesita de la comunicación y la construcción de consensos y políticas por los órganos del poder público, con la participación del sector privado y las organizaciones la sociedad civil.

En el ámbito internacional, el trabajo en red y la cooperación entre los Estados es de la máxima importancia para hacer realidad una modernización sustentable con apoyo en tecnologías interoperables, compartiendo información y prácticas beneficiosas, y favoreciendo emprendimientos de alcance transnacional, regional o global.

Las generaciones actuales y quienes nos sucedan podrán así acceder, física o remotamente, a una tutela y servicios de justicia de cada vez mayor calidad, en menos tiempo, y en beneficio de la cohesión y la paz social.

Notas:

[1] Real Academia Española (RAE), Diccionario de la Lengua Española (vigésima tercera edición), Madrid, España, 2014; segunda acepción: el sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. Recuperado de: https://dle.rae.es/sistema.

[2] Con sustento en la teoría, David Easton (1957) define al sistema politico como un conjunto de interacciones políticas que cumplen la función de distribuir valores que la sociedad considera útiles, como la educación, el dinero, el poder, etc. Las entradas -o inputs– que recibe el sistema político son demandas y apoyos de los intereses de la sociedad (pp. 384 y 385).

[3] Las entradas se trasladan del ambiente social al sistema político, que las articula y agrega a través de la «caja negra» –black box– en la que se desempeñan quienes ocupan determinados cargos o roles; estos pueden orientar el proceso político y actuar como filtros del sistema, por vía de mecanismos de selección y reducción de las demandas.

[4] Aplicado este criterio al ámbito normativo, la eficiencia de una ley dependerá de la medida en que esta sirva o se ajuste a las necesidades de las partes o las transacciones a ella sujetas, en términos de los beneficios y costos que apareje (O´Hara & Ribstein, 2000, p. 6).

[5] Richard Posner (1981) concluye, a propósito de la utilización del razonamiento económico en el derecho, que temas tan diversos como la justicia, la privacidad, el derecho primitivo y la regulación constitucional de la discriminación racial pueden ser iluminados por el enfoque económico (p. 3).

[6] El término globalización describe el fenómeno de la división moderna e internacional del trabajo y se caracteriza por cuatro aspectos interrelacionados: 1) alto grado de apertura de los mercados de bienes y servicios; 2) internacionalización de la producción; 3) interdependencia de los mercados financieros; 4) creciente migración.

[7] La globalización completa solamente existe en los modelos teóricos, ya que, para ser tal, requeriría de la conformación de un mercado común que abarcara todos los países y todas las mercancías.

[8] El principal impulso de los desarrollos tecnológicos no consiste en la búsqueda del arbitraje económico, sino en el eterno deseo del género humano de aumentar su movilidad y superar las barreras creadas por la distancia.

[9] El derecho regula la vida económica, pero es también influido por ella (Siehr, 1985, p. 269). La globalización ha potenciado esta influencia recíproca.

[10] Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 2º significado. Recuperado de: https://dle.rae.es/sustentable?m=form.

[11] PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1992, Capítulo 1, p. 4. Así, desarrollo sustentable o sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones posteriores. El concepto de desarrollo sostenible o sustentable comprende así la faceta ecológica, pero también la social y la económica. Conf. Organización de las Naciones Unidades, 1987, p. 16 (conocido como Informe Brundtland).

[12] PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1994, Capítulo 1, p. 20, el consumo actual no debe financiarse durante mucho tiempo incurriendo en deudas que deberán afrontar otros.

[13] Dadas las diferencias concernientes a los ámbitos de creación y efectos que son propios de las fuentes analizadas en este acápite, creo necesario precisar el alcance dado a la palabra «documento», teniendo presente lo expresado en el Diccionario de Uso del Español María Moliner, que indica tres acepciones: 1) testimonio escrito de épocas pasadas que sirve para reconstruir su historia; 2) escrito que sirve para justificar o acreditar algo, tal como un título profesional, una escritura notarial, un oficio o un contrato; 3) instrucción, o enseñanza de una materia. Los documentos analizados se corresponden con la segunda acepción, por cuanto denota la equiparación de aquellos con los textos legales y normativos. Diccionario de Uso del Español María Moliner. Recuperado de: http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showid&id=30066.

[14] Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

[15] Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/.

[16] Recuperado de: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11599-2020-INIT/en/pdf.

[17] Recuperado de: https://www.cidh.oas.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm.  

[18] «La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/.

[19] Agenda 2030 – ODS Argentina. Metadata, primera versión (2018), pp. 307-310.  

[20] Las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad fueron aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia en mayo de 2008. Su texto fue actualizado durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana desarrollada en Quito en abril de 2018. En la Exposición de Motivos se especifican recomendaciones para los órganos públicos y quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. Además de referir a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, las Reglas contemplan el trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

[21] De acuerdo con la Regla 3 del mencionado ordenamiento, persona en condición de vulnerabilidad es aquella cuya capacidad no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

[22] «Digital justice: Council adopts conclusions on digitalisation to improve access to justice». Recuperado de: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/digital-justice-council-adopts-conclusions-on-digitalisation-to-improve-access-to-justice/#

[23] El chatbot es un programa que simula mantener una conversación con una persona, al dar respuestas automáticas a las entradas de información hechas por el usuario. Generalmente la «conversación» se realiza por escrito, pero han sido desarrollados programas que cuentan con una interfaz de usuario multimedia y permiten la expresión oral. En algunos de ellos se utiliza un avatar para representar a una persona real que «dialoga» con el usuario, lo que genera en este una cercanía mayor que la que le provoca ingresar información con la computadora.

[24] Según observa Elizabeth G. Thornburg (2003), los gobiernos pueden imponer ciertos estándares mínimos y, cuando corresponda, prohibir a las partes el uso de dispositivos tecnológicos para administrar soluciones de autoayuda. Aunque la regulación específica en la materia quedaría rápidamente obsoleta, ciertas acciones pueden ser requeridas o prohibidas. Los gobiernos pueden además identificar leyes sustantivas insusceptibles de modificarse por contrato (pp. 328-329).

[25] La Comisión Europea, en el estudio sobre el uso de tecnologías innovativas en el campo de la justicia (2020), sostuvo la necesidad de codificar en la ley disposiciones sobre la responsabilidad de IA por acciones cometidas de manera negligente o intencional. El órgano observó también la conveniencia de analizar la posibilidad de generalizar para la IA principios regulatorios que se encuentran en cuerpos legales específicos. Si esto no es suficiente, examinar si deberían aplicarse modificaciones de dichos principios para adaptarse a la realidad de la IA (pp. 46-47).

[26] La Comisión Europea destacó en el mismo estudio (2020) la importancia de realizar una evaluación de impacto de tres niveles en IA: i) a nivel del legislador, para determinar si la tecnología afecta los intereses esenciales; con base en esta evaluación, se decidiría qué legislación implementar para garantizar el interés público; ii) a nivel de los desarrolladores y usuarios de la tecnología, que deberían estar obligados a realizar evaluaciones de impacto no solo cuando IA procesa datos personales en el contexto de la toma de decisiones automatizadas, sino con respecto a todos los aspectos de la democracia, el estado de derecho y derechos fundamentales; iii) a nivel de las personas, que deberían tener un derecho garantizado por la ley a una explicación de cómo funciona la IA, qué lógica sigue y cómo afecta sus intereses. Para todo esto es fundamental implementar instrumentos de gobernanza, en lugar de soft law y códigos de conducta sobre el uso inadecuado de los sistemas autónomos (p. 47).

[27] «Estonia se prepara para tener ‘jueces robot’ basados en inteligencia artificial», The Technolawgist, 12 de junio de 2019. Recuperado de: https://www.thetechnolawgist.com/2019/06/12/estonia-se-prepara-para-tener-jueces-robot-basados-en-inteligencia-artificial/.

[28] «China, el monstruo mundial en inteligencia artificial que utiliza cientos de jueces robot», The Technolawgist, 13 de diciembre de 2019. Recuperado de: https://www.thetechnolawgist.com/2019/12/13/china-el-monstruo-mundial-en-inteligencia-artificial-que-utiliza-cientos-de-jueces-robot/.

[29] El concepto de mejora continua se ve reflejado en normativas para el establecimiento de estándares y guías relacionadas con sistemas de gestión, que pueden ser aplicadas a diferentes tipos de organizaciones. Las normas elaboradas en el seno de la International Standardization Organization -conocidas como normas ISO- son un valioso ejemplo al respecto. Recuperado de: http://www.iso.org/iso/home.html. Este organismo internacional de normalización, creado el 23 de febrero de 1947, se encuentra integrado por una red de institutos nacionales de 164 países a razón de un miembro por cada país. La principal norma es la ISO 9001-2000 / 2008 / 2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad), aplicable a organizaciones privadas y públicas. Por este medio se proporcionan herramientas prácticas para abordar numerosos desafíos globales en ámbitos como la salud, el agua, la alimentación y el cambio climático. Se apunta a garantizar la calidad, seguridad y fiabilidad de los productos y servicios, y a hacer realidad su mejora continua. Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma, actúan entidades de certificación debidamente acreditadas y controladas por los organismos internacionales correspondientes, que emiten sus propios certificados y permiten la utilización del sello respectivo. En la actividad empresarial, su utilización contribuye a la baja de los costos mediante la disminución y prevención de errores, y al aumento de la productividad derivado de una positiva incidencia en la producción o prestación de servicios. Se facilita el acceso a nuevos mercados, a la nivelación del campo de juego para los países en desarrollo, y al comercio mundial. Como señalan Antoine Bernard de Raymond y Pierre-Marie Chauvin (2014), mediante el uso de las normas ISO, la posibilidad de identificar en cualquier momento el lugar de la cadena de producción en que ha aparecido un problema y poder retirar los productos afectados por este defecto es una técnica sumamente adecuada para la globalización del comercio, porque permite el monitoreo y el control sin obstaculizar la libre circulación de las mercaderías (pp. 69-70).

En los sectores públicos, su empleo contribuye a optimizar los procesos de trabajo y la calidad de los servicios a través de la participación de los agentes, y el desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, la capacitación permanente, la elaboración de manuales de la calidad, la utilización de indicadores y la realización de encuestas a los usuarios. El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM, http://www.iram.org.ar/-) representa a la Argentina en la ISO, así como a esta institución en la Argentina. En cuanto al Sistema Judicial el IRAM desarrolló la Norma IRAM 30600, Guía para la interpretación de la Norma ISO 9001 en la gestión operativa de la Justicia.

[30] Como señala Arthur Taylor von Mehren (1977), para el ordenamiento legal, el problema de la justicia es primordial. La prueba más básica y universal de las reglas legales y las instituciones es que ellas sean formalmente justas. Las reglas e instituciones percibidas como injustas son inestables y últimamente inaceptables. Justicia es un concepto completo: casos similares deberían ser tratados de manera similar; las consecuencias legales de una conducta deberían ser comprensibles y previsibles. Las reglas e instituciones deben también expresar y promover valores y propósitos aceptados por la comunidad (pp. 27-28).

[31] En Costa Rica el Poder Judicial ha habilitado PJ-bot, un chatbot que permite evacuar consultas mediante la realización de preguntas, como por ejemplo: ¿Cómo se envía un escrito?, ¿Cómo consultar notificaciones? o la sugerencia de palabras clave, ejemplo: apremio, hoja de delincuencia, demanda nueva. Recuperado de: https://pj.poder-judicial.go.cr/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=4.

[32] En Puerto Rico funciona el sitio AYUDALEGALPR.ORG, desde el cual es posible acceder y completar documentos interactivos en materias como violencia de género, declaratoria de herederos, desahucio, etc. Recuperado de: https://ayudalegalpr.org/.

[33] En esta línea y en el marco de la integración, es destacable la previa creación de una plataforma europea de resolución en línea de litigios [Reglamento (UE) Nº 524/2013], que constituyó un importante avance en el fomento de las vías alternativas de solución de conflictos en materia de consumo a partir de sistemas ODR (Valbuena González, 2015, p. 1015).

[34] Si bien el ODR puede ser empleado en disputas civiles y comerciales domésticas o internacionales, las originadas en transacciones electrónicas o los casos relacionados con Internet son los más adecuados y frecuentes para su utilización. Las disputas para las cuales han sido mayormente utilizados involucran compras en línea -reclamos de menor cuantía- y dominios -identidad virtual del proveedor y sus productos (Wang, 2010, p. 145).

[35] Añade el autor (p. 237) que lo ideal es que los usuarios sientan que tienen el control de la tecnología, y no que son controlados por ellas. Las plataformas de ODR pueden ser muy preceptivas, liderando a las partes a través de una serie secuencial de pasos que las obliga a aceptar un proceso predefinido. Las plataformas de ODR deben hacer que los participantes sientan que la plataforma que están utilizando respeta sus derechos de debido proceso; si en cambio las partes se sienten víctimas de ella se alejarán o volverán hostiles, para no regresar.

[36] En los EE. UU. se creó un árbol de decisión para predecir los votos de la juez asociada de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU. Sandra Day O’Connor. En la investigación «Enfoques en competencia para predecir la toma de decisiones en la Corte Suprema», de Andres D. Martin y cuatro profesores universitarios de ciencia política, gobierno y derecho, se construyó un árbol de decisión a partir de cientos de fallos. Pudo demostrarse que un grupo de árboles de decisión trabajando juntos superaba a los expertos humanos en la predicción de los fallos: empleando un árbol de decisión para cada juez del tribunal -y otros medios si una sentencia fuera unánime-, fue posible predecir fallos con un 75% de precisión, mientras los expertos humanos predijeron el 59%.

[37] Por ejemplo, se puede estudiar el impacto del diseño de los diversos elementos del sistema ODR en diferentes tipos de litigantes (bajo nivel socioeconómico, minorías, etc.), identificar procesos que no ofrecen justicia con éxito a algunos segmentos de la población, e intentar corregirlos. Además, los datos pueden proporcionar presentaciones visuales más fáciles de entender que el texto, como videos tutoriales que explican el derecho en diversos campos o esquemas de las opciones procesales para los demandantes (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017, pp. 47-49).

[38] Más de cien sitios web ofrecen servicios de ODR; el 50% se creó en los EE. UU., un 30% en Europa, y casi un 20% en la región de Asia-Pacífico. Esta actividad es aún escasa en Latinoamérica (donde funciona el Cibertribunal peruano) y África. 

[39] En este contexto, se considera como proceso a una secuencia de actividades que permiten el logro de un resultado, sin hacer referencia a la acepción ritual del vocablo como proceso judicial.

[40] Joe Tomlinson (2019) destaca la existencia de un desafío para el diseño de la justicia digital, en cuanto a la forma en que las audiencias por video pueden ser efectivas en tribunales que tienen una función importante de investigación: es necesario desarrollar plataformas donde las pruebas se puedan presentar de manera efectiva para que los jueces puedan confiar (pp. 56-57).

[41] Por ejemplo, la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, en Materia Penal y Civil [Iber-Red], la Red Iberoamericana de Documentación Judicial [Iber-Ius] y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales [RIAEJ] (Carrascosa López & Jaume Bennasar, 2011).

[42] Estos canales permiten compartir experiencias, cooperar y fortalecer la legitimidad de los sistemas judiciales (López Ayllón, 2004, p. 155).

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